Expoagro 2011: Los empresarios del campo también hacen negocios millonarios

“El Estado debe ser un aliado estratégico y no un contrapeso burocrático para el campo. Por eso desde la Provincia queremos ser un socio de los productores y creemos que Expoagro es una oportunidad extraordinaria para mostrar la fuerza del sector”. Así anunció el gobernador Daniel Scioli el lanzamiento de Expoagro, la feria anual de los grandes empresarios de la agricultura, la ganadería y la industria y servicios asociados. El día de la inauguración, la buena noticia, tanto para los agroempresarios como para el gobierno, era la inminencia de una cosecha récord, superior a los 100 millones de toneladas de granos. El mismo día, el diario Los Andes de Mendoza titulaba: “Subió 15% el precio del pan y el kilo cuesta más de 7 pesos”.

Mostrando el entusiasmo gubernamental en la recaudación que promete la súper cosecha, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aprovechó para anunciar que se autorizará a la industria semillera a producir novedades biotecnológicas, es decir, más híbridos genéticamente manipulados, especialmente en materia de soja, para lo cual se “aggiornará el marco jurídico en regalías y patentes”. El ministro agregó que “con la autorización de nuevos eventos (...) se prevé que durante esta década los productores sumarán siete millones más de hectáreas en cultivos. Así, se podrá duplicar la producción local de granos y llevarla a los 200 millones de toneladas”. Poco importa que, en el camino, se siga desertificando hectárea tras hectárea, que se utilicen fertilizantes y pesticidas cancerígenos, que los trabajadores deban someterse a un régimen con modalidades esclavistas o que sea habitual la explotación infantil. Los negocios, sólo los negocios importan.

También anunció el ministro un volumen de créditos para el sector ganadero por más de mil millones de pesos, a tasa subsidiada, salidos del Banco Nación, que se otorgarán desde las provincias bajo la figura de fideicomisos. Y para los exportadores, la noticia fue la creación de seis nuevas agregadurías agrícolas en el exterior para gestionar la apertura de nuevos mercados.

Pero no sólo desde el gobierno se vieron los esfuerzos por quedar bien con los empresarios del campo. Desde Duhalde y el “Momo” Venegas, hasta Pino Solanas, pasando por Prat Gay y Cobos, ningún candidato dejó de pasearse entre tractores, bolsas de granos y bonitas promotoras. No faltaron Sanz y de Narváez; Das Neves, Rodríguez Saá, Macri, Carrió, Giustinianni y Alfonsín. Todos, vestidos de campaña, pasearon en carritos de golf y se sacaron fotos con los productores, mientras mostraban su mejor sonrisa y agitaban sus más tentadoras promesas de gobierno.

Las empresas expositoras, como Claas, Stihl, Metalfor, Akron, Cestari, Mainero y Apache, cerraron más de 200 operaciones en maquinaria, por $11,7 millones. Los bancos y las empresas automotrices invitadas se fueron igual de contentos, con centenares de solicitudes de financiamiento y consultas.

Un gran éxito para todos los que, aunque se peleen por una mejor tajada, son socios en los negocios del campo, a costa de los trabajadores explotados.

La disputa por las retenciones

A más de dos años del estallido del conflicto por la “resolución 125”, el gobierno y los empresarios del campo continúan con su disputa por las retenciones a las exportaciones.

La edición número 124 de la Exposición Rural, que organiza la Sociedad Rural Argentina (SRA), fue la oportunidad para que otra vez se instalara el debate sobre las retenciones a las exportaciones. La disputa se renueva ante las puertas de una importante cosecha que dejará millonarias ganancias para los empresarios rurales, que buscan discutir qué parte de estas ganancias compartirán con el gobierno.

Sin embargo, como sucediera en 2008, la disputa por las retenciones es presentada, tanto desde el gobierno como desde la Mesa de Enlace del empresariado rural, como una disputa política, dónde se enfrentarían supuestamente dos “modelos de país” distintos. Ambos intentan, a su vez, mostrarse en esta representación como los defensores de los intereses populares.

Así, llegando al ridículo, se lo vio a Hugo Biolcati, máximo representante en la actualidad de la organización que nuclea a lo más concentrado de la burguesía rural argentina, haciendo una crítica de los índices de pobreza actual. “Un país inmensamente rico, que está lleno de pobres”, dijo sobre la realidad argentina. A tal punto se llevó esta farsa durante el discurso central de la Exposición Rural, que una organización que lucró como pocas con el endeudamiento externo, el atraso y la dependencia, y que fue promotora de prácticamente todas las intervenciones militares, como la Sociedad Rural, balanceó en boca de su jefe que “desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, las disputas, los condicionamientos externos, los seis golpes de Estado que reemplazaron gobiernos constitucionales por dictaduras, el obsceno endeudamiento público, algunas desatinadas privatizaciones y algunas malintencionadas nacionalizaciones” fueron las causas de que fracasara el modelo de “granero del mundo” de fines del siglo XIX y principios del XX.

Claro que los funcionarios kirchneristas no se quedan atrás a la hora de posar de defensores de los intereses populares. Así, este gobierno que ha sido defensor a ultranza de la rentabilidad empresaria(1), que ha sostenido la inflación como política de ajuste sobre la clase trabajadora y que profundizado el vaciamiento de la salud y la educación pública, intenta explicar que las retenciones a las exportaciones tienen como objetivo la “redistribución de la riqueza”, y no la expansión de la caja estatal para garantizar el pago de la deuda externa, la financiación de sus propios negociados o la de las próximas elecciones.

La Mesa de Enlace, más allá de las “tensiones” que existen entre las diferentes entidades, representa al conjunto del empresariado rural, desde los más grandes terratenientes hasta las PyMES del campo, encabezadas por el “progre” Eduardo Buzzi, de Federación Agraria. El propio Biolcati levantó el espacio como un ejemplo de la “unidad en la diversidad”. A su vez, una buena parte de la “oposición” se rejunta tras ellos. En los palcos de la Rural se dejaron ver, entre otros, Macri, Duhalde, y su aliado Gerónimo Venegas, jefe de las 62 Organizaciones Peronistas y de la UATRE, Alfonsín y Carrió.

Lo cierto es que lo que intentan esconder tras el debate sobre “los modelos de país” no es más que una disputa de negocios por el reparto de las ganancias de las exportaciones de la producción rural. Ninguno de ellos, ni el gobierno de millonarios que encabezan los Kirchner ni los empresarios del campo, representa ni defiende los intereses de los trabajadores.

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NOTA:

1) Ver recuadro: Las ganancias de los empresarios de la alimentación.

LAS CONCESIONES QUE HACE EL KIRCHNERISMO

El conflicto entre los empresarios del campo y los del gobierno

El Revolucionario Nº39 (Septiembre de 2008)

Una medida tras otra. Todas, para satisfacer la sed de ganancias de los empresarios del campo.
Producto del rechazo a la resolución 125, pero sobre todo como consecuencia del revés político sufrido por el kirchnerismo, el gobierno se muestra más dócil ante el empresariado rural. Docilidad que cobra cuerpo en los millones de pesos que el estado cede a la burguesía exportadora. En tren de evitar una nueva oleada de protesta empresarial, el gobierno, a través del secretario de agricultura Carlos Cheppi y el director de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, volvió a las reuniones fluidas y cordiales con las cámaras empresariales del agro. Además, ya flexibilizó la operatoria de los embarques de granos, liberalizó las exportaciones de queso, se destinaron 1.000 millones de pesos adicionales para subsidiar al sector, se reabrió la cuota Milton, se paga más por el litro de leche...
Atrás quedaron los “modelos antagónicos de país” y las acusaciones de “golpistas” y “desestabilizadores”.
Pero el empresariado rural, ahora más fortalecido políticamente, no se conforma y va por más. En decenas de actos y asambleas va a la carga por la mejora de sus negocios. La rebaja en las retenciones, la liberalización de las exportaciones, más compensaciones, más subsidios... sólo algunos de los planes que se trazan los jefes empresarios. No andan con medias tintas quienes hace poco demostraron el poder que tienen en este país atrasado, cuya actividad fundamental es la explotación agrícola. “El campo debe tener mayoría automática en el congreso”, llegó a manifestar Alfredo de Ángeli, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, luego de explicar que su objetivo es estar en todos los partidos.
Las millonarias negociaciones entre los empresarios del campo y los empresarios del gobierno atraviesan una etapa favorable al “campo”. Sobre esto no hay dudas. Es la única diferencia con las negociaciones entabladas antes del inicio del último conflicto desatado el 11 de marzo, cuando también arreglaban retenciones, subsidios y condiciones de comercialización. Por lo demás, siguen contemplando la demanda mundial, los precios internacionales y repartiéndose las inmensas ganancias, como buenos capitalistas asociados que son.

