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Editorial: El gobierno, cada día más cerca de los empresarios


En la actualidad, los problemas de caja del gobierno nacional, en el marco de la crisis mundial y su probable desenvolvimiento en América Latina y Argentina, plantean un escenario de dificultades económicas para el país. Esto sucede en un momento en que el gobierno, fortalecido tras el proceso electoral, tiene mayor resto para tomar medidas importantes.
Si, como dicen sus seguidores, éste fuera un gobierno “popular”, sería un momento crucial para avanzar sobre los privilegios de los sectores más poderosos del país, nucleados en las cámaras empresarias, y de defender, a su vez, a los trabajadores y sus herramientas de organización y lucha que son vitales para afrontar los intentos de ajuste patronal.
Sin embargo, una vez más, el camino del gobierno es exactamente el contrario. Ante el temor del desarrollo de la crisis y, con ella, del conflicto social, la presidenta no ha perdido oportunidad de acercarse, aún más, a las cámaras empresarias y mostrarles su absoluta comunidad de intereses.
La misma presidenta que fue a la Cumbre del G-20 a decir que había que tomar medidas para salvar al capitalismo, “porque no hacerlo terminará por golpear las bases de la democracia y libertad que sustenta la actividad empresarial”, aparece cada vez más en nuestro país, apuntalando a la dirigencia de la UIA o de la Cámara de la Construcción, por ejemplo.
Así, cuando en el encuentro de la UIA el empresariado aplaudió la orientación del gobierno por ir “en la dirección correcta” y le pidió más apoyo en el marco de la crisis actual, considerando que la economía “está sufriendo tensiones que derivan en una suba de los costos industriales”, la respuesta de la primera mandataria fue contundente. Declaró públicamente que piensa evitar el avance de cualquier proyecto de redistribución de ganancias, incluso en el caso de las empresas multimillonarias que estaban incluidas en el proyecto oportunista de la CGT. Ahí, Cristina Fernández dejó tranquilos a los empresarios, que, conscientes de su actual superioridad de fuerzas frente a los trabajadores, festejaron las palabras de la presidenta: “eso es algo que tienen que decidir los trabajadores y los empresarios. No es algo que pueda imponer por la fuerza el Estado a través del Parlamento”.
De forma muy similar, una semana más tarde, Cristina Fernandez se mostró junto a la Cámara de la Construcción, para decirle a los empresarios, otra vez a viva voz, que les garantizará mejores condiciones de explotación y reformará para eso la ley de ART, para evitar lo que llamó “la industria de juicio”, es decir, reducir todavía más la posibilidad de demandar judicialmente a los empresarios cuando éstos son responsables por muertes o accidentes de trabajo. Básicamente, más flexibilización laboral.
La otra cara de la misma política pro-patronal consiste en restringir aún más la movilización que desarrollan los trabajadores para enfrentar las avanzadas patronales y gubernamentales. Como si no fuera suficiente con la avanzada persecutoria y represiva actual (que incluye asesinatos como el de Cristian Ferreyra, cinco presos políticos, miles de procesados y perseguidos por su actividad política y gremial), el gobierno no para de atacar las prácticas de organización y lucha existentes y de advertir que deben cesar.
Por eso, en el marco de la interna peronista que incluye los roces con el dirigente de la CGT, Hugo Moyano, y las disputas con otros líderes sindicales, en los últimos tiempos el gobierno ha salido a desprestigiar toda expresión de actividad sindical. Así lo vimos en los ataques a los trabajadores del Subte, cuando se les intentaba sumar nuevas tareas (sin modificar las condiciones ni la remuneración), lo vimos recientemente con los gremios de aeronáuticos con el discurso público en contra del paro, y más en general con su planteo contra la organización sindical y de lucha sintetizado en una reciente afirmación: Les pido a los que protesten, que lo hagan en la vereda o en la plaza”. Es decir, no más paros, no más movilizaciones, no más cortes.
En definitiva, para afrontar nuevos problemas económicos, el gobierno kirchnerista ha definido claramente, una vez más, su posición junto a los capitalistas y contra el pueblo trabajador; y para explicitar ese posicionamiento no para de recorrer cámaras y encuentros empresarios, y de atacar la organización de los trabajadores.
Por nuestra parte, a los trabajadores no nos queda más que organizarnos en forma independiente para enfrentar a las patronales, al gobierno y a la burocracia, fortaleciendo los ámbitos unitarios de lucha contra la persecución al activismo sindical y político, y profundizando la pelea para una verdadera transformación en beneficio del conjunto de la clase trabajadora.

Empresarios con el tarifazo


Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA): "Las medidas dispuestas por el gobierno nacional en el día de ayer, referidas a la reducción de subsidios, representan una decisión muy significativa en la dirección correcta. El avance hacia el reconocimiento del valor real de la energía es un cambio cultural necesario para la sustentabilidad energética de la Argentina en el mediano y largo plazo, superando de este modo el acostumbramiento a pagar precios por debajo de su verdadero costo para la sociedad.”

Paolo Rocca, titular del Grupo Techint: “Es sano que la economía reciba señales racionales, así se puede estimular inversiones en los sectores donde es necesario. Eso es importante, positivo, lograr una mejor locación del capital. Argentina tiene que invertir en el desarrollo energético. Si logramos estimular la inversión en energía, sólo tendrá un efecto positivo. Permitiría aumentar la búsqueda de petróleo y gas.”

Cristiano Rattazzi, titular de Fiat Argentina: "La gente se tendrá que dar cuenta que entre 2003 y 2011 pagó tarifas muy baratas y que ahora probablemente deberá pagar más. Por lo tanto, eso provocará una retracción del consumo y tal vez ayudará a bajar la inflación. No se trata de administrar la abundancia como antes ni tampoco la escasez absoluta, pero habrá más escasez de la que estamos acostumbrados. Cuando se ganan las elecciones hay que administrar y este Gobierno tendrá que comenzar a administrar la escasez. Con una tonelada de soja a 450 dólares, el futuro para la Argentina es diferente que con la soja a 530 dólares de hace un tiempo. Por eso, veo muy bien que el Gobierno decida comenzar a bajar progresivamente los subsidios a las tarifas".

Los empresarios, con el modelo kirchnerista


Los empresarios son los grandes ganadores del modelo kirchnerista. Por eso apoyaron mayoritariamente a Cristina Fernández en las elecciones y salieron a elogiar al gobierno después del triunfo y a pedir por la continuidad de las medidas que garantizan sus millonarias ganancias.

En los años de gobierno kirchnerista los empresarios han ampliado notablemente sus márgenes de ganancia. No sorprende, por lo tanto, que salvo contadas excepciones la clase capitalista local se haya volcado mayoritariamente en defensa del modelo kirchnerista.
El 47° Coloquio de Idea, que reúne a los principales empresarios del país con la dirigencia política, se realizó en Mar del Plata previo a las elecciones y fue demostrativo de esta situación. Si alguna vez, como en el marco del conflicto del kirchnerismo con los empresarios rurales, este encuentro patronal tuvo un tinte crítico hacia las políticas del gobierno, en esta oportunidad, si bien participaron los candidatos de la “oposición”, como De Narváez o Binner, fue expresión casi unánime de la aprobación del empresariado sobre la gestión de gobierno. Los motivos fundamentales los sintetizó el presidente de Pirelli, Tronchetti Provera, tras reunirse con Cristina Fernández cuando explicó que “la estrategia del grupo [Pirelli] es aumentar la presencia directa en mercados como Argentina que registran mayores índices de crecimiento y costos industriales competitivos”. “Costos industriales competitivos”, desde luego, no significa otra cosa que la posibilidad que brinda el gobierno kirchnerista de híperexplotar a los trabajadores (como sucede en Pirelli, con jornadas laborales de 12 horas y más), de pagar bajos salarios, de contratar trabajadores tercerizados, de pasar por encima de los convenios colectivos, y un largo etcétera de políticas proempresarias que han sido sostenidas por el kirchnerismo durante sus ocho años de gobierno.  
También continuaron durante el mes de octubre las reuniones del gobierno kirchnerista con las cámaras que representan al empresariado rural. Las declaraciones de la dirigencia patronal del campo son más que elocuentes sobre el vuelco que ha dado la relación entre ambos sectores: “El escenario actual no es el del 2008, cuando había una situación conflictiva entre el gobierno y el campo; hay que valorar la posibilidad de abrir un canal de diálogo”, aseguró el titular de Coninagro, Carlos Garetto, antes de recibir a Cristina Fernández. Por otra parte, Rubén Ferrero, parte de la nueva conducción de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) adelantó que “vamos a entablar con el nuevo gobierno otro diálogo, para que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta para lograr el consenso”. Así, quienes hasta algunos meses atrás se encontraban distanciados argumentando representar modelos antagónicos de país (campo vs. industria, federalismo vs. centralismo), hoy se sientan a discutir y acercan posiciones, demostrando que sus diferencias, lejos de ser estratégicas, sólo pasan por disputas de números en torno al reparto de las ganancias de sus negocios.
Y tras las elecciones, una vez consumado el triunfo kirchnerista, los comunicados de apoyo al gobierno de las distintas entidades patronales no se hicieron esperar. “AEA expresa la voluntad del empresariado argentino de contribuir, como lo solicitara la presidenta, a la unión nacional y a aprovechar las grandes oportunidades”, sintetizó el documento firmado por la Asociación Empresaria Argentina, entidad que reúne a varios de los empresarios más poderosos del país.
Y por último, bien representativa de la relación que existe entre el kirchnerismo y el empresariado, fue la comitiva que acompañó a Cristina Fernández por Francia para participar del encuentro del G-20, ya en los primeros días de noviembre. Como si fueran ministros del gobierno, los empresarios siguieron y asesoraron permanentemente a la presidenta en cada reunión. De Mendiguren (presidente de la UIA), Betnaza (Techint), Funes de Rioja (vocero de las patronales de la alimentación) y Nicholson (Ledesma), fueron algunos de los empresarios que se subieron al avión para continuar haciendo negocios de la mano del kirchnerismo.  
Los empresarios han ganado fortunas en los ocho años del gobierno peronista de los Kirchner. Por eso, siguen apostando por la continuidad del modelo que hoy encabeza Cristina Fernández como la mejor alternativa de gobierno para defender sus intereses.

