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Raúl Magallanes. Un represor de los 70 en la educación bonaerense.


Raúl Magallanes, habiendo sido uno de los policías de Camps en los 70 y autor de varios secuestros en la zona sur, asumió como presidente del Consejo Escolar de Lomas de Zamora y ya está amenazando compañeros.

Raúl Magallanes es un ex policía de la dictadura, que estuvo bajo las directivas de Camps y Etchecolatz. En 1997, fue titular de la comisaría 3ra de La Plata. Fue parte de “la maldita policía” de Duhalde. Fue designado director de seguridad del municipio de Lomas de Zamora por el intendente Rossi, desde ese cargo dirigía los operativos de seguridad ante las movilizaciones docentes al consejo escolar, que hoy preside. Como si fuera poco, también está vinculado en la causa del atentado a la AMIA.
De inmediato los sindicatos vinculados con la educación, junto a organizaciones sociales y políticas de izquierda, comenzaron una campaña de repudio por la asunción de Magallanes a la presidencia del consejo escolar. Desde Ate Sur, se han encabezado acciones que tuvieron gran repercusión. Parte de las medidas de fuerza ha sido desconocer a las autoridades de dicho consejo.
Esta campaña ocasionó que, al mejor estilo patotero, los compañeros sufrieran amenazas y hechos intimidatorios por la denuncia que están llevando a cabo.
Desde el gobierno, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de que los compañeros se encargaron de presentar materiales en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en la secretaría de DDHH de la nación y la provincia. y en la Comisión por la Memoria, que demuestran la participación de Magallanes en los secuestros de la dictadura.
La asunción del represor Magallanes como presidente del consejo escolar de Lomas de Zamora, promovida por el kirchnerismo que conocía perfectamente su prontuario,  evidencia que a pesar de que desde el gobierno se enjuicien a viejos genocidas se lleva adelante una política para sostener a estos elementos que, aún hoy, les son útiles
Debido a la lucha y la movilización, el escándalo fue de tal magnitud que algunos sectores del kirchnerismo que bancaban a Magallanes en la primera hora, se vieron obligados a despegarse en cuanto pudieron. Pero lo cierto es que hasta el momento el ex policía secuestrador es quien sigue al mando en el consejo y, por esta razón, la lucha contra Magallanes sigue abierta.

Kraft. Basta de persecución


El pasado 2 de febrero, en la cámara federal de apelaciones de San Martín, se llevó a cabo la audiencia de apelación a los procesamientos en primera instancia de Javier Hermosilla y Lorena Gentile (miembros de la Comisión Interna de Kraft), de Ramón Bogado y María del Rosario Penayo (miembros de la interna anterior), de Oscar Coria (delegado despedido en 2009), de Leonardo Norniella (delegado de PepsiCo), y de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. La justicia los imputó por los distintos cortes de la Panamericana durante el conflicto desarrollado en 2009 por la reincorporación de los más de 150 despedidos.
La persecución hacia los delegados y activistas que protagonizaron y que se solidarizaron con la lucha de Kraft expresa la persecución y el ataque a la organización independiente y de base de la clase trabajadora y la criminalización de la protesta. Esto es más claro aún si se tiene en cuenta que, desde importantes fábricas de la industria alimenticia, se viene organizando la oposición para disputarle la conducción a la burocracia sindical de Rodolfo Daer, y que el gremio de la alimentación protagonizó luchas de gran trascendencia como fueron la de Kraft contra los despidos y la de Arcor, que logró romper el techo salarial en 2010.
El objetivo es infundir temor en la clase trabajadora para que desista de emprender la lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo y para que no se atreva a desafiar ni al gobierno, ni a las patronales, ni a la burocracia sindical. Además, busca castigar a quienes encabezan la lucha, para descabezar y desarticular la organización independiente que los trabajadores construyen desde las bases.
El carácter político de la “causa Kraft” es evidente. Mientras la presidenta califica a la huelga como extorsión y pide terminar con los cortes, la justicia persigue a quienes impulsan y sostienen la huelga, a quienes se manifiestan cortando las calles y, además, a quienes se solidarizan con la lucha, presentando como pruebas los informes de las fuerzas de seguridad y las distintas publicaciones de izquierda que apoyaron y convocaron a la lucha.
En la defensa de los procesados de la “causa Kraft” se pone en juego, también, el futuro de las luchas por venir de la clase trabajadora contra los atropellos de los capitalistas y sus socios. Allí, radica la importancia de hacer propia la lucha contra toda persecución política.

Santa Cruz. El ajuste y la lucha de los trabajadores


El plan de ajuste en curso en la provincia de Santa Cruz es una demostración clara de la voluntad del gobierno. La resistencia y la lucha de los trabajadores para ponerle un freno, da cuenta de la posición de fuerza que es capaz de conquistar la clase trabajadora.

El gobierno de Santa Cruz intentó despedir el año con un paquete de medidas, que se erigen como exponente del ajuste en marcha a nivel nacional. A través de un cúmulo de medidas avalado por la “ley de emergencia”, lo esencial del plan del gobernador kirchnerista, Daniel Peralta, consiste en elevar la edad jubilatoria, incrementar aportes, implementar un aporte que deberían pagar los jubilados, instrumentar el congelamiento de las pensiones, eliminar la movilidad jubilatoria, y suspender las negociaciones paritarias. Es decir, impulsa un contundente plan de ajuste contra la clase trabajadora santacruceña.
Sin embargo, este atropello viene siendo debidamente frenado por la lucha de los trabajadores.
Una vez difundido el proyecto del gobierno, y la disposición de aprobarlo de los legisladores provinciales, diversos sectores de la clase trabajadora se organizaron y se concentraron para enfrentar la embestida oficial. Se dieron cita frente al palacio legislativo, trabajadores del estado provincial y municipales, de luz y fuerza, de vialidad, docentes, recolectores de residuos y judiciales, entre otros tantos, y, por supuesto, los jubilados y pensionados.
Con el acampe frente a la legislatura y los piquetes bloqueando los accesos para impedir el ingreso de los legisladores, más los enfrentamientos con la policía, la fuerza y la lucha de los trabajadores, pese a la fuerte presencia de sectores kirchneristas y de la burocracia sindical, lograron ponerle un freno a la avanzada gubernamental, impidiendo la votación de la ley en el recinto, por “falta de garantías”, según explicó el vicegobernador de la provincia. Cabe mencionar que la cámara no tenía luz, no tenía personal y no tenía quórum… debido a la firmeza de la lucha de los trabajadores. La represión del gobierno dejó un saldo de 21 heridos y varios detenidos.
Finalmente, las jornadas de diciembre en Santa Cruz culminaron con la suspensión del tratamiento de la reforma previsional hasta marzo. Esto, sin dudas, constituye una importante conquista y es demostrativa de la posición de fuerza que puede ocupar la clase trabajadora. Sin embargo, ahora, el gobierno se propone consensuar un proyecto “mejor” con los “sectores gremiales representados”, es decir con la burocracia sindical. El gobierno y la Mesa de Unidad Sindical (en manos de la burocracia) firmaron un acta en la que se comprometen a ello para tratar la iniciativa en el mes de marzo. Esta situación pone de manifiesto la voluntad política de avanzar con este ataque contra todos los trabajadores. Entre tanto, Peralta, aunque no avanzó con la resistida reforma previsional, firmó un decreto con el que avanza hacia la reducción del gasto público, suspendiendo la designación de los trabajadores contratados y en planta transitoria, es decir, instrumentando despidos.
Este escenario debe mantener en alerta a los trabajadores que no pueden confiar en las conducciones sindicales burocratizadas y necesitan organizar la lucha con independencia política frente al gobierno y la burocracia, apoyándose en la fuerza de las bases, que ya ha demostrado que puede hacerle frente, con efectividad, a los ataques oficiales.

Ecotrans. Un triunfo de los trabajadores


Ante los reclamos de los trabajadores de la empresa de transporte público Ecotrans, la patronal decidió despedir a 26 compañeros.
Los trabajadores vienen denunciando desde hace tiempo desinversión en la empresa y malas condiciones de trabajo.  El cuerpo de delegados de Ecotrans denuncia que “la Empresa no ha tomado las previsiones necesarias, para mejorar las condiciones de precariedad del servicio;  no ha prevenido la necesidad de mejorar las frecuencias, ni ha mejorado el parque automotor;  por el contrario, el deterioro ha avanzado a un ritmo, que fue necesario advertir a las autoridades y los Entes reguladores sobre la posibilidad de situaciones de conflicto con pasajeros que dependen de este medio de transporte, y suelen descargar su fastidio, sobre los que sólo realizamos la tarea de conducir”.
Con conciliación obligatoria de por medio y luego de varias negociaciones y amenazas de paro por parte de los choferes, la patronal tuvo que retroceder y reincorporar a los 26 trabajadores despedidos.
Sin dudas, la firmeza y la predisposición a la lucha de los trabajadores y su cuerpo de delegados, sumado a la gran solidaridad ejercida por otros sectores de trabajadores y organizaciones, fueron un factor determinante para lograr este triunfo y así poder avanzar con las reivindicaciones planteadas.
La burocracia sindical de la UTA de Roberto Fernández, que estuvo ausente durante casi todo el conflicto haciéndole un gran favor a la patronal de Ecotrans, finalmente tuvo que intervenir para que se produzca la reincorporación de los despedidos.
Una vez más, queda demostrado que, con la organización desde abajo, los trabajadores podemos sortear los escollos que nos imponen la burocracia sindical, junto a la patronal y hacernos fuertes.