El Revolucionario Nº38 (Agosto 2008)

EDITORIAL: MÁS ALLÁ DE LAS DIFERENCIAS

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)

La millonaria pelea que protagonizaron los empresarios del campo y los empresarios del gobierno dejó penas y glorias en ambos lados de la gran mesa de negociación que fue el congreso. Las cámaras empresariales del agro realizaron su principal reclamo y se erigieron con un triunfo político, cuyo máximo capitalizador es Duhalde y su cohorte. El gobierno quedó con fisuras internas, renuncias y distanciamientos significativos. También, el PJ kirchnerista. Los millones quedaron en manos de los burgueses exportadores, entre los que hay varios kirchneristas, por cierto.
Después de la derrota en la votación por las retenciones móviles en el senado, el gobierno de los Kirchner trata de recomponer algo de la legitimidad y el consenso perdidos durante el largo conflicto. Por eso, los anuncios sobre el recambio en la jefatura de gabinete, el nuevo salario mínimo, las asignaciones familiares, la “reestatización” de Aerolíneas Argentinas y la movilidad jubilatoria. Para eso también, la primera conferencia de prensa presidencial en la gestión kirchnerista. Todas, medidas anunciadas casi en simultáneo, que buscan lavarle la cara al oficialismo antes de que empiece a sentirse el nuevo aumento del boleto y la luz.
Pero más allá de las diferencias, la pelea instaló con más fuerza uno de los mayores acuerdos entre los empresarios del campo y los del gobierno: la defensa de la democracia. Todos, gobernadores, legisladores, funcionarios, empresarios, periodistas... celebraron la “reactivación del congreso”, la “independencia de poderes”, la “mejora en la calidad institucional”. “Es un triunfo de la democracia, de la república, del país”. Ésta, palabras más, palabras menos, fue la frase más recitada después de la votación parlamentaria. Es la principal conclusión que comparten las bandas capitalistas que estuvieron enfrentadas durante estos meses, y la que difundieron masivamente.
Pero si ambos sectores comparten estas ideas es, simplemente, porque la democracia es suya. La pelea que protagonizaron lo mostró muy claramente, como pocas veces. Quedó en evidencia que las dos bandas en pugna manejan al congreso y a sus legisladores, a los medios de comunicación y a sus periodistas, a las fuerzas de seguridad y a sus milicos... No hay dudas: es su democracia.
Mientras tanto, y más allá de los flashes de los noticieros y la batería de anuncios y discursos, la realidad de la clase trabajadora continúa su marcha. Bajos salarios, inflación, accidentes laborales, trabajo en negro... y para quien ose organizarse y luchar para cambiar esta situación, represión. Mantener esta realidad es otro de los grandes acuerdos que comparten “el campo” y el gobierno, más allá de las diferencias.

LA PELEA POR LAS RETENCIONES: UN REVÉS PARA EL KIRCHNERISMO

La votación del congreso golpeó al gobierno nacional, generando varias renuncias, recambios y alejamientos. También dividió al PJ, conformando una fracción que, bajo la dirección de Duhalde, se prepara para organizar el recambio presidencial.

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)

La caja es la clave del gobierno. Eso es bien claro para los kirchneristas, que se han dedicado casi exclusivamente a recaudar, engrosando el superávit fiscal y las reservas del Banco Central. Eso les permite, en primer lugar, sostener el pago de la deuda externa y los subsidios a las empresas privadas, incluyendo a las privatizadas por Menem, al tiempo que se cubren frente al impacto de posibles crisis económicas e intentan contener la indignación social por medio de precarias dádivas a los sectores más humildes... además de los infaltables negocios privados que abultan los bolsillos de funcionarios y empresarios amigos, como nos lo recuerdan De Vido y su caso Skanska, Miceli y su bolsa, los amigos de Antonini y su valija, o la presidenta y sus rolex, carteras, vestidos, viajes y demás.
Pero la agenda recaudatoria fue llevada con increíble mal tino por el gobierno, que se propuso ampliar las retenciones a la exportación agrícola enfrentando directamente al empresariado rural (y no acordando previamente, como lo venían haciendo), olvidando, entre otras cosas, que en un país atrasado y dependiente, como el nuestro, este sector es de gran importancia dentro de la burguesía local, lo que culminó con una crisis política en el interior del gobierno, que se llevó puesta a la tercera figura más importante del kirchnerismo, el ahora ex jefe de gabinete Alberto Fernández.
Representantes directos y aliados más o menos circunstanciales de la burguesía agraria salieron a flote en estos meses defendiendo esos intereses empresarios y aprovechando el traspié kirchnerista para fortalecer las líneas políticas de sus propios sectores, lo que ha llevado no sólo a un pasajero protagonismo de los partidos de oposición sino, sobre todo, a una acelerada cristalización del duhaldismo, que desde el mismo peronismo se prepara para ser recambio del gobierno actual.

La sangría K
La enorme torpeza gubernamental llevó al distanciamiento de muchos que hasta ahora lo acompañaban y al protagonismo de quienes no encontraban hasta ahora forma de levantar cabeza para dirigir una fracción alternativa a los Kirchner. Nada ha sido tan significativo como la renuncia del número tres del gobierno, el ahora ex jefe de gabinete Alberto Fernández (reemplazado por el también hijo del duhaldismo, Sergio Massa), quien desde el mismo centro del poder dejó en claro que el kirchnerismo había manejado en forma desastrosa el conflicto con el empresariado rural. Pero lo que acabaría siendo una crisis política al interior del círculo más cerrado del poder gubernamental impacto en sectores mucho más amplios de su base.
De hecho, algunos grupos no involucrados orgánicamente con el proyecto oficial, aunque sí simpatizantes como De Gennaro y sus hombres de la CTA o la misma Federación Agraria, ya optaron por cierto distanciamiento del gobierno. De igual modo, numerosos intendentes, diputados, dirigentes políticos del interior y gobernadores, que se vieron forzados a optar entre su gobierno y su base social y política, acabaron por abandonar el barco del kirchnerismo en este conflicto.
Más notable fue la ruptura de la dibujada “concertación plural”, pues aunque los radicales K, encabezados por Cobos, no contaron nunca con un peso importante en el gobierno, esta vez sus pocos votos fueron clave para la derrota gubernamental. Esto se vio agravado por el hecho de que fue justamente el vicepresidente (que, habitualmente, no es más que una figura decorativa), quien definió en el senado, dejando expuesta la falta de control por parte de los Kirchner. Luego de ese fiasco, la mayoría de los radicales K fueron expulsados uno a uno y quedaron sólo algunos obsecuentes de la presidenta.

La vuelta de “El padrino”
De todas formas, lo más importante del caso fue el resquebrajamiento en las propias filas peronistas, con un rol protagónico de los grandes empresarios rurales (principalmente Urquía, pero también otros como Felipe Solá) y los representantes más evidentes de este sector (como los gobernadores o ex gobernadores Reutemann, Schiaretti, De la Sota o Busti) que fueron constituyendo una columna peronista no K donde vuelven a tener lugar los más famosos impresentables del peronismo como Menem, Romero o Rodríguez Saa. El aún disperso peronismo no K (en el que se pueden incluir tanto hombres que aún no han roto definitivamente con la pareja presidencial, como Scioli o Das Neves, junto a otros más alejados como De Narváez o Lavagna), encuentra su máximo exponente y aglutinante en la figura de Eduardo Duhalde, quien ya está programando su “relanzamiento” por medio de una gira nacional para fundar locales provinciales de su Movimiento Productivo Argentino (MPA).
La influencia de Duhalde en la interna peronista y la preparación de un recambio del actual gobierno, se patentiza en la fracción que el diputado y dirigente gastronómico, Luis Barrionuevo, le armó al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, alineado con los Kirchner. Uno de los operadores de Barrionuevo, el también dirigente sindical y diputado, Dante Camaño, explicitaba su banca política, al inaugurar la flamante CGT Azul y Blanca: “Tenemos el respaldo de todo el arco anti K: desde Eduardo Duhalde hasta Francisco De Narváez.”.
De esta forma, el peronismo, la mejor expresión partidaria que ha encontrado la burguesía para defender sus intereses y conservar el actual estado de cosas, se prepara ya para encontrar una salida a su propio desgaste, por medio del duhaldismo.

EL CONFLICTO ENTRE LOS EMPRESARIOS DEL CAMPO Y LOS DEL GOBIERNO ¿EN QUÉ QUEDARON?

La pelea entre el gobierno y los empresarios del campo concluyó su primera etapa con la votación del vicepresidente Cobos, quien rechazó el proyecto oficial. Ahora, la disputa y la negociación continúan por otros caminos.