Desfile de empresarios: Paolo Rocca y Javier Madanes


Habiendo presentado en esta sección a los principales referentes de la burocracia sindical y, más recientemente, a los candidatos patronales que participaron en las últimas elecciones, nos proponemos continuar con los máximos exponentes de la clase capitalista local, introduciendo sus historias de negociados, lujo y explotación. En esta oportunidad, Paolo Rocca y Javier Madanes. 

Javier Madanes
Javier Madanes Quintanilla es la cabeza de una de las familias más poderosas del país. Estudió Ingeniería en la Universidad Católica Argentina y en 1992, con sólo 39 años, y tras una dura interna, se hizo cargo de las dos empresas familiares: Fate y Aluar. Anualmente, el grupo empresario que lidera factura más de u$s1.500 millones y emplea a más de 3.000 trabajadores.
Aluar es la productora N°1 de aluminio del país, y una de las más importantes de América Latina. Fue fundada a comienzos de la década del ’70, en la provincia de Chubut, por la familia Madanes y con la participación de José Ber Gelbard, empresario vinculado al PC, quien sería ministro de economía de Perón. Desde aquel momento, las empresas de Madanes cuentan con una excelente relación con los distintos gobiernos provinciales y nacionales, lo que le permite realizar grandes negociados a costa del estado.
En la actualidad, Madanes mantiene un vínculo estrecho con el gobierno de Cristina Fernández. Por un lado, jugó a favor del kirchnerismo en la interna de la UIA, antes de la elección de De Mendiguren. Además, como otros grupos empresarios, fue beneficiado con millonarios subsidios a través de la “ley de desgravaciones para fomentar la producción y el empleo”.
Por otra parte, Madanes tiene una amplia tradición de persecución a los trabajadores. Tal es así que los obreros de Fate han bautizado a la compañía de neumáticos como “la empresa líder en discriminación antisindical”. Por estos días, la persecución se descarga con fuerza sobre el cuerpo de delegados antiburocrático de la fábrica y, en particular, sobre el delegado Víctor Ottoboni.
La patronal de Madanes también se destaca por las duras condiciones de explotación que impone a los trabajadores. Son las que se han padecido desde siempre, tanto en Fate como en Aluar, donde incluso las condiciones precarias de trabajo le han constado la vida a más de un trabajador durante las obras de ampliación de las plantas.
Javier Madanes Quintanilla es, en definitiva, un claro exponente la burguesía nacional: millonario, explotador y enemigo a ultranza de los trabajadores.


Paolo Rocca
Paolo Rocca nació en Milán, Italia, en 1952, y hoy preside el grupo empresario más importante del país. Su poderío es tal que posee una influencia determinante sobre varias cámaras patronales, tanto a nivel local como internacional. Preside, por ejemplo, la World Steel Association y el Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero (ILAFA), e integra, además, el Consejo Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Grupo Techint incluye a un conglomerado de empresas que van desde la industria siderúrgica y el negocio petrolero hasta las telecomunicaciones y la construcción, donde se destacan Ternium-Siderar, Tenaris y Tecpetrol. Se estima que el Grupo emplea de conjunto a más de 20.000 trabajadores. Además posee inversiones y empresas en el exterior, por ejemplo, en Venezuela y México.
Su padre, Agostino Rocca, quien fuera activo colaborador del gobierno de Mussolini, fue el que dio inicio al negocio siderúrgico de la familia en Argentina.
Como todos los grandes grupos económicos, Techint realizó escandalosos negociados con el estado, fundamentalmente durante la última dictadura militar y el gobierno menemista, con la estatización de la deuda privada y las privatizaciones de las empresas públicas. En 1993, Techint comienza a manejar la estatal Somisa, que sería transformada posteriormente en Siderar. Negocios que, por su puesto, se continúan hasta el día de hoy, más allá de los altos y bajos que ha tenido la relación entre los Rocca y los Kirchner.
Paolo es un defensor explícito de la tercerización laboral, entre otras políticas proempresarias. “Los empresarios tienen que poder contratar empleados tercerizados, porque los costos laborales ya son excesivos y eso afecta el crecimiento de las inversiones y lo único que logra es el crecimiento del empleo en negro”, afirmó al ser consulado en una entrevista.
Igual que Madanes, Rocca sostiene una política activa de persecución a los trabajadores y al activismo sindical. En los últimos meses fueron despedidos 17 trabajadores tercerizados (entre ellos reconocidos activistas) de una de las plantas de Siderar en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.
En síntesis, la familia Rocca, que hoy encabeza Paolo, posee un nutrido historial de explotación y de negociados sucios con el estado, y representa, sin dudas, todo el poder y la arbitrariedad de ser una de las máximas expresiones del capitalismo en nuestro país.

Negocios para las multinacionales y compromisos con el Club de París


Cristina Fernández y varios ministros del gobierno viajaron para participar de distintos encuentros en EEUU, como la Asamblea de la ONU y el Consejo de las Américas, en donde renovaron la promesa de continuar pagando la deuda externa y acordaron millonarios negociados para las multinacionales.

Como sucede ante cada aspecto de la realidad, en sus viajes por Estados Unidos, el kirchnerismo tuvo un discurso para la tribuna, pidiendo por la soberanía en Malvinas y criticando las políticas del FMI, y una práctica que apuntó a satisfacer las demandas de los pulpos capitalistas y del imperialismo, garantizando que se continuará con el pago de la deuda externa y firmando millonarios negociados para las empresas multinacionales.
En su paso por los Estados Unidos, para participar de Asamblea Anual de la ONU, Cristina Fernández se reunió con ejecutivos de la petrolera yanqui Exxon Mobil, acordando millonarios negociados para avanzar con la explotación petrolera en la provincia de Neuquén, profundizando el saqueo de los recursos naturales del país.
Por su parte, el ministro de economía, Amado Boudou aprovechó su participación en el Consejo de la Américas para renovar el compromiso del gobierno kirchnerista con la continuidad del pago de la deuda externa. En ese sentido, aseguró que el pago al Club de París “es el punto más importante que nos queda por resolver (…) La Argentina ha mostrado permanente su voluntad de ir resolviendo y la verdad estamos recibiendo de la contraparte también un muy buen intercambio en términos de acercarnos a posiciones que sean aceptables para los acreedores y que le sirvan a la Argentina para seguir creciendo”. Es que el gobierno kirchnerista, quiere cerrar cuanto antes un acuerdo con el Club de París, que le permita volver a tomar deuda en los mercados internacionales a tasas más bajas. “Para nosotros es muy importante el acceso a los mercados en términos de la posibilidad del sector privado de acceder a financiamiento a menores tasas”, explicó Boudou en el mismo encuentro. Es decir, favoreciendo de esta forma los negocios de los capitalistas locales (“sector privado”, en palabras del ministro de Economía), a costa de nuevos endeudamientos que, como siempre, se seguirán pagando a costa del ajuste sobre el pueblo trabajador.
En definitiva, Cristina Fernández y sus ministros aprovecharon el nuevo viaje por EEUU, entre los hoteles y las compras de lujo, para acordar millonarios negociados para las multinacionales y renovar la promesa de continuar con el pago de la deuda externa, profundizando la entrega y el saqueo.   

