Inflación y ajuste

El inicio del año está atravesado por la continuidad de la inflación constante y los bruscos aumentos de tarifas e impuestos. A este panorama se suman suspensiones y despidos en el ámbito público y privado, y la pretensión oficial de ponerle un techo a los reclamos salariales.

Las estimaciones más conservadoras ubican la inflación del año pasado en más del 25%. Supera el 30%, cuando se centra en la canasta familiar, que es la que impacta más fuertemente sobre el pueblo trabajador. Excepto el oficialista INDEC, nadie más pone en duda que el aumento constante de precios corroe diariamente el poder de compra de los asalariados.

2012, comenzó con la dura realidad de los aumentos de varios impuestos, de colectivos y del subte, de suspensiones y de despidos, y con la amenaza bien tangible de ajustes generalizados, que ya comenzaron en varias provincias. Esto se complementa con la intención de ponerle un tope a los aumentos de salarios.

Esta primera escalada ajustadora es el anuncio de que pretenden que, este año, el pueblo trabajador reacomode aún más sus gastos para poder llegar a fin de mes.

La mirada del gobierno

En su reciente discurso en cadena nacional, la presidenta, Cristina Fernández, se refirió a otra realidad. Habló de la crisis en Grecia y de cómo, gracias a su gobierno, Argentina hoy “no” está en crisis. Habló de la recaudación récord, de la “libertad” para negociar en las paritarias  y, fundamentalmente, centró su propaganda en el aumento a los jubilados y pensionados.

Lanzó un incremento del 17,62% en las jubilaciones, que las elevan a $1.687, es decir, $253 más, una cifra por demás insuficiente, que, aunque sea un paliativo para muchas familias, condena a millones de jubilados a vivir en la pobreza o a subsistir gracias a la ayuda que puedan brindarle sus familiares, siempre que esto sea posible.

De este modo, en su discurso “distendido e informal”, la presidenta le muestra al país, las “bondades” de su gobierno, mientras no dice un sola palabra sobre la inflación y el ajuste en curso.

Aumentos y más aumentos

“Muchos dicen que habrá aumentos de tarifas y lo cierto es que no aumentamos nada, pero mientras tanto hubo un aumento del subte del 127% y nadie dice nada”, explica, faltando a la verdad, la presidenta.

En primer lugar, es necesario subrayar las responsabilidades, tanto del macrismo como del kirchnerismo, en el tarifazo del subte. Al gobierno de Macri no le costó mucho trabajo ni le generó contradicción alguna con su discurso ser el ejecutor deliberado del tarifazo que afecta a más de un millón de usuarios, trabajadores y estudiantes en su inmensa mayoría. Sin embargo, la vía libre para implementar los aumentos fue dada, claramente, por el gobierno nacional comandado por Cristina Fernández. En el acta firmada por ambas autoridades puede leerse: “…la Ciudad asume, a partir de la firma del presente el control y la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también, el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral.” Ni kirchneristas ni macristas cuestionaron o avanzan sobre las ganancias de Metrovías. Así, el tarifazo del subte, con Metrovías y el PRO como principales artífices, cuenta con la complicidad dada por el kirchnerismo, que, para no enterrar su imagen, tuvo y tiene que salir a repudiarlo aumento, aunque haya sido un actor central para ponerle fin a la apertura de molinetes y la juntada de firmas en rechazo al aumento.

Por este solo hecho y por todos los aumentos que ya se implementan en el territorio nacional, no es cierto, como dice la presidenta, que no aumentaron nada. Con el recurso de atribuir todo lo que ocurre en el país a las distintas gobernaciones municipales o provinciales, el gobierno nacional no se hace responsable de nada. Entonces… ¿cuál sería el territorio que gobierna? Durante las últimas semanas, se instrumentaron aumentos en colectivos (Córdoba, Jujuy, Mar del Plata…), e impuestos (Buenos Aires, Córdoba, Capital…).

Sobre esta realidad, en la que se evidencia la decisión de continuar con la escalada inflacionaria, mediante el retiro de subsidios por parte del gobierno nacional, que da luz verde a los tarifazos por venir, se proyectan aumentos en los colectivos de la CABA y el Gran Bs. As., en los FFCC, en los servicios de luz, gas y agua, y se extiende la amenaza de un nuevo incremento en el subte, con lo perjudicial que es todo esto para el pueblo trabajador.

Suspensiones, despidos y techo salarial

Este contexto inflacionario se ve agravado para la clase obrera, debido a la seguidilla de suspensiones y despidos en marcha. Ya los padecen los obreros de las fábricas Fiat, Peugeot, Indiel Prestolite, Visteon, Mecca, Bosch, Imperial Cord, Frigorífico Molinares, entre otras.

Otra faceta de esta política contra los trabajadores se pone de manifiesto crudamente con los paquetes de medidas impulsados en varias provincias. Con el puntapié inicial dado por la propia presidenta, al decretar la “revisión” de más de 300.000 sueldos de empleados estatales (como ya sucedió con el quite del plus de fin de año en el INTI) y al exigirle a las provincias la nómina total de trabajadores estatales para meterles presión, varios gobernadores están encarando el ajuste a gran escala, que busca, además, congelar los salarios.

En Buenos Aires, anunciaron despidos en varios municipios (Vicente López, San Martín, Luján, San Fernando, San Nicolás…). En Catamarca, se lanzó un plan de ajuste que incluye la baja de más de 3.000 planes sociales y el despido de unos 500 no docentes. En Chubut, se llevan adelante 200 despidos, también entre los estatales, a través de la no renovación de los contratados. Córdoba anuncia más de 500 despidos y un techo salarial del 12%. En Río Negro, el gobierno está instrumentando el despido de 4.200 contratados (de áreas tan importantes como salud, educación o desarrollo social) y el pase a disponibilidad de 20.000 trabajadores estatales. Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, también blanquearon su voluntad ajustadora.

Mención aparte merece la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno intentó promulgar una ley de emergencia que incluía la suspensión de las paritarias, el aumento de la edad jubilatoria para los empleados públicos y el congelamiento de las pensiones, que fue, momentáneamente, impedido por la lucha de los trabajadores.

Para darle un carácter integral al ajuste en curso, el gobierno nacional complementa la inflación, las suspensiones y los despidos con la pretendida imposición del techo salarial. La decisión oficial es intervenir más abiertamente en las negociaciones paritarias para limitar los aumentos a una cifra cercana al 18%. Con este plan, ya se muestran complacientes las burocracias sindicales de la UOM y del SMATA que, además, buscan reacomodarse en la interna de la CGT de la mano del kirchnerismo.

Aliados contra el pueblo trabajador

El empresariado impulsa el proceso inflacionario del que el gobierno se ve beneficiado con la repercusión positiva que ésta tiene en la recaudación fiscal, a costa del pueblo trabajador; impulsa los tarifazos cuando el gobierno le retira los subsidios con los que tanto se benefició estos años, preservando, así, sus ganancias; impulsa las suspensiones y los despidos de trabajadores; y lleva a la baja los aumentos de salarios.

El gobierno retira subsidios para hacer caja y avala la suba de precios; despide a trabajadores del estado, dando vía libre a los despidos en el sector privado; y promueve y se propone intervenir para garantizar un techo salarial, a costa de la clase trabajadora.

La burocracia sindical está más ocupada en reacomodarse en sus internas, ya sea apoyando las iniciativas gubernamentales u oponiéndose a ellas, que en preparar una lucha de cara a las paritarias.

El pueblo trabajador, con independencia del empresariado, el gobierno y la burocracia, es el único actor que puede hacer frente al ajuste que nos quieren imponer.

Paritarias y techo salarial, la política del gobierno

Según el discurso oficial, el gobierno kirchnerista se presenta como un supuesto defensor de los intereses populares, con proyección redistributiva. En este marco, la realización de paritarias es mostrada como una de las formas en que se garantizaría una mejora para los trabajadores.

Sin embargo, el gobierno, que habla de una supuesta redistribución del ingreso y del derecho de paritarias, lo ha venido haciendo apoyándose en un hecho central: la complicidad de las direcciones sindicales afines que se encolumnan con el gobierno y sus reclamos de “moderación” a la hora de la negociación paritaria.

El efecto de que el grueso de las direcciones sindicales, como parte de la CGT y de la CTA, se adapten a los reclamos gubernamentales, ha sido la depreciación del salario real para muchos sectores, puesto que los aumentos acordados suelen ser menores al aumento de la inflación. Si la inflación real alcanza el 30% y la mayoría de los gremios se jactan de “conseguir” aumentos del 20% o el 25% (cuando no menos), eso significa que el ingreso de los trabajadores se ha reducido en parte, y con ello sigue aumentándose la brecha que los separa de las enormes ganancias empresarias.

En este marco, los reclamos de diversos sectores de trabajadores por no perder la carrera contra la inflación, deben entenderse como lo que son: luchas defensivas para evitar la depreciación del salario. Lejos está aún la disputa por una mayor participación de los trabajadores en el producto nacional. Eso implicaría que los sueldos aumenten muy por arriba de la inflación y que, en cambio, los empresarios ganen algo menos de los millones que hoy se embolsan.

