El derrumbe de la mina en Chile, dónde quedaron atrapados más de 30 mineros, desnuda la naturaleza del sistema capitalista, dónde la ambición de los empresarios no repara en nada, ni aún en la vida misma, en la búsqueda de mayores ganancias.
El jueves 5 de agosto, en la mina San José, ubicada a 78km de la comuna de Copiapó, al norte de Chile, se produjo un derrumbe que dejó atrapados a 34 trabajadores mineros, al borde de la muerte. Tres años atrás, esa misma mina, productora de unas 1.200 toneladas anuales de cobre fino, había sido cerrada tras la muerte de un trabajador. Fue autorizada a reabrir por el Sernageomin (el instituto estatal que regula la actividad minera), durante el gobierno de la Concertación de Bachelet, a pesar de sus precarias condiciones de seguridad. No debió haber operado a más de 500 metros de profundidad, pero sus galerías llegaban a más de 700 y precisamente a esa profundidad tuvo lugar el previsible “accidente”. Derrumbes que continuaron castigando e impidiendo el accionar de los rescatistas que intentaban acercarse a los sobrevivientes. Los titulares de todo el mundo volvieron a hablar de “tragedia” para evitar explicar que estos hechos no son la excepción sino la regla de un sistema de explotación tan inhumano como inescrupuloso. Al igual que hace 6 años, en la mina carbonífera de Río Turbio, las condiciones laborales propias de una de las actividades más representativas de la explotación capitalista, dejaron al descubierto cuál es la prioridad del sistema: la ganancia por sobre la vida humana.
Los sobrevivientes tuvieron que organizar su propia supervivencia con los recursos que supieron encontrar a 700 metros de profundidad. De hecho, los planos aportados por la empresa perjudicaban las tareas de rescate porque no eran exactos.
Con el único objetivo de acumular más y más ganancias, las empresas de todo tipo empeoran progresivamente las condiciones de trabajo, extendiendo las jornadas laborales, precarizando las medidas de seguridad destinadas a proteger la vida de los trabajadores, negándoles sus derechos sindicales, recortando, de variadas maneras, los salarios. Los diferentes estados complementan esta disposición, legislando, gestionando, reprimiendo y fallando a favor siempre de los burgueses, en detrimento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera en su conjunto. El capitalismo, en su acumulación de plusvalía, no repara más que en su propio interés. Ni siquiera la vida humana esta por encima de ese principio fundamental.
Lo observamos de manera permanente, tanto en nuestro país como en el resto del mundo: infinidad de trabajadores, de distintas ramas de la producción, mueren en sus puestos laborales porque para sus jefes es más rentable tenerlos trabajando al borde de la muerte, que de manera segura.
La “seguridad jurídica” que el estado le otorga a las empresas, con la excusa de “atraer capitales”, implica, como si esto fuera poco, la legalización hecha y derecha de este tipo de relación social, obstaculizando cualquier intento de reclamo concreto frente a esta política permanente.
No hay, ni podrá haber nunca, un cambio sustancial a favor de los trabajadores mientras continúe gobernando la burguesía, obviamente en oposición a los intereses de los trabajadores y, por lo tanto, de la humanidad toda. Ahora, el gobierno chileno anuncia creación de la “comisión para la Seguridad en el Trabajo”, que tendrá un plazo de 90 días para analizar la legislación y presentar una propuesta de cambio. Sin embargo, nosotros sabemos que solamente dejarán de morir trabajadores, cuando los mismos trabajadores gobernemos en defensa de nuestros intereses. Ningún capitalista lo hará en nuestro lugar.