Dreyfus se cobra la vida de otro trabajador

La empresa multinacional de capitales franceses, Dreyfus, es responsable de la muerte de otro obrero mientras realizaba su trabajo.

César Benítez era un trabajador de la construcción de 30 años de edad. Estaba contratado por la subcontratista IGM, encargada de la construcción de una planta de elevación de granos y producción de aceites y biodisel en Puerto Galván, Bahía Blanca. Mientras operaba una pala mecánica a más de trece metros de profundidad, quedó sepultado durante seis días tras el desmoronamiento de toneladas de tierra y escombros. Hecho que le provocó la muerte por asfixia.

Una vez más, la responsabilidad de los empresarios es inocultable. Los trabajos y las excavaciones debían haberse suspendido en virtud de la fangosidad de la tierra. Sin embargo, la empresa decidió continuar la construcción durante los feriados, ya que pretende inaugurar la planta antes de fin de año para aprovechar lo mejor posible la próxima cosecha de soja. Por esa razón, además, los ritmos de producción que pesan sobre los trabajadores vulneran las más mínimas pautas de seguridad.

Por su parte, la burocracia sindical de la UOCRA se limitó a conformar un “comité de crisis”, junto a la prefectura, bomberos, defensa civil y funcionarios municipales, no para evitar las muertes de los trabajadores, sino para intervenir una vez sucedidos los hechos. La empresa emitió un comunicado expresando sus condolencias a la espera de la reanudación de las obras con otro obrero que ocupe el lugar de Benítez.

Esta nueva muerte de un obrero en su trabajo, es una demostración más de la naturaleza del capitalismo, que antepone la ganancia frente a la vida de los trabajadores.

Subte: Otro obrero muerto

David Alfonso, un obrero de mantenimiento, murió electrocutado en el taller de la Línea C, el mismo día que los trabajadores de la Línea B liberaban los molinetes reclamando mejoras en las condiciones de trabajo y del servicio. En la muerte del compañero, la responsabilidad de Metrovías, que no garantiza la seguridad de los trabajadores, es indisimulable.

Ante este hecho, fueron muchos los trabajadores que plantearon no quedarse de brazos cruzados contemplando la muerte del compañero. Por eso, varios talleres (Rancagua, Línea B, San José, Línea C y Congreso de Tucumán, Línea D) votaron y realizaron paros por turnos para repudiar a la empresa, para solidarizarse con la familia y para exigir mejoras en las condiciones de trabajo.

Indignante, fue la actitud de la comisión directiva provisoria, que se limitó a emitir un comunicado y planteó levantar las medidas de fuerza votadas por los trabajadores a la espera de la reunión de la comisión de seguridad e higiene. Sin embargo, pese a la directiva, la huelga se realizó.

El “trabajo esclavo” y la flexibilización kirchnerista

Muchos parecen sorprendidos ante la difusión de las investigaciones y los resultados de los allanamientos que confirmaron la existencia de trabajo infantil y las duras condiciones de explotación que sufren los trabajadores rurales. Sin embargo, lejos de ser una novedad, esta situación se repite a lo largo y ancho del país y constituye la expresión más extrema de las políticas de flexibilización y mayor explotación que se han extendido en los últimos años, bajo la gestión kirchnerista.




En las últimas décadas, todos y cada uno de los gobiernos han avanzado de distintas formas sobre la condiciones de trabajo, barriendo en muchos casos con los derechos laborales más elementales, en beneficio de los negocios de la clase capitalista en su conjunto, que ha podido con mayor facilidad (ya sea amparada en la legislación o aprovechando la complicidad estatal y de la burocracia sindical) despedir, suspender, contratar en negro, tercerizar actividades de las cuales antes debía hacerse cargo, imponer jornadas laborales que, en muchos casos, superan ampliamente las 12 horas, valerse de trabajo infantil y aprovecharse de la contratación temporaria de trabajadores, entre tantas otras formas de flexibilización y de explotación que la clase trabajadora debe padecer a diario en nuestro país.

El odio y la bronca que ya de por sí genera está situación se multiplican al escuchar a Cristina Fernández y sus funcionarios repetir descaradamente a cada momento que desde el gobierno se ha avanzado en la “construcción de trabajo genuino”. Es que a la legislación sancionada en los años del menemismo y de la Alianza, le siguió la política económica y laboral sostenida en los casi ocho años de gobierno kirchnerista, que ha contribuido enormemente a generalizar y a profundizar esta escandalosa situación.

Desde luego, esta realidad de brutal explotación de la cual se valen muchos capitalistas para facturar millonarias ganancias, y que desde el gobierno y los medios han dado en llamar “trabajo esclavo”, no es padecida únicamente por los trabajadores rurales. Los salarios de miseria, trabajadores que son engañados por sus patrones, que deben vivir hacinados en sus mismos lugares de trabajo, con jornadas laborales que pueden superar las 15 o 16 horas diarias, sin respetar las medidas de seguridad o condiciones de higiene más elementales son moneda corriente en las más diversas actividades. Entre los trabajadores rurales, en la desfloración del maíz o la zafra del poroto, como se hizo público recientemente, en criaderos o en la actividad frutícola, dónde se explota de forma muy extendida el trabajo infantil. Pero también padecen condiciones laborales muy similares los trabajadores textiles o de la construcción, entre otros.

Es decir, varias de las actividades que han sido motor del “crecimiento económico” del que tanto ha hablado el kirchnerismo en los últimos años se han basado fundamentalmente en estas condiciones de brutal explotación de la clase trabajadora.



El kirchnerismo “descubre” la explotación en el campo

Los allanamientos que se han realizado en varios campos de la provincia de Buenos Aires, en las zonas de San Pedro, Miramar, Mar del Plata y Lobería, y que son propiedad de varias empresas, entre ellas la multinacional Nidera S.A., dedicada al desflore de maíz, dieron muestras de las condiciones de brutal explotación a las que son sometidos cientos de trabajadores rurales.

El mecanismo de explotación incluye en este caso el reclutamiento de los trabajadores en otras provincias, como Formosa o Santiago del Estero, que pasan en vivir hacinados en contenedores o pequeñas piezas, sin baños, sin agua potable y sin los elementos de seguridad para trabajar más elementales (muchos de los cuales, incluso, era vendidos por la propia empresa).

El kirchnerismo, a través de su voceros y escribas, inundó Canal 7, Página/12, Miradas al Sur y cuanto medio tuvo a su alcance para instalar la denuncia de este tema, buscando no sólo desligarse de su inobjetable responsabilidad en esta situación de brutal explotación de los trabajadores, sino incluso intentando aparecer como denunciante.

De forma completamente oportunista (como es su costumbre) el gobierno, busca utilizar estas campañas mediáticas pensando en la disputa electoral del año que comienza e intentando sacar partida en su enfrentamiento con parte del empresariado rural. Así, quiere aparecer como defensor de los derechos de los trabajadores cuando en realidad, durante su gestión se han extendido todas las formas de precarización laboral, se ha incrementado el trabajo en negro y se ha profundizado la explotación sobre la clase trabajadora.



Gobierno, empresarios y burocracia

La comunión entre gobierno, empresarios y burocracia se hace presente claramente ante esta realidad de flexibilización generalizada y brutal explotación, de la cual estas tres patas de la “alianza antiobrera” son responsables.

Desde el estado, fundamentalmente desde el gobierno, a través de las políticas impulsadas desde sus ministerios, pero también en conjunto con los poderes judiciales y legislativo, se avala y se da impulso a estas condiciones de explotación que se son aprovechadas por los capitalistas de todo tipo, siempre con la complicidad de la burocracia sindical.

En las últimas semanas, ante la difusión pública que alcanzó el tema del “trabajo esclavo”, todos han salido descaradamente a desligar su responsabilidad ante esta realidad. Los ministros Tomada y Julián Domínguez organizaron una reunión con los referentes de la Mesa de Enlace que reúne a las principales cámaras patronales del campo, luego de la cual todos salieron a denunciar la situación, como si nada tuvieran que ver. “Queremos un diálogo permanente con un fin concreto, que es erradicar el trabajo en negro y, por supuesto, las condiciones de servidumbre que la Justicia está investigando”, adelantó Tomada. “Es repugnante que exista trabajo esclavo en el campo”, repitió descaradamente Buzzi, representante de los empresarios de las ultraexplotadoras PyMES del campo. Desde la burocracia de la UATRE, el burócrata duhaldista y aliado de las patronales agrarias, Gerónimo Venegas, se comprometió a hacer público un informe con datos que “surgen de la permanente campaña contra el trabajo rural informal e infantil que se lleva adelante desde hace años”.

De esta forma descarada, los máximos responsables (patrones, gobierno y burocracia) de la brutal explotación que sufren los trabajadores rurales, los mismos que sacan provecho de esta situación, haciendo sus negocios a costa de la salud y la vida de los peones rurales, intentan despegarse, se muestran sorprendidos como si nada supieran de esta realidad o, incluso, se disfrazan de defensores de los derechos de los trabajadores.

Que nadie lo dude: los empresarios no tienen límites a la hora de profundizar la explotación sobre la clase trabajadora cuando de multiplicar sus ganancias se trata. Y el kirchnerismo, como buen gobierno patronal, ha preparado el terreno como pocos para dar rienda suelta a la explotación capitalista.

Más trabajo “en negro”

Los altísimos niveles de trabajo no registrado, que según un informe del INDEC se incrementaron en los últimos meses, son otra demostración del marcado carácter proempresario del gobierno de los Kirchner, garante y promotor de las ganancias de los capitalistas.

En el mes de septiembre, el intervenido y oficialista INDEC publicó una estadística en la cual se reconoce el aumento del trabajo no registrado durante el segundo trimestre de 2010. Según el informe, trabaja “en negro” el 36,5% de los asalariados, lo que equivale a un total de 4.200.000 trabajadores. El incremento se establece con respecto al mismo momento del año pasado, cuando eran 4.080.000 los que padecían esta situación (el 36,2% del total de los trabajadores ocupados).

En el mismo informe, por otra parte, se publican los índices región por región, demostrando que la situación es aún más crítica en varias zonas del país, donde el trabajo “en negro” trepa casi hasta el 50%. Así sucede en las regiones noroeste (NOA) y noreste (NEA), donde el trabajo no registrado alcanza el 42,9% y el 41,8%, respectivamente.

Entre las provincias, Santiago del Estero encabeza el listado de precarización laboral: 44,6% de trabajo no registrado. Similares son los índices de Corrientes (44,4%) y de La Rioja (44%). Es decir, casi uno de cada dos trabajadores ocupados en estas provincias está “en negro”.

En el Gran Buenos Aires, por su parte, el trabajo no registrado también creció, pasando del 38,1% al 39,4%.