Es importante señalar este punto porque el discurso gubernamental ha puesto mucho énfasis en su supuesta voluntad “redistributiva”. Sin embargo, a la hora de las definiciones, el kirchnerismo se ha encargado de establecer pautas salariales (seguidas al pie de la letra por el grueso de la burocracia sindical) que hacen que los trabajadores siempre debamos contentarnos con la misma porción del producto nacional, o que incluso veamos descender nuestro salario real debido al mayor aumento inflacionario.

Aumentos atados a la rentabilidad empresaria

Hasta ahora, la presidenta ha hecho dos cosas principales para evitar que los trabajadores tengan una mayor participación en el producto nacional, y mantener, así, el apoyo del empresariado que tan insistentemente la felicita.

En primer lugar, impone un techo salarial que es seguido por el grueso de la burocracia sindical. El mecanismo es informal: el gobierno declara lo que espera que hagan los sindicatos, y los dirigentes sindicales, encolumnados en el kirchenerismo y/o en el PJ, hacen caso y plantean supuestos “reclamos” que nunca van mucho más allá de la inflación.

En segundo lugar, el gobierno se encarga de estigmatizar y perseguir a los sectores independientes, e incluso burocráticos, que no se cuadran. En su discurso de reasunción de diciembre, la presidenta puso en cuestión el derecho a huelga, ligándolo al “chantaje” y la “extorsión” y el gobierno sigue avanzando con la legislación represiva contra el activismo, como sucede con las nuevas leyes “antiterroristas”. En ese marco, se multiplican los procesamientos de activistas sindicales, los despidos por su actividad gremial, se repite el encarcelamiento de referentes sindicales como sucede actualmente con Olivera en Bs. As. y Oñate en Santa Cruz, las represiones a movilizaciones de trabajadores, como sucedió también en Santa Cruz.

Estos dos mecanismos están presentes hoy, nuevamente, cuando se viene un nuevo período de negociación paritaria. El gobierno ya adelantó que los acuerdos no deben superar el 18%, algo que, en el marco de una inflación que alcanza el 30%, significa, directamente, un recorte de los ingresos de los trabajadores.

Pero en el marco actual, el gobierno ha decidido ir más allá. El contexto es particular. La crisis económica global no ha volteado hasta ahora las economías periféricas como la argentina, pero si las han golpeado parcialmente. Además, en la coyuntura política nacional, a la persistente lucha del activismo independiente que ha logrado marcar agenda para enfrentar el techo salarial (recordemos por ejemplo, la gran importancia de las luchas de Kraft y Arcor consiguiendo el 35% de aumento), se suma ahora el endurecimiento de la disputa interna del peronismo, con la política vandorista de Moyano que da lugar a nuevos conflictos gremiales.

En esta situación, Cristina Fernández viene insinuando que, aunque siga hablándose de “paritarias”, en realidad el gobierno intervendrá directamente para anular cualquier conquista obrera que rompa con sus pretensiones. Lo dijo claramente en unos de sus últimos discursos: “Quiero que sepan todos que van a poder negociar libremente sus paritarias, pero de acuerdo con la rentabilidad de cada empresa”.  Es decir que el gobierno, explícitamente, primero defiende el crecimiento de las ganancias empresarias (“rentabilidad”). Y luego, para que los trabajadores puedan defender sus salarios, pone como condición ese aumento de la caja empresarial.

Para garantizar esta orientación, el gobierno conformó un comité interministerial para analizar la rentabilidad de cada sector de la economía y evaluar los porcentajes de aumentos de sueldo que considera aceptables, para que sean después rubricados en las “paritarias”.

Así, según las propias definiciones del gobierno, sólo si los capitalistas ven crecer notablemente sus ganancias, los trabajadores podrán plantear reclamos gremiales. Y podrán pedir sólo una parte proporcional de ese crecimiento. Decir eso y decir que no se aceptará la más mínima redistribución del ingreso nacional es exactamente lo mismo. Flagrante evidencia del carácter propatronal de un gobierno que se dice popular.

***

El peso real de otras medidas económicas

Las definiciones sobre las paritarias son un punto central para el pueblo, porque con ellas se define en gran medida, el nivel de ingreso de las familias trabajadoras. Unas paritarias que congelan o retraen el salario para  los millones y millones de trabajadores en blanco, definen, al mismo tiempo, una perspectiva similar para el 40% de los trabajadores en negro, que cobrarán siempre una suma inferior.

El gobierno desvía la atención de este problema central cuando pretende atribuirse el rol de redistribuidor por definir un aumento en la jubilación mínima del 17,6% o, anteriormente, por promover la asignación por hijo al sector más golpeado de la sociedad. Es indiscutible que es justo que se paguen las jubilaciones y las asignaciones familiares, pues constituyen ingresos mínimos para los grupos más marginados. Pero estamos muy lejos de tener una política siquiera progresiva o redistributiva, cuando no sólo se sigue en retraso frente a la inflación, sino que, por sobre todas las cosas, hablamos de cifras muy bajas que no pueden paliar las tremendas carencias de una familia trabajadora. No olvidemos que una jubilación mínima apenas alcanza el 30% de la canasta familiar, hoy estipulada en 5.000 pesos. Mientras tanto, el ingreso central del pueblo trabajador y sus familias, el salario de los trabajadores activos, sigue depreciado y encorsetado por las políticas de gobierno. Los empresarios, felices y cada día más kirchneristas.

Tarifazo y techo salarial

Contra el bolsillo de los trabajadores

Después de las elecciones, el kirchnerismo avanza contra el bolsillo de los trabajadores con los aumentos de tarifas y la sostenida suba de los precios de los artículos de la canasta básica, mientras impulsa el establecimiento de un “techo” para los aumentos salariales a discutir en las próximas paritarias.

Amado Boudou y Julio De Vido fueron los encargados de anunciar, en una primera instancia, el plan de progresiva eliminación de subsidios a los servicios públicos. Como todo en los últimos años, la medida fue presentada en clave “progre”, asegurando que las tarifas sólo subirán para las empresas y en los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires y que la renuncia a los subsidios podrá hacerse de forma voluntaria. Sin embargo, lo cierto es que la eliminación de los subsidios repercutirá, más tarde o más temprano, en los bolsillos de la clase trabajadora.

Por un lado, porque el kirchnerismo planea ir generalizando el aumento de tarifas para poder reducir cada vez más las millonarias partidas que destina a subsidios. Por otra parte, porque las empresas seguirán trasladando a los precios los aumentos en sus costos, como los que puedan generar los incrementos en las tarifas de la luz o el gas, por lo que los aumentos terminarán repercutiendo, por doble vía, sobre el pueblo trabajador.

Es preciso recordar que el sistema de subsidios que utilizó el kirchnerismo, lejos de aportar a la equidad, fue durante años un excelente negociado para las empresas privatizadas de servicios, cuyas ganancias eran financiadas directamente por el estado (por prestar servicios muchas veces lamentables, sin realizar ningún tipo de inversión) y para los funcionarios gubernamentales, que realizaron millonarios negociados, como el caso de Ricardo Jaime. Pero lo que planea el gobierno ahora, lejos de corregir el sistema para dejar de subsidiar a las patronales y a las clases altas, es avanzar progresivamente con un recorte generalizado de subsidios, lo que indudablemente terminará impactando, como señaláramos, sobre el pueblo trabajador, que deberá pagar más por los servicios de luz, agua y gas.

También se han aprobado, para los próximos meses, subas en los distintos impuestos. Así será tanto en la cuidad de Buenos Aires (ABL), como en los municipios del conurbano bonaerense, y en la mayor parte de las provincias del país, como Santa Fe y Córdoba⁽¹⁾.

Por otra parte, también después de las elecciones, el gobierno kirchnerista autorizó subas en los precios de centenares de productos de la canasta básica. “A partir del 26 de octubre, un total de 33 compañías de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza obtuvieron la aprobación oficial para concretar un nuevo aumento de precios en centenares de productos y marcas (…) La mayoría de las empresas beneficiadas con tres subas durante 2011 son grandes multinacionales como Bimbo, Coca-Cola, Quilmes y Aguas Danone, aunque en la lista también se coló una compañía de capitales nacionales como la fabricante de artículos de limpieza Queruclor, dueña de la marca Querubín”.⁽²⁾ Estos aumentos, demuestran como seguirán subiendo a paso firme, con aval kirchnerista, los precios en los productos de la canasta básica.

En los planes del gobierno de Cristina Fernández, estos aumentos de tarifas y de precios (en un marco de inflación que ha sido sostenida en los últimos años y que en este momento se estima en, al menos, el 25% anual) se complementan con el objetivo de establecer una pauta para las negociaciones paritarias del año próximo, según la cual los salarios no deberían aumentar más que el 18 o el 20%. Más allá de las tensiones actuales con Moyano, el kirchnerismo espera contar con la burocracia sindical para cerrar la mayor parte de los acuerdos. En definitiva, todo hace preveer que el gobierno buscará, con más firmeza aún que en años anteriores, que en 2012 se firmen acuerdos paritarios por debajo de los niveles reales de inflación.

