El Revolucionario Nº41 (Noviembre 2008)

EDITORIAL: LOS TRABAJADORES CARGAN EL PESO DE LA CRISIS

El Revolucionario Nº41 (Noviembre de 2008)

De la “crisis internacional” hablan todos los medios de comunicación. Que “el país está aislado del mundo”, repiten, también, para explicar que “Argentina puede salvarse de la epidemia de una crisis que se desarrolla afuera, en el exterior”. Bajo estas fórmulas, intentan convencer que la crisis se produce en otros países y que Argentina es una simple víctima que sufre el contagio.
Pero no. Argentina es parte integrante del capitalismo internacional. Tiene un preciso papel asignado en el mercado mundial. Está tan íntimamente unida al mundo por infinidad de lazos, que la crisis es tan argentina como estadounidense o europea. Es una crisis del sistema capitalista en su conjunto.
La marcha de la economía sigue su rumbo depredador. Ahora, con el proyecto de reestatización de las jubilaciones para garantizar el superávit fiscal y poder pagar la deuda externa. Mientras los diputados debaten la forma más elegante de hacerlo, las suspensiones y los despidos se ponen a la orden del día. Por su parte, la inflación no se detiene y, sin embargo, el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical explican que no es el momento de aumentar salarios.
Entre tanto, en nombre de la seguridad de unos pocos, avanza la política represiva del gobierno que asumió flameando la bandera de los derechos humanos. Más represión para el pueblo pobre y para los trabajadores que se movilizan, extradición para los presos políticos, vía libre para la policía para “detener y detener”, y un pedido claro para los jueces: “tolerancia cero”.
Sobre esta cruda realidad para los trabajadores, la burguesía se prepara para las próximas elecciones. En lucha feroz se trenzan peronistas duhaldistas y peronistas kirchneristas para disputarse, en última instancia, la administración del país.
La situación, claramente, está golpeando a la clase obrera y pretenden, encima, que el pueblo trabajador siga cargando con toda la crisis capitalista, de la que los capitalistas son los únicos responsables.

TRABAJO TEMPORARIO: MÁS PRECARIEDAD LABORAL BAJO EL KIRCHNERISMO

Antes se las llamaba “agencias de empleo” o “de colocaciones”. A menudo aparecían bajo el disfraz de supuestas “bolsas de trabajo” en parroquias o sindicatos. Su función era proveer personal a particulares o empresas. Ahora, se las llama “empresas de trabajo temporario”, y ocupan un lugar mucho más relevante en un mercado de trabajo cada vez más precarizado y explotador.