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)


Mientras el gobierno y los empresarios agrarios evaluaban cómo seguir cuando la cámara de senadores ratificara la resolución 125 y sus modificatorias, el vicepresidente Julio Cobos coronó la votación rechazando el proyecto del ejecutivo. El inesperado desenlace dio por tierra los pronósticos que unos y otros imaginaron, lo que desató desbandes, reacomodamientos y rejuntes varios. En consecuencia, las retenciones a las exportaciones volvieron a ser fijas, aplicándose el mismo rasero para todos los empresarios agrícolas, independientemente de su tamaño y producción.
Al kirchnerismo se le abrió un PJ disidente que comenzó a aglutinarse en torno a la figura de Duhalde, con vistas al recambio. Los radicales K, ninguneados hasta aquí por el kirchnerismo, vieron la oportunidad de posicionarse de otro modo dentro del mapa político. Por otro lado, estos meses de disputa con el campo le ocasionaron un desgaste al gobierno(1), que lo llevó a realizar algunos retoques imprescindibles para restituir su imagen, lanzarse a la reconquista de “defeccionadores” y heridos y trazar nuevas alianzas.
En otro orden de cosas, al derogarse la resolución 125 y sus agregados, se cumplió el programa que se trazaron los grandes capitalistas agrícolas, los más beneficiados con los resultados obtenidos. Así es: los pequeños y medianos empresarios no se beneficiarán con el esquema de subsidios, compensaciones y reintegros que establecían las modificaciones hechas al proyecto oficial por los diputados, quedando los mismos en una situación más desfavorable que la que hubieran tenido en caso de aprobarse el proyecto, tal cual salió de la cámara baja. Hasta el propio dirigente de la Federación Agraria se vio obligado a reconocer que “no puede ser necio” y que con las enmiendas hechas “los pequeños productores estaban mejor”. Es por eso que, aun cuando se auguran cosechas récord y ganancias exorbitantes para todos, entre los empresarios del campo hay algunos más satisfechos que otros. Sin embargo, todos estos explotadores marchan unidos para negociar en mejores condiciones con el gobierno.
De hecho, ya están circulando propuestas para acordar cómo quedan repartidas las ganancias extraordinarias. El oficialismo estaría dispuesto a ceder la movilidad de las retenciones a cambio de instrumentar un aumento en los derechos de exportación de la soja. Los ruralistas aceptarían esto, si el gobierno incrementa los subsidios y baja las retenciones del maíz y el trigo. Como vemos, la negociación sigue abierta, pero con “el campo” en una mejor posición. Si prospera este plan, el gobierno se embolsaría unos 1.200 millones de dólares. Algo menos que lo estipulado en el plan original.
Así las cosas. El conflicto no terminó. Sigue en pie la necesidad de recaudar más por parte del kirchnerismo. También sigue en pie la necesidad del campo de contar con un gobierno que le garantice sus grandes ganancias. La plata debe ser distribuida, más temprano que tarde.
Mientras tanto, más empobrecido y golpeado que al inicio del conflicto, queda quien nada tuvo que ver con la disputa: el pueblo trabajador.
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NOTAS:
1) Ver “Un revés para el kirchnerismo”, en esta edición.

DOS ACTOS, EL MISMO CIRCO

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)

El día que los empresarios del campo y del gobierno compitieron con sus actos, el periodismo adicto a unos y otros pasó revista a las banderas, consignas y precios del marketing y choripanes.
Por un lado, mostraron a las señoras palermitanas, con su bijou resplandeciente, las botas italianas y los jeans de marca, sin darse cuenta que criticaban, cartera Vuitton incluida, el look de la presidenta. Por el otro, despotricaron sobre las filas de colectivos fletados por los barones del PJ a Congreso, no muy distintos al aporte del mismo PJ en Palermo.
En Congreso estuvo Moyano. En Palermo, la CGT Azul y Blanca, sin Barrionuevo, que justo tuvo que operarse.
En Palermo, el PJ de Duhalde, De la Sota, Schiaretti, Reutemann, Busti, Rodríguez Saá, Romero. En Congreso, el PJ de Kirchner, los Fernández, Kunkel, De Vido, Scioli, Pichetto, Uribarri, Capitanich, Urtubey.
Con los empresarios del campo se mostraron Carrió, Gil Lavedra, López Murphy, P. Bullrich, Blumberg, Binner, Castells, el PCR, el MST y otros grupos menores. Con el gobierno, Yasky, Tumini, D’Elía, Bonafini, Sabatella, el cura Farinello, el PC y el PH. Compitieron el toro inflable Alfredito con los nueve pingüinos cuyas panzas formaban la palabra “Cristina” y el gorila marioneta.
Cada acto quiso ser el “auténtico”, el de manifestantes “espontáneos”, el de reclamos “democráticos”, el que expresaba “la patria”.
En uno se defendían las ganancias de la soja. En otro, las de las empresas y el superávit fiscal. Intereses, ocasionalmente enfrentados, de una misma clase: la burguesía, que aunque se divida en fracciones que compitan para ver quién se queda con la mejor parte del saqueo, no pierde su única cara, la de la explotación.

CAMPO Y GOBIERNO: LAS CUENTAS DE UNOS Y OTROS

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)

En el primer semestre de 2008, el superávit fiscal alcanzó $20.310 millones. En este tiempo, el gobierno acumuló “casi $6.000 millones más que en el mismo período de 2007...”(1), lo que significa un aumento interanual del 41,8%. Esta cifra permite proyectar un 20% más que en 2007. En estos pocos meses de retenciones móviles, ingresaron por ese concepto al menos u$s300 millones, aunque, por la decisión del senado, el kirchnerismo no podrá retener los u$s1.200 millones que esperaba quedarse hasta diciembre. Esto es todo. Seguirán garantizando el superávit, gracias a los altos precios de los commodities, pero viéndose obligados a realizar cada vez más ajustes sobre el pueblo y maniobras financieras para mantenerlo, como la participación del Banco Central o el traspaso de fondos de las AFJP.
Por su parte, los balances entre los empresarios del campo no son nada desestimables. La alta demanda internacional de alimentos y, sumado a ello, el especulador acopio de millones de toneladas por parte de las corporaciones agrícolas, produjo que la soja cotice con ganancias en el mercado de futuro. En razón de su bajo costo y alta rentabilidad, para la campaña 2008/09 la siembra de soja crecerá 900.000 hectáreas más con relación al año pasado, desplazando a otros cultivos y marcando un nuevo récord histórico. De este modo, la oleaginosa tocará casi los 18 millones de hectáreas(2), más de la mitad de la zona cultivable del país(3).
Como vemos, ambos, empresarios del campo y del gobierno, viven del atraso del país.
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NOTAS:
1) Ámbito financiero, 22/07/08.
2) El diario de Paraná, 24/07/08.
3) Vale recordar que menos del 10% de este cultivo se destina para consumo interno.

RETENCIONES, SUBSIDIOS Y SUPERÁVIT

Con la votación del senado y la posterior derogación de la resolución 125 que establecía las retenciones móviles, el panorama de la recaudación fiscal se ha modificado sensiblemente. Concretamente en unos 2.000 millones de dólares. Para recomponerla, el gobierno avanza contra los trabajadores y el pueblo.

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)

Era tal la seguridad del gobierno nacional de que impondría las retenciones móviles, que la plata ya estaba distribuida. Un poco para el pago de la deuda, otro tanto para subsidiar empresas, una parte para reintegros a los empresarios del campo, y algo para las billeteras de los funcionarios kirchneristas. Ése y no otro era su destino. La confesión de Kirchner, después de la alharaca redistribucionista, no deja lugar a dudas: “Sin retenciones, ¿cómo vamos a pagar las obligaciones externas?”(1), decía un día antes de la votación. Eso de la construcción de hospitales, viviendas y caminos fue para la tribuna.
El objetivo principal de la resolución era recaudar más para sostener un superávit fiscal que permitiera mantener los gastos del gobierno nacional. Un superávit fiscal que, si bien sigue siendo elevado y acorde a las exigencias de los organismos internacionales, comienza a erosionarse, ya que los gastos están creciendo más que los ingresos(2). De allí, la necesidad de imponer una mayor recaudación vía suba de las retenciones, entre otras medidas. La participación de las retenciones en la recaudación total ronda el 15%. Por su parte, la relación entre las retenciones y el superávit fiscal no es menor y se ha incrementado año tras año, estimándose que, para 2008, serán equivalentes sus respectivos montos(3). Esta realidad demuestra no sólo el atraso de Argentina, cuyas cuentas dependen del agro y de los requerimientos del mercado mundial, sino también la fragilidad del superávit, ya que si bajan los precios internacionales de los granos que vende el país, el saldo positivo descendería considerablemente.
Pero el crecimiento de los gastos no se debe a mayores partidas destinadas al bienestar del pueblo, como miente el gobierno. Todo lo contrario. Junto al permanente pago de la deuda externa, los subsidios a las empresas explican dicho aumento. Estas últimas transferencias se han incrementado vertiginosamente en los últimos años. Lo estimado para 2008 duplica lo ejecutado en 2007 y cuadruplica las cifras de 2006(4). También, se ubica en el orden del 100% en relación al superávit primario(5). Los subsidios son para que no aumenten los precios, argumentan. Sin embargo, la inflación continúa mientras suben, también, los subsidios a las empresas para garantizar su rentabilidad, la eufemísticamente llamada seguridad jurídica.
Ahora, con el revés del congreso, el gobierno comienza a tomar medidas para seguir garantizando “la salud de las cuentas públicas” como gusta decir, en otras palabras, el superávit fiscal para pagar la deuda externa y mantener los privilegios de sus socios internos, conseguidos sobre la base de más ajuste hacia los trabajadores y el pueblo.
Los gobiernos provinciales de Córdoba y Buenos Aires, nuevo “opositor” uno y todavía oficialista otro, ya han implementado aumentos impositivos. También en Santa Fe, el “socialista” Hermes Binner se alista a seguir, luego de haber aumentado el boleto de colectivo.
Los subsidios no los van a recortar, como andan diciendo, pero sí pueden evitar incorporar otros nuevos o desacelerar su crecimiento. La contracara de esa decisión es el ya instrumentado aumento de tarifas en energía y transporte. Ahora, están preparando el del gas y el agua.
Es claro, la prioridad es mantener robusta la caja. “Hay que cuidar las finanzas públicas (...). El estado no tiene recursos infinitos para satisfacer mañana todas las necesidades”(6), le explicaba Cristina Fernández a los burócratas de la CGT. Y así es. El gobierno satisface solamente las necesidades empresarias ajustando y prometiendo más ajuste para el pueblo trabajador.
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NOTAS:
1) Clarín, 15/07/08.
2) En junio, los ingresos aumentaron un 21%, mientras los gastos, un 33,4%.
3) La consultora, Finsoport, la ubica en el 94% registrando la siguiente progresión: 53% en 2004; 58% en 2005; 61% en 2006; y 78% en 2007.
4) Según el ministerio de economía (que no computa todas las transferencias), en 2006 los subsidios fueron 6.485 millones de pesos; en 2007, de $14.624 millones; y de $28.000 millones para este año. Otras fuentes, como Ecolatina, los cifran en $35.000 millones. Como porcentaje del PBI, la relación es la siguiente: 1,8% en 2006; 2,3% en 2007; y 3,5% en 2008.
5) Según Ecolatina sería del 107%.
6) La Nación, 01/08/08.