Desde las cámaras patronales y los distintos voceros de los capitalistas, si bien algunos siguen planteando ciertas críticas como la necesidad del normalizar el INDEC, se saludaron ampliamente las medidas anunciadas.⁽²⁾ “Sumado todo, parece una posición bastante ortodoxa, semejante a lo que hubiéramos recomendado con el Fondo años atrás. Es parte de lo que yo llamaría un programa clásico del Fondo” ⁽³⁾, dijo Claudio Loser, ex funcionario del FMI, sobre las medidas anunciadas por el gobierno.

De esta forma, habiendo pasado ya las elecciones, de las cuales Cristina Fernández salió fortalecida, el kirchnerismo se prepara para avanzar con un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador.

…

NOTAS:

1) En la provincia de Buenos Aires, los impuestos subirán, en promedio, el 32,5%. En Córdoba, el impuesto inmobiliario aumentará el 20% y la luz el 28%. En Santa Fe, el incremento aprobado a Aguas Santafecinas asciende al 138%.

2) La Nación, 28/11/11

2) Ver recuadro

3) Clarín, 18/11/11

Empresarios con el tarifazo

Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): "Las medidas dispuestas por el gobierno nacional en el día de ayer, referidas a la reducción de subsidios, representan una decisión muy significativa en la dirección correcta. El avance hacia el reconocimiento del valor real de la energía es un cambio cultural necesario para la sustentabilidad energética de la Argentina en el mediano y largo plazo, superando de este modo el acostumbramiento a pagar precios por debajo de su verdadero costo para la sociedad.”

Paolo Rocca, titular del Grupo Techint: “Es sano que la economía reciba señales racionales, así se puede estimular inversiones en los sectores donde es necesario. Eso es importante, positivo, lograr una mejor locación del capital. Argentina tiene que invertir en el desarrollo energético. Si logramos estimular la inversión en energía, sólo tendrá un efecto positivo. Permitiría aumentar la búsqueda de petróleo y gas.”

Cristiano Rattazzi, titular de Fiat Argentina: "La gente se tendrá que dar cuenta que entre 2003 y 2011 pagó tarifas muy baratas y que ahora probablemente deberá pagar más. Por lo tanto, eso provocará una retracción del consumo y tal vez ayudará a bajar la inflación. No se trata de administrar la abundancia como antes ni tampoco la escasez absoluta, pero habrá más escasez de la que estamos acostumbrados. Cuando se ganan las elecciones hay que administrar y este Gobierno tendrá que comenzar a administrar la escasez. Con una tonelada de soja a 450 dólares, el futuro para la Argentina es diferente que con la soja a 530 dólares de hace un tiempo. Por eso, veo muy bien que el Gobierno decida comenzar a bajar progresivamente los subsidios a las tarifas".

El G-20 y la crisis mundial

Los gobiernos de los países más poderosos del mundo, incluyendo a las potencias del G7 (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá) junto al BRICS (China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica) y otros países de Europa y del resto del mundo, se encontraron en Francia para tratar de enfrentar la crisis económica que está sacudiendo al planeta. Prácticamente todos reconocen que la crisis es muy profunda y nadie sabe hasta dónde puede llegar. El caso de Grecia es el más evidente y explosivo, pero es expresión, a su vez, de una crisis que muchas de las economías más importantes del mundo están sintiendo.

El corazón de la crisis

La principal potencia del planeta, EEUU, se halla hundida en un conflicto político importante a causa de la crisis. Las tensiones entre demócratas y republicanos se refieren a cómo enfrentar la crisis que ha llevado a que EEUU alcance un endeudamiento de casi el 100% de su PBI y a que la desocupación se mantenga en índice del 9% oficialmente, mientras el desarrollo industrial está prácticamente estancado. Por eso discuten el nivel de emisión de dólares, de nuevo endeudamiento y particularmente del ajuste, para intentar sortear la depresión (1).

Europa se encuentra aún más expuesta y allí Grecia está en el centro de la crisis. Ante la quiebra de la economía helena, el gobierno socialdemócrata, en coincidencia con la línea de la Unión Europea y el FMI, viene llevando adelante medidas de ajuste, recargando el costo de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, lo que ha abierto un importante proceso de lucha que cuenta con numerosas y combativas movilizaciones y la realización de varios paros generales. Las dificultades para poder meter el ajuste, llevaron a que, en los primeros días de noviembre, el primer mandatario, Giorgios Papandreu debiera evaluar la posibilidad de llamar a un plebiscito, como única forma imaginable de avanzar aún más con el ajuste sin acrecentar una presión popular que amenaza con tirar al gobierno. La iniciativa fue combatida rápidamente por los máximos jefes de la Unión Europea, que le advirtieron al gobierno griego que sería excluidos de la zona euro, así como de la Unión Europea, si rechazaba el plan definido el 27 de octubre, en donde se aceptaba la posibilidad de hacer una reducción de la deuda griega a cambio de que el estado realice un fuerte ajuste contra el pueblo trabajador. En este marco internacional, y asediado por presiones internas, el gobierno de Grecia dio marcha atrás con el plebiscito y busca ahora cómo sobrevivir políticamente, mientras ya se habla de su posible dimisión.

Unidad capitalista

Junto a tantos otros países europeos golpeados por la crisis (como España, Irlanda, Portugal, o Hungría), el caso más dramático y al que pretende adelantarse la reunión del G20, es el de la crisis en Italia, cuya economía es la tercera más importante de la zona euro y que es el cuarto prestatario del mundo. Italia tiene hoy una deuda de 1,9 billones de dólares que representa el 120% de su PBI y multiplica por cinco la deuda de Grecia. En esta dinámica de ajuste fiscal, que vienen sosteniendo los gobiernos para tratar de contener la crisis, el gobierno de Berlusconi ya impulsó un drástico ajuste de 70.000 millones de euros. Pero la crisis no ha cedido, y el G20 tomó como punto prioritario avanzar con un agudo ajuste regido por el FMI, con la expectativa de poder evitar la extensión de la crisis a nivel mundial. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que en las reuniones de Cannes “Nos hemos puesto explícitamente de acuerdo hoy sobre el hecho de que el FMI y la Comisión Europea deberían presentar sus informes cada trimestre” sobre el cumplimiento de Italia en la aplicación de las reformas fiscales, una vez más, contra el pueblo trabajador.

La reunión busca ampliar incluso las medidas de contención hacia otros posibles centros de la crisis que ya se presienten. Así, se autorizó a que el FMI otorgue créditos a corto plazo a países “en riesgo de contagio” por la crisis financiera, tomando préstamos de hasta el 500% de su participación en el FMI, lo que implicaría, por ejemplo, que Italia podría recibir 45.000 millones de euros y España hasta 23.000 millones. A su vez, en Europa, tratan de poner a punto un Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) para paliar urgencias. La gravedad de la crisis llevó a una intervención importante de algunos miembros del BRICS y particularmente de China, que podría aportar unos 100.000 millones de dólares al FEEF.

Una crisis “en serio" del capitalismo

La decepción de tantos presidentes tras la cumbre del G-20 fue elocuente. Por más que las más grandes potencias, que son el centro de la economía mundial, traten de ponerse de acuerdo e inventar medidas, nadie puede garantizar que podrán sortear la crisis y evitar que se profundice mucho más.

Nadie puede adelantarse seriamente, más que buscando paliativos, porque el problema es estructural. La recurrencia de las crisis en el capitalismo y su tendencia al agravamiento, está signado por la propia dinámica de la explotación capitalista y su desarrollo anárquico. Los intentos por frenar momentos de crisis anteriores y la propia dinámica de la competencia moderna, han ampliado estrepitosamente un sector financiero que nadie puede controlar ni predecir seriamente en que momento se desplomará, poniendo en evidencia la crisis ya existente en la economía real.

En este marco, en que muchos importantes economistas y probados defensores del capitalismo repiten que la gravedad de la actual crisis puede ser comparable a la de 1930, la ilusión de Cristina Fernández de conformar un “capitalismo en serio” en base a medidas keynesianas, no ha despertado más que risas irónicas. Mucho más cuando el parcial avance de la crisis en Brasil y las suspensiones de trabajadores en plantas automotrices de nuestro país, ya están dando la voz de alerta sobre el posible desarrollo de la crisis, que, al igual que en el mundo entero, los capitalistas locales y su gobierno buscarán descargar sobre las espaldas de los trabajadores.

…

NOTA:

1) Ver, “La crisis económica en Europa y en EEUU”, ER Nº71

Presupuesto 2012: Un nuevo presupuesto para seguir pagando la deuda externa

El proyecto de presupuesto que el gobierno envió al congreso promete, para el año que viene, más dinero para pagar la deuda externa, mientras sueldos y jubilaciones son devorados por la inflación y crecen las dificultades de todos los trabajadores.

