Muchos parecen sorprendidos ante la difusión de las investigaciones y los resultados de los allanamientos que confirmaron la existencia de trabajo infantil y las duras condiciones de explotación que sufren los trabajadores rurales. Sin embargo, lejos de ser una novedad, esta situación se repite a lo largo y ancho del país y constituye la expresión más extrema de las políticas de flexibilización y mayor explotación que se han extendido en los últimos años, bajo la gestión kirchnerista.
En las últimas décadas, todos y cada uno de los gobiernos han avanzado de distintas formas sobre la condiciones de trabajo, barriendo en muchos casos con los derechos laborales más elementales, en beneficio de los negocios de la clase capitalista en su conjunto, que ha podido con mayor facilidad (ya sea amparada en la legislación o aprovechando la complicidad estatal y de la burocracia sindical) despedir, suspender, contratar en negro, tercerizar actividades de las cuales antes debía hacerse cargo, imponer jornadas laborales que, en muchos casos, superan ampliamente las 12 horas, valerse de trabajo infantil y aprovecharse de la contratación temporaria de trabajadores, entre tantas otras formas de flexibilización y de explotación que la clase trabajadora debe padecer a diario en nuestro país.
El odio y la bronca que ya de por sí genera está situación se multiplican al escuchar a Cristina Fernández y sus funcionarios repetir descaradamente a cada momento que desde el gobierno se ha avanzado en la “construcción de trabajo genuino”. Es que a la legislación sancionada en los años del menemismo y de la Alianza, le siguió la política económica y laboral sostenida en los casi ocho años de gobierno kirchnerista, que ha contribuido enormemente a generalizar y a profundizar esta escandalosa situación.
Desde luego, esta realidad de brutal explotación de la cual se valen muchos capitalistas para facturar millonarias ganancias, y que desde el gobierno y los medios han dado en llamar “trabajo esclavo”, no es padecida únicamente por los trabajadores rurales. Los salarios de miseria, trabajadores que son engañados por sus patrones, que deben vivir hacinados en sus mismos lugares de trabajo, con jornadas laborales que pueden superar las 15 o 16 horas diarias, sin respetar las medidas de seguridad o condiciones de higiene más elementales son moneda corriente en las más diversas actividades. Entre los trabajadores rurales, en la desfloración del maíz o la zafra del poroto, como se hizo público recientemente, en criaderos o en la actividad frutícola, dónde se explota de forma muy extendida el trabajo infantil. Pero también padecen condiciones laborales muy similares los trabajadores textiles o de la construcción, entre otros.
Es decir, varias de las actividades que han sido motor del “crecimiento económico” del que tanto ha hablado el kirchnerismo en los últimos años se han basado fundamentalmente en estas condiciones de brutal explotación de la clase trabajadora.
El kirchnerismo “descubre” la explotación en el campo
Los allanamientos que se han realizado en varios campos de la provincia de Buenos Aires, en las zonas de San Pedro, Miramar, Mar del Plata y Lobería, y que son propiedad de varias empresas, entre ellas la multinacional Nidera S.A., dedicada al desflore de maíz, dieron muestras de las condiciones de brutal explotación a las que son sometidos cientos de trabajadores rurales.
El mecanismo de explotación incluye en este caso el reclutamiento de los trabajadores en otras provincias, como Formosa o Santiago del Estero, que pasan en vivir hacinados en contenedores o pequeñas piezas, sin baños, sin agua potable y sin los elementos de seguridad para trabajar más elementales (muchos de los cuales, incluso, era vendidos por la propia empresa).
El kirchnerismo, a través de su voceros y escribas, inundó Canal 7, Página/12, Miradas al Sur y cuanto medio tuvo a su alcance para instalar la denuncia de este tema, buscando no sólo desligarse de su inobjetable responsabilidad en esta situación de brutal explotación de los trabajadores, sino incluso intentando aparecer como denunciante.
De forma completamente oportunista (como es su costumbre) el gobierno, busca utilizar estas campañas mediáticas pensando en la disputa electoral del año que comienza e intentando sacar partida en su enfrentamiento con parte del empresariado rural. Así, quiere aparecer como defensor de los derechos de los trabajadores cuando en realidad, durante su gestión se han extendido todas las formas de precarización laboral, se ha incrementado el trabajo en negro y se ha profundizado la explotación sobre la clase trabajadora.
Gobierno, empresarios y burocracia
La comunión entre gobierno, empresarios y burocracia se hace presente claramente ante esta realidad de flexibilización generalizada y brutal explotación, de la cual estas tres patas de la “alianza antiobrera” son responsables.
Desde el estado, fundamentalmente desde el gobierno, a través de las políticas impulsadas desde sus ministerios, pero también en conjunto con los poderes judiciales y legislativo, se avala y se da impulso a estas condiciones de explotación que se son aprovechadas por los capitalistas de todo tipo, siempre con la complicidad de la burocracia sindical.
En las últimas semanas, ante la difusión pública que alcanzó el tema del “trabajo esclavo”, todos han salido descaradamente a desligar su responsabilidad ante esta realidad. Los ministros Tomada y Julián Domínguez organizaron una reunión con los referentes de la Mesa de Enlace que reúne a las principales cámaras patronales del campo, luego de la cual todos salieron a denunciar la situación, como si nada tuvieran que ver. “Queremos un diálogo permanente con un fin concreto, que es erradicar el trabajo en negro y, por supuesto, las condiciones de servidumbre que la Justicia está investigando”, adelantó Tomada. “Es repugnante que exista trabajo esclavo en el campo”, repitió descaradamente Buzzi, representante de los empresarios de las ultraexplotadoras PyMES del campo. Desde la burocracia de la UATRE, el burócrata duhaldista y aliado de las patronales agrarias, Gerónimo Venegas, se comprometió a hacer público un informe con datos que “surgen de la permanente campaña contra el trabajo rural informal e infantil que se lleva adelante desde hace años”.
De esta forma descarada, los máximos responsables (patrones, gobierno y burocracia) de la brutal explotación que sufren los trabajadores rurales, los mismos que sacan provecho de esta situación, haciendo sus negocios a costa de la salud y la vida de los peones rurales, intentan despegarse, se muestran sorprendidos como si nada supieran de esta realidad o, incluso, se disfrazan de defensores de los derechos de los trabajadores.
Que nadie lo dude: los empresarios no tienen límites a la hora de profundizar la explotación sobre la clase trabajadora cuando de multiplicar sus ganancias se trata. Y el kirchnerismo, como buen gobierno patronal, ha preparado el terreno como pocos para dar rienda suelta a la explotación capitalista.