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La ley de contrato de trabajo denomina “personal permanente discontinuo” al que está bajo relación de dependencia con una empresa de trabajo temporario, pero presta servicios en diferentes asignaciones dentro de las empresas clientes, que se liberan de toda obligación referente a cargas laborales y sociales, vacaciones, licencias, accidentes, enfermedades profesionales, y, por supuesto, indemnizaciones. Con la “tercerización”, quien aprovecha el trabajo no debe preocuparse de nada. En cualquier caso, el empleado será reemplazado por otro de las mismas capacidades y al mismo costo. La persona es irrelevante, sólo se mensura su fuerza de trabajo, indistintamente explotada por uno u otro patrón, sea éste grande o pequeño, nacional o extranjero.
Empresarios y gobierno defienden el sistema diciendo que son tareas eventuales o estacionales. En esos casos, aprovechan el trabajo en épocas de bonanza, y lo descartan sin costo alguno cuando baja la producción. Pero en la mayoría de los casos, son tareas permanentes. La cíclica rotación impide que los trabajadores desarrollen vínculos que los lleven a discutir sus condiciones de vida y trabajo. Además, las empresas de trabajo temporario no permiten ningún tipo de agremiación. El gobierno, los empresarios y la burocracia sindical han acordado obstaculizar la organización de estos trabajadores.
En Argentina, el trabajo temporario no era medido antes de 1995. Desde entonces sólo se mide el regularizado, dejando afuera los numerosos casos que simulan una “locación de servicios” y obligan al trabajador a anotarse como monotributista y extender facturas, consagrando su total indefensión.
En plena reelección menemista, el INDEC determinó que había 36.795 trabajadores afectados al sistema. En 1997, la cifra había crecido un 20%, llegando al 3,76% del total de personas ocupadas. Desde 2003, cuando hubo un crecimiento del 54%, la tendencia alcista fue ininterrumpida. Éstos son los “puestos de trabajo” que el gobierno peronista se ufana de haber creado. Trabajo tercerizado, precario, sin garantías ni protección para el trabajador, al menor costo posible.
No hay empresa que no utilice, en un porcentaje elevado, trabajadores temporarios. También el estado los usa ampliamente, a través de los “contratados”. Según el INDEC, 96.117 personas trabajaron bajo esta modalidad en 2007, 8,92% más que en 2006. En el primer trimestre de 2008, se llegó a 105.527 registrados, con un incremento de casi el 9% anual. En septiembre de 2008, según datos de la cámara empresaria del sector, FAETT(1), la demanda de trabajadores temporarios alcanzó al 24,19% sobre el total de líneas publicadas en avisos clasificados. El trabajo temporario es el único indicador del mercado laboral que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años. La FAETT explica que éste es un “claro indicador de la efectividad que alcanza esta actividad y los beneficios que aporta.” (2).
Todos, menos los trabajadores, ganan con el sistema. Las empresas clientes tienen un ejército de trabajadores disponible, a un costo laboral mínimo. Las de trabajo temporario regulan a su antojo las condiciones laborales y acuerdan entre ellas la base salarial para mantenerla baja(3). El estado, que regula el marco para que el negocio funcione, tiene su ganancia a través de la recaudación. La misma cámara empresarial estima, sobre datos del INDEC, que en 2007 el sector aportó $310 millones en concepto de contribuciones patronales y $486 millones de IVA. Como dijo Vicente Stagno, presidente de la Federación: “Existe una perfecta alineación de intereses entre el Estado y FAETT”.
Las cámaras empresariales de trabajo temporario de todo el mundo conforman la Confederación Internacional de Agencias de Empleo Privado (CIETT por sus siglas en inglés), cuyo principio básico es “optimizar las estrategias de recursos humanos con los más bajos costos posibles”(4). Sostiene la CIETT que “Globalización significa competencia, y competencia significa productividad. Productividad significa usar el trabajo de la forma más eficiente que sea posible”. Su objetivo es ayudar a que sus miembros no sean “hostigados por cargas legales innecesarias”, o por “legislación potencialmente mala a nivel nacional”, y están “listos para intervenir cuando aparece la amenaza de innecesarias restricciones a nivel internacional, de instituciones como la OIT”(5). Para ello, se dedican a “educar a quienes toman decisiones, a legisladores y parlamentarios, a periodistas y funcionarios, para ayudarlos a que comprendan lo que significa nuestro negocio y los beneficios que aporta al crecimiento económico”.
El trabajo temporario, tercerizado o eventual, con su saldo de precarización, bajas de salarios, mayor explotación y vulnerabilidad de los trabajadores, se hizo visible en Argentina con el menemismo, y se expandió bajo el kirchnerismo. Como el trabajo en negro y el trabajo infantil, es prueba evidente de la política antiobrera, decidida por el peronismo y acordada con empresarios y burócratas sindicales, para bajar el costo salarial.

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NOTAS:
1) Índice de Tendencia de Demanda Laboral Publicada elaborado por la FAETT, Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario.
2) www.faett.com.ar.
3) Una buena prueba de la rentabilidad en alza de las empresas de trabajo temporario es que, según datos del INDEC publicados por la FAETT, la facturación del sector aumentó el 33,45% el 1º trimestre de 2008 respecto del mismo período de 2007, mientras que los salarios brutos devengados sólo crecieron 26%.
4) www.ciett.org
5) Se refiere a la Organización Internacional del Trabajo, que, por cierto, nada tiene de combativa. En su página web explica que “es la única agencia de carácter “tripartito” de las Naciones Unidas ya que reúne representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores para la elaboración conjunta de políticas y programas.”