El patrimonio de los funcionarios: Un gobierno de millonarios


Mientras el conjunto de los trabajadores lucha para pagar el alquiler, y la inflación convierte la leche, la carne o el pan en lujos que hay que racionar, la presidenta y sus ministros exhiben descaradamente sus patrimonios, que crecen a la par de sus negocios.

Los Kirchner no eran pobres cuando llegaron a la Rosada. A fuerza de negocios durante la dictadura y la gobernación santacruceña, admitían un patrimonio de casi 7 millones de pesos. Desde entonces, tomando en cuenta sólo lo confesado en las declaraciones juradas, lo multiplicaron por 10, superando hoy los 70 millones y medio de pesos. Así, Cristina y su fallecido marido son los presidentes más ricos que ha tenido Argentina. Superan por lejos a Carlos Menem, con otro récord: esa fortuna, sólo comparable a la de otra viuda ex presidenta, Isabel Perón, la ubicó entre las “top 20” del ranking de la revista Forbes de mujeres más poderosas del mundo.
En 2010, el incremento patrimonial fue del 27%, que pretenden explicar con el rendimiento de los plazos fijos y los dividendos de las acciones.
Cristina Fernández tiene un piso de 160 m2 en La Recoleta; seis casas en la Patagonia (la de El Calafate tiene 2.100 m2); seis terrenos y cuatro locales comerciales en Río Gallegos; una 4x4 Honda CRV, modelo 2009; 18 plazos fijos por 21 millones de pesos y uno por más de 3 millones de dólares, además de los paquetes accionarios de empresas turísticas como CO.MA. SA, Hotesur y el 45% de la sociedad Los Sauces SA, propietaria del hotel en el centro turístico del glaciar Perito Moreno.
Además de las rentas, la presidenta cuenta con un sueldo de u$s53.275 al año, más la pensión de su marido, otros u$19.048 anuales.
El ejemplo es seguido por todos sus ministros. Amado Boudou, ministro de Economía y escolta en la candidatura, aumentó su patrimonio en un 65% desde 2009, pasando de $887.561 a $1.466.030. Lo explica por el rendimiento de los 145.000 dólares que tiene ahorrados, y las ganancias de su empresa inmobiliaria, Habitat Natural. Este año, vendió su moto BMW ADV, valuada en $91.000, y compró un Fiat Adventure por $110.750. Conserva su moto Harley Davidson, un Audi y un Honda Civic. Tiene un departamento en Puerto Madero, alquilado, y vive con su novia en el complejo Madero Centre, del mismo barrio.
El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, incrementó sus bienes en un 64%, con 36.000 hectáreas patagónicas, miles de ovejas y centenares de vacas y una propiedad de 1.250 m2 con una casa de 400 m2 en Los Antiguos.
Siguen en el ranking la ministra de Seguridad, Nilda Garré, cuyos bienes crecieron un 62%, y el de Agricultura, Julián Domínguez, con un aumento del 41%. El ministro más rico es Luis Manzur, de Salud, que, aunque sólo incrementó su fortuna en un 32%, posee un patrimonio de $6.722.827. Los bienes del ministro de Planificación, Julio De Vido, ascendieron un 23%, aunque buena parte está a nombre de su mujer, como una casa en un club de Zárate de casi un millón y medio de pesos; una chacra y una Toyota Land Crusier, de $270.000.
Héctor Timerman hizo crecer sus bienes en un 18%; Florencio Randazzo en un 12% y Aníbal Fernández en un 15%. Tomada y Débora Giorgi no son menos, con casas de lujo, yates y departamentos en Punta del Este. 
Otros con fortunas florecientes son los jefes de la Secretaría de Inteligencia. Héctor Icazuriaga declara un patrimonio 23 veces superior al que tenía hace un año. Su segundo, Francisco Larcher, multiplicó por 11. Pero el campeón es el director de la ANSeS, Diego Bossio, con un crecimiento del 107% en su fortuna.
El kirchnerismo dice que éste es un gobierno “popular” que enfrenta la “derecha” de los monopolios y los patrones del campo, mientras la presidenta y sus funcionarios son especuladores financieros, rentistas y terratenientes millonarios que nadan en lujos desmedidos y muestran que son capitalistas modelo.

Negocios y campaña electoral

Las cámaras patronales, en las cuales se organiza el empresariado local, se encuentran metidas de lleno en la campaña electoral, ya sea de forma abierta o solapada, dando impulso a los candidatos que mejor defenderán sus intereses y negociados.



Las entidades patronales están de campaña. La Exposición Rural fue una demostración de esto. Por las tribunas y los brindis de la feria desfilaron los principales dirigentes de los espacios que buscarán en octubre disputarle el gobierno al kirchnerismo: Duhalde, Alfonsín, De Narváez, Carrió, Macri, Rodríguez Saá… “Estoy seguro que pronto, todos juntos en las urnas, podremos devolver a la patria los valores que fuimos olvidando. Refundemos una república con instituciones respetables y respetadas (…) Esta larga noche está llegando a su fin”, aseguró Biolcati desde el palco despertando los aplausos de su público.

También hubo, en el marco de la Rural, encuentros entre los referentes de las distintas cámaras empresarias. Al denominado “Grupo de los Seis” (UIA, SRA, Adeba, Bolsa de Comercio, Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio), se agregaron representantes de IDEA y AEA, para compartir un almuerzo y debatir sobre el panorama político y el provenir de sus negocios.

Claramente, no existe, hoy por hoy, una posición unificada entre ellos sobre quien es el mejor candidato para conducir las riendas del gobierno. Mientras las patronales del campo se ubican en las filas de la oposición al kirchnerismo (incluso muchos de ellos forman parte de las listas, como el caso de Llambías, candidato a diputado por las listas de Carrió), otros como De Mendiguren y Brito (de la UIA y la Banca, respectivamente) apoyan al gobierno. Sí lograron, en cambio, acordar ciertos puntos para trabajar en común como ir con una posición unificada al próximo Consejo del Salario Mínimo con un claro objetivo: mantener el salario lo más bajo posible. “Todos coincidimos en que vamos a ir pero no estamos de acuerdo en una suba tan pronunciada”, comentó el presidente de la UIA a la salida del encuentro en referencia a los $2.600 que pedirá la burocracia de la CGT y la CTA.

La Unión Industrial, por su parte, continúa reuniéndose con los principales candidatos presidenciales. Durante el mes de junio, se encontraron con Duhalde y Binner. Sin embargo, mas de allá que buscan relacionarse e influir directamente en todos los candidatos, los industriales parecen mayoritariamente apoyar al kirchnerismo que continúa impulsando sus negocios, al tiempo que les otorga un importante protagonismo. Por ejemplo, varios de los empresarios más afines al gobierno como Bulgheroni (Pan Amarican Energy), Pagani (Arcor), Eskenazi (YPF), Brito (Banco Macro), Rattazzi (Fiat) y De Mendiguren (presidente la UIA, empresario textil) viajaron a Brasil con Cristina Fernández para cerrar negocios con sus pares brasileros y para buscar destrabar los conflictos comerciales entre ambos países.

Así andan los capitalistas argentinos por estos días de campaña: marcando la agenda de los principales candidatos, con la mira puesta únicamente en la expansión de sus negocios y sus millones.

Jujuy: El gobierno asesina en defensa de los empresarios

El gobierno kirchnerista ya es responsable por 15 asesinatos en la represión a protestas y movilizaciones populares, y seguirá matando, al servicio de los empresarios.



Unas 500 familias sin techo, agotados todos los recursos de reclamo ante el gobierno, ocuparon tierras en Libertador General San Martín, Jujuy. Las 15 hectáreas, suficientes para resolver su problema de vivienda, representan menos de un 0,01% de las 150.000 hectáreas totales que posee la empresa Ledesma en la zona. Semejante “afrenta” a su patrimonio motivó la inmediata denuncia penal por usurpación, seguida, naturalmente, de la no menos inmediata orden de desalojo dictada por el juez y ejecutada por la policía provincial, asistida por el personal de seguridad privada de la empresa.

El operativo chocó con la resistencia de los compañeros, organizados para defenderse con los recursos a su alcance. Después de varias horas de enfrentamiento, la policía y la fuerza de choque de la empresa tomaron el terreno, al costo de sesenta heridos de bala, una docena de detenidos y tres muertos. Apenas unas horas después, los centenares de familias se reorganizaron, regresaron al predio, y lo volvieron a ocupar, duplicando su número inicial.