No hubo sorpresas cuando el ministro de economía presentó, ante el congreso, el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. Como en los años anteriores, la prioridad para el gobierno es disponer de las partidas necesarias para seguir pagando compulsivamente la deuda externa. Así, el proyecto prevé el uso de 5.674 millones de dólares para el Club de París, fortuna que saldrá de las reservas monetarias, y que, además, podrá ser arbitrariamente incrementada a través de decretos de necesidad y urgencia, o de decisiones administrativas del jefe de gabinete, que seguirá teniendo facultades extraordinarias para ello.

En materia de previsiones, el acompañante de Cristina Fernández en la fórmula presidencial explicó que el proyecto oficial parte de estimar que, en 2012, habrá un crecimiento del PBI del 5,1%; que el dólar se mantendrá en un valor de $4,40, y que la inflación anual no superará el 9,1%. Ni con los números estadísticos dibujados por el INDEC es posible, con un mínimo de seriedad, sostener esos cálculos despegados de la realidad que todos los trabajadores confrontamos a diario en el almacén o la carnicería.

Además, igual que en 2009 y 2010, el gobierno deliberadamente subestima el monto real de la recaudación impositiva y previsional, lo que va a permitir el manejo discrecional de miles de millones que podrán ser asignados a lo que se les ocurra, y disimula el verdadero alcance del déficit fiscal, que se financia con la inflación, con los recursos del BCRA y con la plata de los jubilados. Con esos datos bien dibujados, Boudou, anunció que el año que viene el superávit fiscal será de 2,22%; el superávit comercial de más de 8.500 millones y el consumo crecerá un 4,7%.

Sin aceptar preguntas de los legisladores, Boudou insistió en el discurso oficial de que Argentina, gracias al gobierno kirchnerista, “está blindada”, y afirmó que este presupuesto “ofrece certezas frente a un contexto internacional de volatilidad e incertidumbre”.

La única certeza es que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, cuando el presupuesto 2011 no pudo ser aprobado en el congreso, por lo que Cristina Fernández prorrogó el anterior, esta vez no habrá mayores debates, y la sanción será un trámite más formal que otra cosa.

Casi todos los bloques de la “oposición” anunciaron que darán quórum para la votación en general. Lo dijo Ricardo Alfonsín, por los radicales, y se sumaron el PRO, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y el Peronismo Federal.

En el debate en particular, la “oposición” amenaza discutir cuestiones que hacen a sus propios intereses, como la distribución geográfica de la obra pública, donde cada cual quiere garantizar una buena cantidad de pingües negocios para sus provincias. Pero, salvo eso, y alguna oposición a la amplia autorización para el endeudamiento del ministerio de Planificación, no parece que el gobierno vaya a encontrar obstáculos para asegurarse el presupuesto que precisa para seguir usando a su antojo la caja estatal.

Aunque buena parte de los diputados y senadores no oficialistas cuestionaron la estimación de la inflación anual como de “imposible cumplimiento”, en casi nada disienten con el esquema general. Por caso, todos acuerdan en la decisión de “honrar la deuda”. “Si la oposición decide nuevamente trabar el Presupuesto, seguramente va a haber una Presidenta que se va a hacer cargo y va a tomar todas las decisiones administrativas necesarias”, amenazó el ministro de Economía. La amenaza surtió efecto, porque el Frente Amplio Progresista, el Peronismo Federal y el PRO limitaron sus críticas y anunciaron que ninguno piensa presentar proyectos alternativos, excepto la Coalición Cívica, cuyo economista estrella, Alfonso Prat Gay, dijo que están trabajando en una propuesta “más realista”.

A tal punto está ya cerrado el acuerdo, que el PRO acaba de presentar a la legislatura de la ciudad su propio proyecto local, partiendo de las mismas estimaciones mentirosas que el presupuesto nacional, como la estimación absurda de una inflación anual menor al 10%.

“Este es un presupuesto del no ajuste”, mintió Amado Boudou en la presentación del proyecto, que sigue previendo el uso indiscriminado de los fondos de la ANSES, no para que los jubilados puedan llegar a fin de mes, sino para premiar a los empresarios amigos y financiar los negocios del gobierno.

Y para que quede bien claro que se trata de un acuerdo general de los capitalistas para seguir acumulando ganancias, al salir del congreso el ministro confesó a la prensa: “Hay que analizar este tema con menos ideologismo... el presupuesto es una herramienta”. Herramienta para profundizar la dependencia, el saqueo y la explotación.

Negocios para las multinacionales y compromisos con el Club de París

Cristina Fernández y varios ministros del gobierno viajaron para participar de distintos encuentros en EEUU, como la Asamblea de la ONU y el Consejo de las Américas, en donde renovaron la promesa de continuar pagando la deuda externa y acordaron millonarios negociados para las multinacionales.

Como sucede ante cada aspecto de la realidad, en sus viajes por Estados Unidos, el kirchnerismo tuvo un discurso para la tribuna, pidiendo por la soberanía en Malvinas y criticando las políticas del FMI, y una práctica que apuntó a satisfacer las demandas de los pulpos capitalistas y del imperialismo, garantizando que se continuará con el pago de la deuda externa y firmando millonarios negociados para las empresas multinacionales.

En su paso por los Estados Unidos, para participar de Asamblea Anual de la ONU, Cristina Fernández se reunió con ejecutivos de la petrolera yanqui Exxon Mobil, acordando millonarios negociados para avanzar con la explotación petrolera en la provincia de Neuquén, profundizando el saqueo de los recursos naturales del país.

Por su parte, el ministro de economía, Amado Boudou aprovechó su participación en el Consejo de la Américas para renovar el compromiso del gobierno kirchnerista con la continuidad del pago de la deuda externa. En ese sentido, aseguró que el pago al Club de París “es el punto más importante que nos queda por resolver (…) La Argentina ha mostrado permanente su voluntad de ir resolviendo y la verdad estamos recibiendo de la contraparte también un muy buen intercambio en términos de acercarnos a posiciones que sean aceptables para los acreedores y que le sirvan a la Argentina para seguir creciendo”. Es que el gobierno kirchnerista, quiere cerrar cuanto antes un acuerdo con el Club de París, que le permita volver a tomar deuda en los mercados internacionales a tasas más bajas. “Para nosotros es muy importante el acceso a los mercados en términos de la posibilidad del sector privado de acceder a financiamiento a menores tasas”, explicó Boudou en el mismo encuentro. Es decir, favoreciendo de esta forma los negocios de los capitalistas locales (“sector privado”, en palabras del ministro de Economía), a costa de nuevos endeudamientos que, como siempre, se seguirán pagando a costa del ajuste sobre el pueblo trabajador.

En definitiva, Cristina Fernández y sus ministros aprovecharon el nuevo viaje por EEUU, entre los hoteles y las compras de lujo, para acordar millonarios negociados para las multinacionales y renovar la promesa de continuar con el pago de la deuda externa, profundizando la entrega y el saqueo.   

Los anuncios que se vienen

Como parte de la campaña electoral, el gobierno kirchnerista planea anunciar, en las próximas semanas, reajustes en el salario mínimo, jubilaciones y asignaciones sociales.

Si en algo se ha esforzado el kirchnerismo en estos últimos ocho años, es en buscar cómo hacer pasar por “nacional y popular” su política profundamente antipopular. En este sentido, se espera que durante el mes de agosto, como parte de su campaña electoral, el gobierno de Cristina Fernández anuncie con bombos y platillos aumentos en el salario mínimo, las jubilaciones y la asignación universal por hijo. En todos los casos, no está demás decirlo, los montos se mantendrán bien lejos de las necesidades del pueblo trabajador.

El salario mínimo es actualmente de $1.840, mientras que la canasta familiar, para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro personas, supera los $5.000. La burocracia sindical de la CGT y la CTA, llevará una posición unificada, hecho que fue celebrado por Yasky, que cada día profundiza más su acercamiento a Moyano. “Tuvimos un contacto en ese sentido con Moyano y se avanzaría en una misma postura para que los economistas de las centrales y cinco o seis dirigentes de cada conducción elaboren una agenda común (…) Sería inédito que en el Consejo del Salario ambas centrales se presenten con una propuesta unificada (…) Ello otorgaría mucha más fuerza ante los empresarios”, explicó el burócrata de CTA. La propuesta de ambas centrales será elevar el salario mínimo a $2.600, bien lejos, como en años anteriores, de lo que una familia trabajadora necesita para cubrir el valor de la canasta básica.

Desde luego, las cámaras patronales, que como siempre buscarán firmar el salario más bajo posible, han adelantado que consideran que el aumento debería ser mucho menor. Como está planteada la situación, sea cual sea el acuerdo, independientemente de los porcentajes, el salario mínimo que desde el gobierno presentarán como un triunfo, quedará muy lejos de servir para cubrir las necesidades de una familia trabajadora.

También las jubilaciones, que hoy se encuentran en $1.227 seguirán en cifras de pobreza después del aumento que anuncie el kirchnerismo en las próximas semanas. Después de varios “aumentos” regidos por la “movilidad jubilatoria”, que establece dos reajustes por año y que desde el kirchnerismo fuera presentada como “revolucionaria”, la ley gubernamental ha confirmado ser un mecanismo perfecto para mantener las jubilaciones hundidas en la pobreza. No puede esperarse otra actitud hacia los jubilados de parte de un gobierno como el de Cristina Fernández que vetó el 82% móvil.