En defensa de las comisiones internas y los activistas antiburocráticos



En los últimos meses se vienen produciendo sistemáticos ataques contra las expresiones más avanzadas del movimiento obrero, las comisiones internas y los cuerpos de delegados independientes que han sido recuperados de manos de la burocracia.

En este marco se incluyen la detención del “Pollo” Sobrero, los ataques de la patota de al UOCRA a los trabajadores del SITRAIC, la represión que descargó la policía sobre los ferroviarios del Belgrano Norte, las agresiones sufridas por los delegados antiburocráticos de la línea 60, Néstor Marcolín y Daniel Farella. Además se suceden los despidos “preventivos” en distintas empresas, como en Disco y Banco Piano, y se avanza con las causas penales y los juicios de desafuero contra decenas de delegados de distintas empresas, como Kraft, Fate, Frigorífico Rioplatense o Paty. En este marco también, de persecución contra los trabajadores organizados de forma independiente contra las patronales y la burocracia, continúan encarcelados Carlos Olivera, dirigente del Sitraic, y Víctor Oñate, delegado petrolero de Santa Cruz.
Con esta campaña de hostigamiento, persecución y represión, las patronales, la burocracia y el gobierno, buscan desarticular la organización independiente de nuestra clase e infundir temor en el conjunto de los trabajadores, buscando poner un freno al proceso de construcción independiente y a la recuperación de distintas instancias gremiales.

Coordinación y movilización
De las reuniones organizadas en el Bauen, que fueran impulsadas inicialmente por delegados de la línea 60, y de las cuales participaron una gran cantidad de comisiones internas y delegados antiburocráticos, además de distintas agrupaciones y corrientes sindicales y organizaciones políticas, se organizó un plan de movilización para poder sacar a la calle la campaña contra la persecución sindical.
Desde allí, se llamó a participar de distintas convocatorias como la movilización por Olivera y la presentación del Archivo de Casos de Correpi y se organizó la marcha unitaria contra la persecución el miércoles 23 noviembre, de Congreso a Plaza de Mayo. Además, quedan por delante la convocatoria a la movilización el 20 de diciembre, la entrega del petitorio con las consignas en contra de la persecución y la organización de la campaña por un fin de año sin presos políticos.  
A pesar de que en los últimos años varias organizaciones han  demostrado su mezquindad a la hora aportar a la construcción de espacios unitarios, la posibilidad de continuar y profundizar la coordinación entre las distintas comisiones internas, cuerpos de delegados y agrupamientos de trabajadores, para organizar de conjunto la lucha contra la persecución sindical y la represión representa un avance y un desafío importante. La coordinación que se viene realizando desde hace tiempo en Zona Norte por la libertad de los presos y el desprocesamiento de los luchadores es demostración de esto.

Frigorífico Rioplatense
Mientras la justicia confirmaba el procesamiento del delegado Carlos Zerrizuela, los trabajadores del Frigorífico Rioplatense debieron hacer frente a un nuevo intento de la patronal y la burocracia de la carne, encabezada por Molina, por acabar con su organización: la convocatoria a un plebiscito para remover a los delegados, elegidos democráticamente por los obreros del frigorífico.
Frente a semejante avanzada contra su organización, los trabajadores se declararon en estado de alerta, y ante la posibilidad de que la burocracia intentara hacer fraude, convocaron a comisiones internas y sectores antiburocráticos a acompañar la jornada desde las puertas de la fábrica.
Finalmente, los resultados del plebiscito fueron favorables para los delegados antiburocráticos del Rioplatense que se impusieron contra la movida de la burocracia por 239 votos contra 173, lo que demuestra la fortaleza de la organización de base en el frigorífico y la referencia de los delegados entre la mayoría de los compañeros.

Paty
Por su parte, los obreros de Paty también debieron enfrentar una provocación de la patronal, que despidió a dos compañeros, inventando como causa el robo de mercadería. Los delegados de la fábrica actuaron inmediatamente, convocando a una asamblea, en la cual se resolvió parar la producción y movilizar a la comisaría exigiendo la libertad de uno de los compañeros que, encima, había sido detenido.
Finalmente, después de varios días de paro y de movilización, los obreros de Paty lograron la reincorporación de uno de los compañeros despedidos (el otro, lamentablemente, decidió agarrar la indemnización)  y la expulsión del jefe de seguridad de la planta, en una nueva demostración de que cuando la clase trabajadora se organiza desde las bases, con asamblea, y se decide a salir a luchar por sus reivindicaciones (en este caso la reincorporación del compañero despedido), puede alcanzar importantes triunfos.

Ante la política de persecución y de mayor represión, lanzada desde las patronales, la burocracia y el gobierno, la defensa de los compañeros y de las distintas instancias gremiales recuperadas debe construirse desde dos frentes:
Por un lado, es central redoblar los esfuerzos en el trabajo de base, con el conjunto de los compañeros de trabajo. La importancia de la organización y la movilización de base se puso en evidencia, por ejemplo, en los recientes casos de Paty y del Rioplatense, donde la pronta y firme respuesta organizada por los compañeros fue decisiva.
Por otra parte, debemos apostar a extender y profundizar las instancias que apunten a la coordinación entre  los distintos organismos gremiales antiburocráticos, para poder extender la solidaridad cuando sea necesario y poder hacer frente de forma unitaria, con más fuerza, a la embestida patronal.

Gráficos: Un avance en AGR y las patoteadas de la burocracia


En Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), empresa del Grupo Clarín, la lista opositora a la burocracia de Ongaro, encabezada por Pablo Viñas, se impuso en las últimas elecciones de cuerpo de delegados con el 55% de los votos, sobre la lista de Luis Siri, armada por el moyanismo, con apoyo de la conducción del sindicato y de la gerencia de la empresa. El triunfo se dio a pesar de todas las trabas con las que contó la lista opositora, incluyendo el despido de un compañero (que después debió ser reincorporado) y de todas las ventajas con las que contó la lista de Moyano-Ongaro-Clarín.
Por otra parte, las patotas de Ongaro se hicieron presentes el viernes 23 de noviembre en la asamblea general de la Federación Gráfica Bonaerense para atacar y golpear a los más de 200 trabajadores de importantes fábricas como Donnelley, Worldcolor y Printpack que, junto con las agrupaciones antiburocráticas del sector, se movilizaron para esa oportunidad, donde se iba a discutir entre otras cosas el armado de la junta electoral.
Así quedaron demostrados, una vez más, cuales son los métodos de la burocracia sindical que los trabajadores debemos combatir y expulsar de nuestros sindicatos. 

Un nuevo golpe contra la educación pública


El gobierno porteño, desconociendo la voluntad de los trabajadores de la educación, y sobornos, represión patoteril y policial mediante, ha asestado un nuevo golpe a la educación pública, al aprobar la eliminación de las Juntas de Clasificación docentes.

En la madrugada del pasado viernes 2 de diciembre, “entre gallos y medianoche” y entre sobornos, balas de goma y gases lacrimógenos, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó una ley que golpea profundamente a la escuela pública. Se trata de la ley que crea la Comisión de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap), formada íntegramente por miembros designados por el gobierno de turno, que anula el rol de garantes de la transparencia del ingreso y de la carrera docente de las Juntas de Clasificación, formadas por representantes docentes elegidos cada dos años (mayoría) y representantes del ministerio de educación (minoría).

Control y disciplinamiento
Con la creación de esta comisión, que comenzará a funcionar en 2013, todo lo que concierne a la designación y al ascenso de los docentes, en lugar de caracterizarse por la transparencia y la democracia que garantizaban las Juntas, se limita a las decisiones unilaterales del gobierno de turno, hoy el del Pro. Ahora, las Juntas pierden todo su poder y además de reducirse de 15 a 7, modificando su composición a favor del gobierno, se limitan a cumplir un rol de “contralor”.
Con la implementación de esta nueva legislación, el gobierno busca instrumentar el control y el disciplinamiento de los trabajadores de la educación, priorizando la selección de aquellos docentes que se ajusten a sus lineamientos políticos y castigando a los que no lo hagan. Esta ley trasciende al gobierno macrista actual, porque instaura una dependencia directa entre la designación de docentes por parte del gobierno de turno, coartando el carácter democrático de la educación pública y profundizando criterios privatizadores, tales como la selección del personal, no tanto por las aptitudes, capacidades y experiencia de los maestros, sino por la ideología. Es necesario recordar aquí que, desde que existen las Juntas de Clasificación, sólo habían sido derogadas por la dictadura militar.
Además, la promulgación de esta ley implica la modificación de 24 artículos del Estatuto Docente, que rige lo concerniente a las tareas y a los salarios. Así, no sólo la ley votada en la madrugada del viernes cambia los criterios públicos del ingreso y el ascenso en la docencia, hacia una orientación de control y disciplinamiento, sino que, además, se ha constituido en una avanzada gravísima, unilateral e inconsulta, sobre el Estatuto, una conquista esencial de los trabajadores de la educación.