LA LLEGADA DE LAS PYMES AGRÍCOLAS A LA SOCIEDAD RURAL

El Revolucionario Nº38 (Agosto de 2008)

El reciente conflicto del campo tuvo en el centro de la escena al pequeño empresario, ése que sueña con ser un gran capitalista y que, en ese camino, es el primero en negrear y superexplotar a los peones a su cargo. Desde la más rancia oligarquía hasta los autoproclamados “progresistas”, pasando por el gobierno de empresarios kirchneristas, todos agitaron como bandera el reclamo de una mejora en las condiciones (ganancias) de estas PyMES rurales, disputándose su apoyo.
Entre los dos bandos empresarios, los pequeños explotadores (muchos de los cuales eran antiguos simpatizantes del kirchnerismo) se ubicaron de lleno junto a sus hermanos mayores del campo, encabezados por la Sociedad Rural. Su “solidaridad de clase” fue tanta, que no abandonaron a los jefes terratenientes ni siquiera cuando el kirchnerismo les otorgó algunos beneficios para que se abrieran del bloque agrario... y esa “fidelidad” les costó quedarse sin nada, cuando una vez derogada la resolución 125, fueron suspendidas las compensaciones y reintegros, con lo cual los grandes ganadores de la disputa fueron los más acaudalados empresarios agrícolas.
De todas formas, a los jefes de los chacareros se los vio contentos ocupando un nuevo puesto, ahora como segundones en la feria de la Sociedad Rural, junto al golpista Miguens, a quien Buzzi y Cía. consideran un “socialdemócrata”. Es parte de la escala de valores que establecen entre empresarios. Éstos pueden ser más o menos amigos, tener mayor o menor fortuna, pero todos comparten lo esencial: se enriquecen a costa del trabajo ajeno, de la explotación de los trabajadores, los más claros perdedores en medio de este conflicto entre empresarios.

EL CONFLICTO ENTRE LOS EMPRESARIOS DEL CAMPO Y LOS DEL GOBIERNO: LA NEGOCIACIÓN EN MARCHA

Después de haber tensado su relación, los empresarios del campo y los empresarios del gobierno sientan a sus legisladores en el congreso para acordar qué tajada de las inmensas ganancias de la exportación se lleva cada uno.

El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)

De los cortes de rutas, las marchas, los cacerolazos y los actos, la pelea entre el gobierno y “el campo” se fue hacia el congreso nacional. Momentáneamente, los protagonistas dejaron de ser la presidenta, Cristina Fernández, y los dirigentes de las cuatro cámaras empresariales del agro. Ahora, los diputados y los senadores nacionales se llevan las tapas de los diarios y son los favoritos de la radio y la televisión. A un lado quedaron las declaraciones de Luis D´Elía y las arengas de Alfredo De Angeli, los cortes de rutas y los actos y contraactos. Esto fue reemplazado por algunas carpas, más circenses que otra cosa, frente al congreso.
Después de la tensión del fin de semana largo, con el show de la detención mediática de De Angeli y los cortes de los transportistas, Cristina Fernández anunció el envío del proyecto de ley para tratar las retenciones móviles en el parlamento, maquillando su decisión con un poco de “democracia y calidad institucional”. El gobierno, con este paso, aunque lo niegue, cedió ante las presiones de los capitalistas exportadores, pero para obtener, al fin de cuentas, una mayor recaudación en relación al período anterior al 11 de marzo.
El kirchnerismo no desconocía que los números en el recinto no le cerraban para imponer, sin modificaciones, el proyecto de ley que ratifica las retenciones móviles con los porcentajes que desencadenaron la protesta rural. Pero también sabía que es mayoría y, concesiones mediante, podría imponer su proyecto.
Esta salida parlamentaria fue aplaudida, no sin reparos, por las cámaras exportadoras, por la oposición política y, también, por los principales medios de comunicación. Ahora, debe llegar a otro arreglo, pero sin mostrar debilidad ni dar marcha atrás en su discurso redistribucionista.
Los exportadores, con minoría parlamentaria en este conflicto, lograrán, sin embargo, recuperar parte de lo que pretendió retener el gobierno de los Kirchner. Al mismo tiempo, deberán cederle una parte de las exorbitantes ganancias que amasaron en estos años de kirchnerismo y alta demanda y cotización internacional.
La marcha de la negociación transita por estos días el congreso, donde los legisladores se alistan para corresponder a sus jefes y padrinos políticos o aceptar premios, cargos, coimas y todo tipo de prebendas del mejor postor para definir sus votos. Algunos ya se adelantaron como Roberto Urquía, dueño de la Aceitera General Deheza y senador por la provincia de Córdoba, a quien le condonaron una deuda por más de 35 millones de pesos. Otro es Luis Viana, senador por Misiones, a quien le ofrecieron manejar la dirección de migraciones de su provincia. Ya negociaron en la cámara baja y ratificarán el trato en el senado.
Se vive la víspera del acuerdo en que ambos grupos se repartirán millones de dólares y no un puñado, como dice la presidenta. Los precios internacionales siguen en ascenso. Las porciones son generosas. Habrá más reintegros, subsidios, liberación de exportaciones y exención impositiva para los empresarios del campo, pero también más recaudación para el gobierno nacional. Todo, bendecido por sus instituciones democráticas. El congreso cumple así con su función de dirimir peleas interburguesas.
La disputa por apropiarse de la mayor parte posible de las extraordinarias ganancias, que dejan las exportaciones agrarias, parece encaminarse ya hacia el tan dilatado acuerdo que ambas bandas de capitalistas anhelan para seguir enriqueciéndose sin mayores sobresaltos. Podrán mediar todavía cacerolazos, acusaciones cruzadas y hasta la corte suprema, pero la esencia sigue siendo negociar. Siguen siendo socios. El gobierno vive sobre la base de la actividad rural y los altos precios de las materias primas que exporta el país. “El campo” se beneficia de las políticas kirchneristas de sostenimiento del tipo de cambio y subsidios hacia el sector.
Decíamos al iniciarse esta puja, que “Siendo que el origen del conflicto radicaba en un desacuerdo en la porción de las ganancias de las exportaciones que a cada uno le toca, el final de la pelea requería de una mesa de negociación en la que, simplemente, pudieran rehacer las cuentas.” (1) Pues bien, en eso están.

LOS NÚMEROS DEL CONFLICTO
La producción del campo argentino proyecta cosechas récord a precios récord. Solamente la producción sojera se estima en casi 50 millones de toneladas que superaron los 600 dólares cada una.
Las retenciones crecientes implementadas por el gobierno (27% en octubre pasado; 35% en noviembre; y en el orden del 44% dependiendo del precio internacional, desde marzo) representan para este año más de u$s12.000 millones para las arcas fiscales. Esa cifra se duplica, con yapa, en relación al pasado año, cuando alcanzó los u$s5.000 millones, y equivale, aproximadamente, al 15% de la recaudación estatal.
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NOTAS:
1) Ver “La negociación”, en ER Nº34, abril de 2008.

LAS RETENCIONES YA ESTÁN DISTRIBUIDAS

Que las retenciones son para distribuir la riqueza es el argumento del gobierno. Sin embargo, los millones de dólares recaudados por este concepto tienen un fin bien preciso y fuera de toda discusión.

