El reciente episodio del “espía” porteño, o el funcionamiento de la patota administrativa llamada UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), son usados por el arco opositor a Macri en pleno (kirchneristas, radicales, socialistas, lozanistas, solanistas, etc.) para hacer ardientes declaraciones públicas, acusando al jefe de gobierno de no respetar los derechos individuales ni los derechos humanos. Todo el tiempo tratan de imponer la idea de que hay una manera “autoritaria y represora” de gobernar, y otra, “democrática y tolerante”, que encarnarían los “progresistas”, esos que, nos dicen, “no son lo mismo”.
Es más que evidente que Macri encarna una versión explícita de la derecha represora. Como Sobisch, o antes la línea Ruckauf-Toma, no disimula su autoritarismo ni lo disfraza con un discurso democrático. Simulando estar en otra vereda, peronistas kirchneristas y de los otros, radicales y “progresistas” de toda laya lo confrontan y acusan, tratando de mostrarse distintos. Ya vimos la misma película, cuando, lo que después fue la Alianza (rejunte de peronistas “de izquierda”, como Chacho Álvarez o Juan Pablo Cafiero, ex “comunistas” del Frente Grande, radicales y socialistas), disputaba con el peronismo, entonces en la versión menemista.
El propio kirchnerismo ha usado, y sigue usando, este discurso, a pesar de que son incontables, en todo el país, los hechos represivos ejecutados por las fuerzas de seguridad bajo la dirección del gobierno nacional. Basta mencionar Las Heras; la represión de miles de manifestaciones populares, con más presos políticos que ningún otro gobierno desde 1983; el uso de patotas de la burocracia sindical o los grupos de choque del PJ o sus aliados para atacar trabajadores y opositores; la militarización de lugares de trabajo durante conflictos gremiales, como en el Hospital Francés y Kraft-Terrabusi, y tantos otros. Junto a la continua y creciente represión a los trabajadores organizados en lucha, la no menos continua y creciente, pero más silenciada todavía, utilización del gatillo fácil y la tortura para disciplinar jóvenes y pobres.
Además del uso sistemático de todas las formas represivas, el gobierno kirchnerista prosiguió y profundizó el endurecimiento del sistema penal, con reformas legislativas y judiciales que duplicaron la cantidad de personas hacinadas en cárceles, comisarías e institutos de menores, e incrementó, todavía más, el arsenal para criminalizar trabajadores y luchadores populares, con el dictado de varias leyes “antiterroristas”.
Como decíamos hace casi dos años(1), bajo la máscara del “progresismo”, su “política de DDHH” le proveyó un efectivo recurso represivo, al generar un marco de consenso y simpatía por el “gobierno nacional y popular”, convertido en compañero de ruta para enjuiciar tardíamente a los genocidas de la dictadura, ahora que ya son otros los que gerencian el aparato represivo. Aun sin analizar el diminuto saldo de condenas y encarcelamientos, y esos poquísimos casos, en jaula de oro, a esta altura está más que probado que ni hubo un “giro represivo” del gobierno, que se inició tolerante y se volvió represor, ni existe una parte “buena” de su política que entra en contradicción con otra parte, atribuida sectores de “derecha” infiltrados en el tan amplio peronismo kirchnerista.
Del mismo modo, basta dar una mirada sobre los gobiernos de los representantes del “progresismo” de hoy para ver con claridad que la represión no es exclusiva de la “derecha” de Macri, Sobich, Duhalde o Sapag.
La ciudad de Rosario lleva ya 16 años ininterrumpidos de gobierno del Partido Socialista, desde Cavallero, pasando por Binner, hasta el actual intendente Lifschitz. Hoy, la provincia es gobernada por ese partido. Tierra del Fuego es gobernada por Fabiana Ríos, del ARI. Ellos, como el intendente de Morón, el ex militante del PC Martín Sabatella, el “peronista de izquierda” Pino Solanas o el referente de la CTA Claudio Lozano, son “progresistas”.
En Rosario no existe la UCEP , pero está la GUM (Guardia Urbana Municipal). Cuando se creó, el gobierno “socialista” contrató al premio Nobel de la Paz , Adolfo Pérez Esquivel, para darles cursos de DDHH. La GUM se especializa, igual que la UCEP , en “mantener libre el espacio público”. Por ejemplo, apaleando brutalmente un inmigrante liberiano durante un raid para expulsar de las calles a vendedores ambulantes.
Binner, cuando era intendente de Rosario, integró, junto al entonces gobernador Reutemann, el “comité de crisis” que, en diciembre de 2001, dirigió la represión a los saqueos y dejó siete muertos en la provincia. Ya gobernador, actuó de la misma manera en cada ocasión que decidió reprimir trabajadores, como hace muy poco, cuando mandó a la guardia de infantería provincial a cargar contra un piquete de trabajadores del pescado que intentaron protestar sobre el puente Rosario-Victoria. Palazos, balas de goma, heridos y 19 detenidos. O cuando el pueblo rosarino quiso movilizarse contra un nuevo aumento del transporte público, en julio de 2008. Santa Fe es la provincia con mayor índice de muertes por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías, según denuncia la CORREPI(2). Y el intendente Lifschitz acaba de declarar: “Necesitamos más policías porque Rosario ha cambiado. Hay nuevos barrios, nuevos asentamientos irregulares”.
En Tierra del Fuego, el gobierno de Ríos recurre a recetas típicas de la “derecha” que dice combatir, como la confección de “mapas del delito” para señalar las zonas “más inseguras” (o sea, las más pobres) y la instalación de cámaras de “seguridad ciudadana” que transmiten por fibra óptica, casualmente donadas por la misma empresa que tiene la exclusividad para la transmisión de TV por cable en la provincia.
No se queda atrás Martín Sabbatella. En Morón hay 150 cámaras en la vía pública, policías consigna con adicionales a cargo del municipio para los centros comerciales, teléfonos celulares para los foros de seguridad y estudiantes contratados como “pasantes” (en negro) en las comisarías, para contar con más efectivos en la calle. Se llevan a cabo operativos conjuntos y simultáneos de patrullaje y control de vehículos entre Gendarmería Nacional, Policía Bonaerense, Policía Buenos Aires 2, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y las direcciones de Seguridad Ciudadana y Tránsito y Transporte del Municipio de Morón.
El recontraprogre Lozano tiene, como legislador porteño, a Martín Hourest, como él, economista de la CTA. En diciembre de 1999, después que el gobierno de la Alianza masacró a los autoconvocados en el Puente de Corrientes, Hourest fue el ministro de gobierno del interventor Ramón Mestre.
Progresistas. Todos grandes defensores de los derechos humanos, que se esfuerzan por diferenciarse de la “derecha”. Pero, cuando gobiernan, muestran que la dictadura de clase también se esconde tras la variante más “progresista” de la democracia burguesa.
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NOTAS:
1) “Lo que el gobierno viene diciendo y haciendo en materia de DDHH no es una “contradicción” con la política represiva que tantas veces describimos. A la inversa, es un condicionante para optimizarla, para hacerla más efectiva. La política kirchnerista de DDHH es un importante recurso en su arsenal represivo. Le permitió, a lo largo de estos años, reprimir más que ninguno de sus antecesores, al compás de los aplausos del coro de vencidos y conversos”. “La ´política de DDHH´ del gobierno es parte de su política represiva”, en ER Nº31, diciembre de 2007. 2) Ver “Archivo de Casos 2008” de CORREPI