Así es la democracia
Las Juntas de Clasificación fueron defendidas por la casi totalidad de los docentes porteños. Esto se puso de manifiesto en los paros masivos y en las crecientes movilizaciones de los últimos meses. Además, se evidenció en la masiva elección de Juntas en la que el 80% de los trabajadores de la educación respaldaron su permanencia.
El Estatuto del Docente, hace más de veinte años fue debatido y elaborado con la participación de todos los docentes, en jornadas institucionales en todas las escuelas. Es la bandera que nadie pone en cuestión entre los docentes. Para los maestros, el Estatuto no se toca.
Pues bien, la “Ley de Democratización, Transparencia y Modernización de las Juntas de Clasificación” que se votó es, justamente, antidemocrática y poco y nada transparente. El gobierno y los legisladores (Pro, Coalición Cívica) desconocieron las voluntades y las distintas expresiones de los docentes en lo que respecta a las Juntas de Clasificación y al Estatuto del Docente.
Primero, mandaron las patotas de Macri para garantizar la protección y el ingreso al edificio de los legisladores adictos, golpeando y amedrentando a los maestros. Las negociaciones previas a la sesión definitiva, se caracterizaron por las compras de votos con cargos para los legisladores salientes (puestos en el Banco Ciudad, entre tantos otros sobornos). Después, vino la represión directa con balas de goma y gases lacrimógenos tirados desde la legislatura y un extensivo operativo policial en las inmediaciones del edificio.
Es decir que 30 legisladores, amparados en la represión y accediendo a todo tipo de prebendas, violentaron,  “en democracia”, la voluntad y la elección de miles de trabajadores de la educación.

Así actuó la burocracia
Es claro que el reciente conflicto docente cobró alcance nacional. La solidaridad con la lucha de los trabajadores de la educación se hizo llegar desde varios puntos del país y hasta el ministro nacional, Sileoni, se manifestó diciendo que los docentes porteños no tenían necesidad de hacer paros, es decir, apoyando la iniciativa del macrismo. Sin embargo, la CTERA se caracterizó por ser la gran ausente. Así como ayer aisló a los docentes de Santa Cruz, hoy hace lo mismo con los porteños, transformándose en cómplice de esta avanzada contra la escuela pública.
La conducción del sindicato mayoritario y de mayor influencia de la ciudad, la UTE, se dedicó a contener un movimiento que, en un determinado momento del conflicto, no pudo controlar y se encauzó, fugazmente, en algunas iniciativas de autoconvocatoria o de Ademys. Entonces, la conducción de la UTE apostó a la negociación y no a la lucha, llegando al punto de proponer la reducción de la cantidad de juntas y a boicotear cualquier intento de profundización del conflicto, ya sea con la nacionalización o con la adopción de un plan de lucha concreto que implique paros escalonados, y a reducir los ámbitos de participación al no convocar a plenario de delegados durante los días clave y decisivos.
En el momento de la votación, los docentes porteños se encontraron desarmados para proseguir la lucha, ya que el inicio de la represión bastó para dispersar al grueso de la movilización y encontró desorganizados a los sectores que estaban dispuestos a resistir. Más allá del paro en repudio a la represión convocado por Ademys, no existió ningún plan de acción puntual, ninguna medida de fuerza para los días por venir.
Esta situación nos pone por delante la tarea de reorganizar las fuerzas que se expusieron en la importante lucha protagonizada por los trabajadores de la educación, de avanzar en la disputa contra la burocracia sindical y de balancear la pelea dada en las calles para dar un paso más en organización, para que las luchas por venir nos encuentren en mejores condiciones.

La burocracia sindical en Cannes


Como representantes de burocracia sindical viajaron, junto a la comitiva kirchnerista, Gerardo Martínez y Hugo Yasky.
El primero, de la CGT, es Secretario General del UOCRA. Mientras paseaba por Cannes las patotas de su sindicato atacaban en Lomas de Zamora (una vez más) salvajemente a los trabajadores de la construcción que se organizan en el SITRAIC, en oposición a su política descaradamente propatronal.
El segundo, Hugo Yasky, conduce una de las fracciones de la burocracia de CTA, y se muestra cada vez más cercano a la burocracia empresaria y asesina de la CGT, al tiempo que apoya sin condicionamientos todas y cada una de las políticas del gobierno de Cristina Fernández.
Ambos, Martínez y Yasky, acompañaron a Cristina Fernández en distintas reuniones en Francia (ver foto). Ambos, son representantes de la podrida burocracia sindical que debemos combatir y expulsar de todos nuestros sindicatos.

Conflicto docente en la ciudad


Una importante experiencia de organización y lucha en defensa del estatuto

Los docentes porteños vienen protagonizando una importante lucha en defensa del estatuto, que ya lleva más de un mes. El gobierno de Macri, con aval del kirchnerismo, pretende eliminar las Juntas de Clasificación y de Disciplina con todo lo que eso implica: reforma unilateral del estatuto, y el fin del acceso público y transparente a la carrera docente, entre otras cosas.

Los docentes porteños están siendo los actores centrales de un conflicto que ya está cobrando trascendencia nacional. La consigna central es la defensa incondicional del estatuto y el rechazo al proyecto de ley presentado por el macrismo que pretende eliminar las Juntas de Clasificación y de Disciplina. El pasado 3 de noviembre, la inmensa mayoría del magisterio porteño se ha manifestado a favor de la defensa del estatuto, yendo a votar en las elecciones de juntas. Paralelamente, se han realizado varios paros que se caracterizaron por su masividad y por la movilización a la legislatura de la ciudad. Es decir, los trabajadores de la educación de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en pie de lucha contra la avanzada gubernamental.

Una lucha que se gesta desde abajo
La avanzada oficial movilizó a la gran mayoría de los docentes, que diariamente muestran su voluntad de lucha. En cada escuela, en cada distrito, en cada plenario o asamblea, esta voluntad se pone de manifiesto. Esta iniciativa desde las bases le ha impuesto, a su manera y con sus ritmos, la convocatoria a diversas medidas de fuerza a todas las conducciones sindicales, desde la UTE, hasta Ademys, pasando por todos los sindicatos macristas. Si la lucha se mantiene, no es por la determinación de las conducciones sindicales, sino por la voluntad de las bases.
Un rasgo distintivo de este proceso es la experiencia de organización que se va acumulando, debido a la incansable tarea militante de los activistas antiburocráticos. Las asambleas y las actividades en cada escuela se suceden casi a diario; las reuniones y la coordinación distrital ha dado lugar a importantes ámbitos de organización y lucha; el activismo da pelea en cada plenario y en cada asamblea sindical para avanzar con las medidas, y se ha logrado consagrar a la asamblea general de todos los trabajadores de la educación como órgano de debate y resolución en el lugar mismo en el que se desarrolla la lucha, es decir, en las puertas de la legislatura porteña. Este proceso se ha constituido en una experiencia y en una enseñanza valiosísima para el conjunto de la docencia y del activismo sindical.
La última asamblea multitudinaria, realizada en el marco del paro y la movilización del 4 de noviembre que logró frenar momentáneamente el proyecto, ha resuelto el paro y la movilización toda vez que se intente tratar el proyecto de ley en la legislatura. Es decir, mientras persista la iniciativa gubernamental de avanzar sobre el estatuto, los docentes mantendrán su resistencia, sobre la base de la organización y la lucha que vienen desarrollando.