Las tres muertes, que elevaron a 15 la cantidad de asesinados desde 2003 en la represión a movilizaciones, manifestaciones y ocupaciones, generaron curiosas declaraciones oficiales:

“Como el anterior gobierno en la provincia de Jujuy y en todo caso desde el 2003 en adelante, que hubo una clara manifestación del Gobierno nacional, la Provincia no ha reprimido, como no ha reprimido el Gobierno nacional”, declaró a los medios el mismo día de los hechos Eduardo Fellner, actual candidato a gobernador por el oficialismo, y, por cierto, titular del “anterior gobierno provincial” al que hizo impersonal referencia.

Con la cara más dura que los bastones de su policía, el diputado, elegido por Néstor Kirchner para presidir la cámara, obvió que, cuando él era gobernador, en octubre de 2003, la represión a una masiva movilización en la misma localidad de Libertador General San Martín, abrió la cuenta de los asesinados en la protesta del peronismo kirchnerista. El 10 de octubre de 2003, el fusilado por la policía fue Luis Cuéllar, un muchacho que, junto a varios miles de habitantes del pueblo, que en total suma 40.000, se movilizó a la comisaría para repudiar la muerte en la tortura de Cristian Ibáñez, de 17 años.

En la misma línea, intentando despegar de toda responsabilidad a los mandos políticos de la policía, Jorge Ale, intendente de Libertador General San Martín, cargó contra el juez que ordenó el desalojo a pedido de la empresa azucarera de la familia Blaquier: “La empresa Ledesma hizo la denuncia penal, y el juez lamentablemente dio la orden de desalojo sin ver las consecuencias graves que esto trajo, seguramente va haber un pedido de juicio político a ese juez porque dio la orden y se fue de vacaciones un día antes de la feria”.

Y para completar el cuadro, el concejal del peronista Frente Primero Jujuy, Juan Baigorria, dijo: “Fue un desalojo normal, la policía acudió a este desalojo con los elementos de rigor para este tipo de desalojos, que son los bastones, gases lacrimógenos, cascos, escudos y demás”. Tan normal como los tres asesinatos del Parque Indoamericano o los dos Qom en Formosa, que, con Cuéllar, el docente Carlos Fuentealba, el trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, los manifestantes contra el gatillo fácil Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche) y el militante del PO Mariano Ferreyra, completan esa lista de 15 asesinados por protestar y movilizarse desde el 25 de mayo de 2003.

Tres asesinatos y medio centenar de heridos que muestran cómo se movilizan todos los sectores del aparato estatal en defensa de una gran empresa, dueña, literalmente, de media provincia. Desde la rapidez judicial para recibir la denuncia y ordenar el operativo, hasta la propia actuación de la fuerza de seguridad, para cumplir lo ordenado a sangre y fuego, todo ejemplifica la subordinación del estado a los intereses de los capitalistas, y muestra que, cuanto más grande es el capitalista, más profunda es la sumisión y más ardiente la defensa de sus privilegios. Y en primerísimo lugar, la defensa de su propiedad privada, “vulnerada” por esos centenares de familias sin techo que pretenden construir sus casas, ocupando para ello una fracción infinitesimal del mayor latifundio jujeño.

Como lo vimos en Kraft Foods (ex Terrabusi), cuando el fiscal constituyó su despacho y la policía montó su comisaría, con calabozos y todo, en oficinas de la misma planta, en Libertador Gral. San Martín también la empresa ha sido la que determinó a quién reprimir, dijo cuándo y hasta dónde. Pero ello no exime de responsabilidad al gobierno provincial o al nacional. Por el contrario, la incrementa, al dejar de manifiesto su rol, el único que les importa, de defensores de la propiedad privada, al servicio de los capitalistas.

Aunque para callar los reclamos, el gobernador Walter Barrionuevo remueva al comisario Néstor Vera, encargado del operativo, y haya renunciado “espontáneamente” el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Lavilla, los hechos del 28 de julio en Jujuy ponen en evidencia el carácter antipopular del gobierno, del cual la crisis de vivienda es un emergente, y frente al cual la represión se erige en herramienta para acallar y disciplinar la protesta, el reclamo y la resistencia.

Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los dos muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, Facundo Vargas, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, los Qom y los muertos del Indoamericano. En esta lista se inscriben estas tres nuevas muertes de la represión a los que se organizan para luchar.

Los Blaquier

En enero de 2001, el diario La Nación publicó una Carta de Lectores firmada por Carlos Pedro Blaquier, abogado, escritor, dueño y director del ingenio azucarero Ledesma, en la que, en plena crisis con récord de desocupación y miseria, el empresario decía: “Los hombres mejor dotados han sido siempre minoría. De todo lo cual resulta que son muchos menos los que están en los sectores más altos de la escala que los que se encuentran más abajo. Pretender eliminar estas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que están llamados”. Así, intentaba naturalizar el rol de explotador de unos pocos, y de explotados de la mayoría.

Desde 1970, es quien dirige el emporio que, hace más de un siglo, se instaló en el norte del país para producir azúcar, a fuerza de híper explotación de tobas, wichis, matacos y mocovíes.

Hoy, la empresa Ledesma, además del azúcar y el papel, tiene fuerte presencia en rubros como frutas, jugos cítricos, carne y cereales; factura 2.500 millones de pesos anuales y explota 7.400 personas.

Durante la dictadura, fue notoria su colaboración con el terrorismo de estado. Además de poner a disposición de los militares sus flotas de camiones y sus pistas de aterrizaje, en julio de 1976, apagaron la usina que daba energía eléctrica a la zona de Libertador General San Martín. Durante el apagón, fueron secuestrados más de 400 trabajadores, estudiantes, sindicalistas, profesionales y campesinos, 38 de las cuales permanecen desaparecidos. Los galpones de mantenimiento de la empresa sirvieron como centros de detención y torturas.

Amigo de Julio Cobos, Eduardo Duhalde y Gerardo Morales, como antes lo fue de Juan Perón, y eufórico “cristinista”, porque “pocos gobiernos han defendido tanto a la industria nacional” alterna su vida entre la mansión de 17.000 m2 en San Isidro y los siete yates de la familia, de un valor total de 14 millones de dólares, que se alinean en el atracadero de Punta del Este: uno de cada uno de sus cinco hijos, otro de su mujer y el restante para él.

El año pasado, un periodista de La Nación le preguntó: “¿Cómo se define ideológicamente?”, respondió: “Me defino como empresario”. Luego, el periodista inquirió: “¿No hay un intento de influencia suya en algún candidato presidencial?” y la respuesta fue igual de sincera: “No, tratamos de influir en todos”(1).

Como demostración de su buena relación con el gobierno, meses atrás, en la interna de la UIA, se alineó, junto a Madanes, con el kirchnerismo. Por eso, más allá de que los voceros gubernamentales, como Hugo Yasky, intenten asociar a los Blaquier exclusivamente con la última dictadura militar, hay que insistir en que, como buen capitalista que es, ayer estuvo con la dictadura y hoy es bien kirchnerista.

Blaquier es, en pocas palabras, un prototipo de explotador, bien conciente de que el estado, cualquiera sea el gobierno de turno, está a su servicio.




NOTAS:

1) La Nación, 25 de julio de 2010

Precoloquio de IDEA. La fiesta y el optimismo patronal

En la provincia de Salta se encontraron alrededor de 500 empresarios, economistas, gobernadores y analistas políticos, para discutir de negocios y planificar, en el Precoloquio que organiza periódicamente la organización patronal IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina).

Entre los principales expositores del encuentro estuvieron el presidente de la UIA, José De Mendiguren, el ex ministro de economía, Miguel Peirano, y los gobernadores kirchneristas, Capitanich y Urtubey. Todos ellos, coincidieron en destacar la buena gestión del gobierno de Cristina Fernández y el buen momento que atraviesa la economía; lo que, en palabras de estos explotadores, no significa otra cosa que el gran rendimiento de sus negocios.

Al cierre de la jornada, todos los empresarios desbordaban de optimismo. Y no es para menos. Han facturado millonarias ganancias en los últimos años y, muchos de ellos, confían en un nuevo mandato kirchnerista que continúe custodiando sus ganancias y que, con más flexibilización laboral, siga dando impulso a sus negocios.

Editorial: Los que mandan

En esta sociedad, basada en la defensa de la propiedad privada y la explotación de la clase trabajadora, son los capitalistas los que mandan. Son los dueños de las fábricas, los bancos y las tierras, y los que se apropian, por lo tanto, de las riquezas generadas a diario por los trabajadores.

Para mantener su dominación se valen, entre los más diversos recursos, de todas las herramientas que aporta el aparato estatal: su parlamento, donde los legisladores sancionan leyes a su medida; su poder judicial, con jueces que fallan en defensa de sus intereses; y el ejecutivo, desde dónde quienes gobiernan tienen la responsabilidad de conducir las políticas que custodiarán los negocios de los capitalistas y de comandar a las fuerzas represivas, para disciplinar cotidianamente al pueblo trabajador.

