Es indisimulable la dependencia y sumisión del gobierno peronista a los mandatos yanquis. EEUU pertrecha y entrena las fuerzas de seguridad argentinas a su conveniencia; da instrucciones a los ministros; impone políticas económicas y decide qué leyes se sancionan. En una palabra, gobierna.
El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)
En una conferencia en la universidad de Miami, el subsecretario de estado para asuntos hemisféricos norteamericano, Tom Shannon, dijo que su gobierno se ha esforzado “activamente” y “muy duro” por encontrar socios en América Latina, y que su “paciencia estratégica” dio frutos. Enumeró entonces los países identificados como “clave” por el Departamento de Estado: Brasil, México, Chile, Canadá, Colombia, Perú y Argentina. Poco después, se anunció que en julio viajaría una delegación compuesta por una veintena de funcionarios yanquis, encabezados por el numero dos del Departamento de Estado, John Negroponte, para mantener una serie de reuniones bilaterales. El temario, según informó EEUU, incluye “cooperación científica, el narco terrorismo y la apertura de los mercados estadounidenses para las carnes argentinas”.
La prensa yanqui comentó que el conflicto con los empresarios del campo, la subsistencia de los índices retocados del INDEC y la objeción de Argentina a la resolución final de la FAO(1) junto a Venezuela y Cuba habían enojado al gobierno de EEUU, por lo que se había resuelto bajar un poco la visibilidad del viaje, quizás reemplazando a Negroponte con el propio Shannon. El reto, que previsiblemente darán los visitantes a los Kirchner, es una prueba más, por si hiciera falta, del carácter proimperialista de un gobierno que no puede disimular la permanente injerencia de funcionarios yanquis en los asuntos locales, desde el manejo de la economía hasta el equipamiento de las fuerzas de seguridad.
Este viaje, en palabras de Shannon, es muy importante para “ordenar las relaciones de EEUU con América Latina todo lo posible para que la próxima administración, sea demócrata o republicana, pueda avanzar”. Avanzar, desde luego, en el manejo imperial de estas tierras, algo que el gobierno peronista de los Kirchner está feliz de facilitar, como lo explicó el embajador Earl Anthony Wayne al término de su reunión, en el mes de enero, con la presidenta Fernández de Kirchner: “Coincidimos en que las relaciones entre ambos países son importantes y ambas partes están comprometidas a redoblar los esfuerzos para fortalecerlas”.
Si repasamos la agenda del embajador(2), veremos que negocia acuerdos comerciales; recibe ONGs locales con las que “acuerda políticas”; da becas y donaciones; organiza cursos de perfeccionamiento para policías, prefectos, gendarmes y jueces; se reúne con ministros, gobernadores, intendentes y otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales; recibe y ejecuta pedidos de empresarios yanquis; etc. En una palabra, gobierna.
En esa función, por ejemplo, acompañó en mayo al subdirector del FBI, adecuadamente llamado John S. Pistole, en su visita a Argentina. En la recepción en su honor, explicó Wayne: “El FBI en la Argentina (...) en forma diaria y sólida contribuye a la seguridad de los ciudadanos de ambos países (...) ayudando a sacar peligrosos criminales de las calles”. Un mes después, frente a jerarcas de la policía federal, prefectura naval, gendarmería nacional, policía bonaerense, y de las policías de Mendoza, Salta y Jujuy, explicó lo feliz que está porque “En 2007, las agencias argentinas de orden público, con la colaboración del gobierno de los EEUU, trabajaron juntas”. Les entregó computadoras de última generación y prometió seis vehículos especiales para “combatir el narcotráfico”. Al término de un programa de capacitación “antiterrorista” dictado en la Escuela de Cadetes de la PFA con el objeto, según dijo, “de que Argentina saque el mayor provecho de las fortalezas de sus fuerzas de seguridad en el mantenimiento de la ley y en la lucha contra el terrorismo”, donó a su jefe, el comisario general Néstor Vallecca, equipos valuados en u$s150.000. Todo esto, mientras EEUU reactiva su IV Flota, que, al cabo de casi 60 años, vuelve a patrullar las aguas latinoamericanas para “cooperar con la paz regional” a punta de misil(3).
El rol del embajador, verdadero virrey que gobierna estas tierras en nombre de su soberano; la aceptación sumisa de la intervención militar; el pago compulsivo de la deuda y el obediente dictado de cuanta ley exigen desde el norte, ponen en ridículo los esporádicos intentos de los Kirchner de agitar alguna banderita antiimperialista, y denotan el carácter proyanqui de su gobierno.
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NOTAS:
1) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
2) Ver “La agenda del señor embajador” en esta edición.
3) La Cuarta Flota de la marina yanqui fue creada en 1943 para enfrentar a los submarinos alemanes que atacaban a los puestos estadounidenses en América del Sur. Ya terminada la II Guerra Mundial, fue disuelta en 1950. "Es una forma de recordarle a sus posibles antagonistas que los EEUU son líderes en la región y que tienen el poderío naval, el poderío político y económico", expresó en una entrevista radial Félix Martín, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida.
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Situación nacional, ER37, trabajo en negro, trabajadores
CRECE EL TRABAJO EN NEGRO
El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)
Trabajo precario o “tercerizado”; salarios por debajo del nivel de pobreza, muy lejos de la canasta familiar, y “sobretrabajo”. Ésta es la realidad argentina bajo el gobierno peronista de los Kirchner, que no pueden ocultar ni sus estadísticas dibujadas.