El rol de la burocracia sindical
Un actor de peso en este conflicto es la conducción del sindicato mayoritario, que es la UTE, dirigida por la burocracia sindical de la kirchnerista lista Celeste, comandada por Eduardo López. Mientras el gobierno de Macri apuesta al desgaste y al agotamiento de la fuerza de la docencia, prolongando el conflicto y recurriendo a los descuentos de los días de paro, la burocracia sindical, apuesta a la desmovilización y a la negociación con el gobierno. Hasta ahora, las bases docentes, Ademys y la asamblea general, en diferentes momentos, han obligado a la directiva de la UTE a impulsar el paro, cambiando sobre la marcha su plan de acción, para no quedar al margen del conflicto y perder su hegemonía. Es decir, que las bases están desbordando a la burocracia sindical, aunque ésta se mantenga, aún, al frente del conflicto y de un movimiento que está dejando de controlar.
La CTERA es la gran ausente de este conflicto. Su silencio es cómplice de la jugada gubernamental y, con su aislamiento de la lucha, se está transformando en responsable de este golpe que se prepara contra la educación pública, que se viene a sumar a la responsabilidad y al aislamiento al que sometió a los docentes de Santa Cruz.
La burocracia docente se esta erigiendo, nuevamente, en un freno y en un dique de contención de la lucha de los trabajadores de la educación. Por eso, proseguir el camino de organización y de lucha independiente, es la única alternativa para defender este nuevo ataque sobre la educación pública.

Kraft: Se reafirma la Comisión Interna antiburocrática


En Kraft, una fábrica emblemática para la clase obrera por sus dimensiones y por la lucha que desarrolló hace dos años, se reafirmó la dirección antiburocrática, que ya forma parte de un amplio contingente de Seccionales, Cuerpos de Delegados y Juntas Internas antiburocráticas.

En las pasadas elecciones de Kraft se impuso la Lista 2, de la actual interna antiburocrática, sobre la Lista 1, de la vieja interna, que contó con el apoyo de la burocracia verde de Daer. La elección arrojó 820 votos, contra 650.
El hecho de que los obreros de la alimentación de una fábrica que concentra más de dos mil trabajadores hayan ratificado a su Comisión Interna antiburocrática es un hecho político de suma trascendencia. También es profundamente significativo que la burocracia verde de Daer no haya podido presentarse y se haya tenido que limitar a combatir a la actual interna antiburocrática, apoyando a la lista más conciliadora. La conquista de esta interna hace dos años coronó un proceso de organización y lucha que se desarrolló a calor de uno de los conflictos más importantes que ha protagonizado la clase obrera en los últimos años: la lucha por la reincorporación de los despedidos, que se erigió en una causa de toda la clase trabajadora, que enfrentó conjuntamente al gobierno y sus trabas desde el ministerio de trabajo y su represión policial, a la burocracia sindical cegetista, al empresariado imperialista de la multinacional, y a la embajada norteamericana. Por eso, el triunfo de la lista antiburocrática es realmente valioso para el conjunto de la clase trabajadora.
Estas elecciones en Kraft reafirman una tendencia que se está desarrollando en un importante sector del activismo sindical. Es decir, la organización y la lucha por la recuperación sindical. Recientemente, los trabajadores del Garrahan ratificaron a su Comisión Interna también antiburocrática; lo mismo hicieron los choferes de la Línea 60 con su Cuerpo de Delegados, y los estatales de ATE Sur. Asimismo, son muchos los Cuerpos de Delegados y las Comisiones Internas que enfrentan a la burocracia sindical. Tenemos organismos independientes en los FFCC Sarmiento y Belgrano Norte, en el SUTEBA de Escobar, en Pepsico, en AGD UBA, en Fate, en el Teatro Colón, por nombrar solamente algunas experiencias.
La reciente elección en Kraft da un nuevo impulso a la experiencia antiburocrática que está llevando adelante en una importante parte de la clase trabajadora, que deberá aunar esfuerzos para avanzar en la consolidación de un movimiento sindical clasista en Argentina, que avance coordinadamente en la lucha contra el gobierno, la patronal y la burocracia sindical. 

Represión y persecución contra el activismo independiente


En las últimas semanas, se ha puesto de manifiesto, con una claridad categórica, que el empresariado, el gobierno, y la burocracia sindical profundizan su hostigamiento sobre las distintas expresiones del activismo sindical independiente, para infundir temor y disciplinar a la clase trabajadora, y descabezar a las organizaciones sindicales antiburocráticas.

Se profundiza la persecución
La clase trabajadora viene protagonizando, un proceso de recomposición y viene retomando la iniciativa en la lucha contra las patronales. Parte de esa pelea, incluye, ahora más que nunca, la necesaria organización y lucha contra la persecución y la represión sindical.
Cada vez queda más claro que no estamos frente a ataques aislados, sino a una avanzada sistemática sobre los sectores de la clase trabajadora organizada con independencia de la burocracia sindical. Con esta avanzada, pretenden ponerle un freno al nuevo activismo sindical que sale a la lucha, con el objetivo de mantener atemorizado e inactivo al conjunto de la clase trabajadora.
El empresariado, el gobierno y la burocracia sindical, esta “triple alianza” antiobrera, viene implementando todas la metodologías que están a su alcance para golpear a los trabajadores. Desde los despidos preventivos para coartar cualquier intento de organización independiente, hasta el encarcelamiento directo de los delegados.
Estamos atravesando, por lo tanto, una coyuntura marcada profundamente por la persecución y la represión al movimiento sindical independiente.
El delegado petrolero, Oñate, y el compañero del SITRAIC, Olivera, siguen presos, justamente por organizar y protagonizar la lucha. También fueron detenidos y estuvieron presos por su actividad sindical los ferroviarios Sobrero, Hospital y Merino. En cada movilización reprimida, muchos compañeros también padecen detenciones, como ocurrió recientemente con los ferroviarios del Belgrano Norte o, más atrás, con los docentes santacruceños.
La represión y la acción de las patotas sindicales ya se cobraron la vida de Mariano Ferreyra. Recientemente, se ha producido en Lomas de Zamora un nuevo ataque de la patota de la UOCRA contra los trabajadores organizados en el SITRAIC y han atacado a los compañeros de la Línea 60, Marcolín y Farella. Así como, cotidianamente, las patotas intentan amedrentar a los trabajadores en sus lugares de trabajo.
Los despidos selectivos también se erigen como un arma crucial. Ya ocurrió en contaduría del gobierno de la ciudad, en el Frigorífico Rioplatense, en Kraft... Sin dudas, el caso más resonante, por su masividad y contundencia política, ha sido la iniciativa de despedir a toda la Junta Interna del Teatro Colón.
La intervención judicial bajo todas sus formas también se ha consagrado como un arma más que esgrimen contra el activismo sindical independiente. Los juicios de desafuero, penales, las causas, los procesamientos, los embargos, son incontables. En la actualidad, permanecen enfrentando estos ataques compañeros de Kraft, Pepsico, Teatro Colón, Hospital Garrahan, Fate, Ademys, Frigorífico Rioplatense, Paty, FFCC, Línea 60, Donelley, Disco, Jumbo, entre otros tantos.
El caso de Kraft pretende ser ejemplificador, ya que no sólo mantienen judicializados a los referentes de la ex Comisión Interna, como Bogado, y a los de la actual, como Hermosilla, sino que la persecución se extiende contra los que se solidarizaron con esa lucha, como los referentes estudiantiles y los dirigentes políticos procesados.
Este cuadro de situación le impone a todo el activismo sindical antiburocrático ponerse al frente de la organización y la lucha contra la persecución sindical y la represión del poder judicial, la policía y las patotas.

Un paso adelante en la organización contra la persecución
La persecución y la represión se descargan sobre el activismo independiente que enfrenta a la burocracia en cada sindicato. Esta avanzada capitalista no diferencia gremios ni filiación política. Recae sobre el conjunto del activismo sindical, dirigido por las distintas organizaciones políticas de la izquierda argentina. Esta avanzada requiere, más que nunca, una respuesta unitaria y amplia, pero que no diluya el contenido de clase de esta lucha.
Sobre la base de la creciente represión sobre el activismo sindical, y por iniciativa de los compañeros de la Línea 60, se conformó, en el Hotel Bauen, un encuentro para organizar la lucha contra la persecución sindical. El 31 de octubre se llevó adelante la segunda reunión con la presencia de más de doscientos trabajadores. La característica central fue la participación de una buena parte de los sectores independientes y antiburocráticos (miembros de Seccionales, Cuerpos de Delegados y Juntas Internas). Además, participaron agrupaciones sindicales, antirrepresivas y organizaciones políticas de izquierda. Este encuentro pone de manifiesto, por un lado la imperiosa necesidad de avanzar en la organización y la coordinación para enfrentar los ataques de los capitalistas. También se constituye en una nueva, y valiosa oportunidad, para poner en pie un movimiento sindical independiente basado en la unidad de acción contra la persecución y la represión que se viene descargando sobre la clase trabajadora.
En esta reunión  se resolvió oportunamente conformar una comisión de coordinación que llevará adelante las tareas acordadas, y comenzar una campaña que tiene como norte una movilización para el 23 de noviembre de Congreso a Plaza de Mayo planteando:
No a la criminalización de la protesta social.
Libertad a Oñate, Olivera, Tapia, Claros y Germano, así como a todos los presos por luchar.
Desprocesamiento de los 5.000 luchadores obreros y populares.
Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan.