LA REESTATIZACIÓN DE LAS JUBILACIONES AGRANDA LA CAJA PARA PAGAR LA DEUDA

El kirchnerismo ha recurrido, nuevamente, a su discurso contra “los 90” para impulsar, montándose sobre una histórica reivindicación popular, el proyecto de ley que elimina el sistema de jubilación privada y pasa a la administración estatal todas las jubilaciones del país. Pero más allá de las palabras, el único objetivo que motiva esta medida es garantizar el superávit fiscal para pagar la deuda externa.

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Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), la presidenta anunció el reemplazo de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada, pasarán automáticamente al sistema público. Por este proyecto, Cristina Fernández recibió calurosos aplausos de los jefes de la CGT, Hugo Moyano, y de la CTA, Hugo Yasky, entre otros aduladores.
No está de más señalar que los mismos peronistas que hoy demonizan la jubilación privada fueron quienes la impulsaron a viva voz bajo el gobierno menemista. (Ver “La única “verdad peronista” es la oportunidad”) Dicen una cosa y al tiempo afirman todo lo contrario, con total desparpajo y con total impunidad.
Los argumentos oficiales tampoco muestran coherencia y caen, uno tras otro, ante la fuerza de la realidad.
La “política previsional implantada en la década del 90 fue un saqueo”, explicó Cristina Fernández. Efectivamente fue un verdadero saqueo y un negocio formidable para los bancos que explotaron los aportes de los trabajadores. Pero el kirchnerismo oculta toda su responsabilidad y complicidad con dicho saqueo y se monta, ahora, sobre un sentido reclamo popular. Ya hemos dicho que el PJ ha sido el privatizador que ahora estatiza. Pero además, el gobierno de los Kirchner ha ocupado un puesto de controlador, de supervisor de estas empresas, a través de la Superintendencia de las Administradoras. Como si fuera poco, compartió la administración de una de ellas: Nación AFJP. Durante los catorce años de fiesta, nada dijo acerca del saqueo que, junto al gobierno, llevaban adelante.
Es una “decisión estratégica”, dice ahora la presidenta acompañada por todo su coro. Sin embargo, si nos remontamos a, por ejemplo, la plataforma electoral del kirchnerismo, tanto en 2003 como en 2007, no vamos a encontrar una sola palabra en el sentido de la reestatización de las jubilaciones. Es más, hace tan sólo un año, el gobierno impulsó la “libre” elección de los trabajadores entre el sistema público y el privado, sin plantear en ningún momento el fin de las AFJP. Más cerca aún, durante el reciente debate sobre la movilidad jubilatoria, el diputado Claudio Lozano (quien todavía no decide su voto) propuso eliminar el sistema privado y el kirchnerismo (que ahora está a favor) se opuso rotundamente. Entonces, ¿qué clase de “decisión estratégica” es, que envían un proyecto de ley sobre este tema recién después de casi seis años de gobierno?
De estratégico, este anuncio no tiene nada. Es producto de la crisis en la economía mundial. Es una medida impuesta por dicha situación. Es que hace tiempo se viene erosionando el superávit fiscal y comercial. Erosión que se perfila como crítica si se tiene en cuenta la precipitada baja en las cotizaciones de los principales productos que exporta el país, el casi nulo o muy caro crédito internacional y el crecimiento de las importaciones en relación a las exportaciones. Las necesidades de sostener el superávit para pagar, pura y exclusivamente, la deuda externa, son acuciantes. Tanto, que el gobierno renegocia frenéticamente el refinanciamiento de los millonarios vencimientos que corren en 2009. El kirchnerismo debe obtener fondos de donde sea. Ya probó aumentar las retenciones a las exportaciones, ya aumentó las tarifas y mantiene bien alta la inflación para incrementar la recaudación. Ahora, arremete contra las AFJP(1), después de haberles garantizado un negocio formidable, con el único fin de engordar su caja. Es simple. El estado administrará alrededor de 97.000 millones de pesos más y obtendrá unos $15.000 millones anuales de ingresos extra.
Millones que no piensan ser destinados a una mejora en las condiciones de vida del pueblo, ya que la única estrategia del kirchnerismo, su única prioridad impostergable, es pagar la deuda a como dé lugar.