Este rol que cumplen los gobiernos como representantes directos de la clase capitalista y defensores de sus intereses se pone en evidencia claramente en estos meses de campaña electoral. Los distintos candidatos que competirán en las urnas con la aspiración de acceder al gobierno, organizan reuniones y encuentros con las principales cámaras empresarias para escuchar sus necesidades y sus proyectos y hacen todo tipo de promesas que, una vez en el gobierno, cumplirán al pie de la letra. Y es en esas reuniones, en definitiva, en dónde se organizan y planifican los lineamientos de gobierno.

En los últimos ocho años, el kirchnerismo le ha garantizado millonarias ganancias a no pocos sectores del empresariado. Cuenta, por lo tanto, con el apoyo de una parte importante de la clase capitalista para continuar al frente del gobierno en el próximo período. Sin embargo, no conforme con esto, en estos meses de campaña, el gobierno de Cristina Fernández no escatima en gestos y en medidas proempresarias, en busca de consolidar la confianza de los capitalistas en su “modelo de país”.

En este marco, como ya señaláramos los últimos meses, el kirchnerismo ha lanzado los “Créditos del Bicentenario” que ponen miles de millones de pesos de las arcas del Banco Central al servicio de los negocios de distintos grupos empresarios. Al mismo tiempo, los ministros atienden casi a diario a los representantes de las cámaras patronales, buscando dar respuesta a todas y cada una de sus exigencias. Así, se sucedieron los encuentros con Boudou y Giorgi, que prometieron el lanzamiento de nuevas líneas de crédito, cuando no directamente, con Cristina Fernández.

Lo mismo se evidenció durante el viaje presidencial por México e Italia, que acompañaron, entre otros, De Vido, Timerman y Sabbatella. Allí, la comitiva que encabezó Cristina Fernández funcionó como promotora de los negociados que firmaron De Mendiguren (Unión Industrial) y Carlos de la Vega (Cámara de Comercio) en ambos países, actitud que despertó nuevos elogios de parte del flamante presidente de la UIA.

Claro que los principales candidatos que intentarán enfrentar al kirchnerismo en las próximas elecciones también buscan seducir al empresariado. Es el caso de Ricardo Alfonsín, que almorzó con De Mendiguren, Betnaza (Techint) y Rattazzi (Fiat). “Para que haya inversiones y desarrollo, las reglas de juego deben ser permanentes”, aseguró el radical, que recitó todo su repertorio proempresario, se llevó un documento redactado por los líderes industriales y aceptó una invitación de De Mendiguren para visitar la sede de la UIA y encontrarse con el resto de la cúpula de esa cámara patronal.

Aunque relegados por sus posibilidades electorales, los mismos pasos siguen Duhalde, amigo personal de De Mendiguren, Carrió, que organizó una gira para visitar a representantes de organismos internacionales y participó de un acto con los empresarios rurales de CRA y el rejunte “progre” de Pino Solanas y De Gennaro, que mientras buscan convencer a Binner para que encabece la fórmula nacional, continúan con su histórico discurso que elogia y busca seducir al empresariado nacional y, principalmente, al de las ultraexplotadoras PyMEs.

Es que, en definitiva, todos los gobiernos que surjan en los marcos del sistema capitalista, más allá de sus posibles matices, defenderán ante todo los intereses de los distintos grupos empresarios. “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa”, escribieron Marx y Engels en las páginas del Manifiesto Comunista. Y allí señalaron también, ante esa evidencia, que en el desarrollo de la organización y de la lucha de la clase obrera, radica la única fuerza posible capaz de sepultar al capitalismo y su explotación y levantar un gobierno que defienda los intereses de los trabajadores. En dar impulso a la lucha del pueblo trabajador y en avanzar en la construcción del partido de la clase obrera que se organice con ese norte revolucionario deben concentrarse todos nuestros esfuerzos.

El kirchnerismo sigue seduciendo empresarios

En los últimos meses el kirchnerismo ha avanzando con más declaraciones y medidas proempresarias. Y ante esta situación, la satisfacción de buena parte de los capitalistas locales se hace evidente. Tanto es así, que ni siquiera la disputa coyuntural con algunos grupos empresarios de peso como Techint(1) o Clarín, puede opacar esta realidad.

Por caso, en su discurso de asunción al frente de la UIA (Unión Industrial Argentina), José Ignacio De Mendiguren, se mostró conciliador con el gobierno de Cristina Fernández y pidió la “profundización de programas como los Créditos del Bicentenario (…) para financiar la inversión a largo plazo”. Al terminar la actividad se dejó fotografiar charlando amablemente con Moyano (con quien se jacta de mantener una buena relación) y con Buzzi. En confianza, el jefe de la Federación Agraria elogió el discurso de De Mendiguren y también le hizo un guiño al kirchnerismo diciendo: “Firmo lo que dijo el Vasco [De Mendiguren]; su discurso es un puente a la Presidenta”.

Al mismo tiempo, Cristina Fernández recibía a los ejecutivos locales e internacionales de la automotriz Fiat, para discutir sobre sus negociados en el país. No es casualidad. Como señaláramos el mes pasado, Cristiano Rattazzi, representante de Fiat en Argentina, es uno de los principales beneficiarios de los subsidios oficiales (“Créditos del Bicentenario”), ya que recibirá financiamiento del gobierno por $530 millones(2). A la salida de la reunión Rattazzi celebró que “el gobierno reconozca el derecho a tener buenas ganancias”.

Al día siguiente de la asunción de De Mendiguren, Cristina Fernández invitó al flamante jefe de los industriales, a una reunión en Casa Rosada, junto con la conducción de la CGT, para seguir aceitando su alianza antiobrera. Y por si hiciera falta más, Cristina Fernández continuó con sus declaraciones proempresarias, condenando las luchas de los trabajadores y explicitando el objetivo de su “modelo”: “Yo quiero que haya un replanteo acerca de cómo abordamos los problemas del conflicto social. Es necesario comprometer a los trabajadores en la obtención del mayor grado de rentabilidad para poder mejorar entre todos el funcionamiento del modelo”.

Como en estos ocho años de gobierno, el kirchnerismo promete continuar siendo el garante del ajuste sobre la clase trabajadora y el mejor promotor de la ganancia empresaria.




NOTAS:

1) La disputa con el Grupo Techint por la designación de nuevos representantes estatales en el directorio ha sido magnificada tanto por oficialistas como opositores. Resulta patético observar como los escribas del kirchnerismo opinan (ahora) en contra de Techint, criticando sus negociados con anteriores gobiernos, y “olvidan” como el propio kirchnerismo favoreció los intereses del grupo siderúrgico en los últimos años o que fuera el propio Néstor Kirchner quien intercediera ante Chávez a favor de los Rocca, para conseguirle el mejor negocio posible con la venta de una parte de la empresa Sidor en Venezuela.

2) Ver “Más medidas proempresarias”, en ER N°67 de abril de 2011.

Editorial: Subsidios para los empresarios. Ajuste para los trabajadores.

De campaña, el kirchnerismo insiste en presentarse como un gobierno “popular”, que se enfrenta a las grandes corporaciones y defiende, ante todo, el interés de los trabajadores y los más desprotegidos. Para montar esta farsa tiene trabajando a todo su aparato propagandístico, que no es para nada menor, e incluye radios, canales de televisión y diarios enteros, y que cuenta con la intervención cotidiana de sus escribas y funcionarios, además de un sinfín de actos partidarios.

Uno de los últimos fue, por ejemplo, en Huracán, para el aniversario del triunfo electoral de Cámpora y Solano Lima en el `73. En esa oportunidad, Cristina Fernández fue la principal oradora. Allí, el eje central del discurso fue la juventud, que parece ser una de las apuestas fuertes del kirchnerismo pensando en las elecciones de octubre. Fue el mismo eje que le imprimió Guillermo Moreno a su intervención en el acto que organizó Bonafini en el Mercado Central. “Empieza a emerger una juventud maravillosa”, aseguró el secretario de comercio.

Con esas palabras, hacen referencia, desde el gobierno, a agrupaciones como La Cámpora, que se vienen desarrollando al amparo del aparato punteril del PJ, y cuyos dirigentes se destacan, no precisamente por su militancia popular, sino por los altísimos sueldos que cobran por los cargos que van consiguiendo en el estado o como directivos en importantes empresas. También incluyen, seguramente, dentro del resurgimiento de la “juventud maravillosa”, al protagonismo que ha vuelto a cobrar la Juventud Sindical Peronista, que comanda el menor de los Moyano, y que, como apéndice de la burocracia sindical, es otra de las patas sobre las cuales se sostiene el gobierno de Cristina Fernández.