El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)

A comienzos de mes, la cotización de la soja llegaba a su punto más alto, por encima de los 600 dólares. Con el decreto que hace más de 100 días impulsó el gobierno, esto significó una diferencia de más de 2.000 millones de dólares en concepto de retenciones que se disputan el gobierno kirchnerista y las corporaciones agrícolas. Son cifras momentáneas que podrían seguir creciendo, acorde a las alzas en la cotización de la soja y otros productos de segundo orden, como el maíz o el trigo.
Como se ve, el empresariado agrícola está consiguiendo ganancias millonarias, que no quieren compartir con la camarilla del PJ que controla el estado.
El problema es que el kirchnerismo gobernante tiene planes para esos fondos. Porque, si bien las retenciones al agro no son la única fuente de ingresos para la recaudación fiscal (y de hecho ésta recae en gran medida sobre los sectores populares por el cobro del IVA y el ajuste al gasto social), sí son una contribución importante para el engorde de una caja que los jefes del PJ ya tienen comprometida. Su primer objetivo es el cumplimiento de los compromisos con el gran capital transnacional por medio del pago, permanente y compulsivo, de la deuda externa a los organismos de crédito. “Sin retenciones, ¿cómo vamos a pagar las obligaciones externas?”, se preguntaba Néstor Kirchner para explicar el verdadero destino de dichos fondos. También, la contribución a sus enormes negociados, al hacer que el estado cubra parte de los gastos por medio de subsidios o inversiones que se ahorran las grandes compañías privadas (se hará con el escandaloso tren bala y ya sucedió con otras compañías, como Skanska). A eso hay que agregar el resto que queda en manos de los funcionarios/empresarios kirchneristas, quienes aprovechan a gran velocidad su paso por el estado para hacerse millonarios y consolidarse como miembros de la clase patronal, con el supermillonario matrimonio presidencial a la cabeza y De Vido, Jaime y el extravagante Albistur siguiendo sus pasos, entre otros funcionarios.
Como ya es sabido, junto al discurso “redistribuidor” de la presidenta Fernández, la situación social no ha hecho más que agravarse con el aumento de la pobreza (que hasta la iglesia estima superior al 30% de la población), el sostenido aumento de precios en los bienes de primera necesidad, el aumento exorbitante de los alquileres, la carencia de vivienda, salud y educación dignas, la falta de trabajo estable y en blanco… y habrá que ir agregando el prometido aumento de tarifas de gas y electricidad.
Sin embargo, para seguir anotando “gestos” vacíos en su legajo, Cristina Fernández ha creado, “por decreto”, un “Fondo de Redistribución Social” destinado a la construcción de hospitales, viviendas populares y caminos rurales, al que se le asignaron 800 millones de dólares de las retenciones por encima del 35%(1). No sorprende, entonces, que los fondos no hayan aparecido, y, según ya anticiparon algunos funcionarios, “los legisladores están discutiendo el destino de fondos que no existen y que posiblemente no existan o sean muy inferiores a los u$s800 millones estimados para este año” (2). De hecho, el congreso aprobó que una parte sea reintegrada a los empresarios del campo.
Ni las barriadas, ni los hospitales, ni nada que realmente necesite nuestro pueblo está en la agenda peronista. Ellos están ocupados disputándose quién hace los mejores negocios. Hoy los empresarios del campo y los del estado sólo buscan sacar tajada de esos más de u$s2.000 millones en juego.

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NOTAS:
1) Ver “La lógica que sigue el gobierno” en esta edición.
2) Clarín, 30/06/08.

LA LÓGICA QUE SIGUE EL GOBIERNO

El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)

Nadie que tenga los pies sobre la tierra puede dudar que la situación de la salud y la educación pública en Argentina es deplorable.
Los edificios de escuelas y hospitales no tienen mantenimiento, los materiales de trabajo escasean, los salarios de docentes y médicos, cuando existen, no son dignos... las partidas presupuestarias son insuficientes.
En Argentina, como en todos los países dependientes, los sucesivos gobiernos vienen implementando políticas de destrucción de estas áreas públicas, acompañadas de un profundizado proceso privatizador.
Toda esta política es ocultada bajo un discurso “progresista”, como acostumbra hacer el kirchnerismo.
Así, consiguió consenso para promulgar la Ley de Financiamiento Educativo argumentando que, paulatinamente, el estado incrementaría este presupuesto ubicándolo en el orden del 6% del PBI en 2010. Más allá de todas las consideraciones y críticas que le caben a dicha ley, un cuestionamiento fundamental es hacia la lógica que sigue el gobierno para financiar la educación pública. La educación queda, de este modo, atada a los vaivenes de la economía. Si el PBI sube, los fondos para educación, también. Pero si baja, el sistema educativo ve recortadas sus partidas presupuestarias.
La misma lógica resurge ahora aplicada a la salud pública. El gobierno hizo mucho ruido con el anuncio de un plan de construcción de hospitales, viviendas y caminos, financiado con las retenciones a las exportaciones. Suponiendo por un momento que una parte de esas retenciones se destine a la mejora del sistema sanitario(1), éste quedaría sujeto a los precios internacionales de los granos que vende el país. La ecuación se repite. Si los precios de los commodities suben, también lo haría la partida para salud. Pero si descienden, el presupuesto sanitario quedaría también reducido.
Pero para colmo de males, nada de esto ocurre. Impensable es para el gobierno destinar a la salud y la educación todos los recursos que se necesiten. Es que bajo el capitalismo, la salud y la educación pública no son rentables, más allá de los negociados en los que participen los funcionarios de turno. Para el gobierno, independientemente de sus discursos, sostener la salud y la educación del pueblo es una pérdida. Por eso garantiza el avance del proceso privatizador en ambas áreas, al tiempo que continúa destruyendo la salud y la educación del pueblo.

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NOTAS:
1) Ver “Las retenciones ya están distribuidas”, en esta edición.

LA REPRESIÓN ES DE CLASE

El tratamiento del estado y su gobierno frente a los conflictos es diametralmente opuesto según cuál sea la clase social de que se trate.

El Revolucionario Nº36 (Junio de 2008)

Recientemente, en un acto de la UPCN, refiriéndose al conflicto con el campo, la presidenta, Cristina Fernández, destacó la importancia de no reprimir las protestas, “...aunque los que cortan las calles no son desocupados ni trabajadores.”, porque (agregamos nosotros), cuando es así, reprime sin dudar.
En efecto, a pesar de los innumerables y prolongados piquetes, desabastecimiento mediante, el gobierno nacional no reprimió a los empresarios del agro1. De hecho, los dirigentes rurales han remarcado, en más de una ocasión, la actitud “dialoguista” de las fuerzas represivas enviadas a los caminos, incluso ayudándoles a coordinar los cortes. Ello, entre otras cosas, ha servido para demostrar claramente que tal pugna se inscribe dentro de la misma clase gobernante: la burguesía.
Por otro lado, los casos de represión a trabajadores durante el período kirchnerista han sido innumerables a lo largo y ancho del país, bajo distintas modalidades: con militarización como en los casos de las escuelas en Santa Cruz o en el Hospital Francés); con persecución, encarcelamiento y torturas (así fue con los trabajadores petroleros); con represión gubernamental a través de patotas (ejemplo de ello son los casos de los empleados de subte y de la línea 60); con causas judiciales y procesamientos (de ese modo ocurrió, recientemente, en Mafissa); con desalojos (como, hace poco, el de 80 familias en La Matanza); con el gatillo fácil y el hostigamiento diario a la población en cárceles y comisarías... En suma, todas variantes del mismo disciplinamiento social, con el eje puesto en los trabajadores y el pueblo pobre.
Para ilustrar el carácter de clase de la represión estatal, basta uno de los últimos hechos. El 16 de mayo, la presidenta desalojó con gendarmería los piquetes sobre la ruta nacional 11, en Santa Fe. El motivo que suscitó el operativo fue la decisión de los empleados del frigorífico Recreo de cortar la ruta en reclamo de la reincorporación de 70 trabajadores de la empresa, quienes no desarrollan su labor habitual debido a la reducción en las materias primas que recibe la planta. El día anterior, esa misma arteria estratégica de Santa Fe, donde se apostan ruralistas, había sido recorrida sin inconvenientes por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, realizando varios actos durante la jornada. También, la reciente detención de ruralistas en la localidad de San Pedro y su inmediata liberación contrasta nítidamente con las innumerables detenciones que padece el pueblo llevadas adelante por las fuerzas policiales. El “repudio” del Movimineto Productivo Argentino, la organización que dirige Duhalde, hacia estos actos también grafica esta situación. El ex presidente, el encargado de llevar adelante la represión de 2002, se indigna sólo cuando los perjudicados pertenecen a su clase.
Como vimos, el distinto tratamiento dado por el gobierno hacia los de su clase o hacia los trabajadores y el pueblo pobre, muestra cabalmente lo que decimos: la represión estatal, llamada a conservar las actuales condiciones sociales, está signada siempre por ese carácter de clase del estado. “La represión con leyes, palos, gases y balas la reservan para la clase obrera.”2
Nada menor es el papel de la prensa, que reproduce el imaginario de un gobierno “preocupado por los DDHH” o “reacio a reprimir”, cuando en realidad, ésta es la gestión más represora desde 19833, imagen que es parte necesaria y requisito imprescindible para reprimir más y mejor a los trabajadores y el pueblo, con consenso de la “opinión pública”.
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NOTAS:
1) Similar tratamiento han recibido los ambientalistas de Gualeguaychú, cuya asamblea es motorizada también por los empresarios rurales grandes y medianos del litoral.
2) “La represión y los medios”, en ER Nº34, abril 2008.
3) CORREPI, “Archivo de casos 1983-2007”

LA MULTINACIONAL DE LOS ALIMENTOS

En medio de la disputa entre el empresariado del campo y el del gobierno por las retenciones a las exportaciones, el kirchnerismo dio una nueva muestra de su política proimperialista en una reunión con los presidentes de la Unión Europea.