La única “verdad peronista” es la oportunidad
Cuando el gobierno anunció la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones, La Nación tituló “Los estatistas de hoy, privatistas de ayer”. No exagera el diario favorito de la gran burguesía. No fueron sólo Corach, Toma, Pierri, Matzkin, Ruckauf, Patricia Bullrich, el ingeniero Alsogaray y su dipupolicía Albamonte los que defendieron, y votaron la ley que creó el sistema de AFJP en 1993. Muchos de los actuales kirchneristas se batieron en el congreso para lograr la aprobación de la ley 24.241 que hoy quieren derogar para hacer caja.
Oscar Parrilli, secretario general de la presidencia de ambos Kirchner, fue el miembro informante del bloque de diputados del PJ en aquella oportunidad. “Estamos absolutamente convencidos de que la reforma estructural del sistema de previsión que hoy proponemos a esta Cámara obedece a estos claros principios de nuestra doctrina y accionar políticos”, clamó, vibrante, el 29 de abril de 1993. Cuando terminó de hablar, todo el bloque peronista lo aplaudió de pie, y muchos se amontonaron para abrazarlo. Entre ellos, estaban Alberto Balestrini, Graciela Camaño de Barrionuevo, la suegra de Sergio Massa, Marcela Durrieu, José Luis Gioja, Eduardo Fellner, Juan González Gaviola y los diputados de Santa Cruz, que respondían a su gobernador, Néstor Kirchner.
Son bien claros los “principios y accionar políticos” del peronismo: los que mejor convengan a sus negocios, según la ocasión.

Todos quieren sumarse al saqueo
Anticipaba el jefe de gabinete, Sergio Massa, que “se creará una comisión bilateral y una mesa de seguimiento integrada por las centrales sindicales y empresarias” para controlar la administración de los fondos previsionales.
Esto explica la euforia con que Hugo Moyano y Hugo Yasky festejan y defienden el proyecto oficial. Es que también pueden disfrutar de la millonaria caja.
También explica el afán de la oposición por agrandar e integrar la comisión bilateral de “control”. Es que un lugar en esa mesa, garantiza el acceso directo a fondos nada despreciables.

Privada o pública, pero no de los trabajadores
Siempre es preferible que las jubilaciones corran por cuenta del estado, dicen muchas voces. Hasta Cristina Fernández dijo que prefiere defender la caja de la ANSeS y no la caja de los bancos.
Pero se silencia que tanto las AFJP como el estado argentino, están en manos de los capitalistas. Poco cambia la situación para un trabajador jubilado, de mantener una actitud pasiva, que la administración de sus aportes sean manejados por Amado Boudou, titular de la ANSeS, o por Sebastián Palla, presidente de la Unión de AFJP. En ambos casos, las jubilaciones apenas alcanzan para vivir, pese a la reciente ley de movilidad que no promete grandes incrementos, y la atención de su obra social es deficiente.
La caja de las AFJP no está en manos de los trabajadores. Las del estado, tampoco. Sin embargo, ahora, estas bandas capitalistas deben preocuparse por rendir cuentas ante la sociedad sobre el manejo de los millonarios fondos. Su plan es que vayan a parar al pago de la deuda. Pero esa inmensidad de dinero es producto del trabajo y de los aportes de la clase obrera y como tal, debe volver al pueblo trabajador en forma de más y mejores escuelas, más y mejores hospitales, más y mejores viviendas… Plata hay. Habrá que profundizar la lucha para lograr la mayor cantidad de mejoras para el pueblo. Ésta es la tarea hasta tanto los trabajadores no lo cambiemos todo e impongamos nuestro propio gobierno y nuestro propio estado.
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NOTAS:
1) El gobierno de los Kirchner ya ha avanzado sobre esta inmensa caja, primero mediante la colocación de títulos públicos; luego, con el traspaso al sistema de reparto de todos los docentes del país.