De forma similar, utilizarán como parte de su campaña el ajuste de la Asignación Universal por Hijo, que desde octubre del año pasado se mantiene en $220. Como hasta ahora, se tratará de unas migajas que el kirchnerismo reparte entre los sectores más humildes, y que contrastan brutalmente con las millonarias ganancias de las que gozan los capitalistas y con los lujos de los funcionarios de gobierno, y que, en absoluto, apuntan a la resolución de los problemas sociales de fondo: vivienda, trabajo, salud, etc.

En definitiva, la presentación de estos “aumentos” de campaña no será más que parte de la demagogia de un gobierno que custodia las ganancias empresarias, dejando para el pueblo trabajador sólo migajas del gran banquete, miseria y represión.

Precoloquio de IDEA. La fiesta y el optimismo patronal

En la provincia de Salta se encontraron alrededor de 500 empresarios, economistas, gobernadores y analistas políticos, para discutir de negocios y planificar, en el Precoloquio que organiza periódicamente la organización patronal IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina).

Entre los principales expositores del encuentro estuvieron el presidente de la UIA, José De Mendiguren, el ex ministro de economía, Miguel Peirano, y los gobernadores kirchneristas, Capitanich y Urtubey. Todos ellos, coincidieron en destacar la buena gestión del gobierno de Cristina Fernández y el buen momento que atraviesa la economía; lo que, en palabras de estos explotadores, no significa otra cosa que el gran rendimiento de sus negocios.

Al cierre de la jornada, todos los empresarios desbordaban de optimismo. Y no es para menos. Han facturado millonarias ganancias en los últimos años y, muchos de ellos, confían en un nuevo mandato kirchnerista que continúe custodiando sus ganancias y que, con más flexibilización laboral, siga dando impulso a sus negocios.

La economía kirchnerista se sostiene con bajos salarios y flexibilización

Hace años ya que el kirchnerismo expone como uno de sus máximos logros de gobierno, la reactivación y el crecimiento económico. Para esto se apoyan en distintas estadísticas que demuestran números favorables en la balanza comercial, el superávit fiscal o los niveles de actividad industrial, entre otras. Sin embargo, la realidad de la clase trabajadora se encuentra bien lejos de los números esgrimidos por la propaganda kirchnerista, y continúa marcada por los bajos salarios, los altos niveles de flexibilización laboral, el trabajo en “negro” y la desocupación.

Inflación y bajos salarios, la receta del ajuste

Si bien no existen estadísticas confiables que aporten información precisa sobre los índices reales de inflación(1), es una realidad inobjetable que los precios de alimentos, vestimenta y alquileres, entre otros, suben mes tras mes. De esta forma, los valores de la canasta familiar, que estiman cuánto necesita por mes una familia de cuatro personas para poder cubrir sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, educación…), y que hace ya más de un año la burocracia de la CTA estimaba en $4.696(2), supera ampliamente por estos días los $5.000.

Todas estas cifras, que calculan lo que se necesita para vivir, contrastan crudamente con los chatos salarios que recibe la amplia mayoría de la clase trabajadora. Según estadísticas del propio Ministerio de Trabajo(3), el 53% de los que trabajan “en blanco” (alrededor de 3,6 millones de trabajadores) cobra menos de $2.500 pesos por mes. Esto, desde luego, con el aval explícito del gobierno y las burocracias de la CGT y la CTA, que el año pasado fijaron con las cámaras patronales el salario mínimo en $1.840.

Y esta realidad, por su puesto se hace mucho más cruda para los millones de desocupados, que deben arreglárselas para subsistir con changas o con los miserables planes del gobierno, para los jubilados que perciben los $1.227 de la mínima, y para los millones de trabajadores “en negro” que, además de soportar condiciones de trabajo mucho más duras, cobran salarios que, muchas veces, ni siquiera alcanzan al mínimo de pobreza que fijan la burocracia, los patrones y el gobierno.

Esta combinación de suba constante de precios, bajos salarios y precarización, redunda en el ajuste encubierto que el gobierno kirchnerista viene descargando sobre la clase trabajadora, profundizando su miseria, mientras los capitalistas facturan millonarias ganancias.

El modelo Firestone y la burocracia sindical

Para la aplicación de este ajuste encubierto sobre la clase trabajadora, el gobierno kirchnerista ha contado con la colaboración central de la burocracia sindical, en sus versiones de la CGT y la CTA. No fue casualidad, por lo tanto, que Cristina Fernández elogiara en uno de sus discursos al “modelo Firestone”. Lo hizo mientras defendía la postura de que el proyecto de “distribución de ganancias” debe debatirse empresa por empresa y no a nivel general, a través de una ley.

Es que más allá de la discusión sobre la “distribución de ganancias”(4), el sindicato del neumático (SUTNA) que encabeza Pedro Wasiejko, uno de los jefes de la CTA, hoy alineado tras Hugo Yasky, es un auténtico modelo del carácter propatronal y antiobrero, que caracteriza a la burocracia que se ha alineado con el gobierno kirchnerista.

“Hoy estamos en una situación que no es la ideal, no es la mejor históricamente, pero estamos razonablemente bien y en la dirección correcta” (5), balancea tranquilo Wasiejko. Así habla a la hora de describir la situación de los trabajadores del neumático que deben padecer las duras condiciones de un trabajo insalubre, donde son moneda corriente los accidentes y las enfermedades laborales, a cambio de bajos salarios, o donde la contratación precaria es regla y la disposición de los turnos y los francos rotativos y las jornadas laborales que llegan a superar las doce horas, contribuye a aumentar el carácter ya de por sí insalubre del trabajo.

Por todo esto, y por el apoyo incondicional a su gobierno, Cristina Fernández tiene sobrados motivos para elogiar a Wasiejko y su “modelo” burocrático y propatronal, así como a todos sus aliados de la burocracia sindical.

Organización independiente y lucha

El kirchnerismo y la burocracia sindical, aliados de la patronal, son los responsables del ajuste sobre el salario de los trabajadores y de la flexibilización que avanza sobre las condiciones laborales.

En el desarrollo, por lo tanto, de la organización independiente de la burocracia y el gobierno, y en la lucha, se encuentra la fuerza con la contamos los trabajadores para poder enfrentar esta situación. Es el ejemplo, de los trabajadores de Fate, que lograron derrotar a la burocracia de Wasiejko, y en los últimos años se organizan de forma independiente parar enfrentar a la patronal de Madanes, y de los docentes de Santa Cruz que protagonizan por estos días una destacada lucha contra el gobierno kirchnerista de Peralta exigiendo una justa recomposición salarial.

Son algunos ejemplos, de la organización y la lucha que los trabajadores debemos impulsar desde cada lugar de trabajo para poder enfrentar a la burocracia y avanzar con la recuperación del salario y la conquista de nuestras reivindicaciones.

…

NOTAS:

1) Las mediciones que realizan casi todas las consultoras privadas, así como las estimaciones oficiales de varias provincias, triplican y hasta cuadruplican los valores que difunde periódicamente el INDEC. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones de la Gobernación de Mendoza, los precios en abril subieron un 3,2%. En esa provincia, los principales aumentos se registraron en alimentación (24,2% de aumento en el último año), educación y vestimenta (31,6%, en el último año). Por su parte, las mediciones de la provincia de Tierra del Fuego estiman que, en los primeros cuatro meses del año, los precios subieron un 11,4%. En todos los casos, las cifras proyectan una inflación anual para 2011, bastante superior al 30%.

2) En los primeros meses de 2010, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA estimaba el valor de la canasta familiar en $4.696. La burocracia del sindicato de la alimentación calculaba que, para cubrir la misma canasta, en aquel momento, un trabajador necesitaba $3.600 por mes. Ver “Con la inflación crece el ajuste”, en ER N°56 de abril de 2010.

3) Clarín, domingo 15 de mayo.

4) La fábrica de neumáticos Firestone firmó en 2001 un acuerdo con el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático) que establece la distribución de “un tercio de las ganancias libres de impuestos que superen al 6% de la facturación anual”. Este acuerdo de “distribución de ganancias”, no está demás señalarlo, es elogiado tanto por la burocracia como por la empresa. El acuerdo se dio en un momento en el cual Firestone avanzó con un fuerte plan de ajuste que contó con numerosos despidos y con fuertes reducciones salariales (-20%). En diez años, sólo en cuatro oportunidades la empresa declaró superar los niveles de ganancia necesarios para avanzar con el mecanismo de distribución.

5) “El trabajo en Argentina”, informe trimestral del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.

Editorial: Subsidios para los empresarios. Ajuste para los trabajadores.

De campaña, el kirchnerismo insiste en presentarse como un gobierno “popular”, que se enfrenta a las grandes corporaciones y defiende, ante todo, el interés de los trabajadores y los más desprotegidos. Para montar esta farsa tiene trabajando a todo su aparato propagandístico, que no es para nada menor, e incluye radios, canales de televisión y diarios enteros, y que cuenta con la intervención cotidiana de sus escribas y funcionarios, además de un sinfín de actos partidarios.