Cifras oficiales todas, que han sido publicadas por el intervenido INDEC. No es de extrañar, por lo tanto, que los índices reales trepen varios puntos por encima de éstos, como lo anuncian la mayor parte de los analistas privados, que ubican al trabajo no registrado por encima del 40% a nivel nacional.

El trabajo “en negro” en el gobierno kirchnerista

Es innegable, incluso para las estadísticas oficiales, que el trabajo “en negro” se mantiene en cifras altísimas. Y esto, desde luego, representa un terrible golpe contra el pueblo trabajador.

En más de una oportunidad, desde el gobierno se han lanzado campañas mediáticas, como la que mostraba al dueño de una PyME anunciando el “blanqueamiento” a sus empleados, condenando el trabajado en negro, y ofreciendo “facilidades” para registrar a los trabajadores.

Sin embargo, como está a la vista, nada en concreto ha hecho el kirchnerismo para revertir esta situación. Lejos de esto, el trabajo “en negro” se sostiene y profundiza. Es que representa una de las ventajas más importantes que el gobierno les ofrece a los empresarios de todo tipo a la hora de contratar personal.

El trabajo no registrado lleva al extremo la situación de precariedad laboral, agudizando la indefensión de los trabajadores frente a la arbitrariedad patronal, por ejemplo, ante despidos o suspensiones. Mayormente, además, viene acompañado por extensas jornadas de trabajo, que muchas veces superan las 14 horas diarias.

Por otra parte, en estos casos, los salarios ni siquiera se ajustan siguiendo los acuerdos de pobreza firmados por la burocracia sindical, el gobierno y las cámaras empresarias. Por el contrario, suelen estar bien por debajo de la mínima, lo que pone en evidencia lo testimonial de los acuerdos del Consejo del Salario Mínimo, cuando bastante más de un tercio de los más de 11 millones de trabajadores ocupados está “en negro”.

De esta forma, el trabajo no registrado se ha consolidado en los últimos años, principalmente en varios de los sectores que han sido el motor del “crecimiento económico” kirchnerista y que han incorporado más mano de obra, como la actividad agraria, la textil y la construcción. En todos los casos, los capitalistas de estos sectores han amasado extraordinarias ganancias a costa de una brutal explotación de los trabajadores.

Y, no está demás recordarlo, a la cabeza de las patronales negreras se encuentran, siempre, las PyMES, pequeñas y medianas empresas que son mimadas por grupos representantes del progresismo, como la CTA.

La flexibilización laboral, en todo su esplendor

Claro que el trabajo “en negro” no es la única ventaja que el kirchnerismo les ofrece a los empresarios. Al amparo de la legislación laboral sancionada en la década del ´90 y durante el gobierno de la Alianza , la flexibilización laboral se ha generalizado durante los años de kirchnerismo.

Así, mientras las PyMES aprovechan principalmente el trabajo no registrado, las grandes empresas, nacionales y multinacionales, se valen de otros mecanismos y prácticas, como el trabajo temporario, la contratación por agencia y la tercerización. Empresas como Adecco, Sesa o Manpower, son las que reclutan y contratan a una buena parte de los trabajadores de las compañías más importantes que operan en el país. De esta forma, los grandes (y no tan grandes) grupos capitalistas, se benefician contratando fuera de convenio, sin reconocer antigüedad u otros beneficios, que tienen los trabajadores de planta. Además, desde luego, de hacer aún más accesibles los despidos ante la “necesidad de recortar personal”.

En el mismo sentido, las decenas de empresas de “personal temporario”(1), que se han multiplicado durante los últimos años, organizándose, incluso, en una federación, habilitan también a todo este tipo de maniobras de flexibilización, que perjudican a miles de trabajadores actualmente.

Párrafo aparte merece, desde luego, la situación de flexibilización a la cual están sometidos los trabajadores estatales por parte de los distintos gobiernos. La modalidad de trabajo bajo contrato, ampliamente difundida, marca una realidad de precariedad e inestabilidad generalizada para los trabajadores del sector, hasta el punto de hacer del estado el principal generador de trabajo en negro.

Todas estas medidas, que cuentan con el aval y el impulso del gobierno de los Kirchner y la burocracia sindical, en conjunto con el sostenimiento de los bajos salarios, garantizan la prosperidad de los negocios de la clase capitalista, que ha amasado fortunas, a costa de la precariedad laboral y una mayor explotación sobre los trabajadores.

…

NOTAS:

1) Para un mayor desarrollo sobre el rol de las empresas de trabajo temporario ver: “Trabajo temporario: más precariedad laboral bajo el kirchnerismo”, en ER N°41, de noviembre de 2008. Disponible en http://blog-otr.blogspot.com

Chile: El derrumbe en la mina y la naturaleza del capitalismo

El derrumbe de la mina en Chile, dónde quedaron atrapados más de 30 mineros, desnuda la naturaleza del sistema capitalista, dónde la ambición de los empresarios no repara en nada, ni aún en la vida misma, en la búsqueda de mayores ganancias.

El jueves 5 de agosto, en la mina San José, ubicada a 78km de la comuna de Copiapó, al norte de Chile, se produjo un derrumbe que dejó atrapados a 34 trabajadores mineros, al borde de la muerte. Tres años atrás, esa misma mina, productora de unas 1.200 toneladas anuales de cobre fino, había sido cerrada tras la muerte de un trabajador. Fue autorizada a reabrir por el Sernageomin (el instituto estatal que regula la actividad minera), durante el gobierno de la Concertación de Bachelet, a pesar de sus precarias condiciones de seguridad. No debió haber operado a más de 500 metros de profundidad, pero sus galerías llegaban a más de 700 y precisamente a esa profundidad tuvo lugar el previsible “accidente”. Derrumbes que continuaron castigando e impidiendo el accionar de los rescatistas que intentaban acercarse a los sobrevivientes. Los titulares de todo el mundo volvieron a hablar de “tragedia” para evitar explicar que estos hechos no son la excepción sino la regla de un sistema de explotación tan inhumano como inescrupuloso. Al igual que hace 6 años, en la mina carbonífera de Río Turbio, las condiciones laborales propias de una de las actividades más representativas de la explotación capitalista, dejaron al descubierto cuál es la prioridad del sistema: la ganancia por sobre la vida humana.

Los sobrevivientes tuvieron que organizar su propia supervivencia con los recursos que supieron encontrar a 700 metros de profundidad. De hecho, los planos aportados por la empresa perjudicaban las tareas de rescate porque no eran exactos.

Con el único objetivo de acumular más y más ganancias, las empresas de todo tipo empeoran progresivamente las condiciones de trabajo, extendiendo las jornadas laborales, precarizando las medidas de seguridad destinadas a proteger la vida de los trabajadores, negándoles sus derechos sindicales, recortando, de variadas maneras, los salarios. Los diferentes estados complementan esta disposición, legislando, gestionando, reprimiendo y fallando a favor siempre de los burgueses, en detrimento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en su conjunto. El capitalismo, en su acumulación de plusvalía, no repara más que en su propio interés. Ni siquiera la vida humana esta por encima de ese principio fundamental.

Lo observamos de manera permanente, tanto en nuestro país como en el resto del mundo: infinidad de trabajadores, de distintas ramas de la producción, mueren en sus puestos laborales porque para sus jefes es más rentable tenerlos trabajando al borde de la muerte, que de manera segura.

La “seguridad jurídica” que el estado le otorga a las empresas, con la excusa de “atraer capitales”, implica, como si esto fuera poco, la legalización hecha y derecha de este tipo de relación social, obstaculizando cualquier intento de reclamo concreto frente a esta política permanente.

No hay, ni podrá haber nunca, un cambio sustancial a favor de los trabajadores mientras continúe gobernando la burguesía, obviamente en oposición a los intereses de los trabajadores y, por lo tanto, de la humanidad toda. Ahora, el gobierno chileno anuncia creación de la “comisión para la Seguridad en el Trabajo”, que tendrá un plazo de 90 días para analizar la legislación y presentar una propuesta de cambio. Sin embargo, nosotros sabemos que solamente dejarán de morir trabajadores, cuando los mismos trabajadores gobernemos en defensa de nuestros intereses. Ningún capitalista lo hará en nuestro lugar.

Las luchas de los trabajadores: Por salario, mejores condiciones laborales y contra los despidos

Ante la avanzada patronal, con despidos persecutorios, que cuentan con el aval de la burocracia, y los techos salariales, los trabajadores, organizados desde abajo, son quienes pueden ponerle un freno.
Como respuesta a las experiencias de organización independiente, las patronales, en sintonía con la burocracia sindical, avanzan contra los trabajadores.

La lucha contra los despidos
Los obreros cordobeses de Arcor continúan alertas frente a la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio, luego de los despidos de seis trabajadores que participaron en el reciente conflicto de la alimentación, que rompió el techo salarial y generó simpatías y repercusiones en varios gremios. De todos modos, la empresa se niega a reincorporar a los compañeros y el ministerio de trabajo y la burocracia ofician de cómplices, limitándose a instrumentar alguna “multa”, más simbólica que real, a la patronal alimenticia y a “celebrar” esta medida gubernamental. Por su parte, los obreros de Felfort continúan organizándose por la reincorporación de los despedidos y por la efectivización de los trabajadores contratados. Los trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires, siguen movilizándose por la reincorporación del delegado opositor a la conducción oficial. También los trabajadores de Radio Rivadavia realizaron un paro contra los despidos y se encuentran en estado de asamblea permanente. Y los del diario Crítica continúan movilizados en defensa de sus puestos de trabajo.
La automotriz Peugeot, instrumenta despidos selectivos hacia los trabajadores que cuestionan las condiciones de explotación y flexibilización laboral dentro de la planta, en clara connivencia con a burocracia sindical. Edesur echó a 19 delegados recientemente elegidos por sus compañeros. Correo Argentino ha despedido a un ex delegado, también en un claro gesto de persecución sindical.

La lucha por salario
Sobre la base de la lucha de los trabajadores de Alicorp (ex Jabón Federal), la patronal y el sindicato jabonero se vieron obligados a firmar un acuerdo salarial que, antes del paro realizado por las bases, consideraban “una locura”. La burocracia reclamaba un 20%, las bases impusieron un 40% y, finalmente, se selló un aumento del 35% retroactivo a abril, aunque, lamentablemente, en cuotas. Este acuerdo, más allá de que no satisface por completo el reclamo de las asambleas obreras, demuestra claramente que con la organización y la lucha de los trabajadores se pueden conseguir conquistas mucho mayores que con la política entreguista de la burocracia sindical.
Por su parte, los trabajadores del neumático, del estado, y los telefónicos, entre otros tantos, continúan organizándose para pelear por aumento salarial y por mejores condiciones laborales. Mientras tanto, las direcciones burocráticas poco y nada hacen por satisfacer los reclamos de los trabajadores. Sólo alguna medida aislada o algunas palabras simbólicas.
La conducción del SUTNA, por ejemplo, se mantiene inmóvil para alcanzar el aumento de salarios impulsado por los trabajadores. Se dedica a retrasar y dilatar las negociaciones. Son los trabajadores, organizados desde abajo, fundamentalmente desde la interna de Fate, quienes promueven y llevan adelante la organización y la lucha.
Por su parte, los trabajadores telefónicos realizaron paros y quites de colaboración reclamando un incremento salarial del 35%, que pretende ser encarrilado por la burocracia de FOETRA, que no está dispuesta a profundizar la lucha.
Los trabajadores del hospital Garrahan, entre tanto, votaron, en asamblea, impulsar un reclamo de aumento salarial del 30%, $4.000 para la categoría más baja y el rechazo a la flexibilización impuesta en el hospital.
De este modo, así como la lucha de los obreros de la alimentación que superó los márgenes estrechos de la burocracia en cuanto organización, lucha y conquista, la apuesta de cada compañero en cada lugar de trabajo debe ser la de impulsar la organización independiente para desplegar la pelea por mejores salarios y mejores condiciones laborales.