Criminalización y patotas


Sobre los trabajadores organizados se abate todo el peso de la represión estatal, utilizando para ello todo su arsenal, con preeminencia de dos modalidades especialmente útiles, porque permiten al gobierno simular que no es de su seno que surgen los ataques.
Por una parte, son crecientes y cada vez más graves los hechos en los que grupos de choque paraestatales, es decir, patotas, generalmente dirigidas por la burocracia sindical, agreden de forma directa a los trabajadores o sus familias. El uso de la patota, tan útil para desligar la responsabilidad del gobierno, no elimina por completo la intervención directa de las fuerzas represivas.
Por la otra, avanza meteóricamente la persecución judicial, con la promoción de infinidad de causas penales ante cualquier medida de lucha. Solamente en la zona norte, por poner un ejemplo, más de un centenar de trabajadores y militantes de organizaciones políticas que apoyan sus reclamos, han sido indagados y procesados por movilizaciones y cortes de la Panamericana. Los juzgados federales de San Isidro, San Martín y Tres de Febrero, y las fiscalías ordinarias de Pacheco, albergan una treintena de causas idénticas, en su armado y objetivos, a las que se apilan en la zona sur, como ocurre en el juzgado federal de Quilmes, “especializado” en perseguir trabajadores ferroviarios. En todas ellas, jueces y fiscales se apoyan en el testimonio de las patronales, de gendarmes y policías, y en tareas de inteligencia destinadas a identificar a los referentes de las luchas, para producir acusaciones que van desde los clásicos, como el “entorpecimiento del tránsito vehicular” o la “interrupción del servicio de transporte ferroviario”, hasta figuras como “extorsión” o “amenaza coactiva”. El uso de tipos penales como la “turbación de la posesión” para castigar la toma de una fábrica, o la “afectación maliciosa del normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios” para criminalizar una huelga con movilización, son buen ejemplo del objetivo de esas persecuciones.
La proliferación de ataques, directos, “tercerizados” o disfrazados de “administración de justicia”, ponen en evidencia de qué manera reaccionan los gobiernos cuando la organización de los trabajadores avanza y los conflictos se multiplican, y exigen, en todavía mayor medida, que redoblemos los esfuerzos para defender a cada represaliado por luchar y al conjunto de la clase trabajadora.

Editorial: Los planes del kirchnerismo y la persecución a los delegados y al activismo antiburocrático


Suenan cada vez más fuerte los planes del gobierno kirchnerista para después de las elecciones en materia de salarios y tarifas. Por un lado, desde el gobierno se está instalando la idea, retomada y amplificada por las cámaras empresarias, de su voluntad de fijar, para 2012, techos salariales considerablemente más bajos que el promedio de los últimos años, con porcentajes que irían entre un 10% y un 20%. Por otra parte, el kirchnerismo avanzaría de forma más generalizada en avalar el aumento de tarifas de los servicios públicos. Dos medidas que, combinadas, represarían, sin dudas, un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores.
Así, en sus discursos Cristina Fernández ha salido nuevamente a pedir “moderación” y “racionalidad” a la hora de pensar en las próximas negociaciones paritarias. Y así lo ha repetido también uno de sus más férreos defensores en los últimos tiempos, el líder empresario José De Mendiguren. “Si no se pacta un marco a la puja distributiva, esto termina mal (…) Un marco de referencia en el que con racionalidad y dependiendo de las realidades de cada sector se llegue a acuerdos sensatos que no ahuyenten la inversión”, explicó el presidente de la UIA actuando como vocero de las patronales y de los planes del kirchnerismo. Como siempre, quienes han ganado millones y millones en los últimos años, piden “racionalidad” y “moderación” a quienes hemos debido padecer las condiciones de híperexplotación de un trabajo en “negro”, la flexibilización laboral o los salarios de pobreza que, muchas veces, apenas si alcanzan para subsistir.
Cuentan, como es sabido, para la aplicación de sus planes proempresarios, con la colaboración de la burocracia sindical que, como sucedió en el último acuerdo del salario mínimo, jura que no aceptará techos y que defenderá los intereses de los trabajadores, para después sentarse y negociar a pedir de las patronales.
Por otra parte, en sintonía con estos planes y con el carácter proempresario y antiobrero que ha caracterizado siempre al kirchnerismo, se profundiza la persecución y el ataque a los delegados y comisiones internas independientes. Cada vez con más frecuencia se suceden los juicios de desafuero, las causas penales, los aprietes e intimidaciones de las patotas y la patronal, y los despidos, contra el activismo sindical antiburocrático. Son algunas de las prácticas y herramientas que el gobierno avala e impulsa para intentar derrotar a las experiencias más avanzadas de organización sindical del momento.
Y en este marco de persecución y hostigamiento es en el que se ha dado, el viernes 30 de septiembre, la detención del Rubén “Pollo” Sobrero, delegado y referente de la oposición a la burocracia de Pedraza en la UF, junto con otros compañeros de la lista Bordo de la línea Sarmiento. Hecho de por sí gravísimo, que ha sido avalado por el propio Aníbal Fernández, y que representa un golpe contra el conjunto de los trabajadores y, fundamentalmente, contra las comisiones internas, los delegados y las agrupaciones antiburocráticas.
La avanzada represiva de las patronales y el gobierno contra los trabajadores en lucha y las experiencias antiburocráticas también se hace presente en la línea 60, donde los choferes vienen dando en el último tiempo un importante ejemplo sobre cual es rumbo que debemos tomar los trabajadores para enfrentar a las patronales y a la burocracia. Allí, cotidianamente, deben enfrentar a las patotas de la empresa y la burocracia de la UTA, compuestas por decenas de matones armados.
Y no podemos olvidar, tampoco, que este mes se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreyra, fusilado por las patotas de la Unión Ferroviaria, en el marco de la lucha de los trabajadores del ferrocarril por el pase a planta permanente. Todos hechos que marcan claramente la avanzada impulsada de conjunto desde el gobierno, la burocracia y la patronal para enfrentar y perseguir a las comisiones internas y los cuerpos de delegados antiburocráticos y a los trabajadores que se organizan y emprenden el camino de la lucha.
En este marco, se plantea como una tarea fundamental para toda la clase obrera la unidad en torno a la defensa de los cuerpos de delegados y comisiones internas independientes y antiburocráticas.
Organizarnos desde las bases para avanzar en la conquista de nuevas comisiones internas y cuerpos de delegados, y extender la solidaridad y la coordinación para poder enfrentar con fuerza la persecución al activismo independiente y antiburocrático, defendiendo firmemente a los cuerpos de delegados e internas que ya han sido recuperados,  representa, sin dudas, una de las tareas centrales de la hora para la clase trabajadora.

La lucha de los trabajadores de la 60


Ante los constantes atropellos de la empresa Dota, que arremete contra los trabajadores con la complicidad de la burocracia de la UTA y el gobierno kirchnerista, los choferes de la línea 60 se organizan y pelean para enfrentar los ataques de la patronal, dando un importante ejemplo de lucha al conjunto de la clase trabajadora.

Desde que se hizo cargo de la línea 60, la empresa Dota viene atacando permanentemente a los choferes, buscando avanzar sobre las condiciones de trabajo y, fundamentalmente, haciendo todo lo posible para quebrar la organización independiente de los trabajadores y su cuerpo de delegados. Los conflictos entre los trabajadores y la empresa, por lo tanto, no son nuevos.
Entre la larga lista de reivindicaciones levantadas por los trabajadores están el pago de salarios adeudados, ya que la empresa viene liquidando los sueldos mal sistemáticamente; el reconocimiento del cuerpo de delegados, que se impuso en las últimas elecciones de forma contundente frente a la lista de la burocracia de Roberto Fernández; la defensa de sus condiciones de trabajo, que la patronal intenta vulnerar permanentemente, modificando francos y tiempos de descanso; el cese de los aprietes y la persecución que imponen la empresa y la burocracia a través de las patotas contratas por Dota, que incluyen a mas de 100 matones armados, cuya única tarea en la empresa es intimidar y enfrentar a los choferes, aprovechando los momentos en los que se encuentran solos en las cabeceras; etc.
En este marco, en el cual los trabajadores comenzaban a preparar medidas progresivas para avanzar con la defensa de su salario, de sus condiciones de trabajo y de su cuerpo de delegados, el conflicto estalló nuevamente ante otra provocación de la empresa, con el ataque al delegado Néstor Marcolín, con el incendio de su auto, en las puertas de su casa.