Uno de los últimos fue, por ejemplo, en Huracán, para el aniversario del triunfo electoral de Cámpora y Solano Lima en el `73. En esa oportunidad, Cristina Fernández fue la principal oradora. Allí, el eje central del discurso fue la juventud, que parece ser una de las apuestas fuertes del kirchnerismo pensando en las elecciones de octubre. Fue el mismo eje que le imprimió Guillermo Moreno a su intervención en el acto que organizó Bonafini en el Mercado Central. “Empieza a emerger una juventud maravillosa”, aseguró el secretario de comercio.

Con esas palabras, hacen referencia, desde el gobierno, a agrupaciones como La Cámpora, que se vienen desarrollando al amparo del aparato punteril del PJ, y cuyos dirigentes se destacan, no precisamente por su militancia popular, sino por los altísimos sueldos que cobran por los cargos que van consiguiendo en el estado o como directivos en importantes empresas. También incluyen, seguramente, dentro del resurgimiento de la “juventud maravillosa”, al protagonismo que ha vuelto a cobrar la Juventud Sindical Peronista, que comanda el menor de los Moyano, y que, como apéndice de la burocracia sindical, es otra de las patas sobre las cuales se sostiene el gobierno de Cristina Fernández.

Otro eje central de propaganda para el armado de la farsa kirchnerista sigue siendo el de los derechos humanos. Para el pasado 24 de marzo, organizó una marcha y varios actos oficiales, donde se movilizó buena parte del aparato gubernamental. Allí estuvo, entre otras fuerzas, marchando por la memoria y los derechos humanos, la Juventud Sindical. Esa misma que, ya en los `70, estrechamente relacionada con la AAA, organizaba las patotas que perseguían y asesinaban a los trabajadores y delegados clasistas y antiburocráticos. Las mismas patotas que, por estos días, utiliza la burocracia sindical kirchnerista para enfrentar a los trabajadores que se organizan de forma independiente y que sólo algunos meses atrás asesinaron a Mariano Ferreyra y dejaron gravemente herida a Elsa Rodríguez.

No puede sorprender, en este gobierno peronista, que sigue hablando de derechos humanos, mientras mata todos los días en los barrios populares con el gatillo fácil y la tortura. O cuando ha contado, en menos de ocho años, con más de cien presos políticos, superando a cualquier otro gobierno desde `83 en adelante. O cuando son miles los procesados por luchar, entre los cuales se cuentan decenas de trabajadores que encabezan procesos de organización independiente y de lucha, como en Kraft, Fate o el Subte.

No puede sorprender, tampoco, en el marco de la farsa que intenta montar el kirchnerismo, que con un discurso plagado de demagogia y mentiras, convoque a la juventud a sumarse y apoyar a su proyecto antipopular, cuando lo único que el gobierno le ofrece a la juventud trabajadora es desocupación o trabajo precario y una vida de sometimiento a través de las drogas y la violencia. Mientras, profundiza la destrucción de la educación pública (que también dice defender) manteniendo los presupuestos del área por el piso y los salarios docentes en la pobreza.

Por más que lo intente, sin embargo, el kirchnerismo no puede ocultar su verdadero rol: la defensa de los intereses de la clase capitalista. Así, por estos días, impulsa un nuevo ajuste sobre la clase trabajadora. Éste tuvo su lanzamiento con el acuerdo firmado con el jefe CGT, Hugo Moyano, en busca de fijar un techo para las negociaciones salariales en las próximas paritarias de cada gremio.

Y, como contracara, mientras avanza con más ajuste sobre los trabajadores, el gobierno de Cristina Fernández distribuye millonarios subsidios, bajo el pomposo título de “Créditos del Bicentenario”, para garantizar las gigantescas ganancias de un puñado de empresarios. Son miles de millones de pesos que saldrán del Banco Central, bajo la administración directa del gobierno, y que servirán para financiar los negociados de distintas empresas, tanto las negreras y ultra explotadoras PyMES, como importantes multinacionales, como Fiat.

Ésa ha sido la dinámica de todos los años de gobierno kirchnerista: Extraordinarias ganancias para los empresarios del campo y de la ciudad; Miseria, ajuste y más privaciones para pueblo trabajador.

Más medidas proempresarias

En este año electoral, el kirchnerismo avanza con más medidas y gestos proempresarios, incluyendo la puesta en marcha de un programa de millonarios subsidios, buscando asegurarse el apoyo y la adhesión de los distintos grupos capitalistas.

En sus años en el gobierno, el kirchnerismo ha dado sobradas muestras de su carácter proempresario. Ha sido el garante de la flexibilización laboral, ha permitido despidos y suspensiones, y ha subsidiado los negocios de más de un capitalista.

Por estos días, con el armado electoral como prioridad, y ante la indecisión de buena parte del empresariado local sobre la alternativa política para 2011, el gobierno de Cristina Fernández vuelve al ataque con más políticas proempresarias.

Una de las más celebradas es la de “licencias no automáticas”, que busca reducir la cantidad de importaciones, en defensa de la producción del empresariado local. El viernes 18 de marzo, los principales diarios del país publicaron una solicitada, firmada por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y una docena de cámaras empresarias de distintas industrias, en la cual se saludaba la iniciativa gubernamental.

En el mismo sentido, se pronunció la UIA, en un comunicado que señalaba que son “instrumentos válidos para el monitoreo del comercio frente a la competencia desleal”. Esto fue, una vez resueltas sus disputas internas, que dejarán al frente de la entidad al “dialoguista” De Mendiguren (empresario textil, ex ministro de Producción de Duhalde y de buena llegada al gobierno de Cristina Fernández), secundado por Nicholson (Ledesma) y Betnaza (Techint). Consultado por Clarín sobre cuál será la relación de la UIA con el gobierno kirchnerista en los próximos meses, el futuro presidente De Mendiguren aseguró que será “de aporte. Es central el consenso, los acuerdos”.

Y es lógico que así sea, dado las amplias ventajas que el gobierno de Cristina Fernández les ha venido ofreciendo en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, además de las “licencias no automáticas”, varios de los principales dirigentes de la UIA se han visto beneficiados recientemente con distintas medidas “anti-dumping” (Techint, Ledesma), obtención de licitaciones millonarias (Lascurain, Méndez) y de los denominados “Créditos del Bicentenario” (Basso, Fiat).

Estos créditos, que continuarán siendo repartidos en los próximos meses entre distintas empresas, son financiados por el Banco Central, por un total de $8.000 millones, con la administración de los ministerios de Industria, Agricultura y Economía. Con tasas de interés reales negativas (9,9% anual, lo que estará indudablemente por debajo de los índices inflación) estos créditos representan un gigantesco subsidio a la ganancia empresaria. Dentro de un primer grupo de capitalistas que ya han sido beneficiados con este subsidio kirchnerista, se encuentran el autopartista José Luis Basso (que recibió $12,9 millones) y Cristiano Rattazzi de Fiat ($530 millones).

Buscando disfrazar esta escandalosa sociedad, que sólo repercute en millonarias ganancias para los capitalistas, empresarios y gobierno buscan hablar de lo importante de estas medidas para sostener y generar puestos de trabajo. De esta forma, los responsables de que exista desocupación, trabajo “en negro”, tercerización y de que los salarios cada vez alcancen para menos, buscan convencernos de que en realidad bregan por el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, por más que lo intenten, no hay engaño posible. Los trabajadores sabemos de sobra que el kirchnerismo gobierna únicamente en defensa de los empresarios y que éstos no reparan en otra cosa que en la mejora permanente de sus ganancias.

Expoagro 2011: Los empresarios del campo también hacen negocios millonarios

“El Estado debe ser un aliado estratégico y no un contrapeso burocrático para el campo. Por eso desde la Provincia queremos ser un socio de los productores y creemos que Expoagro es una oportunidad extraordinaria para mostrar la fuerza del sector”. Así anunció el gobernador Daniel Scioli el lanzamiento de Expoagro, la feria anual de los grandes empresarios de la agricultura, la ganadería y la industria y servicios asociados. El día de la inauguración, la buena noticia, tanto para los agroempresarios como para el gobierno, era la inminencia de una cosecha récord, superior a los 100 millones de toneladas de granos. El mismo día, el diario Los Andes de Mendoza titulaba: “Subió 15% el precio del pan y el kilo cuesta más de 7 pesos”.

Mostrando el entusiasmo gubernamental en la recaudación que promete la súper cosecha, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aprovechó para anunciar que se autorizará a la industria semillera a producir novedades biotecnológicas, es decir, más híbridos genéticamente manipulados, especialmente en materia de soja, para lo cual se “aggiornará el marco jurídico en regalías y patentes”. El ministro agregó que “con la autorización de nuevos eventos (...) se prevé que durante esta década los productores sumarán siete millones más de hectáreas en cultivos. Así, se podrá duplicar la producción local de granos y llevarla a los 200 millones de toneladas”. Poco importa que, en el camino, se siga desertificando hectárea tras hectárea, que se utilicen fertilizantes y pesticidas cancerígenos, que los trabajadores deban someterse a un régimen con modalidades esclavistas o que sea habitual la explotación infantil. Los negocios, sólo los negocios importan.