La lucha contra la inflación es la lucha de los trabajadores

La lucha contra la inflación, que corroe cotidianamente el salario de la clase trabajadora, solamente puede ser llevada adelante por los trabajadores organizados con independencia del gobierno, el empresariado y la burocracia sindical.

La pauta salarial acordada por el gobierno, las cámaras empresariales y la burocracia sindical de la CGT y la CTA , ronda el 20% y, encima, en cuotas. Un porcentaje que ni siquiera alcanza los niveles de inflación padecidos en 2009, ni los que ya se están sufriendo durante este año. De este modo, la burocracia sindical se erige, una vez más, como defensora de la ganancia empresaria, que encuentra en el salario, la primera variable de ajuste para incrementar sus millones. Con la excusa de que los aumentos salariales generan inflación, las patronales y sus cómplices ponen topo a la discusión salarial, pero nada dicen sobre sus márgenes de ganancias.

Sin embargo, son varios los sectores de la clase trabajadora que se han puesto de pie en la pelea salarial y marcan un camino a seguir.

La lucha salarial que rompa el techo acordado por la burocracia sindical, solamente puede llegar a buen puerto de la mano de la organización y la lucha independiente de los trabajadores. Por eso, toma cuerpo en aquellas empresas donde los trabajadores han logrado vencer a la burocracia y recuperar la dirección sindical, como es el caso de la Comisión Interna de Kraft, y de Fate y del Cuerpo de Delegados del subte.

Las asambleas de los obreros de Kraft, por ejemplo, promueven un 35% de aumento salarial y han garantizado masivamente los paros de dos horas por turno lanzados, casi obligadamente y con el fin de apaciguar la bronca, por la burocracia de Daer. Además, la movilización y el corte de la Panamericana se reiteran, como forma de proseguir la lucha y la difusión del conflicto que persiste dentro de la planta alimenticia.

Lo mismo ocurre en Fate, donde desde las asambleas se propusieron conseguir un incremento similar, la reapertura de las paritarias y han lanzado un plan de lucha para lograrlo. El quite de colaboración aprobado ha sido acompañado por una movilización a la sede central del SUTNA y al ministerio de trabajo, el pasado 30 de abril.

Por su parte, los trabajadores del subte, mantienen en pie el reclamo del reconocimiento de su sindicato, la AGTSyP , y la reapertura de las paritarias para impulsar el reclamo salarial, entre otras tantas reivindicaciones. Con ese objetivo, han realizado la apertura de molinetes el pasado 9 de abril. En este marco, la lucha contra la burocracia y la patronal no cesa, y por eso se instrumenta el quite de colaboración y el paro en varias líneas.

La lucha por salario, que es la única lucha contra la inflación, no puede quedar en manos de quienes no representan a los trabajadores, es decir, de la burocracia sindical. Para eso, debemos tomar en nuestras manos la organización y la lucha contra la burocracia, ya sea de la CGT o de la CTA. En cada lugar de trabajo, deberemos recuperar los puestos de delegados y poner los Cuerpos de Delegados, las Comisiones, las Juntas Internas, en suma, los sindicatos, al servicio de la clase trabajadora.

***

Crítica, Arcor, LV2, Mecca, Royal Canin, docentes...

Pese a la burocracia, los trabajadores se organizan y luchan por aumento salarial, contra los despidos y por el pago de sueldos adeudados.

En las plantas alimenticias que Arcor tiene en la provincia de Córdoba, los obreros resolvieron realizar el paro de dos horas decretado a regañadientes por el STIA y fueron por más. Prolongaron la medida de fuerza en reclamo de un incremento salarial del 35%. Cuando el ministerio de trabajo dictó la conciliación obligatoria, rápidamente acatada y promovida por la burocracia de Daer, los trabajadores optaron por desconocerla, ya que la única beneficiaria con la suspensión de la lucha sería la empresa. Ahora, los obreros de Arcor votaron un paro por tiempo indeterminado, que es acompañado por los cortes de ruta. Y se disponen a profundizar la lucha si la patronal toma represalias e instrumenta despidos.

Los trabajadores del diario Crítica han emprendido un plan de lucha en reclamo del pago en tiempo y forma de los salarios atrasados. El paro comenzó el 8 de abril, impidiendo la salida habitual y regular de la publicación. El día 12, organizaron un acto de denuncia frente a las puertas del diario y, en asamblea general, resolvieron extender la medida de fuerza hasta el 14 de abril, cuando se manifestaron frente al ministerio de trabajo, donde se realizaba la audiencia entre las partes. Ante el incumplimiento patronal, los trabajadores proclamaron el paro por tiempo indeterminado. Con el mismo reclamo, los trabajadores de la radio LV2, en Córdoba, sostienen la ocupación del edificio hace más de dos meses.

En la fábrica metalúrgica Mecca, en Morón, y en la de alimentos balanceados, Royal Canin, en La Matanza , los obreros llevaron adelante una lucha, que incluyó la paralización de la planta, en rechazo a los despidos instrumentados por la patronal.

Los docentes neuquinos prosiguen su pelea, que data de comienzos de marzo, por aumento salarial, combatiendo la intransigencia del gobierno y el carácter conciliador de la conducción de ATEN. Al paro, le suceden los cortes de ruta y las movilizaciones.

Estas luchas, en las que los trabajadores emprenden la organización independiente, al margen e incluso contra la burocracia sindical, y con la asamblea como método de debate y resolución, y con la lucha como una arma efectiva contra las patronales, son sólo algunas de las que se desarrollan en varios puntos del país y son una demostración clara de que la clase trabajadora puede enfrentar la prepotencia de los capitalistas, pese a la complicidad del gobierno, la burocracia y al silenciamiento que pretenden imponer los medios.

Otro obrero muerto

Otro obrero muerto en su trabajo. No es ninguna abstracción afirmar que el capitalismo mata. Las condiciones laborales a las que son sometidos los trabajadores, además de insalubres, son, en muchos casos, mortales.

Gustavo Silvero Lescano, un obrero de la construcción, murió en una obra de la Ciudad de Buenos Aires, al ser aplastado por una medianera que se derrumbó.
Como es habitual, eran reiterados los incumplimientos en las medidas de seguridad para los trabajadores por parte de la empresa. Es que toda empresa sólo está interesada en obtener la mayor ganancia posible con el menor costo posible, escatimando, para ello, no sólo los salarios de los trabajadores, sino también, los instrumentos y las medidas básicas de seguridad. Pese a todo esto, la Dirección de Relaciones Laborales y Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la burocracia sindical de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) hicieron la vista gorda y dieron el visto bueno para que la patronal avanzara con sus negocios, a costa, literalmente, de la vida de los trabajadores.
La burocracia de Gerardo Martínez, por su parte, se limitó a llenar algunos formularios asentando “Las denuncias por incumplimiento y las correspondientes solicitudes de inspección”, con lo que pretende lavar sus culpas y ocultar su complicidad con la empresa, al permitir semejantes condiciones laborales, que, inexorablemente, conducen a los trabajadores a una muerte segura.

SIGUE CRECIENDO EL TRABAJO EN NEGRO

Los empresarios, con el apoyo del gobierno, protegen su ganancia a costa de los trabajadores. Con las medidas que ya están aplicando, y las que tienen en estudio, crece el desempleo, se profundiza la precarización laboral y aumenta el trabajo en negro.

El Revolucionario Nº45 (Abril de 2009)