El Revolucionario Nº36 (Junio de 2008)

A mediados de mayo se reunió en Lima la V Cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, donde los dirigentes de los países europeos se juntan para hacer negocios con sus pares latinoamericanos. Uno de los temas obligados fue la deuda con el Club de París, que el gobierno argentino planea pagar lo antes posible.
Pero esto no es todo. En su discurso, la presidenta Fernández de Kirchner dio una exposición sobre su modelo de país. Lejos del sostenimiento de un supuesto proyecto de reindustrialización que vociferan el gobierno y sus apologistas según la ocasión; lejos del enfrentamiento verbal con los empresarios del campo, tapa de los diarios de todos los días; Cristina Fernández, en busca de conseguir la aprobación y el financiamiento de los países imperialistas de la Unión Europea, se encargó de explicar, sin más vueltas, cuál es rol que para su gobierno debe ocupar Argentina en el mundo. “Los ciclos económicos no son eternos. Hoy tenemos una oportunidad extraordinaria porque somos productores de alimentos. Y para ustedes también es una oportunidad porque nosotros necesitamos los avances tecnológicos que tienen ustedes”. Seguido, insistió en defender el rol “estratégico” de los países latinoamericanos como “multinacional de los alimentos”, de la misma manera que hace cien años se elogiaba la posición de nuestro país como “granero del mundo”.
Las palabras de la presidenta muestran lo nodal de las relaciones entre las potencias imperialistas y sus semi-colonias. Éstas sólo cumplen con el doble papel de abastecer a los países industrializados de las materias primas que necesitan y ofrecer, además, un mercado para sus productos elaborados. Cristina Fernández no anduvo con vueltas: granos por tecnología.
A la hora de pasar el informe a los patrones del continente europeo, se deja de lado el discurso de “un modelo de país antagónico con la burguesía del campo” y se confirma, sin más, el rol de nuestro país, que el kirchnerismo viene a garantizar: el de productor de materias primas para las necesidades del mercado mundial.

“SEGUNDA INDUSTRIALIZACIÓN” O “MULTINACIONAL DE LOS ALIMENTOS”: ¿EN QUÉ QUEDAMOS?

Ya desde los primeros discursos de su gobierno, Néstor Kirchner intentó mostrarse como un defensor acérrimo de la industria nacional. Ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) decía que “no vamos a ser concesivos porque la Argentina necesita reindustrializarse y no vamos a ceder ante las presiones de los países centrales”.
Mucho más cerca en el tiempo, el pasado mes de mayo, Cristina Kirchner decía que “la clave para seguir creciendo es abandonar el sesgo primario de la producción”, en una reunión en la cual estuvieron presentes Hugo Moyano por la CGT, Juan Lascurain por la UIA, el gobernador de Santa Fe Hermes Binner y el empresario autopartista José Luis Basso, entre otros. Remarcó también que mientras una tonelada de exportación de la industria automotriz equivale a 26 mil dólares, una de maíz representa 240 dólares.
A pesar de todas estas frases, ante el mundo reafirmó el papel de economía primarizada, atrasada y dependiente, excluyendo drásticamente sus “planes industrialistas”. Pareciera que la estrategia del gobierno pegó una vuelta de 180°, un brusco volantazo con cambio de rumbo, yendo hacia el lado opuesto. De la “segunda industrialización” a la “multinacional de los alimentos”.
Pero, como venimos señalando desde siempre, detrás de todo el palabrerío no existe ninguna política proindustrial de parte del kirchnerismo. Argentina nunca estuvo plenamente industrializada y actualmente su frágil estructura industrial está completamente fragmentada y atrasada. La permanente situación de crisis energética y la dependencia de los capitales y la tecnología extranjera son los rasgos salientes de la situación actual. La “reindustrialización” planteada por el kirchnerismo no existió ni existirá nunca más allá de las palabras. Mientras gobiernen los capitalistas locales, socios menores del imperialismo, Argentina seguirá ocupando su lugar en el mundo: productor y vendedor de vacas y granos.


EL ÚNICO MODELO

Más allá de las diferentes propuestas que puedan presentar y de todos los matices existentes entre ellos, la burguesía argentina y sus dirigentes defienden y reafirman el mismo modelo de país.
El sábado 17 de mayo, la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino emitieron una solicitada en los principales diarios en la que, además de llamar a las entidades representantes del empresariado rural a la reflexión y a la negociación, marcaban claramente su comunión con el actual modelo de la “multinacional de los alimentos” y su absoluta dependencia de las divisas que se generan de la exportación de productos primarios: “...la coyuntura nacional e internacional ofrece una oportunidad única para acordar en común el diseño de políticas para todos los sectores...”. Lo que dicen estas organizaciones representando a industriales, comerciantes y banqueros argentinos es, parafraseando a la presidenta, que ésta es una increíble oportunidad de negocios para un país productor de alimentos como Argentina. Y ellos, como buenos hombres de negocios, no quieren perder el tren.
Por obvio, no es necesario detenerse en las concordancias del empresariado rural con el modelo agroexportador actual y en los beneficios que obtienen. A pesar de la disputa de números por la cuestión de las retenciones, los capitalistas que tienen sus negocios en el campo son los principales ganadores de este modelo. Con el precio de los alimentos en alza y el tipo de cambio competitivo, obtienen una renta extraordinaria.
El gobierno nacional, claramente refuerza este modelo más allá de la pose discursiva. La única “discusión” al respecto entre la plana gubernamental y las “organizaciones sociales kirchneristas” es si se cultiva soja o alimentos como maíz y trigo. Pero que es la explotación del campo el único plan estratégico, no se debate.
Por su parte, los dirigentes políticos de “oposición” también se alinean con la burguesía agraria. Es que es la clase en la que se apoyan. Llegan a afirmar que “el campo es el único que puede terminar con el hambre y la pobreza” y todos adscriben a sostener un país productor de alimentos. Esto no quita que también se hayan subido al carro “del campo” por mero oportunismo político.
Este es el panorama. Nadie, dentro del arco de la burguesía argentina y sus representantes puede negar que las riquezas en nuestro país provienen de la exportación de recursos primarios; lo que es lo mismo que decir, de la perpetuación del atraso de Argentina.

LA SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES RURALES

El Revolucionario Nº35 (Mayo de 2008)

El gobierno y los empresarios del campo discuten en la abundancia. Y lo pueden hacer sobre la base de que ambos socios mantienen a los trabajadores rurales en una situación miserable.
De 1.300.000 trabajadores1, sólo están registrados 325.000. La inmensa mayoría trabaja en la informalidad, por lo cual no acceden a derechos básicos como salud, jubilación, salario familiar, etc.. Además, hay 350.000 trabajadores golondrinas, y se explota a 290.000 adolescentes entre 14 y 17 años y a 160.000 niños entre 4 y 13 años. Por otra parte, los peones rurales, quienes no son dueños ni del colchón en que duermen, son los peores pagos del país: quienes trabajan en negro muchas veces perciben 60% menos que el salario real, y el ínfimo grupo de “privilegiados” que está en blanco cobra en promedio, según UATRE, $1100 al mes, cifra ya de por sí insuficiente en esta Argentina de la inflación.
Sus condiciones de existencia son primitivas e insalubres, con familias hacinadas en viviendas de paja, donde se aloja la vinchuca y propaga el mal de Chagas, una enfermedad de la pobreza extrema. Hay “4 millones de chagásicos en nuestro país, azote mucho más importante que el SIDA.”2
La explotación infantil en el campo es moneda común en todo el territorio y en los más diversos cultivos. El uso indebido de herramientas mecánicas a temprana edad ocasiona trastornos en el crecimiento como reumas (artrosis, artritis), deformaciones, etc. Por otro lado, el envenenamiento por plaguicidas, fertilizantes o herbicidas es una de las consecuencias más documentadas del trabajo infantil. El uso de agroquímicos de alta toxicidad, como el heptacloro y el bromuro de metilo, produce malformaciones congénitas y las nuevas generaciones nacen con insuficiencias y atrofias de todo tipo. Una buena porción de esos chicos no asiste a la escuela y un alto porcentaje repitió algún grado3. En resumen, para los niños del campo, una vida sin juegos, sin escuela, sin niñez, y soportando, además, la rudeza del régimen agrario.
El descarado Gerónimo Venegas4 explica que esta cruel realidad que sufren las familias rurales es producto de “una tradición de más de 100 años (...) de una cultura y de tantos años de trabajo no regulado por libreta”. Para el burócrata, dicha situación se debe a “la cultura”, es decir, al estilo costumbrista de vida, según él, propio de los trabajadores del campo. De este modo, la burocracia sindical, socia y cómplice de los empresarios, justifica la miseria y, por tanto, la sumisión que las patronales imponen a sus obreros.
Así son las cosas. Mientras los empresarios del gobierno y del campo acumulan ganancias que marcan niveles históricos y ambicionan más, y su burocracia pasea seguido por las oficinas de Puerto Madero, los trabajadores rurales sufren pésimas condiciones de vida y trabajan en la superexplotación, sin empleo fijo, sin horarios y meses sin descanso. En suma, una situación absolutamente denigrante, opresora, esclavizante, producto de estas patronales, cuyo trato hacia los trabajadores poco se diferencia del que ejercían los antiguos señores feudales de la edad media para con sus siervos.