La asamblea y el paro, los métodos de los trabajadores
Para enfrentar este nuevo ataque de la empresa los trabajadores se organizaron en asamblea y convocaron a un nuevo paro hasta lograr que se garantice el cumplimiento de todas sus reivindicaciones.
Fueron cinco días de lucha, con la paralización total de la línea, con la permanencia de los trabajadores en las cabeceras de Constitución y Maschwitz, y con cortes en la Panamericana y el Puente Pueyrredón.
Una lucha en la cual los trabajadores debieron organizarse para enfrentar a las patotas de la burocracia y la patronal que atacaron en distintas oportunidades buscando quebrar el conflicto. Lejos de sentirse intimidados los trabajadores se organizaron y enfrentaron valientemente a las patotas.
También fue importante la solidaridad de otras comisiones internas, cuerpos de delegados, agrupaciones antiburocráticas y organizaciones políticas que colaboraron con la difusión del conflicto, la participación en las medidas de lucha y aportaron con el fondo de huelga.
Por su parte, el ministerio de Trabajo encabezado por Carlos Tomada, como es su costumbre, jugó para la patronal, dictando la conciliación obligatoria (no acatada por los trabajadores) y apostando al desgaste del conflicto.
Finalmente, los trabajadores se alzaron nuevamente con un triunfo dado que la empresa debió ceder, comprometiéndose a cumplir con sus reivindicaciones.
Sin embargo, ya han comenzado a surgir nuevos aprietes de la patotas y provocaciones de la empresa (por ejemplo, intentando fijar los horarios de “ida y vuelta”), por lo que los trabajadores se mantienen en estado de alerta y ya han debido convocar a nuevas medidas, como interrupciones temporales del servicio.

El ejemplo de la organización y la lucha antipatronal y antiburocrática
La organización y la lucha de los trabajadores de la 60 representan un ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora.
Esto se debe, por un lado, a la conciencia que tienen sus trabajadores sobre la necesidad de enfrentar de forma unitaria a la patronal, que los ataca permanentemente. Se debe, también, al haber conquistado un cuerpo de delegados independiente y combativo que enfrenta a la burocracia de la UTA. A sostener siempre la asamblea de base como instancia democrática de discusión y decisión para el conjunto de los trabajadores de la línea. Y se debe por último a la decisión y la combatividad con la cual los choferes de la 60 enfrentan a las patotas de la empresa y se plantan a la hora de luchar por la defensa de sus derechos y sus condiciones de trabajo.
Por todo esto, sin dudas, los trabajadores de la línea 60, con su organización independiente y su práctica de lucha, representan un ejemplo a seguir para toda la clase trabajadora. 

Los docentes, en lucha en defensa del estatuto


El gobierno porteño ha desatado un paquete de medidas que atacan directamente la educación pública. El nuevo sistema punitivo de evaluación docente y los proyectos de ley que crean el cargo “maestro de maestros”, designado por decreto, y derogan parte del estatuto del docente, eliminando las juntas de clasificación, pretenden avanzar en el gerenciamiento educativo. Esta avanzada contra las condiciones laborales de los trabajadores de la educación tiene una magnitud pocas veces vista.
Tal situación ha despertado un rechazo generalizado en la docencia porteña, que se manifestará en el paro y la movilización del 4 de octubre, convocado por todos los sindicatos docentes.
El golpe macrista es tan violento, que ha obligado a la burocracia sindical de la UTE a convocar a un plenario de delegados para impulsar una medida de fuerza. Algo insólito. Esta burocracia que no ha hecho nada cuando reprimieron a los maestros de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires y entrega el salario todos los años, entra en acción, ahora, porque el gobierno toca directamente sus cargos en las juntas de clasificación y de disciplina. La organización y el desarrollo de esta pelea no puede quedar en manos de las conducciones burocráticas, que ponen una y mil trabas al inicio de un plan de lucha, única forma de detener estos planes. Para darle continuidad a esta batalla y no perder una conquista tan importante como el estatuto docente, el activismo antiburocrático debe tomar la iniciativa y aunar esfuerzos para movilizar a la docencia y enfrentar, en unidad, la burocracia sindical, que no está dispuesta a ir a fondo en esta importante lucha.
La defensa incondicional del estatuto del docente es el eje de la lucha de los trabajadores de la educación, para ponerle freno a esta avanzada gubernamental.

Unidad contra la persecución sindical


El encarcelamiento del “Pollo” Sobrero y otros dirigentes opositores del FFCC Sarmiento y el hostigamiento de la patota de la UTA y la patronal contra los trabajadores y delegados de la línea 60, son parte de una escalada represiva contra el activismo independiente y antiburocrático. Extendamos la solidaridad del movimiento obrero y popular contra esta ofensiva del gobierno, las patronales y la burocracia sindical.

La persecución sindical al activismo antiburocrático viene profundizándose aceleradamente.
Ante el protagonismo que viene ocupando la lucha de los trabajadores y el emergente de un nuevo activismo sindical independiente, la respuesta conjunta del gobierno, las patronales y la burocracia sindical es una sola: la persecución y la represión. Constantemente se suceden despidos masivos que tienen como fin deshacerse de potenciales activistas hacía el interior de cada lugar de trabajo. El inicio de causas judiciales contra los delegados antiburocráticos se ha transformado en moneda corriente, con el objetivo de infundir temor entre los trabajadores y desarticular la organización sindical de base, como ocurre en Kraft, en Fate, en el Garrahan, entre otros tantos lugares. Los aprietes y la represión patoteril, como padecieron los delegados de la 60 o, más atrás, los ferroviarios del Roca, la intervención policial, como la que se descargó contra los docentes de Santa Cruz, y las detenciones… son recursos sistemáticos para intentar disciplinar al movimiento antiburocrático de la clase trabajadora.
En este contexto, la detención de Rubén “Pollo” Sobrero y otros cuatro activistas sindicales, al cierre de esta edición, es una afrenta abierta a toda la militancia sindical antiburocrática. Bajo la acusación de “estrago doloso”, “interrupción de las comunicaciones por tierra” y “asociación ilícita”, el gobierno arremete contra uno de los referentes de la lucha contra la burocracia asesina de la verde de Pedraza en el ferrocarril Sarmiento. En un operativo a cargo de la división de delitos federales de la policía, con personal no identificado, se detuvo al dirigente ferroviario, al tiempo que allanaban su vivienda. Rápidamente, el gobierno, en boca de Aníbal Fernández, dio aval oficial, por si hacia falta, al encarcelamiento de los compañeros asegurando que “en el expediente judicial hay elementos más que suficientes para detener por asociación ilícita” y agregando que desde el ejecutivo se habían aportado “pruebas”.  
Ante este hecho, los trabajadores decidieron un paro de actividades durante el día viernes (si bien el servicio fue garantizado por personal jerárquico), concentraciones y la convocatoria a una movilización para el día lunes 3 de octubre.
El encarcelamiento de dirigentes y activistas sindicales no es una novedad bajo el gobierno kirchnerista. Al día de hoy, además de Sobrero y los compañeros de la Bordo, continúan detenidos los petroleros de Las Heras, Oñate y Acosta, y Olivera, del Sitraic. Hace algún tiempo fueron detenidos otros militantes antiburocráticos, como Hospital y Merino del ferrocarril Roca y varios docentes santacruceños en plena lucha.
Este panorama es claramente demostrativo de la política de los capitalistas, apoyándose en el gobierno y en la burocracia sindical, de persecución y represión hacia el conjunto de la clase trabajadora, particularmente sobre su vanguardia.
Es evidente que para enfrentar estos ataques es necesaria la mayor unidad posible de los agrupamientos antiburocráticos, dejando a un lado las especulaciones oportunistas. Existen instancias de coordinación para organizar y encarar la lucha contra la persecución sindical, que es necesario profundizar y extender.
La detención de Sobrero y de los activistas de la Sarmiento no es un hecho aislado, es parte de un plan sistemático que recae sobre el activismo sindical antiburocrático y sobre toda la clase trabajadora. Por lo tanto, esta avanzada represiva requiere de una respuesta unitaria y contundente de todo el movimiento sindical antiburocrático. Es la lucha que hay que organizar.

Fate: Contra el plebiscito y el acuerdo de Wasiejko


Nuevamente, la burocracia sindical del SUTNA-CTA, la violeta comandada por Pedro Wasiejko, entrega el salario de los obreros del neumático acordando un insuficiente aumento salarial. La metodología implementada vuelve a ser el plebiscito, presentado como el método más democrático. Sin embargo, los obreros de Fate dieron un verdadero ejemplo de democracia sindical, a través de una asamblea en la que participaron unos 500 trabajadores. En asamblea, el método más democrático para la discusión y la resolución de la clase trabajadora, los obreros votaron el rechazo al acuerdo salarial impulsado por la empresa y la burocracia y el rechazo, también, del plebiscito para sustituir las decisiones adoptadas en asamblea.
Sin embargo, las presiones de la empresa, de la burocracia y, lamentablemente, de una parte de la Seccional San Fernando impusieron la realización del plebiscito en la fábrica. Es decir, se avasalló y se desconoció la decisión de la asamblea. Los resultados del plebiscito de Wasiejko pusieron en evidencia la negativa de la mayoría de los obreros a la propuesta patronal y la disposición a luchar por un aumento salarial superador al propuesto. En Fate, se impuso el NO, a lo que debe sumarse un importante nivel de abstención. Frente a esto, la aceptación de la propuesta fue minoritaria. El rechazo también se manifestó en Firestone, donde el SI cosechó unos 505 votos, mientras que el NO y la abstención sumados superaron esa cifra con 165 y 390 votos, respectivamente. En Pirelli, en cambio, donde la burocracia control todo, fueron 622 votos por la aceptación y 187, por el rechazo.
Wasiejko ya firmó el acuerdo para Firestone y Pirelli y está dispuesto a rubricarlo en Fate, argumentando que su propuesta ganó en todo el gremio. Pero es la empresa la que ahora quiere ir por todo y presionar sobre un sector de la Seccional San Fernando y el Cuerpo de Delegados para que traicionen el mandato de la asamblea e, incluso, el resultado del plebiscito.
Ante este escenario, solamente la asamblea obrera y la disposición a organizar la lucha en unidad pueden ponerle un freno a la entrega de la burocracia, a la prepotencia patronal y conquistar las reivindicaciones de los obreros de Fate.