También anunció el ministro un volumen de créditos para el sector ganadero por más de mil millones de pesos, a tasa subsidiada, salidos del Banco Nación, que se otorgarán desde las provincias bajo la figura de fideicomisos. Y para los exportadores, la noticia fue la creación de seis nuevas agregadurías agrícolas en el exterior para gestionar la apertura de nuevos mercados.

Pero no sólo desde el gobierno se vieron los esfuerzos por quedar bien con los empresarios del campo. Desde Duhalde y el “Momo” Venegas, hasta Pino Solanas, pasando por Prat Gay y Cobos, ningún candidato dejó de pasearse entre tractores, bolsas de granos y bonitas promotoras. No faltaron Sanz y de Narváez; Das Neves, Rodríguez Saá, Macri, Carrió, Giustinianni y Alfonsín. Todos, vestidos de campaña, pasearon en carritos de golf y se sacaron fotos con los productores, mientras mostraban su mejor sonrisa y agitaban sus más tentadoras promesas de gobierno.

Las empresas expositoras, como Claas, Stihl, Metalfor, Akron, Cestari, Mainero y Apache, cerraron más de 200 operaciones en maquinaria, por $11,7 millones. Los bancos y las empresas automotrices invitadas se fueron igual de contentos, con centenares de solicitudes de financiamiento y consultas.

Un gran éxito para todos los que, aunque se peleen por una mejor tajada, son socios en los negocios del campo, a costa de los trabajadores explotados.

Paritarias: Moyano y el gobierno acuerdan el techo salarial

Como ya es costumbre en el gobierno kirchnerista, el jefe de la CGT se adelantó a la mayor parte de las paritarias y firmó un acuerdo salarial que quedará por debajo de los índices de inflación, buscando fijar un techo para las negociaciones en los otros gremios y garantizar, de esta forma, la continuidad del ajuste sobre la clase trabajadora.

Una vez más, Moyano adelantó varios meses la mesa de negociaciones paritarias de su gremio para hacer público el anuncio del porcentaje que busca establecer como “referencia” para los restantes gremios. O lo que es lo mismo, busca poner un techo a los aumentos salariales. Techo que, como ha sucedido en los últimos años, se encuentra por debajo de todas las estimaciones de inflación, garantizando, por lo tanto, la continuidad del ajuste sobre el salario.

El acuerdo fue firmado entre patronal y burocracia en la Casa Rosada, en presencia de la presidenta Cristina Fernández y de los ministros Boudou y Tomada. Desde el gobierno, desde luego, se saludó efusivamente la jugada del burócrata camionero, que le da continuidad a este modelo de ajuste que el kirchnerismo y la burocracia sindical han venido aplicando durante los últimos años y que golpea el salario de los trabajadores. El ministro Boudou (candidato impulsado por Moyano y lo conducción cegetista para jefe de gobierno porteño) lo elogió diciendo que es “un muy buen acuerdo (…) un acuerdo muy racional, que da previsibilidad, en un país que está creciendo. Tiene que ver con la realidad de la Argentina”.

En el mismo sentido se pronunciaron desde la patronal, lo que demuestra a las claras, la comunión de intereses de esta alianza antiobrera de empresarios, gobierno y burocracia, a la hora de ajustar sobre los trabajadores. Luis Morales, el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Carga (FADEEAC) celebró las virtudes del acuerdo y de los métodos antidemocráticos de la burocracia: “Estuvo muy contenta la presidenta, porque creo que fue un acuerdo en el cual no hubo ningún comentario, no se manejó ningún tipo de inconveniente, no hubo ningún tipo de asamblea en ninguna empresa. Se hizo con absoluta reserva y seriedad, fue un arreglo muy importante y la presidenta estaba conforme”.

El acuerdo firmado por el jefe de la CGT, para los camioneros, fija un aumento para todo el año, en cuotas, y con el compromiso de no reabrir la negociación. En concreto, será un 12% de aumento en julio, 6% desde noviembre y 6% más en marzo de 2012, es decir un total del 24% para dentro de un año, que alcanzan apenas el 27% con el agregado de un plus vacacional.

La burda entrega de Moyano fue aprovechada por sus coyunturales adversarios dentro de la burocracia sindical, para salir a denunciar al jefe de la CGT. Eso hicieron Barrionuevo, Cavallieri y Lescano, entre otros. “Lo felicito a Moyano por el 24% de aumento que consiguió para todo el año. La verdad es que no creo que nadie más firme por ese porcentaje”, ironizó el secretario general de Luz y Fuerza. Claro, que sus dichos no son más que pirotecnia verbal en el marco de sus disputas con la conducción de la CGT, ya que ninguno de ellos (que cuentan con una tradición burocrática y antiobrera tan amplia como la de Moyano) planea defender verdaderamente los intereses ni el salario de los trabajadores.

Con este nuevo acuerdo, por lo tanto, el gobierno de Cristina Fernández y la burocracia sindical, buscan avanzar con un nuevo ajuste sobre la clase trabajadora. Con la garantía de que la inflación seguirá destruyendo los salarios mes tras mes, los empresarios tienen asegurada la continuidad y la prosperidad de sus millonarios negociados.

Como quedó demostrado el año pasado con el ejemplo de los obreros de la alimentación que rompieron el techo salarial, que el único camino que tenemos los trabajadores para enfrentar el ajuste que aplican el kirchnerismo y la burocracia sindical está en profundizar la organización independiente y avanzar con las medidas de lucha que sean necesarias para romper con su techo salarial y comenzar a dar impulso a la lucha por la recuperación del salario.

El paro que no fue

El 17 de marzo, Moyano, por boca de sus seguidores más fieles como Viviani, Recalde y Schimd, anunció un paro y una movilización a Plaza de Mayo que fue levantada al día siguiente. El objetivo de realizar una demostración de sus fuerzas estaba cumplido.

Por un lado, Moyano y su gente buscan reclamar lugares de peso dentro de las listas electorales del kirchnerismo. En un marco en el cual las huestes del gobierno están en plena disputa de cara al armado electoral, la burocracia buscó recordarle a Cristina Fernández que ha jugado un rol protagónico en los últimos años y que es imprescindible de cara un futuro gobierno que planee continuar con el ajuste sobre los trabajadores (como, sin dudas, planea el kirchnerismo). Su objetivo de máxima, en este plano, es ubicar a Recalde como vice de Cristina Fernández, además de varios puestos clave en las listas de la provincia de Buenos Aires y otras provincias.

Por otra parte, Moyano quiere garantías de que cuenta con la protección firme del gobierno frente a las investigaciones judiciales en su contra, por algunas de las tantas estafas y negociados sucios del camionero, como el de los medicamentos truchos. Y en ese sentido, quiere demostrar también que, como sucediera con Venegas y a diferencia de Zanola y de Pedraza, cuenta con varios aliados leales que están dispuestos a defenderlo.

Al cierre del mes de marzo, con la firma de la paritaria de camioneros en Casa Rosada y el acuerdo de la suba del mínimo no imponible para Ganancias (también en Casa Rosada), Moyano y Cristina Fernández confirmaron que su alianza sigue firme. El gobierno apuesta por la continuidad de la burocracia moyanista para seguir controlando al movimiento obrero y la burocracia apuesta por el kirchnerismo como el gobierno patronal que defienda su poder y también sus negociados y sus millones.

Ambos demostraron que uno de los objetivos centrales de su alianza estratégica se mantiene tan firme como el primer día: profundizar el ajuste sobre la clase trabajadora.

Presupuesto 2011: Con o sin presupuesto, sólo ellos vivirán mejor

Entre sobornos, denuncias cruzadas, cachetadas y componendas, el escándalo en torno a la frustrada sanción del presupuesto 2011 es apenas una muestra de la naturaleza corrupta y oportunista de la democracia burguesa, que transa y se traiciona mientras promete sólo ajuste y más explotación al pueblo trabajador.