Otro eje central de propaganda para el armado de la farsa kirchnerista sigue siendo el de los derechos humanos. Para el pasado 24 de marzo, organizó una marcha y varios actos oficiales, donde se movilizó buena parte del aparato gubernamental. Allí estuvo, entre otras fuerzas, marchando por la memoria y los derechos humanos, la Juventud Sindical. Esa misma que, ya en los `70, estrechamente relacionada con la AAA, organizaba las patotas que perseguían y asesinaban a los trabajadores y delegados clasistas y antiburocráticos. Las mismas patotas que, por estos días, utiliza la burocracia sindical kirchnerista para enfrentar a los trabajadores que se organizan de forma independiente y que sólo algunos meses atrás asesinaron a Mariano Ferreyra y dejaron gravemente herida a Elsa Rodríguez.

No puede sorprender, en este gobierno peronista, que sigue hablando de derechos humanos, mientras mata todos los días en los barrios populares con el gatillo fácil y la tortura. O cuando ha contado, en menos de ocho años, con más de cien presos políticos, superando a cualquier otro gobierno desde `83 en adelante. O cuando son miles los procesados por luchar, entre los cuales se cuentan decenas de trabajadores que encabezan procesos de organización independiente y de lucha, como en Kraft, Fate o el Subte.

No puede sorprender, tampoco, en el marco de la farsa que intenta montar el kirchnerismo, que con un discurso plagado de demagogia y mentiras, convoque a la juventud a sumarse y apoyar a su proyecto antipopular, cuando lo único que el gobierno le ofrece a la juventud trabajadora es desocupación o trabajo precario y una vida de sometimiento a través de las drogas y la violencia. Mientras, profundiza la destrucción de la educación pública (que también dice defender) manteniendo los presupuestos del área por el piso y los salarios docentes en la pobreza.

Por más que lo intente, sin embargo, el kirchnerismo no puede ocultar su verdadero rol: la defensa de los intereses de la clase capitalista. Así, por estos días, impulsa un nuevo ajuste sobre la clase trabajadora. Éste tuvo su lanzamiento con el acuerdo firmado con el jefe CGT, Hugo Moyano, en busca de fijar un techo para las negociaciones salariales en las próximas paritarias de cada gremio.

Y, como contracara, mientras avanza con más ajuste sobre los trabajadores, el gobierno de Cristina Fernández distribuye millonarios subsidios, bajo el pomposo título de “Créditos del Bicentenario”, para garantizar las gigantescas ganancias de un puñado de empresarios. Son miles de millones de pesos que saldrán del Banco Central, bajo la administración directa del gobierno, y que servirán para financiar los negociados de distintas empresas, tanto las negreras y ultra explotadoras PyMES, como importantes multinacionales, como Fiat.

Ésa ha sido la dinámica de todos los años de gobierno kirchnerista: Extraordinarias ganancias para los empresarios del campo y de la ciudad; Miseria, ajuste y más privaciones para pueblo trabajador.

Más medidas proempresarias

En este año electoral, el kirchnerismo avanza con más medidas y gestos proempresarios, incluyendo la puesta en marcha de un programa de millonarios subsidios, buscando asegurarse el apoyo y la adhesión de los distintos grupos capitalistas.



En sus años en el gobierno, el kirchnerismo ha dado sobradas muestras de su carácter proempresario. Ha sido el garante de la flexibilización laboral, ha permitido despidos y suspensiones, y ha subsidiado los negocios de más de un capitalista.

Por estos días, con el armado electoral como prioridad, y ante la indecisión de buena parte del empresariado local sobre la alternativa política para 2011, el gobierno de Cristina Fernández vuelve al ataque con más políticas proempresarias.

Una de las más celebradas es la de “licencias no automáticas”, que busca reducir la cantidad de importaciones, en defensa de la producción del empresariado local. El viernes 18 de marzo, los principales diarios del país publicaron una solicitada, firmada por CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y una docena de cámaras empresarias de distintas industrias, en la cual se saludaba la iniciativa gubernamental.

En el mismo sentido, se pronunció la UIA, en un comunicado que señalaba que son “instrumentos válidos para el monitoreo del comercio frente a la competencia desleal”. Esto fue, una vez resueltas sus disputas internas, que dejarán al frente de la entidad al “dialoguista” De Mendiguren (empresario textil, ex ministro de Producción de Duhalde y de buena llegada al gobierno de Cristina Fernández), secundado por Nicholson (Ledesma) y Betnaza (Techint). Consultado por Clarín sobre cuál será la relación de la UIA con el gobierno kirchnerista en los próximos meses, el futuro presidente De Mendiguren aseguró que será “de aporte. Es central el consenso, los acuerdos”.

Y es lógico que así sea, dado las amplias ventajas que el gobierno de Cristina Fernández les ha venido ofreciendo en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, además de las “licencias no automáticas”, varios de los principales dirigentes de la UIA se han visto beneficiados recientemente con distintas medidas “anti-dumping” (Techint, Ledesma), obtención de licitaciones millonarias (Lascurain, Méndez) y de los denominados “Créditos del Bicentenario” (Basso, Fiat).

Estos créditos, que continuarán siendo repartidos en los próximos meses entre distintas empresas, son financiados por el Banco Central, por un total de $8.000 millones, con la administración de los ministerios de Industria, Agricultura y Economía. Con tasas de interés reales negativas (9,9% anual, lo que estará indudablemente por debajo de los índices inflación) estos créditos representan un gigantesco subsidio a la ganancia empresaria. Dentro de un primer grupo de capitalistas que ya han sido beneficiados con este subsidio kirchnerista, se encuentran el autopartista José Luis Basso (que recibió $12,9 millones) y Cristiano Rattazzi de Fiat ($530 millones).

Buscando disfrazar esta escandalosa sociedad, que sólo repercute en millonarias ganancias para los capitalistas, empresarios y gobierno buscan hablar de lo importante de estas medidas para sostener y generar puestos de trabajo. De esta forma, los responsables de que exista desocupación, trabajo “en negro”, tercerización y de que los salarios cada vez alcancen para menos, buscan convencernos de que en realidad bregan por el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, por más que lo intenten, no hay engaño posible. Los trabajadores sabemos de sobra que el kirchnerismo gobierna únicamente en defensa de los empresarios y que éstos no reparan en otra cosa que en la mejora permanente de sus ganancias.

Expoagro 2011: Los empresarios del campo también hacen negocios millonarios

“El Estado debe ser un aliado estratégico y no un contrapeso burocrático para el campo. Por eso desde la Provincia queremos ser un socio de los productores y creemos que Expoagro es una oportunidad extraordinaria para mostrar la fuerza del sector”. Así anunció el gobernador Daniel Scioli el lanzamiento de Expoagro, la feria anual de los grandes empresarios de la agricultura, la ganadería y la industria y servicios asociados. El día de la inauguración, la buena noticia, tanto para los agroempresarios como para el gobierno, era la inminencia de una cosecha récord, superior a los 100 millones de toneladas de granos. El mismo día, el diario Los Andes de Mendoza titulaba: “Subió 15% el precio del pan y el kilo cuesta más de 7 pesos”.


Mostrando el entusiasmo gubernamental en la recaudación que promete la súper cosecha, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aprovechó para anunciar que se autorizará a la industria semillera a producir novedades biotecnológicas, es decir, más híbridos genéticamente manipulados, especialmente en materia de soja, para lo cual se “aggiornará el marco jurídico en regalías y patentes”. El ministro agregó que “con la autorización de nuevos eventos (...) se prevé que durante esta década los productores sumarán siete millones más de hectáreas en cultivos. Así, se podrá duplicar la producción local de granos y llevarla a los 200 millones de toneladas”. Poco importa que, en el camino, se siga desertificando hectárea tras hectárea, que se utilicen fertilizantes y pesticidas cancerígenos, que los trabajadores deban someterse a un régimen con modalidades esclavistas o que sea habitual la explotación infantil. Los negocios, sólo los negocios importan.

También anunció el ministro un volumen de créditos para el sector ganadero por más de mil millones de pesos, a tasa subsidiada, salidos del Banco Nación, que se otorgarán desde las provincias bajo la figura de fideicomisos. Y para los exportadores, la noticia fue la creación de seis nuevas agregadurías agrícolas en el exterior para gestionar la apertura de nuevos mercados.

Pero no sólo desde el gobierno se vieron los esfuerzos por quedar bien con los empresarios del campo. Desde Duhalde y el “Momo” Venegas, hasta Pino Solanas, pasando por Prat Gay y Cobos, ningún candidato dejó de pasearse entre tractores, bolsas de granos y bonitas promotoras. No faltaron Sanz y de Narváez; Das Neves, Rodríguez Saá, Macri, Carrió, Giustinianni y Alfonsín. Todos, vestidos de campaña, pasearon en carritos de golf y se sacaron fotos con los productores, mientras mostraban su mejor sonrisa y agitaban sus más tentadoras promesas de gobierno.