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NOTAS
1) No hay cifras certeras al respecto. Todos los datos son estimativos.
2.) “El mapa siniestro de la explotación infantil”, parte II, informe de Elena Luz González Bazán, junio 2007.
3) Ver “Protocolo de intención para la erradicación del trabajo infantil”, firmado en junio de 2007 por distintas entidades en Argentina.
4) Además de titular de UATRE, Venegas es presidente del RENATRE, entidad llamada a velar por la seguridad social de los trabajadores rurales. Comparte el directorio junto a Roberto Petrochi (UATRE), vicepresidente; Abel Guerrieri (SRA), tesorero; Alfonso Máculas (CRA), secretario; y los directores Ramón Ayala (UATRE), Guillermo Giannasi (FAA), Oscar Ceriotti (UATRE) y Héctor Zarzón (CONINAGRO). Ver “Desfile de burócratas”.

LO QUE QUEDÓ DEL “PARO” PATRONAL

El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)

El paro patronal, junto a los cortes de rutas y la pelea con el gobierno nacional, dejó una realidad muy oscura para la clase trabajadora. El precio de la carne, por ejemplo, ha llegado tan alto que la hace casi inaccesible. Las verduras y las frutas, también por sus precios, parecen artículos de lujo. No hay dudas, con el conflicto entre los empresarios del campo y el gobierno, los precios se dispararon directamente sobre las espaldas del pueblo y con mayor virulencia sobre la de los trabajadores.
Esta situación es parte de una realidad no menos gris. Desde la disparada inflacionaria de 2002, el aumento de precios de los productos de consumo básico ha sido constante. Como contrapartida inevitable, también ha sido constante la pérdida del poder de compra de la clase trabajadora. De este modo, el poder adquisitivo real quedó rezagado ante la creciente inflación. Mes tras mes, los sueldos alcanzan para menos. Así, se deprecian frente a los alquileres, la vestimenta, los alimentos, etc.
El gobierno miente en cada acto, en cada discurso y en toda su propaganda, cuando afirma que está librando un combate contra la inflación. Su bandera principal es el llamado control de precios que, al margen de que es una burla, no tiene ninguna incidencia real en la economía de una familia trabajadora. También dice implementar las retenciones para impedir que los precios internos se vean remolcados por los internacionales. Pero esto también es mentira pues la soja se exporta casi íntegramente y los productos elaborados con trigo o girasol, por ejemplo, experimentaron varios y fuertes aumentos. Las retenciones no son más que una medida con un claro objetivo recaudatorio para pagar la deuda y subsidiar empresas y no precisamente para redistribuir entre el pueblo .
Los principales ejes de la política económica del gobierno de los Kirchner conllevan una escalada inflacionaria que promete no detenerse.
El tipo de cambio “competitivo” que sostiene el gobierno nacional, y del que tanto se jacta en un contexto en que el dólar se deprecia en relación a las principales monedas del mundo, encarece los precios de todos los productos locales que requieren importaciones para su producción. En un país atrasado como Argentina, de todos, desde el agro hasta la rudimentaria industria que compran sus maquinarias en dólares.
Por otro lado, el elevado precio del petróleo repercute no sólo sobre los precios de los combustibles y sus derivados, sino también sobre los costos de producción y, consecuentemente, sobre los precios finales con los que los empresarios salen al mercado a vender sus productos. En un país con las vías férreas reducidas a nada, no hay más remedio que transportar las mercaderías por ruta consumiendo así grandes cantidades de combustible durante los fletes.
A todo esto se suma la especulación de los empresarios que acopian los stocks de mercaderías para venderlos a un precio más rentable generando, además, escasez de productos como se puede comprobar en el rubro de los aceites, el jugo de limón, los lácteos o las galletitas.
La naturaleza del capitalismo hace que exista una deliberada decisión de aumentar los precios por parte de las cámaras empresariales. Ante cualquier aumento, real o potencial, de los costos de producción ya sea en energía, transporte, insumos o salarios, todo empresario, grande o pequeño, lo traslada automáticamente al precio que siempre deben pagar los trabajadores, con un salario cada vez más raquítico.

LOS EMPRESARIOS RURALES Y EL GOBIERNO SE DISPUTAN LAS GANANCIAS

El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)

El conflicto entre los empresarios del campo y el gobierno ha sido el hecho político nacional. Intentaron mostrar un antagonismo irreconciliable entre estos dos sectores, argumentando que representan distintos “modelos de país”. Sin embargo, no existe tal antagonismo. Las impresionantes ganancias que disfrutaron y disfrutan los empresarios del campo bajo el gobierno kirchnerista demuestran que todo es ni más ni menos que una disputa de negocios por ver con qué parte de la torta se queda cada uno.

El 11 de marzo, el ministro de economía, Lousteau, salió a hacer público un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Los argumentos que se esgrimieron desde el gobierno fueron que la medida serviría para frenar la inflación y evitar el creciente proceso de “sojización”. Los funcionarios también pusieron todos sus esfuerzos en demostrar que esta medida implicaba, en el fondo, un avance en la redistribución de la riqueza. Por lo bajo, se mencionó que representaría un importante aporte fiscal para mantener el superávit. El ministerio de economía estima que el aumento aportará 1.500 millones de dólares adicionales al fisco.
La respuesta de las cuatro organizaciones que representan a los empresarios del campo (Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina) no se hizo esperar. Señalaron que se estaba poniendo un techo a sus ganancias y que, cuando aumentaran sus costos, trabajarían a perdida. Con el correr de los días, el conflicto fue creciendo con acusaciones cruzadas, cortes de ruta, desabastecimiento y suba (aún más) de los precios de la carne y otros alimentos. Desde el campo, se intentó revivir un supuesto enfrentamiento entre unitarios y federales, acusando al gobierno nacional de querer apoderarse de las riquezas de las provincias. Así, denunciaron los nuevos aumentos en las retenciones como “confiscatorios”.
No se quedaron atrás los funcionarios y aliados del gobierno que, desde diferentes frentes, jugaron su papel. Por un lado, Moyano tomó parte en el conflicto anunciando que su gremio no permitiría que se cortaran las rutas. Por el otro, las denominadas “organizaciones sociales” kirchneristas con D´Elia y Pérsico a la cabeza realizaron un escrache a la Sociedad Rural y se encargaron de correr a la clase media cacerolera porteña de la Plaza de Mayo. No menos confrontativo fue el rol que desempeñaron los ministros Alberto Fernández y Martín Lousteau, que salieron a explicar reiteradamente cómo el campo representaba un modelo de país más excluyente, que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar. “Los invito a dar una vuelta por el conurbano. Saben cómo sería sin las retenciones. El valor que perdería el salario”. De esta forma cínica y sin ningún tipo de vergüenza, Lousteau justificaba la medida como si fuera popular, en beneficio de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad.
Pero más allá de las medidas y las acusaciones cruzadas no existe ninguna diferencia de fondo entre los empresarios del campo y el gobierno. Para demostrar esto están a la vista los números de las extraordinarias ganancias que los ruralistas tuvieron en estos años de mandato kirchnerista. Como bien se lo recordaron el ministro Lousteau y la presidenta Cristina Fernández, esto no se debe únicamente a las extraordinarias condiciones de demanda internacional, sino que también han aportado las políticas activas del gobierno, fundamentalmente el sostenimiento de un tipo de cambio “competitivo” para las exportaciones y los subsidios a los combustibles y los fertilizantes. A esto se suma la superexplotación de los trabajadores rurales: más del 70% está en negro, con pésimos salarios, jornadas de más de diez horas y trabajo temporario y tercerizado, responsabilidad compartida entre el gobierno, los empresarios todos y el burócrata sindical Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, (UATRE) y líder de las 62 Organizaciones. Esto es lo que explica, en palabras del ministro, que cultivar soja sea en Argentina un 15% más rentable que en Brasil, país que no tiene retenciones. También se pueden revisar las páginas de La Nación que, mientras defendía las posiciones de los empresarios del campo, y criticaba al gobierno, una semana antes del anuncio se deshacía en elogios y optimismo al analizar el porvenir para los próximos años, al calor de las ventas en Expoagro que, este año, rondaron los u$s170 millones , un 21% más que el año pasado.
Por lo tanto, la única disputa que existe entre los empresarios del campo y el gobierno es por intentar sacar para sí una mejor tajada, aprovechando este momento de importante demanda y precios altos a nivel mundial. Son una falacia los planteos de que se le saca “al campo” para repartir y redistribuir las riquezas. El superávit fiscal del gobierno (que no está de más repetirlo, es una de las exigencias del FMI) se reserva exclusivamente para el pago de la deuda, los subsidios, los negocios del PJ... Nada de todo esto se traduce en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores.
Lejos está el kirchnerismo de querer modificar el rol de los empresarios del campo en la estructura productiva nacional. Por el contrario, éstos y el gobierno son parte del mismo negocio. “Este es el siglo de los alimentos”, repite orgullosa Cristina Fernández, intentando justificar estratégicamente lo que no es más que la profundización del histórico modelo de atraso y dependencia nacional.