Ni la manipulación de las estadísticas oficiales ni el control de lo que publican los medios masivos de información alcanzan para que el gobierno pueda ocultar el crecimiento de la precarización laboral en Argentina. Es que, a veces, la propia burguesía revela la forma en que se profundiza la explotación. Por ejemplo, la Encuesta de Clima de Negocios del primer trimestre de 2009, relevada por SEL Consultores en 156 empresas líderes y medianas que ocupan más de 180.000 personas, muestra que un 62% de las consultadas congeló vacantes y suspendió el ingreso de personal. Más de la mitad redujo la cantidad de horas extras, y un 39% no renovó los contratos de personal temporario. Casi un 30% adelantó vacaciones, y un cuarto de las empresas suspendió turnos de trabajo. En diferentes combinaciones, ya se aplican, o se están estudiando, otras medidas como la revisión de las remuneraciones variables (comisiones, etc.); la renegociación de cláusulas de convenios; la reducción o suspensión de beneficios; los despidos eufemísticamente llamados “reducción de la dotación propia con pago de indemnizaciones”, las suspensiones y los planes de “retiro voluntario”.
En la desenfrenada carrera por bajar los costos laborales, aumentó también el trabajo en negro, produciendo más trabajadores con sueldos por debajo de los convenios, sin jubilación futura ni cobertura social actual, sin derecho a agremiarse, y, sobre todo, expuestos a despidos sin indemnización en cualquier momento. Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de diciembre de 2008 realizada por el INDEC, comprueban que, entre el tercer y cuarto trimestre de 2008, unas 300.000 personas pasaron a engrosar la lista de trabajadores informales, llegando a un 37,8% respecto del total de empleados. No dejó de llamar la atención que, el mismo día, y a partir de los mismos datos, mientras algunos diarios titulaban “Volvió a crecer el trabajo informal, tras cuatro años de reducción”, el cable de la agencia de noticias oficial Telam, en un admirable ejemplo de manipulación de la información, afirmaba: “El trabajo en negro bajó al 37,8%”(1).
El mayor incremento relativo se registró en el conurbano bonaerense, donde, en sólo un trimestre, la cantidad de trabajadores sin beneficios sociales ni previsionales subió tres puntos. Claro que el cuadro es aún peor en el noroeste del país (45,3%), nordeste (44%) y Cuyo (39,9%). En la ciudad de Salta, por ejemplo, y siempre según la EPH, una de cada dos relaciones de trabajo es en negro. Similares guarismos hay en Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy o Resistencia, con porcentajes que superan en un 20% la media nacional(2).
Los datos del gobierno fueron cuestionados por varias consultoras insospechadas de la menor preocupación por el bienestar de los trabajadores. El director ejecutivo de SEL Consultores, Ernesto Kritz, y Jorge Colina, investigador jefe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), coincidieron en señalar la “inconsistencia de algunos indicadores”, como la afirmación del organismo estatal de que, en el mismo período, la creación de empleo “se multiplicó por 25 en el país”. “No encuentro explicación al milagro este”, dijo Kritz, “porque los sectores líderes en la creación de empleo, como construcción e industria, muestran que hubo caída en el empleo. Es muy sorprendente”. Aunque el INDEC afirma que la tasa de desocupación es del 7,3%, para Kritz “debe estar en realidad entre uno y dos puntos más arriba”.
Respecto del trabajo en negro, también coinciden ambos en que no hay una relación inmediata con la crisis internacional, sino que, como explicó Colina, “Hay fundamentalmente factores locales (...) aunque haya coincidido con el estallido de la crisis global”. Esos factores, según Kritz, derivan de “los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo”, lo que “es una señal de alarma porque en 2009 la gente que pierda su trabajo se va a volver a reinsertar en la informalidad, ya sea en el empleo en negro o en el cuentapropismo, por lo que es altamente probable que esta tasa siga creciendo”. Nos dirán entonces que “bajó la desocupación”, porque los desempleados que subsistan con changas en negro contarán como ocupados.
Mientras 4,5 millones de personas, como mínimo, trabajan en negro, las mismas consultoras, a las que se suman Ecolatina, Prefinex y el Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), duplican el cálculo oficial sobre pobreza e indigencia(3). El desfasaje se explica, por ejemplo, con la fuerte subestimación del INDEC del costo de la Canasta Básica de Alimentos. En el segundo semestre de 2008, esas consultoras valuaron los precios de mercado en un 41% más que el organismo oficial.
Con la desocupación y precarización laboral en aumento, los trabajadores siguen perdiendo derechos elementales, como la estabilidad, el derecho de agremiación y huelga, vacaciones, aguinaldo, y cobertura social y previsional. Así, a través de una mayor explotación, los empresarios, apoyados por el gobierno, garantizan la intangibilidad y crecimiento de sus ganancias.
...
NOTAS:
1) Ver diarios Clarín y La Nación del 18/03/09, y cable de Telam del 17/03/09, reproducido por Infobae en la edición del día siguiente.
2) Como decíamos en la nota “Crece el trabajo en negro”, en ER Nº..., “A esos números hay que agregar el importante segmento, que crece día a día, de trabajadores que aparecen en las estadísticas como monotributistas que facturan sus servicios, ocultando bajo una máscara perfectamente ´legal´ una situación de híper explotación y mayúscula indefensión”.
3) Lo ubican en un 32% y 10% respectivamente.

TRABAJO TEMPORARIO: MÁS PRECARIEDAD LABORAL BAJO EL KIRCHNERISMO

Antes se las llamaba “agencias de empleo” o “de colocaciones”. A menudo aparecían bajo el disfraz de supuestas “bolsas de trabajo” en parroquias o sindicatos. Su función era proveer personal a particulares o empresas. Ahora, se las llama “empresas de trabajo temporario”, y ocupan un lugar mucho más relevante en un mercado de trabajo cada vez más precarizado y explotador.

El Revolucionario Nº41 (Noviembre de 2008)

La ley de contrato de trabajo denomina “personal permanente discontinuo” al que está bajo relación de dependencia con una empresa de trabajo temporario, pero presta servicios en diferentes asignaciones dentro de las empresas clientes, que se liberan de toda obligación referente a cargas laborales y sociales, vacaciones, licencias, accidentes, enfermedades profesionales, y, por supuesto, indemnizaciones. Con la “tercerización”, quien aprovecha el trabajo no debe preocuparse de nada. En cualquier caso, el empleado será reemplazado por otro de las mismas capacidades y al mismo costo. La persona es irrelevante, sólo se mensura su fuerza de trabajo, indistintamente explotada por uno u otro patrón, sea éste grande o pequeño, nacional o extranjero.
Empresarios y gobierno defienden el sistema diciendo que son tareas eventuales o estacionales. En esos casos, aprovechan el trabajo en épocas de bonanza, y lo descartan sin costo alguno cuando baja la producción. Pero en la mayoría de los casos, son tareas permanentes. La cíclica rotación impide que los trabajadores desarrollen vínculos que los lleven a discutir sus condiciones de vida y trabajo. Además, las empresas de trabajo temporario no permiten ningún tipo de agremiación. El gobierno, los empresarios y la burocracia sindical han acordado obstaculizar la organización de estos trabajadores.
En Argentina, el trabajo temporario no era medido antes de 1995. Desde entonces sólo se mide el regularizado, dejando afuera los numerosos casos que simulan una “locación de servicios” y obligan al trabajador a anotarse como monotributista y extender facturas, consagrando su total indefensión.
En plena reelección menemista, el INDEC determinó que había 36.795 trabajadores afectados al sistema. En 1997, la cifra había crecido un 20%, llegando al 3,76% del total de personas ocupadas. Desde 2003, cuando hubo un crecimiento del 54%, la tendencia alcista fue ininterrumpida. Éstos son los “puestos de trabajo” que el gobierno peronista se ufana de haber creado. Trabajo tercerizado, precario, sin garantías ni protección para el trabajador, al menor costo posible.
No hay empresa que no utilice, en un porcentaje elevado, trabajadores temporarios. También el estado los usa ampliamente, a través de los “contratados”. Según el INDEC, 96.117 personas trabajaron bajo esta modalidad en 2007, 8,92% más que en 2006. En el primer trimestre de 2008, se llegó a 105.527 registrados, con un incremento de casi el 9% anual. En septiembre de 2008, según datos de la cámara empresaria del sector, FAETT(1), la demanda de trabajadores temporarios alcanzó al 24,19% sobre el total de líneas publicadas en avisos clasificados. El trabajo temporario es el único indicador del mercado laboral que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años. La FAETT explica que éste es un “claro indicador de la efectividad que alcanza esta actividad y los beneficios que aporta.” (2).
Todos, menos los trabajadores, ganan con el sistema. Las empresas clientes tienen un ejército de trabajadores disponible, a un costo laboral mínimo. Las de trabajo temporario regulan a su antojo las condiciones laborales y acuerdan entre ellas la base salarial para mantenerla baja(3). El estado, que regula el marco para que el negocio funcione, tiene su ganancia a través de la recaudación. La misma cámara empresarial estima, sobre datos del INDEC, que en 2007 el sector aportó $310 millones en concepto de contribuciones patronales y $486 millones de IVA. Como dijo Vicente Stagno, presidente de la Federación: “Existe una perfecta alineación de intereses entre el Estado y FAETT”.
Las cámaras empresariales de trabajo temporario de todo el mundo conforman la Confederación Internacional de Agencias de Empleo Privado (CIETT por sus siglas en inglés), cuyo principio básico es “optimizar las estrategias de recursos humanos con los más bajos costos posibles”(4). Sostiene la CIETT que “Globalización significa competencia, y competencia significa productividad. Productividad significa usar el trabajo de la forma más eficiente que sea posible”. Su objetivo es ayudar a que sus miembros no sean “hostigados por cargas legales innecesarias”, o por “legislación potencialmente mala a nivel nacional”, y están “listos para intervenir cuando aparece la amenaza de innecesarias restricciones a nivel internacional, de instituciones como la OIT”(5). Para ello, se dedican a “educar a quienes toman decisiones, a legisladores y parlamentarios, a periodistas y funcionarios, para ayudarlos a que comprendan lo que significa nuestro negocio y los beneficios que aporta al crecimiento económico”.
El trabajo temporario, tercerizado o eventual, con su saldo de precarización, bajas de salarios, mayor explotación y vulnerabilidad de los trabajadores, se hizo visible en Argentina con el menemismo, y se expandió bajo el kirchnerismo. Como el trabajo en negro y el trabajo infantil, es prueba evidente de la política antiobrera, decidida por el peronismo y acordada con empresarios y burócratas sindicales, para bajar el costo salarial.

...
NOTAS:
1) Índice de Tendencia de Demanda Laboral Publicada elaborado por la FAETT, Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario.
2) www.faett.com.ar.
3) Una buena prueba de la rentabilidad en alza de las empresas de trabajo temporario es que, según datos del INDEC publicados por la FAETT, la facturación del sector aumentó el 33,45% el 1º trimestre de 2008 respecto del mismo período de 2007, mientras que los salarios brutos devengados sólo crecieron 26%.
4) www.ciett.org
5) Se refiere a la Organización Internacional del Trabajo, que, por cierto, nada tiene de combativa. En su página web explica que “es la única agencia de carácter “tripartito” de las Naciones Unidas ya que reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para la elaboración conjunta de políticas y programas.”

ACCIDENTES LABORALES: LA BUROCRACIA TAMBIÉN RESPONSABILIZA AL TRABAJADOR

Los muerte de obreros en sus lugares de trabajo no se detiene. La burocracia sindical avala las pésimas condiciones laborales y llega, incluso, a responsabilizar al propio trabajador.

El Revolucionario Nº39 (Septiembre de 2008)