Salario de pobreza y fiesta patronal


Las cámaras patronales, la burocracia sindical de la CGT y la CTA, y el gobierno kirchnerista se reunieron para fijar un nuevo salario mínimo, que, otra vez, será insuficiente para cubrir las necesidades de las familias trabajadoras. Mientras tanto, los empresarios siguen de fiesta en fiesta, brindando por los negocios que les garantiza el gobierno de Cristina Fernández.

El viernes 26 de agosto se reunió el Consejo del Salario, dónde se encuentran funcionarios del gobierno, con las cúpulas de la burocracia sindical y las cámaras patronales, para actualizar el salario mínimo.
De entrada, la burocracia de la CGT y la fracción de la CTA conducida por Yasky, habían acordado exigir un aumento del 41%, para llevar el mínimo de $1.840 a $2.600. Muy similar a la posición de la burocracia de Micheli (que se lamentó de no haber podido ingresar a la reunión) que pedía $2.640.
Las cámaras patronales, por su parte, siempre interesadas en mantener los salarios lo más deprimidos posible, ofrecían un miserable incremento del 18%.
Más allá de las diferencias que se presentaban de antemano, unas pocas horas de negociación fueron suficientes para que patrones y burócratas, junto con los ministros kirchneristas, alcanzaran un acuerdo. El porcentaje final, bastante más cercano a la propuesta patronal que a la del dúo Moyano-Yasky, fue 25%, lo que dejará el salario mínimo en $2.300.
Como viene sucediendo año tras año, el acuerdo fue celebrado por todas las partes. Gobierno, patrones y burócratas se mostraron conformes. El vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja destacó que “primó el camino de lo posible”, mientras que Yasky festejó que “se logró un importante avance para seguir sosteniendo la reactivación económica”. Al cierre de la negociación, Cristina Fernández felicitó a los empresarios y a los jefes de la burocracia sindical y aprovechó para hacer campaña. “Los dirigentes han estado a la altura de lo que la sociedad espera de ellos (…) Es el mejor salario mínimo de América Latina, el de mejor poder adquisitivo”, dijo.
No dijo, en cambio, que el salario mínimo sigue estando muy lejos de alcanzar para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Tan lejos queda que, una vez más, el acuerdo contempla la posibilidad de que una familia, aún con dos de sus miembros trabajando “en blanco” no alcance ni sumando ambos salarios a cubrir el valor de la canasta familiar, que supera los $5.500.   
No dijo tampoco, que queda afuera del acuerdo la enorme cantidad de trabajadores “en negro”(1), que según las propias estadísticas oficiales supera el 30% y que, en muchos casos, continuarán cobrando salarios menores al mínimo, a cambio de interminables jornadas de trabajo.
El acuerdo establece, en definitiva, un nuevo salario mínimo de pobreza, firmado a pedir de las patronales y que queda lejos de servir para resolver las necesidades del pueblo trabajador. 

La fiesta patronal
El jueves 1 de septiembre, algunos días después del Consejo del Salario, patrones, funcionarios estatales y burócratas sindicales volvieron a encontrarse en los festejos por el “Día de la Industria”. En las 160 mesas de la cena de lujo organizada por la UIA se juntaron líderes empresarios como Biolcati (Sociedad Rural), Jaime Campos (AEA), Carlos Wagner (Construcción), Víctor Klima (Volkswagen), Rattazzi (Fiat), Madanes (Aluar y Fate), Eurnekian (Aeropuertos), con gobernadores y ministros como Boudou, Aníbal Fernández, De Vido, Randazzo, Tomada, Gioja, Capitanich, Urtubey y Schiaretti, el presidente de la corte suprema Ricardo Lorenzetti, jefes de la burocracia cegetista como Moyano y Piumato, dirigentes de la oposición patronal como Binner y Bonfatti, y la presidenta Cristina Fernández.
“Hace una década era muy difícil imaginar un tiempo como el actual”, fueron las palabras de agradecimiento hacia el kirchnerismo del titular de la UIA, De Mendiguren, que sintetizaron el pensamiento de buena parte de los empresarios presentes. Posteriormente, tomaron la palabra en el acto patronal, Cristina Fernández y Moyano, quienes también se cruzaron elogios.
El optimismo patronal, que se viene expresando en los últimos años, está basado en las excelentes ganancias obtenidas durante la gestión kirchnerista. Ganancias que, desde luego, han obtenido sobre explotación de la clase trabajadora, amparados en las ventajas ofrecidas por el gobierno y sus aliados de la burocracia sindical. Los bajos salarios, el trabajo “en negro”, la tercerización, la contratación por agencia, las facilidades para despedir o suspender trabajadores, los subsidios por cientos de millones de pesos a distintas empresas, el aval para perseguir y reprimir al activismo obrero independiente, son algunos de los puntos de la larga lista de políticas propatronales del kirchnerismo.
La fiesta patronal, que se sostiene sobre las espaldas de la clase trabajadora, y de la que son parte los funcionarios de estado y la burocracia sindical, desborda de optimismo por estos días. Y no es para menos, cuando son ellos, los patrones, los verdaderos ganadores del “modelo” kirchnerista.

…
NOTAS:
1) El Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA, que dirige el economista Claudio Lozano (aliado de Micheli en la interna burocrática de la Central y parte del frente patronal que comandan Binner, Juez y Stolbizer), estima que la canasta familiar (cuatro personas), para la región metropolitana de Buenos Aires, supera los $5.500. Por otra parte, señala que el trabajo en negro a nivel nacional se alza por encima del 40%.

Elecciones en el Roca y en ATE: El rol de la oposición antiburocrática


Después de las elecciones en el Roca y en ATE, la oposición antiburocrática debe avanzar en la coordinación y en la unidad desde abajo para desarrollar la lucha contra las patronales, el gobierno y la burocracia sindical.

Durante el mes pasado, se llevaron adelante dos elecciones sindicales de trascendencia para la clase trabajadora. Las elecciones en el ferrocarril Roca y en la Asociación de Trabajadores del Estado.
Tanto los trabajadores ferroviarios como los estatales vienen protagonizando procesos de reorganización antiburocrática y de lucha. Y esto constituye una base fundamental para lanzarse a la pelea por la recuperación sindical.
Los trabajadores del ferrocarril vienen de desarrollar la dura batalla por el pase a planta permanente de los tercerizados, en la que debieron resistir los despidos de la empresa, las dilaciones del ministerio de Trabajo y la represión de la patota sindical, con complicidad policial, que culminó en el asesinato de Mariano Ferreyra.
Los trabajadores del estado vienen de la lucha del Teatro Colón y de ministerio de Trabajo y de un proceso de organización antiburocrático que logró reunir a una importante cantidad de activistas en el Plenario de Seccionales, Juntas Internas, Delegados y Congresales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Sobre este piso de organización y lucha, los activistas antiburocráticos lograron conformar una única lista de oposición en cada sector. Esto constituye, sin dudas, uno de los elementos más positivos de ambos procesos.