Las empresas expositoras, como Claas, Stihl, Metalfor, Akron, Cestari, Mainero y Apache, cerraron más de 200 operaciones en maquinaria, por $11,7 millones. Los bancos y las empresas automotrices invitadas se fueron igual de contentos, con centenares de solicitudes de financiamiento y consultas.

Un gran éxito para todos los que, aunque se peleen por una mejor tajada, son socios en los negocios del campo, a costa de los trabajadores explotados.

Editorial: Papel Prensa, otra disputa entre empresarios

El conflicto en Papel Prensa, así como la decisión del gobierno de anular la licencia de Fibertel, puso sobre todas las primeras planas la disputa entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín. Ambos, aliados hasta hace unos pocos años atrás, son los protagonistas hoy de este enfrentamiento de negocios y poder.

De un lado, Clarín, la empresa de medios de comunicación más importante del país, dueña de diarios, radios y canales de televisión, con llegada a todas las provincias, además de ser proveedora de los servicios de internet y televisión por cable. Empresa que, al compás del devenir de sus negocios, ha sabido apoyar a todos y cada uno de los gobiernos nacionales. Así sucedió, por nombrar sólo los casos más recientes, durante el gobierno de Duhalde, gracias al cual Clarín licuó una buena parte de sus deudas, a través de la pesificación. O con su defensa del kirchnerismo, en tiempos en que, por ejemplo, el gobierno de Néstor Kirchner le extendía las concesiones y le permitía la fusión con la otra gran empresa proveedora de televisión por cable, favoreciendo la concentración monopólica que hoy, de forma oportunista, condena.

El Grupo Clarín, en este enfrentamiento con el gobierno, busca posicionarse como abanderado de una supuesta “libertad de prensa”. No es necesario aclarar, que al hablar de “libertad de prensa”, lo que defienden no es otra cosa que la libertad de desarrollar sus negocios. En este caso, el multimillonario negocio de los medios de comunicación.

Por otra parte, detrás de Clarín se ubica casi en pleno la destartalada oposición patronal, que ante su incapacidad actual de hacer frente al kirchnerismo, aprovecha la oportunidad para hacer coro de las propuestas y consignas del grupo de Herrera de Noble. Allí se encontraron, en diferentes momentos, la UCR, el PJ no kirchnerista de Duhalde, De Narváez o Solá, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, el GEN, Proyecto Sur… “Me vuelvo loco si me sacan Fibertel”, dijo el oportunista de Pino Solanas en una de las desvergonzadas defensas del Grupo Clarín.

Del otro lado, el kirchnerismo convoca a enfrentar la “dictadura mediática” que, como ya señaláramos, este mismo gobierno peronista contribuyó a fortalecer poco tiempo atrás. La disputa actual, al igual que con la tan propagandizada “ley de medios”, se encuadra dentro del objetivo kirchnerista de construir una estructura mediática adicta, pensando en la campaña para las próximas elecciones de 2011. En ese marco, ya se han creado nuevos diarios, programas televisivos y se han comprado emisoras radiales, ya sea directamente o a través de grupos empresarios afines o, incluso, de burócratas sindicales aliados.

Y a este plan del aparato de propaganda propio, se agrega, desde luego, la perspectiva nada menor de otros grupos empresarios afines al gobierno de participar del millonario negocio de los medios, como se había adelantado sobre el ingreso de las empresas telefónicas que habilitaría la legislación kirchnerista.

Por otra parte, la farsa de la pluralidad que brinda la “libertad de prensa” que ambos dicen defender, queda una y otra vez al desnudo ante la difusión que los medios que unos y otros controlan le dan, por ejemplo, a cada conflicto obrero independiente. Ésta oscila entre el silenciamiento y, cuando esto ya no es posible, la condena explícita, ya sea por interrumpir el tránsito con un corte o una movilización o por impedir la producción durante un paro, lo que evidencia su carácter de clase.

Como sucediera durante el conflicto entre los empresarios del campo y el gobierno kirchnerista, desde ambos bandos se intenta mostrar esta disputa como un hecho central y determinante sobre el futuro de la política nacional. De esta forma, unos y otros convocan a tomar partido en defensa de sus propios intereses.

Se hace necesario, por lo tanto, insistir una vez más sobre esta cuestión: la disputa entre el gobierno y Clarín, no es más que una disputa de negocios y poder entre dos grupos empresarios, hoy enfrentados. Ambos, defensores de los intereses de los capitalistas y enemigos irreconciliables de la clase trabajadora.


Millonarias ganancias para las multinacionales

Mientras el pueblo trabajador sigue condenado a la pobreza, varias de las empresas más poderosas del mundo realizan excelentes negocios en Argentina, facturando millones de dólares, favorecidos por las políticas proempresarias del gobierno kirchnerista.


El último informe cambiario realizado por el Banco Central, alertaba sobre el aumento de la “fuga de capitales” durante 2010. Este proceso, de por sí característico de países dependientes como Argentina, se ha agudizado durante los años de gestión kirchnerista, como consecuencia de sus políticas marcadamente proempresarias y proimperialistas, y tiene su base en los miles de millones de dólares que la clase capitalista obtiene en el país, a través de la explotación de la clase trabajadora, del saqueo de los recursos naturales y de la usura, y que luego son invertidos en alguna banca extranjera o engordan los ingresos de las casas matrices de las multinacionales. Sobre este último punto, según el mismo informe del Banco Central, la transferencia de ganancias durante el segundo trimestre fue récord, llegando a los u$s2.125 millones, evidencia más que contundente de los grandes negocios que los principales pulpos capitalistas realizan en el país.

En nuestro número anterior de El Revolucionario, citamos, por ejemplo, los casos de la canadiense Barrick Gold, que se enriquece con la explotación de los recursos mineros nacionales, y de la empresa alimenticia Pepsico, dónde uno de sus máximos representantes insistía en una entrevista sobre la “excelente” situación de sus negocios.

Es claro, pues, que las empresas multinacionales facturan millonarias ganancias aprovechando los bajos salarios que le garantizan de conjunto el gobierno kirchnerista y la burocracia sindical, las condiciones de flexibilización laboral, donde son moneda corriente los contratos temporarios, por agencia y la tercerización, y un sinnúmero de leyes y prácticas proempresarias impulsadas desde el estado.

Y Pepsico y Barrick Gold, desde luego, son sólo dos de los tantos ejemplos. En el mes de agosto, se reunieron directivos de ocho de las empresas yanquis más importantes que operan en el país para debatir sobre sus negocios en Argentina. Como muestra de su poderío, basta con mencionar que, según calculó el diario La Nación, estas “ocho compañías norteamericanas (…) suman entre sí una facturación anual que duplica el PBI argentino”. Dentro de ese grupo, se cuentan empresas como Ford, General Motors, 3M, General Electric, Microsoft y Motorola.

De la misma forma que el directivo de Pepsico, todos ellos destacaron, luego de la reunión, los excelentes resultados de sus negocios en el país en los últimos años y confesaron que esperan que el panorama continúe siendo altamente positivo en 2011. “Nuestra actividad industrial va a ser alta el año que viene, probablemente un poco más que este año.”, destacó el presidente local de Ford, Enrique Alemany, sintetizando el pensamiento de los demás directivos.

Y, claro está, tienen sus motivos para celebrar y para ser optimistas sobre el futuro de sus negocios. Es que, además del saldo ampliamente favorable de sus balances, el kirchnerismo les ha dado sobradas demostraciones de su carácter proempresario.

“Tenemos una estructura de costos que nos permite competir”, aseguró el presidente de Ford, haciendo innegable referencia a los bajos salarios, que, como ya señaláramos, representa una de las ventajas más importantes que les ofrecen el kirchnerismo y la burocracia sindical a los capitalistas de todo tipo.

También contaron con la colaboración del gobierno y la burocracia cuando lanzaron despidos y suspensiones a mansalva durante los momentos críticos de la crisis económica en 2008, que golpearon fuerte, entre otros, a los trabajadores de la industria automotriz. Y, por si no fuera suficiente, mientras todo esto sucedía, Cristina Fernández aportaba millonarios subsidios a empresas como General Motors, asegurando que de esa forma se garantizaban los puestos de trabajo.

Idéntico rol proempresario y proimperialista que se verificó el año pasado, durante el conflicto en la multinacional Kraft, cuando el gobierno avaló decenas de despidos y, a pedido de la patronal y de la embajada yanqui, descargó toda la represión que fue necesaria sobre los trabajadores que luchaban contra la arbitrariedad de la empresa.