En empresas nacionales y multinacionales, grandes, medianas y pequeñas, con empleo registrado y en negro... Los accidentes laborales son una constante. Según datos oficiales, son 1.000 los trabajadores muertos y 500.000 los accidentados anualmente a causa del trabajo(1).
Entre los casos más renombrados, podemos recordar a los obreros muertos en Acindar, Aluar y Dreyfus. Además se registran accidentes en fábricas, talleres, minas, obras y cientos de empresas capitalistas de todo el país(2). El último accidente fatal se cobró la vida de un obrero de la construcción(3).
Pero esta realidad no se ve a simple vista. Son variadísimos los recursos que utiliza la burguesía para ocultar estos hechos y sus verdaderas causas.
Primero, recurren al silenciamiento sin más. Los medios de comunicación esconden la cantidad de obreros muertos y accidentados mientras trabajan.
Cuando algún hecho brota a la superficie irremediablemente, se dice que fue una “fatalidad”, una “desgracia”, un “hecho fortuito y aislado”. Es decir, una muerte sin responsables. Pero la sistematicidad de estos casos, echa por tierra este falso argumento.
Cuando este discurso es insostenible por grotesco, se va más lejos y se atribuyen los accidentes a la negligencia patronal. Pero según estas razones, todas las patronales serían negligentes, problema que se solucionaría con un poco de eficiencia.
Pero el argumento más indignante es, sin dudas, el que responsabiliza a la propia víctima: al trabajador. El ejemplo de la burocracia sindical de la UOCRA, dirigida por Gerardo Martínez, es claro. El de la construcción es uno de los sindicatos que más se refiere a este tema y no por caracterizarse por la defensa del trabajador, sino por ser el gremio con la mayor cantidad de accidentes laborales.
En la publicación de la UOCRA, “De pie”, con motivo del “Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo”, se reafirma una campaña “para generar una verdadera cultura de la prevención impulsando acciones colectivas que sirvan para inducir las individuales y lograr la reducción de la siniestralidad (...). La prevención, la concientización y el cumplimiento son el camino a seguir” (4). El problema, según la UOCRA, es de la cultura, del individuo y su conciencia. Nada tienen que ver para estos cómplices necesarios, la patronal y el gobierno, mucho menos el sistema capitalista en sí mismo.
Siguiendo con las posiciones de la burocracia sindical, bastaría con que el trabajador modifique su “cultura de trabajo” y sea más “consciente” de los riesgos que puede correr su vida, es decir, que no se apure, que no intente sacar el trabajo sí o sí, que use el casco... Como si no existiera el patrón, el capataz o el supervisor que, en nombre de la productividad, obliga a dejar, literalmente, la salud y la vida en el trabajo.
La verdad es que estas muertes y accidentes son un costo que contemplan los empresarios en sus cálculos contables. Según sus balances, es preferible pagar una indemnización, siempre lo más baja posible y sólo para quienes están registrados, que bajar los ritmos de producción o garantizar las debidas medidas de seguridad o respetar la jornada laboral o brindar las horas de descanso necesarias... Así funciona el capitalismo, mucho más agravado en un país atrasado como Argentina.
Como vemos, la inseguridad laboral es una decisión de los capitalistas, avalada por el gobierno y la burocracia sindical.
...
NOTAS:
1) Clarín, 20/4/08. Datos de la SRT, por ende, contemplan sólo a los trabajadores registrados.
2) En los números del corriente año, sobre este tema se puede ver: “La burocracia también es responsable”, en ER N°37, julio de 2008; “Explotación y muerte, ´esas cosas que pasan´”, en ER N°36, junio de 2008; “Siguen las muertes y los accidentes de obreros”, en ER N°34, abril de 2008; y “Acindar, otro crimen capitalista”, en ER N°33, marzo de 2008.
3) Se trata de Pedro Ortiz de 56 años, sepultado por el derrumbe de una obra inhabilitada en pleno centro de Córdoba, mientras realizaba una doble jornada laboral.
4) De pie, junio de 08. Destacados nuestros.

MÁS TRABAJADORES MUERTOS: LA BUROCRACIA TAMBIÉN ES RESPONSABLE

El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)

Aun con el silencio de prensa, se evidencia que continúan semana a semana los accidentes y las muertes de los trabajadores en sus puestos. También, el deterioro progresivo de la salud por condiciones laborales precarias. Casi ningún medio refleja entre sus noticias estos hechos. Y cuando lo hace, se habla siempre de accidentes, producto de la negligencia de tal o cual empresario, cuando no, del descuido mismo de los trabajadores. Pero siempre se los presenta como hechos aislados. Lejos de esto, como venimos señalando, esta situación es intrínseca al capitalismo, donde la búsqueda permanente de la mayor ganancia posible por parte de los empresarios genera que se multipliquen las muertes y que los accidentes sean moneda corriente. Los ritmos de producción y los elementos de seguridad son siempre variables de ajuste en las cuentas que hacen los empresarios.
En esta situación juega un papel fundamental la burocracia sindical. Burócratas que, para satisfacer las necesidades patronales, permiten el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la eliminación de las medidas de seguridad más elementales, el aumento de los ritmos de producción... O sea, negocian en la mesa de la patronal la salud y la vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, son los encargados de garantizar el silencio cuando se produce un accidente o una muerte. Cuando esto es imposible por la trascendencia mediática, todo se soluciona, para ellos, con un comunicado lamentando el accidente o, como mucho, algún paro simbólico en la empresa, cosa que nadie se entere. Así funciona la burocracia sindical.
El mes pasado, por ejemplo, tras la muerte de dos trabajadores electrocutados en Dreyfus (noticia obviamente presentada como “negligencia empresarial”) la respuesta fue una jornada de duelo en la empresa. Qué decir de las declaraciones que publica La Nación de un secretario de ATE (CTA), ante la muerte por intoxicación de dos trabajadores de limpieza de un hospital: “...estos chicos firmaban recibos por 950 pero ganaban de bolsillo apenas 390, una miseria. Cumplían horarios de entre 10 y 12 horas diarias, iban rotando de hospital en hospital; nunca recibieron enseñanza sobre manejo de residuos patológicos peligrosos; carecían de guantes, barbijos; eran explotados al máximo, y dos de ellos terminaron en la morgue. Como hay desocupación, los pobrecitos aguantaron cualquier cosa”. Así, sin ningún tipo de vergüenza y ocultando su responsabilidad, relata este burócrata las condiciones tremendas de explotación en las cuales trabajan los empleados de limpieza tercerizados en los hospitales nacionales.
No hay vuelta que darle. La burocracia sindical, ya sea de la CGT o de la CTA, juega su rol, siempre del lado de los empresarios y el gobierno, garantizado la explotación de los trabajadores.

EXPLOTACIÓN Y MUERTE, “ESAS COSAS QUE PASAN”

Un fallo judicial justificó la híper explotación, mientras siguen muriendo obreros.

El Revolucionario Nº36 (Junio de 2008)

El juez federal Norberto Oyarbide, sobreseyó a tres directivos de la empresa de indumentaria Soho que estaban acusados de utilizar, en sus talleres de costura, mano de obra súper explotada de inmigrantes indocumentados. De acuerdo a las pruebas del expediente, los obreros, casi todos bolivianos, trabajaban más de doce horas por día por un sueldo de 500 a 900 pesos mensuales y vivían hacinados con sus familias en una piecita que les alquilaban los propios talleristas, quienes recuperaban así la mayor parte del mísero salario.
El juez, recordado por sus aventuras sexuales en el neoclásico prostíbulo masculino Espartacus, sostuvo que ese modo de explotación de los trabajadores es herencia de “costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del Altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los costureros”, es decir que, como llevan siglos siendo explotados, ya se han acostumbrado a vivir así. Casi textualmente, lo mismo que declaró al inicio de la causa uno de los dueños del taller: “Los bolivianos viven así. La mentalidad de ellos es así”. En nuestro número anterior mostrábamos cómo el burócrata de la UATRE, Venegas1, decía, respecto de la híper explotación de los trabajadores rurales, que se debe a “una tradición de más de cien años (...) de una cultura y de tantos años de trabajo no regulado por libreta”. Juez, patrón y burócrata sindical, tres versiones para explicar y justificar estas formas de explotación. Las que padecen los trabajadores textiles o los rurales, no son una rareza ni una excepción, sino parte del modo de producción capitalista.
Mientras tanto, la causa que lleva Oyarbide por el incendio del taller de costura que funcionaba en similares condiciones en la calle Luis Viale, donde murieron una mujer, un adolescente y cuatro niños, lógicamente sigue impune.
Ratificando que “me matan si trabajo, y si no trabajo muero”2, el 22 de mayo, Juan Carlos García, un operario de la construcción de 47 años, murió al caer de un andamio a 8 metros de altura en la planta Inbelt SRL de Rosario. Con él, son cuatro los muertos en la misma semana por ausencia de condiciones mínimas de seguridad, y ocho desde noviembre de 2007, sólo en Rosario3. “Parece una maldición”, trató de justificar para ocultar su complicidad Julio Palma, secretario general de la seccional local de la UOCRA.
No es una maldición. Es la forma en que se acumula el capital, violentando todas las medidas de seguridad, aumentando los ritmos de producción y “ahorrando” en seguridad industrial. Es la lógica del sistema, más vale perder un obrero que resignar ganancias.
…
NOTAS:
1) Ver “La situación de los trabajadores rurales”, en, ER Nº35, mayo de 2008.
2) Documental de Raymundo Gleizer, 1974.
3) El 13 de mayo el obrero Mariano Almaraz murió en una obra en construcción y el 15 de mayo fallecieron Isael Ortigoza y Héctor Jara tras ser aplastados por un encofrado con hormigón que se vino a pique en otra obra. Fuente: Diarios El Ciudadano y La Capital de Rosario.

LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES RURALES

El Revolucionario Nº35 (Mayo de 2008)

El gobierno y los empresarios del campo discuten en la abundancia. Y lo pueden hacer sobre la base de que ambos socios mantienen a los trabajadores rurales en una situación miserable.
De 1.300.000 trabajadores1, sólo están registrados 325.000. La inmensa mayoría trabaja en la informalidad, por lo cual no acceden a derechos básicos como salud, jubilación, salario familiar, etc.. Además, hay 350.000 trabajadores golondrinas, y se explota a 290.000 adolescentes entre 14 y 17 años y a 160.000 niños entre 4 y 13 años. Por otra parte, los peones rurales, quienes no son dueños ni del colchón en que duermen, son los peores pagos del país: quienes trabajan en negro muchas veces perciben 60% menos que el salario real, y el ínfimo grupo de “privilegiados” que está en blanco cobra en promedio, según UATRE, $1100 al mes, cifra ya de por sí insuficiente en esta Argentina de la inflación.
Sus condiciones de existencia son primitivas e insalubres, con familias hacinadas en viviendas de paja, donde se aloja la vinchuca y propaga el mal de Chagas, una enfermedad de la pobreza extrema. Hay “4 millones de chagásicos en nuestro país, azote mucho más importante que el SIDA.”2
La explotación infantil en el campo es moneda común en todo el territorio y en los más diversos cultivos. El uso indebido de herramientas mecánicas a temprana edad ocasiona trastornos en el crecimiento como reumas (artrosis, artritis), deformaciones, etc. Por otro lado, el envenenamiento por plaguicidas, fertilizantes o herbicidas es una de las consecuencias más documentadas del trabajo infantil. El uso de agroquímicos de alta toxicidad, como el heptacloro y el bromuro de metilo, produce malformaciones congénitas y las nuevas generaciones nacen con insuficiencias y atrofias de todo tipo. Una buena porción de esos chicos no asiste a la escuela y un alto porcentaje repitió algún grado3. En resumen, para los niños del campo, una vida sin juegos, sin escuela, sin niñez, y soportando, además, la rudeza del régimen agrario.
El descarado Gerónimo Venegas4 explica que esta cruel realidad que sufren las familias rurales es producto de “una tradición de más de 100 años (...) de una cultura y de tantos años de trabajo no regulado por libreta”. Para el burócrata, dicha situación se debe a “la cultura”, es decir, al estilo costumbrista de vida, según él, propio de los trabajadores del campo. De este modo, la burocracia sindical, socia y cómplice de los empresarios, justifica la miseria y, por tanto, la sumisión que las patronales imponen a sus obreros.
Así son las cosas. Mientras los empresarios del gobierno y del campo acumulan ganancias que marcan niveles históricos y ambicionan más, y su burocracia pasea seguido por las oficinas de Puerto Madero, los trabajadores rurales sufren pésimas condiciones de vida y trabajan en la superexplotación, sin empleo fijo, sin horarios y meses sin descanso. En suma, una situación absolutamente denigrante, opresora, esclavizante, producto de estas patronales, cuyo trato hacia los trabajadores poco se diferencia del que ejercían los antiguos señores feudales de la edad media para con sus siervos.