Elecciones en el Roca
En el ferrocarril Roca, se elegía el Cuerpo de Delegados. Como toda dirección burocrática, la Verde del asesino Pedraza no permite la representación de las minorías en las instancias de conducción. Así, los trabajadores debían elegir un Cuerpo de Delegado de más de cien miembros, todos, de la lista ganadora, vedando la voz y el voto de las minorías en este ámbito gremial.
Aún así, la participación del activismo antiburocrático, alertó a la dirección Verde que se movió como nunca para retener la conducción. Esta situación, demostrativa del clima de conmoción política que atraviesa el ferrocarril, derivó en una inusual participación que alcanzó al 90% del padrón.
En estas elecciones, la burocracia de la Verde, apoyada directamente por el ministerio de Trabajo, se impuso con el 59% de los votos (unos 2.570), y los supervisores y kirchneristas de la Azul y Blanca, obtuvieron un 16,5% (710 votos). Por su parte la lista antiburocrática Gris-Bordó cosechó el 24,5% (unos 1.070), lo que significa un notorio avance en la intervención del activismo antiburocrático en el Roca y plantea la necesidad y posibilidad de ampliar el desarrollo militante para lograr disputar la dirección.
Para sostenerse en la conducción, pese a su desprestigio, la Verde se basó en el clientelismo, la devolución de favores, las promesas de privilegios personales, sus vínculos con la empresa y un sinnúmero de maniobras. Contó, además, con el acuerdo tácito de sus ex socios de la Azul y Blanca, que se posicionó como “opositora”, no para corroer el caudal electoral de la burocracia, sino para dividir el voto contra la Verde. Jugó un papel muy importante, también, la elección en Constitución, donde la Verde sacó su mayor diferencia apoyándose en un sector de administrativos directamente vinculados a la empresa y al sindicato.
Sin embargo, allí donde el activismo opositor está presente, la disputa contra la burocracia se pone de manifiesto claramente. Pese a las maniobras de la Verde con el manejo discrecional de los padrones, la Gris-Bordó se impuso en los talleres de Escalada con un 65% de los votos.

Elecciones en ATE
Para la elección de la directiva nacional de ATE se presentaron dos listas: la de la burocracia sindical de la lista Verde, encabezada por Julio Fuentes, y que responde al sector de Pablo Micheli; y la lista opositora representada por la Bermellón, que reunía a todo al activismo antiburocrático. Aquí, con el peso del aparato, la burocracia se impuso con el 90% de los votos.
La elección de las directivas provinciales y seccionales tuvo la particularidad de que se presentó otra lista: la Azul, claramente alineada con el kirchnerismo y encabezada por el “Nono” Frondizi, hombre de Yasky.
Ha sido muy bajo el nivel de participación de los afiliados, hecho demostrativo de la política de no convocatoria que caracteriza a la burocracia de ATE.
Pese al triunfo de la burocracia, estas elecciones ratificaron la influencia de la militancia antiburocrática en varios sectores. La Bermellón, por ejemplo, ganó en ATE Sur (85%), en el Teatro Colón, en el Hospital Garrahan (82%), en el ministerio de Trabajo, en el Incaa (95%), en promoción social de Capital, en el Ioma (85%) y en las dependencias de educación y desarrollo social de La Plata. Esto demuestra que allí donde el activismo antiburocrático está presente, la disputa por la dirección sindical es real y la burocracia sindical va perdiendo posiciones.

Para profundizar la lucha
Es muy importante que en estas dos experiencias se haya logrado conformar una lista unitaria del activismo antiburocrático para enfrentar a las direcciones enquistadas en los sindicatos, permitiendo establecer un polo de referencia para el conjunto de los compañeros y dando lugar a un avance en la participación y la organización de la base antiburocrática.
Sin perjuicio de ello, debemos señalar que la conformación de las listas fue dificultosa y más de una vez las aspiraciones sectoriales estuvieron cerca de fracturar el necesario frente común contra la burocracia. Esto marca también la debilidad de frentes que se han constituido para dar la batalla contra los burócratas pero que carecen de un fuerte trabajo común en la militancia cotidiana.
Justamente, ahora que las elecciones gremiales han pasado, de lo que se trata es de profundizar el trabajo de construcción sindical antiburocrático con las bases, estimulando la organización independiente de los trabajadores e impulsando la lucha por las reivindicaciones de los compañeros ferroviarios y estatales.

Enfrentemos la persecución al activismo sindical


El movimiento independiente de los trabajadores y los delegados antiburocráticos seguimos sufriendo persecuciones y ataques por parte de las patronales y la burocracia sindical. El número de delegados y trabajadores presos, procesados, despedidos, con sumarios, pedidos de desafuero y perseguidos aumenta día tras día. Es preciso organizarse para denunciar y enfrentar esta situación.

Es evidente que el movimiento obrero antiburocrático, aún con su incipiente desarrollo, genera resquemores e incomodidades en sectores de la burguesía y así las patronales, junto a la justicia, actúan tratando de evitar su desarrollo y expansión.

Los petroleros continúan presos
Los trabajadores petroleros de Las Heras, provincia de Santa Cruz, continúan en sus celdas. José Acosta y Víctor Oñate se encuentran detenidos desde el pasado 4 julio por participar de una huelga reclamando aumento salarial y denunciando los despidos y suspensiones que se están efectuando en la planta.
Los compañeros fueron acusados de “amenazas y lesiones” y detenidos en un imponente operativo (sin nada que envidiarle a una dictadura militar) en que la gendarmería se desplazó por todos los barrios, allanando las viviendas y apresando a los trabajadores. Nada sorprendente en la provincia kirchnerista que está militarizada desde 2006 y en donde los presos por el anterior conflicto petrolero también fueron detenidos tras una razzia similar.

El Colón despide a toda la Junta Interna
La persecución al activismo independiente se expresó recientemente en el Teatro Colón. El pasado jueves 25 de septiembre despidieron a los siete miembros de la Junta Interna de ATE y a un Congresal, y fueron sumariados otros diecisiete compañeros, acusados de haber ocasionado pérdidas por la suspensión de varias funciones debido a las huelgas realizadas. Varios de los compañeros encabezaron la antiburocrática Lista Bermellón en ATE y fueron protagonistas de numerosas luchas y procesos de organización en los últimos años con los trabajadores del teatro. La embestida contra el Teatro Colón se viene desarrollando hace tiempo, con vaciamiento económico y reducción de personal. Pero en esta ocasión el avance es directamente contra la organización de los trabajadores, ya que no se pretende despedir a cualquier trabajador, sino a aquellos que son cabeza del proceso de organización, los que dirigen y organizan las asambleas. Aun con esta avanzada escandalosa, la burocracia de Micheli se limitó a declarar un día de huelga testimonial y dio por culminada su intervención. Aunque todos los despedidos tienen fueros gremiales, nada impidió (ninguna de las leyes que supuestamente protegen el derecho de sindicalización de los trabajadores) que la patronal avance con el despido para descabezar esa Junta Interna e intentar amedrentar a aquellos que se organizan contra el gobierno y la burocracia.

Contra los desafueros en FATE
Viendo que en complicidad con los empresarios de FATE, distintas instancias judiciales siguen promoviendo las más insólitas argucias para tratar de desplazar a los representantes gremiales, los trabajadores de la fábrica de neumáticos siguen en lucha. Así, para frenar el proceso de desafuero del delegado Víctor Ottoboni se suceden movilizaciones, asambleas, petitorios y demás formas de intervención, con el apoyo de diversos sectores del pueblo trabajador. Mientras la burocracia de Waseijko y Yasky mira para otro lado, el cuerpo de delegados de FATE ya decidió convocar a un paro en el caso de que se efectivice el despido de su compañero.

Techint y la burocracia contra los activistas
Diecisiete trabajadores tercerizados que habían avanzado en su organización sindical y conseguido mejoras salariales y en las condiciones de trabajo fueron despedidos por la empresa Siderar del Grupo Techint. Los compañeros cumplían funciones de limpieza industrial en la planta de Haedo y algunos tenían más de 15 años de antigüedad. Cuando la empresa, amparada en las condiciones precarias de la tercerización decidió dejar en la calle a los trabajadores, la burocracia de la UOM de Morón no sólo no movió un dedo, sino que salió corriendo para cubrir con su gente los lugares vacantes. Aunque ante el reclamo de los tercerizados la empresa estaban evaluando revisar algunos despidos, lo hacían con la condición de empeorar las condiciones contractuales y excluir a los referentes más activos. Ante semejante atropello, los compañeros decidieron impulsar la lucha y están convocando a desarrollar la organización y la solidaridad con el conflicto.

Estos so sólo algunos de los ejemplos de persecución que se extienden a innumerables casos como los trabajadores del Hospital Garrahan, del frigorífico Río Platense, del ferrocarril, de los call centers, de comercio, entre muchos otros.
La complicidad entre el gobierno, las instituciones del estado, las patronales y la burocracia sindical para perseguir a quienes se organizan de manera independiente es evidente. Pero cuando la persecución judicial no es suficiente para amedrentar a los compañeros y detener la organización antiburocrática, recurren sin más a la represión directa, ya sea en forma tercerizada por medio de las patotas de la burocracia o directamente a través de la represión policial.
Sólo con la organización desde las bases, la movilización permanente y la unidad de todos los delegados antiburocráticos lograremos hacer frente a esta embestida de la triple alianza antiobrera: el gobierno, la patronal y la burocracia.
Cada uno de estos casos es un ataque a la clase obrera en su conjunto. Debemos redoblar los esfuerzos para impedir el avance de las patronales con los despidos, ya que la defensa de nuestros delegados será una conquista de todo el movimiento independiente de los trabajadores.