LOS EMPRESARIOS DEL CAMPO

El “paro” patronal y los cortes de ruta fueron organizados conjuntamente por las cuatro organizaciones que representan a los empresarios del campo en Argentina. Así, este conflicto fue protagonizado por el arco capitalista que va desde los grandes terratenientes de la Sociedad Rural, hasta los pequeños y medianos productores de la Federación Agraria Argentina.
Todos insistieron en la heterogeneidad y la diversidad “del campo”. Diversidad sólo de tamaño, pues todos son, en primer lugar, aunque algunos grandes y otros pequeños, capitalistas. En este caso fue la defensa del negocio y del margen de ganancias lo que los impulsó a actuar en forma unitaria. Los pequeños empresarios le dieron al conflicto una cierta legitimidad ante los ojos de una porción de la opinión pública, que difícilmente hubieran podido alcanzar los impresentables de la Sociedad Rural o el “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel. Ni que hablar de las multinacionales que hacen millonarios negocios controlando la exportación y el traslado de los granos, como Cargill, Bunge y Born y Dreyfus, que pasaron completamente desapercibidas a lo largo del debate, al igual que las 5 mil familias que poseen el 50% de la tierra.
Ahora bien, la Federación Agraria representa a los pequeños y medianos propietarios y productores del campo. Esta organización, que tiene un estrecho vínculo con APyME y con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, no es otra cosa que la organización de las PyMEs del campo y, al igual que las pequeñas y medianas empresas industriales o comerciales, son frecuentemente defendidas con el argumento de que contribuyen a la generación de empleo y a una relación más “humanizada” entre los patrones y los trabajadores. Por el contrario, y como hemos desarrollado, las condiciones de trabajo en todas las PyMEs son todavía más duras que en las grandes empresas. Trabajo en negro, jornadas más extensas, mayor dificultad de organización sindical, salarios más bajos... Y todas estas características también están presentes en las pequeñas y medianas empresas del campo, con el agregado de que los trabajadores rurales sufren el trabajo en negro, temporario e infantil, inclusive, con más frecuencia que en la mayoría de los trabajos urbanos(1). Explotación que sostienen el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical encabezada por Gerónimo Venegas.
Todos estos grupos empresarios han aumentado considerablemente sus ganancias en estos últimos años. Los que producen, debido a los altos precios de las materias primas y los que no producen y arriendan sus campos, debido al importante incremento en el precio de la tierra.
En definitiva, este conflicto ha servido para demostrar cómo todos los empresarios rurales explotan a la clase obrera, hecho que se impone por encima de cualquier diferencia en el volumen de sus capitales.

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NOTAS:
1) La cantidad de trabajadores rurales se estima en 1.300.000 de los cuáles 1.000.000 están en negro. El trabajo temporario afecta a 350.000 obreros. El trabajo infantil, a 400.000 niños.


DE NADA SIRVE

Tanto los representantes del gobierno, como los del empresariado rural hicieron estridentes declaraciones sobre la importancia de resolver el conflicto, para que los alimentos puedan llegar al pueblo. Esto, al mismo tiempo en que tiraban a la basura grandes cantidades de alimentos delante de las cámaras de televisión.
Pues bien. Ya se liberaron las rutas. Los camiones llegan a las principales ciudades del país. Los alimentos ya están en las góndolas. Los socios ya están dialogando.
Sin embargo, de nada sirve. Una buena parte de la clase trabajadora no tiene acceso a esos productos. Menos aún con los durísimos aumentos que experimentaron en estas semanas. Es que los salarios no rinden.
Mientras hay reintegros para los pequeños productores del campo, no hay reintegros, ni compensaciones, ni aumentos salariales, ni nada para los trabajadores.
Los empresarios rurales y los empresarios del gobierno se estrechan las manos y continúan avasallando al pueblo.


LA REPRESIÓN Y LOS MEDIOS

A pesar de los innumerables y prolongados cortes de rutas, el gobierno no se apuró a reprimir a los empresarios del campo. La prensa tampoco se dedicó a quejarse por la violación de las garantías constitucionales que bregan por la libertad de tránsito. Una actitud radicalmente opuesta a la que toman cuando los que salen a la calle son los trabajadores.
Pero hay más. Las fuerzas represivas no sólo no fueron enviadas a desalojar los caminos, sino que además “coordinaron” los cortes con los ruralistas, como bien lo explicaba Alfredo De Angelis, el dirigente entrerriano de la FAA.
Esta decisión política demuestra también que el conflicto se da dentro de la misma clase que maneja el estado: la burguesía. La represión con leyes, palos, gases y balas, la reservan para la clase obrera.


LA NEGOCIACIÓN

El móvil de la pelea entre el gobierno nacional y los empresarios rurales es bien preciso: unos 40.000 millones de pesos anuales, más de un 15% de los recursos fiscales.
Siendo que el origen del conflicto radicaba en un desacuerdo en la porción de las ganancias de las exportaciones que a cada uno le toca, el final de la pelea requería de una mesa de negociación en la que, simplemente, pudieran rehacer las cuentas.
La torta es grande. Por esta razón, y no por otra, la disputa pareció salirse de sus carriles. El interés de cada sector por mantener e incrementar sus ingresos ha agudizado el conflicto, a tal punto, que hasta se han enfrentado, como en Plaza de Mayo, en rutas de Entre Ríos y en intendencias de Santa Fe.
Sin embargo, después de varias semanas de puja, ambas bandas terminaron sentadas y negociando tal y como era de esperarse, tal y como corresponde a buenos socios. Socios porque ante todo son capitalistas explotadores de la clase obrera. Además comparten los principales lineamientos de la política gubernamental, como el pago de la deuda y el alineamiento con la política emanada desde EEUU. Pero también son íntimamente dependientes entre sí. El gobierno encuentra su base económica de financiamiento en la actividad rural y en los altos precios de las materias primas que produce el campo. “El campo”, por su parte, tiene los inmensos márgenes de ganancias actuales gracias a la política de subsidios y sostenimiento del dólar del gobierno hacia el sector.
Paulatinamente fueron morigerando, las acusaciones cruzadas, sin abandonarlas completamente, aunque bajando la intensidad de la artillería verbal. Así, después del lock-out y los cortes de rutas, el gabinete presidencial y la propia Cristina Fernández recibieron, en la casa de gobierno, a quienes, tan sólo unas horas antes, acusaban de golpistas y extorsionadores. Y los ruralistas fueron a dialogar con los que acusan de “confiscadores”.
En los primeros días de las negociaciones, los nuevos acuerdos ya se dejan entrever. Al sostenimiento del tipo de cambio y los subsidios al gasoil, se suman ahora los reintegros al empresariado y la liberación de las exportaciones de carnes y cereales.
De este modo, la pelea entre el gobierno y “el campo” no tardará en mostrar a sus protagonistas fundidos en un abrazo, cada cual con su parte de la torta, teniendo como telón de fondo, los aumentos de precios en alimentos tan básicos como la leche y la carne, que dejan aún más golpeado al pueblo trabajador.

LAS PELEAS EN TORNO A LAS RETENCIONES

El Revolucionario Nº31 (Diciembre de 2007)

“De ninguna manera este tipo de medidas va a afectar la rentabilidad del sector” afirmó el secretario de agricultura, pesca y alimentos, Javier de Urquiza, garantizando las ganancias del agro.

Es absolutamente lógico que las cámaras empresariales del campo hayan puesto el grito en el cielo por el aumento a las retenciones de las exportaciones. Es que cada sector de la burguesía local defiende a capa y espada sus intereses.
Sin embargo, es fundamental tener siempre presente que, en primer lugar, todas las clases dominantes locales son socias menores del imperialismo norteamericano. No pueden subsistir sin esta sociedad, sin ser parte, sin ser un engranaje más del sistema de explotación mundial, sin el mercado mundial. Son un sólo bloque contra la clase trabajadora a la que buscan, por todos los medios, explotar a la máxima potencia. Su unidad vital se centra en la defensa del capitalismo y de su propiedad privada. Esto es así, ante todo.
Pero esto no significa que no puedan tener peleas, diferencias, roces secundarios y supeditados a este acuerdo esencial. En el tema de las retenciones aparece una de esas diferencias. La inmensidad de ganancias que genera la actividad agrícola hace que el gobierno pretenda una tajada mayor para continuar organizando los negocios de toda la burguesía local. Es la cuota que los agroexportadores pagan para que los funcionarios sostengan el actual sistema de dominación de muchos y privilegios de pocos. Obviamente, esta fracción burguesa preferiría no pagar nada, no ceder ninguna porción de su plusvalía. Pero ya que debe hacerlo busca que sea la tajada más pequeña posible.
El gobierno debe llevar adelante la tarea de garantizar el sistema capitalista con su democracia y todo y con él, más y mayores ganancias para la burguesía y la explotación de la clase trabajadora. Esto es lo que hace el kirchnerismo. El aumento de las retenciones busca garantizarlo y el hecho de que un sector de la burguesía se enoje y proteste no significa que el gobierno sea popular o contrario a un sector de la burguesía.
El gobierno de los Kirchner sigue siendo burgués y proimperialista.