A pesar de la manipulación de sus índices, el gobierno no puede ocultar que por lo menos cuatro de cada diez trabajadores con empleo están en negro. De la población económicamente activa(1), casi 10 millones de personas tienen trabajo. Según las estadísticas oficiales, 5.759.000 están en blanco, y 4.241.000 trabajan de manera “informal”, eufemismo para no decir que están en negro.
El INDEC reconoce un 37,3% de trabajo en negro en todo el país, índice que llega al 46,5% en el noroeste, al 43,7% en Santa Fe, y al 40,1% en el conurbano bonaerense. A esos números hay que agregar el importante segmento, que crece día a día, de trabajadores que aparecen en las estadísticas como monotributistas que facturan sus servicios, ocultando bajo una máscara perfectamente “legal” una situación de híper explotación y mayúscula indefensión.
El estado, que difunde un discurso contra el trabajo en negro, y satura con supuestas campañas de “blanqueos”, tiene, desde la nación a los municipios, cantidad creciente de personal “provisorio”, “contratado” o “no declarado”, o sea, en negro. Además, fomenta la existencia de entes que, bajo la forma de cooperativas o similares, tercerizan la provisión de mano de obra barata, sin costos laborales, a todo tipo de empresas. Largos y duros conflictos como el de los pesqueros en Mar del Plata y los petroleros en la Patagonia contra la mentira de estas cooperativas, fruto de acuerdos entre el estado y las empresas, dan cuenta de esta realidad.
El trabajador en negro, además de carecer de cobertura asistencial y previsional, está expuesto a un despido arbitrario en cualquier momento; no tiene protección alguna en caso de enfermedades o accidentes laborales, y percibe un salario, en promedio, siempre menor que el trabajador registrado. La precariedad de su relación laboral lo somete a la total discrecionalidad del patrón en materia de horarios y variación de las condiciones de trabajo.
El sobretrabajo, que ya es importante en el caso de los trabajadores en blanco, es enorme en el caso de los que están en negro. Con la amenaza del despido constante, debido a la alta tasa de desocupación, sin posibilidad de defenderse con los mínimos recursos legales que dan algún amparo al trabajador registrado, el que está en negro no tiene más remedio que adaptarse a horarios extensos, sin descansos, sin que se reconozca el pago de horas extras ni vacaciones. No hay estadísticas disponibles sobre el tema, pero pueden extrapolarse algunas conclusiones de los datos existentes sobre trabajadores registrados. Según un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, el 24,5% de los asalariados (1.700.000 personas) cumplen jornadas laborales mayores a 48 horas semanales, pero el 77,8% no recibe la paga correspondiente. Casi un 60%, realiza esas horas de sobretrabajo gratis(2). Si esa es la realidad respecto de los que están en blanco, imaginemos lo que ocurre con el trabajador precario.
En cuanto a los lugares que concentran mayor cantidad de trabajo en negro, es significativo que sean precisamente los que se promocionan como si fueran menos chupasangre que una gran multinacional. Un 49% del trabajo en negro se concentra en las empresas con menos de cinco trabajadores, y el 86% de los asalariados irregulares está empleado por empresas de menos de 40 trabajadores, es decir, “PyMES”.
Finalmente, en cuanto a los salarios y su relación con el nivel de pobreza y el costo de la canasta familiar, de nuevo no es fácil acceder a datos fidedignos. Pero, otra vez, podemos hacernos una idea de la situación de esos millones de explotados en negro si tenemos en cuenta que, de los privilegiados que están en blanco, 3 de cada 10 (1.750.000), no llegan a sueldos de 1.000 pesos, es decir, no superan el nivel de pobreza artificialmente decidido por las estadísticas del gobierno ($970,86). Si pensamos en una canasta familiar estimada en $3.000, lo que necesita consumir una familia de cuatro personas con valores más reales(3), a ese 9,8% que cobra hasta $1.000, hay que sumar el 40,2%, que gana entre 1.000 y 2.500 pesos. Imaginemos la realidad de la casi mitad de la población activa que trabaja en negro.
El gobierno siempre encuentra excusas para echarle la culpa a otros, y si no, responsabiliza a los propios trabajadores, como el secretario de trabajo de Santa Fe, Carlos Rodríguez, que, al ser interpelado por los altos índices en su provincia, dijo: “Hay algunas cosas que conspiran contra la posibilidad de blanqueo, como por ejemplo los planes sociales. Quien tiene un plan social y se le ofrece un empleo en blanco, prefiere tener el negro para no perder el plan social. Eso sucede en todas las provincias y debería merecer un debate nacional al respecto”.
Mientras el gobierno y los empresarios del campo se acusan recíprocamente de ser responsables por el trabajo en negro y el aumento de los precios, la realidad muestra que los trabajadores, ajenos por completo a la puja de intereses entre burgueses de uno u otro pelaje, están, gracias a todos ellos, cada vez en peores condiciones.
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NOTAS
1) La “población económicamente activa” es la suma de los que tienen trabajo más los que lo buscan activamente. Según el INDEC, ha descendido de octubre del año pasado a mayo de este año, lo que prueba que hay muchos que, desalentados, ya ni siquiera tratan de conseguir empleo, y quedan fuera de la confección de estadísticas.
2) Del resto, un 7,8% cobra como si fueran horas normales, un 7,5% lo “compensa” con otras horas no trabajadas, y un 3,7% recibe parte en dinero y parte en tiempo libre.
3) Cálculo de la Consultora Equis.