...
NOTAS
1) No hay cifras certeras al respecto. Todos los datos son estimativos.
2.) “El mapa siniestro de la explotación infantil”, parte II, informe de Elena Luz González Bazán, junio 2007.
3) Ver “Protocolo de intención para la erradicación del trabajo infantil”, firmado en junio de 2007 por distintas entidades en Argentina.
4) Además de titular de UATRE, Venegas es presidente del RENATRE, entidad llamada a velar por la seguridad social de los trabajadores rurales. Comparte el directorio junto a Roberto Petrochi (UATRE), vicepresidente; Abel Guerrieri (SRA), tesorero; Alfonso Máculas (CRA), secretario; y los directores Ramón Ayala (UATRE), Guillermo Giannasi (FAA), Oscar Ceriotti (UATRE) y Héctor Zarzón (CONINAGRO). Ver “Desfile de burócratas”.

SIGUEN LAS MUERTES Y LOS ACCIDENTES DE OBREROS

El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)

Las muertes y los accidentes que sufren los trabajadores en sus puestos siguen siendo moneda corriente en todo el país. En el mes de febrero fue noticia en todos los medios la explosión de un horno en una de las plantas de Acindar que dejó varios heridos y dos trabajadores muertos. En marzo varios diarios publicaron dos derrumbes que dejaron varios obreros heridos: uno en Parque Patricios, en una obra en construcción y otro en Trelew. Este último le costó la vida a un operario tras el desmoronamiento de una pared mientras trabajaba en la construcción de nuevo shopping en esa ciudad.
Éstos y los numerosos casos que se dan a diario sin tener repercusión mediática son una constante y no hechos aislados. Son una consecuencia directa del incremento permanente de los ritmos de producción a niveles insostenibles, la extensión de las jornadas, la disminución de los descansos, la no implementación ni siquiera de las medidas de seguridad más elementales... Todo esto se traduce en una reducción de los costos y aumento de las ganancias para los empresarios, que pagan día a día los trabajadores con su esfuerzo, su salud y su vida. Es una de las formas más efectivas que tienen los capitalistas para mejorar su rentabilidad. Y es fundamental en este esquema, la participación del gobierno y de la burocracia sindical. Éstos últimos se sientan en la mesa con los empresarios, como en el caso del gremio de la construcción, para hacer sus negocios a costa de la sangre de los trabajadores.
La construcción es, sin dudas, el rubro en donde más se multiplican los accidentes. Pero éstos no son exclusivos de esta actividad. Todo lo contrario, se producen también en otras ramas, desde las fábricas más importantes como Acindar hasta los talleres más pequeños como los textiles. Así exprime la burguesía a los trabajadores para mejorar sus negocios.

ACINDAR, OTRO CRIMEN CAPITALISTA

El Revolucionario Nº33 (Marzo de 2008)

El 5 de febrero pasado, un horno explotó en el complejo metalúrgico Acindar del grupo Arcerol Mittal1, en Villa Constitución, Santa Fe, dejando ocho trabajadores heridos. Dos de ellos, Nicolás Correa (22) y Alfredo Dianda (23), murieron días después como consecuencia directa de las graves quemaduras sufridas mientras realizaban su labor cotidiana.
Estas situaciones en que obreros mueren en sus puestos de trabajo son postales que se repiten cada vez más en nuestro país. Tanto en pequeñas empresas, como en grandes; tanto con trabajo en blanco, como en negro, siempre con condiciones laborales cada vez más precarias e inseguras. No sorprende que los dos jóvenes obreros muertos trabajaran para una empresa que tercerizaba con Acindar el mantenimiento de los hornos, con condiciones salariales y de seguridad mucho peores que los obreros de la planta, por ejemplo, obligados a trabajar en un horno que sólo llevaba 4 horas de apagado, cuando las normas de seguridad exigen no menos de 24 horas de enfriamiento. Una realidad que no ignoraba la burocracia sindical, al punto que el secretario general de la UOM de Villa Constitución y secretario gremial de la CTA, Victorio Paulón, en sus declaraciones lo reconoció: “Lo que ha pasado, fundamentalmente, es que las viejas normas (de seguridad) no alcanzan para los nuevos ritmos de producción”, ya que “la planta ha aumentado un 40 por ciento la producción anual y conlleva un aceleramiento de los procesos que va precarizando muchas situaciones.”
Como los miles de operarios muertos en sus lugares de trabajo, el caso de los obreros de Acindar no es una tragedia ni una fatalidad, no es un accidente, no se debe a una negligencia humana, no es un hecho fortuito ni un caso aislado, como suelen remarcar las agencias de comunicación de la burguesía, y como señalaron también los directivos de la metalúrgica y la burocracia sindical. Es ni más ni menos que un crimen capitalista, un hecho intrínseco al sistema de explotación vigente, cuya lógica impone el desprecio absoluto por la vida del trabajador en pos de la productividad, la ganancia y el crecimiento empresario.

...
NOTAS
1) Acindar, que en los 70 presidía José Alfredo Martínez de Hoz, pertenece desde 2006 al Grupo Arcelor Mittal, líder mundial en la producción de acero, que emplea a más de 320.000 personas en el mundo en 27 países, y es el resultado de la fusión de las empresas Arbed de Luxemburgo, Aceralia de España y Usinor de Francia con la anglo-india Mittal Steel.

PEQUEÑAS EMPRESAS, GRAN EXPLOTACIÓN

Las PyMES son las empresas mimadas de toda la burguesía argentina. También del gobierno. Les atribuyen todas las bondades económicas y ven en ellas todas las posibilidades de progreso económico. Pero las PyMES son las más grandes explotadoras de la clase trabajadora.

El Revolucionario Nº30 (Noviembre de 2007)

La propaganda oficialista y no oficialista en defensa de las pequeñas y medianas empresas es abrumadora. Suplementos especiales en los diarios de mayor tirada del país, afiches, solicitadas y un permanente discurso en favor del desarrollo de estas empresas. La generación de empleo, el crecimiento de las exportaciones, de la inversión etc., etc. son algunos de los elementos que exponen para convencernos de que las PyMES permiten un desarrollo económico del que nos beneficiamos todos. Los créditos baratos, las exenciones impositivas y de un sinnúmero de políticas específicas buscan fortalecer este sector bajo el argumento mentiroso de que el progreso de las PyMES trae consigo el progreso de toda la sociedad.
Cabe señalar al menos dos aspectos nada menores. Por un lado, ingresan en la categoría de PyMES todas aquellas empresas que no tienen más de 40 empleados y que poseen una facturación que oscila entre los 2500 y los 5000 millones de pesos (pero que puede ser superada, por ley, sin mayores problemas).
Además, la inmensa mayoría de las grandes empresas (casi todas en manos extranjeras como se muestra en “La extranjerización de la economía”) terceriza el trabajo mediante subsidiarias que forman parte de sus cadenas de producción, como el ejemplo de Techint o SanCor. Estas dos características son las que permiten explicar, en parte, por qué el 95% de las unidades productivas del país son PyMES.
Es política de las grandes empresas delegar una buena parte de su trabajo en las PyMES. También es política del gobierno fomentar estas empresas. Esto no es casual. Las PyMES, lejos de traer bienestar a toda la sociedad, traen ganancias para todos los capitalistas y mayor explotación para la clase trabajadora. Es que en toda sociedad divida en clases no existe y es imposible tal progreso general. Si asciende y mejora una clase, se hunde y empeora su situación la otra.
Las PyMES son las que pagan los salarios más bajos, incluso por debajo del mísero mínimo acordado por la burocracia sindical, el gobierno y las cámaras empresariales. Son las que imponen las jornadas laborales más extensas, muy por encima de las ocho horas. Son las que obstaculizan la organización sindical de sus trabajadores. Son las que registran un 67% de trabajo en negro, concentrando el mayor porcentaje del país. El gobierno, lógicamente, avala esta situación.
El desarrollo de las PyMES, al “nivelar” el salario de los trabajadores hacia abajo, incrementa las ganancias de todas las empresas ajustando esta variable.
Con su desmedido afán de defensa y apoyo hacia las PyMES, el gobierno, en este aspecto también, muestra su cara empresarial.

OTRO OBRERO MUERTO

El Revolucionario Nº30 (Noviembre de 2007)

Santa Fe: “Un obrero muerto y dos intoxicados por escape de ácido”. “Un operario murió y otros dos resultaron con principio de asfixia como consecuencia de un escape de ácido en una planta industrial de la ciudad santafesina de Esperanza...”
En Puerto Madryn: “Falleció otro obrero de Aluar”. “Otra víctima por la caída del silo”.
Ciudad de Bs. As: “Un obrero muerto y tres heridos por un derrumbe en una obra en construcción”. “Un obrero murió y otros tres resultaron heridos como consecuencia de un derrumbe registrado en una obra en construcción del barrio porteño de Belgrano”.
Buenos Aires: “Murió el obrero que cayó en pozo en Hurlingham”. “El hombre estaba atrapado a tres metros de profundidad en un hueco repleto de agua, en la calle Mariano Acha al 700 de ese partido bonaerense”. “Bomberos rescataron el cuerpo”

Estos titulares reflejan una realidad terriblemente frecuente.
Recientemente, trascendió el caso del obrero de la construcción muerto como consecuencia de un derrumbe en Capital Federal. Pero este caso no es más que la punta de un iceberg. Es incontable la cantidad de obreros muertos mientras realizan su trabajo. Muertes que la prensa de la burguesía se esfuerza por ocultar. Muertes que ocurren a lo largo y a lo ancho del país, en empresas pequeñas y en empresas grandes. Son las muertes del capitalismo.
Como venimos exponiendo en estas páginas, el capitalismo, para saciar su sed de más y mayores ganancias, mata trabajadores. Los explota al máximo posible, les saca hasta la última gota de sudor y también hasta la última gota de sangre. Mata sin distinción a obreros de la construcción, textiles, mineros, metalúrgicos... a todos.
Los medios de comunicación, cuando es imposible esconder estas muertes, les dan un tratamiento más que indignante. Dan la noticia en tiempo record y hasta como consecuencia de otra información. En este último caso, las principales radios del país informaron la muerte en medio del informe del tránsito para advertir a los automovilistas no transitar por tal o cual calle ya que había demoras debido a un derrumbe en el que un obrero resultó muerto.
Por supuesto que ninguna cámara empresarial envió condolencias ni mucho menos. Ni el gobierno ni ningún candidato siquiera mencionó el hecho. Pero tampoco la UOCRA ni ninguna central sindical. ¡Qué distinto sería si, en lugar de un obrero, hubiese muerto un empresario mientras gerenciaba su negocio, o un comerciante o cualquier pequeñoburgués ejerciendo su trabajo o profesión!
Los obreros son muertos anónimos. Nadie da sus nombres. Son las muertes del capitalismo que acabarán sólo cuando los trabajadores comencemos a construir la nueva sociedad, cuando el gobierno sea de la clase trabajadora.