Cada año, en el mes de septiembre, el poder ejecutivo envía a la cámara de diputados el proyecto de presupuesto nacional, que establece las previsiones del gasto público y de los recursos necesarios para cubrirlas. El presupuesto, llamado “ley de leyes”, por la trascendencia que tiene en el manejo de los fondos públicos, fija las líneas de acción del gobierno, las prioridades del gasto público, estima la recaudación fiscal y pondera la inflación previsible para el año. Como marca el trámite parlamentario, el proyecto pasó por las comisiones, y los dictámenes llegaron al recinto, donde debía sancionarse antes del 20 de noviembre, fin del período ordinario de sesiones, y fecha tope para votarlo.
La oposición había anticipado que cuestionaría el cálculo de inflación prevista, tres veces menor al real, exigiendo que se “sinceraran las cifras”, además de incluir fondos para el pago del 82% móvil a los jubilados. Diferencias de forma o estilo, pero que, en ningún caso, ponían en debate la orientación general del proyecto presupuestario, dirigido a garantizar el pago de la deuda a costa de la salud, vivienda y educación de los trabajadores.
La sesión del 11 de noviembre, donde se debía debatir y votar el proyecto, terminó en un escándalo monumental. De los veintiún diputados de distintos tonos opositores que faltaron a la cita, muy pocos pudieron explicar su ausencia. Al día siguiente, la principal noticia de los diarios eran las denuncias de por lo menos cuatro diputados de que el oficialismo les había ofrecido sobornos para que dejaran su banca y facilitaran, así, la aprobación del proyecto oficial. Una situación, desde ya, nada novedosa. El método es parte de las habituales “negociaciones” (en realidad, pingües negocios) de los parlamentarios.
Así se votaron, por poner sólo dos ejemplos, la “reforma previsional” del menemismo y el paquete de “flexibilización laboral” de la Alianza UCR- Frepaso. Cuando un bloque necesita juntar votos o presencias; o, por el contrario, cuando precisa evitar el quorum, salen a la cancha los “operadores” de unos y otros, para buscar “acuerdos”, que, lejos de implicar debates de ideas o principios, se reducen a ofrecer beneficios de todo tipo: contratos que sirven para rentar militantes; fondos para proyectos provinciales; promesas de tratamiento de proyectos; etc., o, directamente, plata. Coimas contantes y sonantes, como la recordada “Banelco” de Flamarique.
Esta vez, la primera del kirchnerismo sin su experimentado operador, fallecido el 27 de octubre, tuvieron que encargarse del asunto reemplazantes mucho menos hábiles, y el escándalo estalló en la cara de todos(1).
El presupuesto, finalmente, nunca se votó, y todos denuncian a todos. El gobierno afirma que la oposición impidió la aprobación del presupuesto para limar su gobernabilidad en un año clave. La oposición, a la inversa, acusa al oficialismo de haber forzado la situación para reconducir el presupuesto 2010, y gobernar, en un año electoral, a su antojo, con decretos de necesidad y urgencia, sin control alguno. La presidenta, como para mostrar cómo va a ser la cosa, ya firmó el primer decreto, que incorpora los excedentes del actual presupuesto para cumplir con los salarios de noviembre y diciembre en la administración pública y para dar a los jubilados una limosna navideña extraordinaria de $500.
Se calcula que son unos 60 mil millones de pesos los dineros que el ejecutivo podrá disponer libremente, lo que explica la ausencia de toda intención de la presidenta de incluir el tratamiento del presupuesto en las sesiones extraordinarias, donde sólo se pueden discutir los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria. Total, cuestiones como el uso de reservas para el pago de la deuda, la emisión de avales y garantías por 18.800 millones de dólares y una suerte de encaje en los bancos públicos para financiar obra pública, todo previsto en el fracasado proyecto, pueden ser sacadas por decretos.
Ninguna duda sobre cómo vivirá el pueblo trabajador el año que viene: Con o sin presupuesto, sólo habrá más ajuste y más explotación, mientras ellos arreglan sus cuentas para que les cierren los negocios.

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NOTAS:
1) Ver recuadro “Festival de coimas y cachetadas”, en esta misma página.

La negociación con el Club de París: Más plata para pagar la deuda

Lejos de sus encendidas frases contra el FMI, el gobierno abre las puertas a una nueva misión que viene a revisar las cuentas, mientras escarba el fondo de la lata de los dineros públicos para pagar hasta el último centavo a los especuladores internacionales.

Hace casi cinco años, un Néstor Kirchner eufórico anunciaba que, usando reservas del Banco Central, Argentina había pagado casi diez mil millones de dólares al FMI. “Es un cambio de época”, dijo el entonces presidente, “pagar nos independizará del Fondo”. Nunca explicó cómo era que pagar lo que no debemos nos liberaba, ni por qué parte del pago se hizo con dinero prestado por Venezuela, a tasas más altas que las que cobraba el FMI. Es decir, con la adquisición de más deuda.
Como sea, el tema se convirtió en recurrente herramienta de propaganda oficial. Cuando inauguró el período ordinario de sesiones del congreso en su último año de gobierno, Kirchner seguía batiendo el parche: “Ya no tenemos más la dictadura del FMI manejando los destinos de los argentinos (...) ¡De acá que vamos a volver a hacer un acuerdo con el FMI!”.
Una semana antes de morir, en cambio, recurrió a un moderado “podemos conversar con el FMI”. Es que tenía que avalar las reuniones de su ministro de economía, Amado Boudou, que junto al canciller Timerman trataba de conseguir el apoyo del organismo internacional frente a los renovados reclamos del Club de París, un grupo informal de países acreedores entre los que se destacan Alemania y Japón, que incrementó las presiones para cobrar su parte de la deuda.
Ya en septiembre de 2008, también por cadena nacional, la presidenta había anunciado que Argentina pagaría todo, y de contado, al Club de París, con reservas del Banco Central y a costa de contraer nueva deuda con Venezuela a una tasa sideral. Pero no hubo acuerdo en la cifra final, el anuncio quedó en la nada, y la deuda siguió creciendo.
Ahora, mostrando claramente que nunca fue cierto lo de “Chau, Fondo”, está llegando una misión del FMI, convocada para “brindar asistencia técnica en el armado de un nuevo índice de precios”, es decir, para revisar las estadísticas y sacar sus propias cuentas.
La visita es un requisito impuesto para continuar las negociaciones con el Club de París, que tiene entre sus reglas la exigencia de la aprobación del FMI antes de acordar una reprogramación de deuda. El anuncio del viaje se produjo horas después de que la presidenta proclamó, de nuevo, por cadena nacional, que se acordaría con el Club de París sin la intervención del Fondo.
La deuda argentina con el Club de París no está muy clara. Los más optimistas hablan de 6.700 millones de dólares; otros, de 7.600 si se suman intereses, o de 8.900 millones con punitorios incluidos. Alemania concentra el grueso de la deuda argentina, como lo hizo notar Angela Merkel a Cristina Fernández en su último viaje a Alemania, cuando sin previo aviso y fuera de agenda, la canciller alemana dedicó casi toda la breve reunión protocolar a reclamar el pago a la presidenta de Argentina.
Con la crisis europea profundizándose, y la necesidad de grandes rescates financieros en la “eurozona”, como ya ocurrió con Grecia, y ahora con Irlanda, sin olvidar la grave situación de España y Francia, recuperar activos es una prioridad para Alemania y el resto de los componentes del Club de París. La amenaza de los acreedores europeos no fue sutil: o Argentina paga, o pierde su lugar en el Grupo de los 20, donde Alemania es una de las voces de mando.
Así, el gobierno viene intentando que le acepten un pago inicial de 3.000 millones de dólares en los próximos meses, y convocó a la misión del Fondo, como muestra de buena voluntad, especulando con poder extender los pagos a cuotas crecientes trimestrales, por seis años. Las avanzadas negociaciones cayeron bien en “los mercados”, eufemismo periodístico para referirse a los empresarios, que a coro festejan, por anticipado, la nueva genuflexión del gobierno argentino frente al capital internacional. Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), por ejemplo, lanzó un comunicado destacando que el pago “permitiría dar una imagen de solidez en los mercados internacionales y mejorar el acceso al financiamiento en moneda extranjera a tasas menores”. Es decir, permitirá, a los explotadores chupasangre, especular más y mejor. Al mismo tiempo, el anuncio de las avanzadas negociaciones hizo festejar a la Bolsa, con una “trepada” de los bonos que se ajustan de acuerdo a la inflación. Otra muestra de que el pago de la deuda sólo beneficia a los especuladores proimperialistas.
Según los últimos datos disponibles, del 30 de junio pasado, la deuda total del sector público no financiero asciende a más de 156.691 millones de dólares. Unos 9.100 millones más que en diciembre de 2009, y una prueba inequívoca de que, cuanto más pagan compulsivamente los Kirchner, más debe el pueblo argentino. Lo mismo pasa con la porción que corresponde al Club de París. Sean 7.000, 8.000 o 9.000 millones, lo cierto es que casi la mitad de esa deuda fue contraída durante la dictadura, parte por el negociado de la central Atucha, y el resto por la “estatización” de la deuda de un grupo holandés por la construcción de un gasoducto. Del resto, casi el 10% fue contraído por Alfonsín, y el resto por los gobiernos de Menem y De La Rua. Es decir, por todos desde 1983. En ese mismo tiempo, los distintos gobiernos llevan pagado casi lo mismo que debemos ahora en intereses, sin que decrezca el capital.
Como vemos, todo sigue igual. El gobierno peronista de Cristina Fernández sigue pagando compulsivamente la deuda externa. Pagó al FMI, a los que canjearon, a los que no canjearon, y ahora le va a pagar al Club de París, mientras dice que no hay plata para los jubilados, para que las escuelas tengan luz y gas, para que no se caigan los techos sobre los alumnos o para que los hospitales funcionen con un mínimo de dignidad. Sus socios empresariales aplauden y exigen más y mejores negocios financieros, y todos juntos disfrutan su posición de parásitos del capital internacional. El pueblo trabajador, en cambio, carga con las consecuencias, a fuerza de inflación, más miseria y más explotación.