No tienen, por lo tanto, motivos para dudarlo. El gobierno peronista de los Kirchner continuará haciendo todo lo que sea preciso para garantizar que las multinacionales yanquis o europeas continúen disfrutando de extraordinarias ganancias en Argentina, a través de la explotación del pueblo trabajador y el saqueo de los recursos del país.

La disputa por las retenciones

A más de dos años del estallido del conflicto por la “resolución 125”, el gobierno y los empresarios del campo continúan con su disputa por las retenciones a las exportaciones.

La edición número 124 de la Exposición Rural, que organiza la Sociedad Rural Argentina (SRA), fue la oportunidad para que otra vez se instalara el debate sobre las retenciones a las exportaciones. La disputa se renueva ante las puertas de una importante cosecha que dejará millonarias ganancias para los empresarios rurales, que buscan discutir qué parte de estas ganancias compartirán con el gobierno.
Sin embargo, como sucediera en 2008, la disputa por las retenciones es presentada, tanto desde el gobierno como desde la Mesa de Enlace del empresariado rural, como una disputa política, dónde se enfrentarían supuestamente dos “modelos de país” distintos. Ambos intentan, a su vez, mostrarse en esta representación como los defensores de los intereses populares.
Así, llegando al ridículo, se lo vio a Hugo Biolcati, máximo representante en la actualidad de la organización que nuclea a lo más concentrado de la burguesía rural argentina, haciendo una crítica de los índices de pobreza actual. “Un país inmensamente rico, que está lleno de pobres”, dijo sobre la realidad argentina. A tal punto se llevó esta farsa durante el discurso central de la Exposición Rural, que una organización que lucró como pocas con el endeudamiento externo, el atraso y la dependencia, y que fue promotora de prácticamente todas las intervenciones militares, como la Sociedad Rural, balanceó en boca de su jefe que “desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, las disputas, los condicionamientos externos, los seis golpes de Estado que reemplazaron gobiernos constitucionales por dictaduras, el obsceno endeudamiento público, algunas desatinadas privatizaciones y algunas malintencionadas nacionalizaciones” fueron las causas de que fracasara el modelo de “granero del mundo” de fines del siglo XIX y principios del XX.
Claro que los funcionarios kirchneristas no se quedan atrás a la hora de posar de defensores de los intereses populares. Así, este gobierno que ha sido defensor a ultranza de la rentabilidad empresaria(1), que ha sostenido la inflación como política de ajuste sobre la clase trabajadora y que profundizado el vaciamiento de la salud y la educación pública, intenta explicar que las retenciones a las exportaciones tienen como objetivo la “redistribución de la riqueza”, y no la expansión de la caja estatal para garantizar el pago de la deuda externa, la financiación de sus propios negociados o la de las próximas elecciones.
La Mesa de Enlace, más allá de las “tensiones” que existen entre las diferentes entidades, representa al conjunto del empresariado rural, desde los más grandes terratenientes hasta las PyMES del campo, encabezadas por el “progre” Eduardo Buzzi, de Federación Agraria. El propio Biolcati levantó el espacio como un ejemplo de la “unidad en la diversidad”. A su vez, una buena parte de la “oposición” se rejunta tras ellos. En los palcos de la Rural se dejaron ver, entre otros, Macri, Duhalde, y su aliado Gerónimo Venegas, jefe de las 62 Organizaciones Peronistas y de la UATRE, Alfonsín y Carrió.
Lo cierto es que lo que intentan esconder tras el debate sobre “los modelos de país” no es más que una disputa de negocios por el reparto de las ganancias de las exportaciones de la producción rural. Ninguno de ellos, ni el gobierno de millonarios que encabezan los Kirchner ni los empresarios del campo, representa ni defiende los intereses de los trabajadores.

NOTA:
1) Ver recuadro: Las ganancias de los empresarios de la alimentación.

Las ganancias de los empresarios de la alimentación

Durante los últimos años, el gobierno kirchnerista ha garantizado millonarias ganancias para la clase capitalista en el país. Desde grandes empresas multinacionales hasta PyMES locales, han encontrado la oportunidad de realizar grandes negocios, que se han sostenido fundamentalmente en la “competitividad” brindada por los Kirchner: bajos salarios y un marco de flexibilización laboral generalizado, con tercerización, trabajo en negro, por agencia…
El domingo 24 de julio, el diario La Nación publicó una entrevista a uno de los principales directivos de la multinacional Pepsico, empresa que, según la misma nota, factura en el mundo u$s60.000 millones anuales. En la entrevista, demostrativa de la situación ampliamente favorable para importantes sectores empresarios, el ejecutivo de la empresa norteamericana destacó, principalmente, el gran resultado de sus negocios en Argentina, al que calificó de “excelente”, a lo que agregó: “crecimos el 12% en kilos en el último año y tenemos muy buenos resultados en términos de ganancia. (…) El crecimiento que tuvimos en los últimos años nos anima”.
Seguido, ante la pregunta sobre su posición frente a los “acuerdos de precios” lanzados por el gobierno, el empresario volvió a recalcar su satisfacción por el desarrollo de sus negocios en los años de gestión kirchnerista. “Seguimos las reglas y tenemos diálogo con el gobierno, con Guillermo Moreno (…) [el control de precios] es una regla de este mercado y, como estamos contentos de hacer negocios aquí, nos adaptamos. Podemos manejarlo. Todos los mercados son diferentes, pero esta economía mejora a pesar de esa medida”.
A tal punto llega la demostración de satisfacción de este empresario, que hasta se sincera a la hora de restarle importancia al impacto del reciente aumento salarial (del 35%) en el sector sobre su negocio.
Los grupos empresarios, entre éstos los de la alimentación, están obteniendo multimillonarias ganancias a costa de la explotación de la clase trabajadora. Para ellos gobiernan los Kirchner.

Negocios y lujos a la china

Funcionarios del gobierno kirchnerista, con Cristina Fernández a la cabeza, y una nutrida comitiva de empresarios fueron protagonistas de una nueva gira de lujos y negocios.

La gira presidencial a China se inició con una comitiva integrada por ministros, senadores, gobernadores y funcionarios de todo tipo y, sobre todo, empresarios, muchos empresarios. Esta vez fueron más de 70 los que se subieron al avión, entusiasmados por las promesas kirchneristas, que se remontan a 2004, de grandes negocios en puerta.
Sin embargo, el viaje, que se había postergado el pasado verano por el temor a dejar a Cobos en ejercicio de la presidencia durante la “rebelión en el Banco Central” de Redrado, no dio los frutos que se esperaban. El objetivo central era negociar la liberación de los embarques de aceite de soja, suspendidos por el gobierno chino, a cambio del compromiso de comprar material ferroviario por unos 13 mil millones de dólares. Pero sólo la parte final del “plan” funcionó, para beneficio de la línea Belgrano Cargas, administrada, desde el kirchnerismo, por la Sociedad Operadora de Emergencia (SOE) integrada por los burócratas sindicales Hugo Moyano y Omar Maturano, de la CGT, junto con los empresarios Roggio y Franco Macri. Y los empresarios chinos, socios de Macri, que hacen enormes negocios a dos puntas, como proveedores y concesionarios, especialmente Citic International, un holding financiero chino del que Franco Macri reconoció ser agente a comisión (4%). Como “yapa”, se firmaron convenios entre el Grupo Chemo, una multinacional farmacéutica de capitales argentinos, y el gigante chino Fosun Pharmaceutical, por 73 millones de dólares, entre otros acuerdos menores.
Después de la reunión protocolar con su par chino, Hu Jintao, frente a la plaza de Tiananmen, Cristina Kirchner recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Negocios Internacionales y Economía de China.
Después, la presidenta visitó Shangai, donde el anfitrión fue el propio Franco Macri, que tiene sus oficinas cerca del Xintiandi, el shopping center más exclusivo de la ciudad, lleno de marcas internacionales, locales de lujo, restaurantes de primera línea, y siempre un par de Ferraris en el estacionamiento.
En Beijing, la comitiva presidencial se relajó en el majestuoso hotel St. Regis, con grandes jardines, laureados restaurantes, vistas panorámicas y baños de mármol. La presidenta ocupó la Suite Statesman, con servicio de mayordomo y una tarifa de u$s2.000 por noche. En Shangai, el alojamiento fue en el Pudong Shangri-La Hotel, con habitaciones estándar de 37 m2 y gran suite en la última planta, tres restaurantes, club nocturno y centro de negocios.
La misma semana que Cristina Kirchner, sus funcionarios y sus empresarios se daban esos lujos, en nuestro país, más de 40 personas morían literalmente de frío, por hipotermia o intoxicación por medios precarios de calefacción.