ME MATAN SI NO TRABAJO Y SI TRABAJO ME MATAN

El Revolucionario Nº12 (Abril de 2006)

Mientras existe en la tierra una clase que no trabaja para vivir sino que vive del trabajo ajeno y reside en lujosas mansiones, transita en suntuosos autos, vacaciona en lugares paradisíacos etc.; hay miles de millones de trabajadores que mueren a diario en sus lugares de trabajo donde, además de tener un salario que no alcanza ni para comer, no tienen siquiera garantizada la vida mientras realizan sus tareas.

Uno de los tantos ejemplos de esta situación es la muerte de dos trabajadores y cuatro niños inmigrantes bolivianos en plena Capital Federal a causa de un incendio en un taller de costura clandestino. A la luz del terrible escándalo se hicieron publicas las condiciones. infrahumanas a las que están sometidos los trabajadores de estos talleres textiles supuestamente clandestinos. Y decimos que es un supuesto ya que es tan extendido su conocimiento que hasta los vecinos del barrio que conviven con ellos están al tanto, además del gobierno y la policía que pasan semanalmente a retirar la sagrada coima para que estos talleres sigan sobreviviendo y no se echen a perder los negocios de los empresarios textiles.

Esta es una de las pequeñas y medianas empresas en base a las cuales sectores que van desde la burguesía "progresista" y la CTA hasta .organizaciones de la socialdemocracia como el PC pretenden que es posible "recomponer" la situación de los trabajadores y del conjunto del país. Pero las condiciones laborales de las Pymes están determinadas por cuestiones que van mucho mas allá de la simple hijaputez de sus patrones, como es la necesidad de sobrevivir en medio de la voraz competencia del mercado, para lo cual deben acudir a la superexplotación mas descarnada, el trabajo en negro, los salarios miserables, el estiramiento de la jornda laboral; etc. Como bien lo explicaba Santucho en el "Curso de formación política ideológica" del PRT "...una parte de la plusvalía producida por los obreros de las pequeñas empresas va a parar a manos de las grandes empresas que manejan las grandes ramas de la industria y regulan el mercado. Por eso los obreros de las pequeñas suelen ser mas brutalmente explotados: tienen que dar de comer y producir ganancia no solo a sus patrones "negreros" sino también a los grandes pulpos monopolistas que controlan la economía."

Así, en el taller donde se desato el incendio vivían mas de 60 personas en pésimas condiciones: hacinamiento, un solo baño (ya saturado lógicamente), vidrios rotos, cables pelados, suciedad. Pues estas pequeñas fabricas funcionan en casas de familia donde no podrían vivir mas de cinco personas.

Luego del incendio llegó la hora de salir a responder al asunto. A rescatar cuerpos incinerados cayeron la policía, los bomberos y hasta la guardia urbana. Después, los allanamientos del lugar. Como no podía ser de otra manera, ningún sindicato salió en defensa de los trabajadores y solo varios días mas tarde una solicitada intentaba servir como lavado de cara ante el desentendimiento absoluto de los jerarcas sindicales frente a la muerte recurrente de obreros.

Una funcionaria de Telerman, con precisas órdenes de su gobierno de hacerse la distraída, queriendo mostrar la situación como una excepcionalidad, le decía entonces a Clarín: "Lo que vi supera cualquier inspección rutinaria de protección de trabajo; esto ya es un problema de derechos humanos". Y acto seguido decía acongojada no entender por que, a pesar del incendio, los obreros se resistían a desalojar el lugar cuando el gobierno les proponía un subsidio de $400 pesos con tal de poder poner la franja de clausurado al taller y terminar de una buena vez con el escándalo. Con estos $400 se supone que deben alojarse ellos y sus familias en algún hotel (que dicho sea de paso, si encuentran alguno por ese precio no debe tener mejores condiciones de seguridad que las de. un taller clandestino), comer, vestirse y emprender la búsqueda de un nuevo patrón que vuelva a contratar su barata fuerza de trabajo. Como agravante, los patrones aprovechan como un recurso mas para conseguir trabajo a muy bajo precio, la condición de inmigrante "indocumentado" amenazando a los trabajadores incluso con la denuncia para que sean expulsados del país, como forma de atarlos a un trabajo miserable.

Otro relato de la funcionaria "horrorizada" era que había menos camas que el numero de personas que vivían allí, pues el taller aparentemente funcionaría las 24 hs. y harían turnos rotativos (la jornada es de 15 hs. aprox.) para trabajar y dormir en alguna cama desocupada. Pero este sistema, que hasta nombre tiene en el capitalismo ("cama caliente"), viene de larga data y lejos de ser una excepcionalidad, es una forma de vida para aquellos obreros que se encuentran en peores condiciones de explotación.

Tanto el gobierno como los medios de comunicación llevaron las cosas al ridículo al describir el trabajo mas propiamente capitalista como un trabajo "anacrónico" al que pusieron el rótulo de "esclavo". Pero muy lejos del esclavismo están estos mecanismos de explotación que se extienden por el mundo entero y muy particularmente en los países pobres como el nuestro como forma de ensanchar los bolsillos de los capitalistas.

Además de los roñosos $400 con que quieren comprar la dignidad de estos trabajadores, el gobierno ahora impulsa otra de sus cosméticas leyes. Se trata de una ley de regularización para un millón de inmigrantes provenientes de países latinoamericanos que viven en la Argentina. El programa "Patria Grande" como lo llama el gobierno, legaliza a los inmigrantes otorgándoles una "credencial de residencia precaria" con la que "podrán trabajar, estudiar, entrar, salir y permanecer en el país". Así plantea el gobierno que se resolverá el problema de la superexplotación de los trabajadores inmigrantes, como si se tratara de una cuestión de documentos y no de la existencia de un sistema que sume en la pobreza mas profunda a los trabajadores y que establece estas formas de explotación a cambio de trabajo bien barato como un mecanismo mas, que junto a una extendida desocupación, contribuye a bajar la media salarial de nuestra clase. De hecho es el propio gobierno quien, por medio de la entrega de miserables subsidios para el establecimiento de microemprendimientos, Pymes o recuperación de pequeñas fabricas o negocios, impulsa el crecimiento del trabajo precario en nuestro país, generalizándolo notablemente.

Es un descaro absoluto que justamente sea el gobierno quien plantee la "regularización". de estas pequeñas fabricas cuando la base misma de los negocios de la burguesía a la que representa es el sostenimiento de un régimen de trabajo precario en el que la mitad de los trabajadores se encuentran en negro (muchos de ellos empleados "estatales"), y muchos mas con contratos basura que han sido negociados con los sindicatos, manteniendo así las pésimas condiciones de trabajo, los negligentes acuerdos con las ART, etc ..

La muerte de los trabajadores en el taller textil, como la de los trabaja­dores de la mina de Rio Turbio, del shopping de Paraguay, de la mina mexicana, y como la de tantos otros tra­bajadores, no es un problema de docu­mentos o nacionalidad. Es el problema de toda la clase obrera sobre la que avanza la burguesía bajando el salario y precarizando el trabajo para aumen­tar sus ganancias y sostenerse como clase. Y este problema no puede solu­cionarse de otro modo que no sea con la organización de la clase obrera para dar una lucha a fondo por cambiar a este sistema de raíz.

MEXICO: MUERTE EN EL SOCAVÓN

El Revolucionario Nº11 (Marzo de 2006)

A los señores capitalistas no les faltarán carne y sangre fresca explotables y dejarán que los muertos entierren a sus muertos. (Carlos Marx, Trabajo Asalariado y Capital).

El 19 de febrero, a pesar de que eran las dos de la mañana de un domingo, casi ochenta mineros trabajaban en el socavón de la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, México. Diez minutos después hubo una fuerte explosión. Trece mineros que estaban en un nivel superior pudieron ser rescatados con graves quemaduras de primero y segundo grados. Otros 65 mineros, en cambio, quedaron sepultados a 160 metros de profundidad. Durante unas pocas horas se recibieron mensajes de texto enviados por sobrevivientes a sus familiares. Luego, sólo silencio.
Una semana después las tareas de rescate fueron suspendidas, y comenzaron las de recuperación de los cadáveres. Los familiares que acampaban junto a la boca de la mina reclamaron sin éxito que empresarios y autoridades políticas no les mintieran dándoles falsas expectativas. Hasta un día antes del anuncio formal de las muertes, el presidente Fox continuaba alentando la posibilidad de un rescate con vida. Al mismo tiempo, el gobierno tomó medidas para evitar el flujo de noticias e impedir el contacto de sobrevivientes y familiares con la prensa. El área fue rodeada por el ejército y la policía militar. Uno de los pocos civiles a quien se permitió el acceso fue el líder del sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, que llegó rodeado de guardaespaldas. Los familiares de los mineros denunciaron que fueron presionados para no acercársele. Una mujer dijo al diario El Universal: "Nosotros no podemos decir nada porque los ponen en una lista y los boletinan a todas las minas, para que ya no vuelvan a trabajar".
Como siempre, todo el aparato del estado, los medios y la burocracia sindical, al servicio de los intereses de la empresa, defendiendo intereses comunes.

El gas de la muerte
La causa del desastre fue una explosión de gases, hecho nada imprevisible en una mina de carbón. Desde siempre el mayor enemigo de los mineros ha sido el gas “grisú”, como se conoce al protocarburo de hidrógeno, un gas incoloro, casi inodoro, que se forma espontáneamente a partir del metano en los depósitos de hulla, y que si alcanza al 5 % del volumen de aire produce una mezcla detonante que puede inflamarse por la menor causa.
Nadie es más consciente que los propios mineros de ese peligro constante, y nadie ha sido más insensible históricamente a la invisible amenaza que los propietarios de las minas, abocados en todo tiempo y lugar a aumentar sus ganancias a costa de la seguridad de los explotados. A mediados del siglo XIX los mineros escoceses utilizaban canarios, mucho más sensibles al gas que el ser humano, como “detectores de grisú”. La muerte de los canarios era señal de que tenían que apagar las lámparas de acetileno y salir de la galería con urgencia. Otro recurso, preferido por los dueños de las minas por su bajo costo, era utilizar “penitentes”, generalmente chicos o ancianos inservibles para empuñar un pico, que reptaban por los túneles, mientras llevaban en alto una lámpara. Así, la llama iba causando pequeñas explosiones detectando las emanaciones de gas, lo que permitía evaluar la peligrosidad del socavón. Si la explosión era muy fuerte y el infortunado moría, su familia era recompensada con dos o tres sueldos, y otro “penitente” ocupaba su lugar.
Hoy el avance tecnológico permite prescindir de canarios y penitentes. Hay recursos avanzados como metanómetros que detectan el menor flujo de gas, y dispositivos llamados “paro de emergencia”, que detienen la operación de las maquinarias cuando el ambiente presenta condiciones de explosividad, evitando las chispas. El 7 de febrero, apenas días antes de la explosión, la Secretaría de Trabajo mexicana realizó una inspección en Pasta de Conchos para comprobar si la empresa había cumplido una intimación para aplicar 34 medidas de seguridad faltantes. Según el informe, conocido después de la explosión, varias de esas medidas seguían incumplidas, entre ellas la instalación del “paro de emergencia”.

Cuatro muertos por tonelada, un costo laboral “tolerable”
Puede llamar la atención al ingenuo que, pese a esos avances técnicos, en poco haya mejorado la seguridad de los trabajadores mineros desde los días de la invención de la máquina de vapor. En el departamento de Coahuila, México, se registraron entre 1902 y 2006 veinticinco grandes explosiones en las minas de carbón, con un saldo total de 889 muertos. Pueden rastrearse hechos similares en zonas mineras de todo el mundo, como Chile (2005), Colombia (1997, 2001), China (2004), Turquía (1992), Filipinas (1994), República Checa (2001), Ucrania (1999, 2001), sin olvidar los catorce mineros que el 14 de junio de 2004 murieron por una explosión de grisú en Río Turbio, Argentina. Se cuentan por miles de miles los muertos anuales en minas de todo el planeta, siempre por explosiones evitables en su mayoría con una inversión adecuada en medidas de seguridad laboral. La Administración Estatal de Seguridad Laboral china, por ejemplo, informó que en el año 2004 hubo 6.000 muertos en accidentes mineros. Consideraron la cifra alentadora. El año anterior habían sido 8.000.
La aparente contradicción entre el alto grado de avance tecnológico para evitar estas masacres, y su permanente repetición por ausencia de inversión en seguridad, sólo se explica por la política empresarial mundial de reducción de costos para acumular ganancias. Explosiones como la de México o la de Río Turbio son para los empresarios un “riesgo calculado”, contemplado en su costo de producción.
Sabemos que, pese a las oscilaciones que puedan producirse por razones de mercado, el costo de producción de una mercancía es determinante de su precio medio. El capitalista incluye en su cálculo de costos el desgaste de las maquinarias (amortización), y del mismo modo, incluye en ese costo de producción el desgaste del obrero. Un simple cálculo actuarial de costo-beneficio, aplicando la teoría del riesgo, permite que el explotador advierta que “ahorra” mucho más –y por ende, baja su costo de producción- afrontando de vez en cuando algo de publicidad negativa y pagando indemnizaciones tarifadas según las leyes laborales –cuidadosamente impuestas por ellos mismos- que instalando todos los artefactos modernos que permitirían evitar las catástrofes.
Las estadísticas oficiales ucranianas señalan que cada millón de toneladas de carbón extraído en la cuenca hullera de Donetsk cuesta la vida de cuatro mineros, un costo “tolerable”.

Negocios, explotación, corrupción y lucha obrera
El carbón duro es utilizado en operaciones industriales, mientras que el lignito se dedica enteramente a la producción eléctrica. EEUU produce el 67% del total de su electricidad usando carbón. Coahuila es la única región de México que cuenta con este estratégico mineral, produciendo 7 millones de toneladas anuales. El Grupo México obtuvo en 2005 más de mil millones de dólares de utilidades netas. El salario promedio mensual, más las prestaciones y un bono de productividad, debería sumar, de acuerdo a las normas laborales, 5.000 pesos (unos 480 dólares), pero de acuerdo al sindicato minero, los trabajadores más especializados de Pasta de Conchos ganan 130 pesos por día (12,2 dólares), y los obreros sobrevivientes aseguran que recibían 658 pesos (62 dólares) por semana.
Desde la región carbonífera hasta la frontera con Texas, Tratado de Libre Comercio mediante, se realizan en México gran cantidad de operaciones especulativas en los mercados energético-financieros al más puro estilo ENRON. Más de 50 empresas de extracción de carbón son en realidad intermediarios, o “coyotes”, en la jerga local, que trafican carbón de primera calidad a EEUU. Dejan sólo el “carbón sucio” para las plantas locales, provocando el aumento de las tarifas eléctricas a corto plazo y contaminación ambiental por el exceso de cenizas y desperdicio.
Los trabajadores han protagonizado importantes luchas en reclamo de mejoras salariales, de condiciones de trabajo, y en especial de seguridad en sus tareas. Permanentemente denuncian que las empresas anteponen la productividad a la integridad física y la salud de los mineros. Durante los últimos cuatro años hubo doce huelgas contra Grupo México por aumentos salariales o problemas de seguridad, además del reclamo de regularizar la situación laboral de los trabajadores “contratistas”. De los 65 trabajadores atrapados en la mina, sólo 25 eran sindicalizados. El resto no pertenecían al sindicato ni tenían prestaciones sociales. Son más de 5.000 los “poceros”, como los llaman los mineros, que trabajan en esas condiciones en todo el estado de Coahuila.
"Aquí la seguridad la hace uno mismo. A las empresas sólo les importa que se saque el carbón y que haya dinero", declaró al diario La Vanguardia un trabajador que pidió no ser identificado para no perder su trabajo.
Una vez más comprobamos en la realidad que el fin primordial del capitalismo, fuera de todo debate, es la acumulación más ampliada posible de capital y la obtención de la mayor tasa posible de ganancia en las mejores condiciones de perdurabilidad. También se verifica que sin la lucha organizada de los trabajadores, independiente de la patronal y el gobierno, nada cambia sino para peor.

Los dueños del carbón y el burócrata de sangre azul
El poderoso Grupo México, propietario de la compañía Industrial Minera México SA (IMMSA), es una de las tres empresas privadas de mayor presencia y peso en la economía mexicana. Su gran desarrollo se facilitó por sus extensas redes de poder económico sobre el Estado, el capital extranjero, y otros grupos de poder nacionales. En los ‘80 fue el grupo más favorecido con la privatización de empresas públicas, logrando extraordinarias operaciones.
Fundada en 1899 en EEUU (Asarco), inició sus operaciones en México en 1901. Luego de varias reorganizaciones y fusiones, en 1978 formó el Grupo Industrial Minera México (GIMMEX) y enseguida avanzó sobre la refinanción de zinc. Entre 1988 y principios de los ’90 entró al negocio del cobre. En 1994 pasó a llamarse Grupo México. Desde entonces no ha cesado de incorporar plantas de producción, fundiciones, refinerías, que le dan el control de casi toda la industria minera bajo y sobre superficie del país. A través de Industrial Minera México SA (IMMSA), además de las minas de carbón, opera 8 minas subterráneas polimetálicas (oro, plata, zinc, cobre, plomo) en la parte central y norte de México.
Como no sólo de carbón, cobre o zinc vive el hombre, sino que hay que transportarlo, el siguiente paso fue el desembarco en la red de transportes ferroviarios. En asociación con Union-Pacific e ICA creó el Grupo Ferroviario Méxicano (GFM) con su subsidiaria Ferrocarril Mexicano (Ferromex). Es un buen ejemplo del proceso de concentración de capital y de su gerenciamiento por burgueses locales asociados al poder político y a los burócratas sindicales.
Hay un perfecto triángulo de vínculos políticos y económicos entre directivos de IMMSA como Claudio X. González, Juan Rebolledo Gout y Luis Tellez Kuntzle (integrantes de las listas de millonarios de la revista Forbes y miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), políticos como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y sindicalistas como Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
A Gómez Urrutia, un caso paradigmático de burocracia sindical integrada al estado burgués, se lo conoce como “el heredero”, ya que su padre, Napoleón Gómez Sada, al que Zedillo llamaba en público “Don Napoleón”, dirigió durante 40 años el sindicato minero. Lo primero que hizo al asumir en el sindicato fue crear un grupo de choque, especie de policía minera, para reprimir a los inconformes que lo cuestionaban por una razón elemental: nunca fue minero. Criado en pañales de seda, estudió economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. En 2000 le inventaron un cargo en el sindicato, y así se convirtió en el representante formal de los casi 300.000 trabajadores mineros mexicanos.
El sindicalista de sangre azul, como lo llaman los medios, continuó la política de cooperación con el gobierno y las empresas que desarrolló su padre. Ambos fueron piezas claves en el proceso de privatización de la industria minera y metalúrgica, que en pocos años despojó por completo al estado mexicano en beneficio de grandes multinacionales. Una de las especialidades de Napoleón hijo es promover huelgas y negociar su levantamiento a cambio de prebendas personales. Cuando los trabajadores se oponían a la privatización de las minas de cobre, negoció que el adquirente, Grupo México, creara un fideicomiso del 5 % de las acciones para los mineros. Levantada la huelga, ningún obrero recibió su parte de las acciones, que Gómez Urrutia revendió a la empresa por 55 millones de dólares.
Persiguió y logró el despido de los que exigían su destitución, compró el silencio y la complicidad de algunos, y se impuso al resto a través del temor al desempleo y el terror a sus grupos de choque. Pero apenas confirmada la muerte de los mineros de Coahuila, una parte importante de los trabajadores se alzó en su contra desconociéndolo como secretario general.
Con la estructura burocrática en plena crisis, 264 mil trabajadores fueron a la huelga el primer día de marzo de 2006, exigiendo más seguridad y el castigo a los responsables de la masacre. La Cámara Minera rápidamente declaró ilegal la huelga e interpuso denuncias penales contra los trabajadores, reclamándoles pérdidas por 17 millones de dólares diarios. Cuatro días después, la presión combinada del gobierno y las empresas logró que se levantara el paro sólo con promesas de investigación.
Mientras tanto, la empresa anunció que va a pagar cerca de 70.000 dólares como indemnización a las familias de los fallecidos, en un excelente ejemplo de lo que Marx llamaba “la profunda hipocresía y la barbarie propias de la civilización burguesa” (1).
Sin embargo, no deja de ser alentador que por primera vez en décadas los trabajadores mineros mexicanos hayan confrontado a sus verdugos por fuera de la burocracia asociada a la explotación, y hayan asumido por sí mismos la defensa de sus intereses de clase, buscando su independencia política de la patronal y el gobierno.

1.Marx, Carlos, “La dominación británica en la India”, en Marx-Engels, Futuros resultados de la dominación británica en la India, Editorial Progreso, s. f., Moscú.