LA CRISIS TAMBIÉN ES DE ARGENTINA

La crisis general del capitalismo se desarrolla, inevitablemente, también en Argentina. El impacto sobre la industria, el comercio, el tipo de cambio, la inflación, el desempleo..., todo, golpea en primer lugar y con más violencia a la clase trabajadora.

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Son solamente ilusiones y mentiras los discursos que hablan del “blindaje argentino”. Argentina no puede escapar a la crisis capitalista. El entrelazamiento económico del país con el resto del mundo es tan potente e inevitable que resulta falso referirse a la crisis como patrimonio de tal o cual país. En el orden capitalista mundial, Argentina ocupa un lugar bien definido en lo fundamental: proveedor de materias primas, como soja o maíz; mercado para las manufacturas industriales, como las de telefonía o computación; y sucursal de grandes multinacionales, como Fiat o Mercedes Benz. La crisis actual, es una crisis del sistema capitalista en su conjunto, del que Argentina forma parte inseparable.
Como consecuencia de las dimensiones de la actual crisis en países centrales como EEUU o los de la Unión Europea (UE), se produce, fundamentalmente, un estancamiento y paralización en la producción industrial, una significativa caída en los mercados financieros y una seria disminución del comercio internacional. Esta realidad, inocultable pese a los denodados esfuerzos de los gobiernos del mundo entero, se manifiesta de variadas formas en Argentina.

Crisis en toda la economía
La Unión Industrial Argentina (UIA) ha explicado que existe “...una notable caída de las ventas y de la producción nacional”. Varias son las ramas afectadas según la cámara empresarial. La industria alimenticia mermó su crecimiento y con ella, cayó la producción de envoltorios y cajas. La textil también congeló su actividad y espera una disminución para 2009. Por su parte, los sectores plástico y metalúrgico vieron caer sensiblemente su producción. La actividad maderera en Misiones, la papelera en Jujuy, la minera y azucarera en Salta, la pesquera en el sur, la vitivinícola en Cuyo, entre otras, disminuyeron las exportaciones y las ventas internas. Además, y siempre según la UIA, se desaceleraron la construcción, la industria citrícola, la de maquinaria agrícola y la turística. La industria metalmecánica se ve especialmente afectada. Las automotrices, que mayoritariamente están en manos de capitales extranjeros y que ensamblan piezas para armar vehículos y exportarlos, perdieron más de un tercio de sus ventas externas. Asimismo, han paralizado la producción en varias de sus plantas.
Por otro lado, el estallido de la burbuja inmobiliaria en EEUU y algunos países de la UE, como España, con la seguidilla de quiebras y salvatajes de bancos y empresas, salpicó a todos los mercados del mundo. Semana tras semana se sucedieron los llamados “días negros”, aquellos en los que las bolsas caían vertiginosamente. En Argentina, el índice del MerVal no se mostró indiferente y experimentó importantes caídas, alcanzando el nivel más bajo del año, sólo comparable con las cifras de 2001.
La retracción del comercio internacional también muestra sus síntomas en el país. En el mercado mundial, como dijimos, Argentina se ubica, fundamentalmente, como vendedor de materias primas, granos especialmente. Sus principales exportaciones son la soja, el maíz, el trigo y el girasol. Pues bien, la cotización de la soja alcanzó su piso más bajo en un año, a tan sólo cuatro meses de haber logrado su techo histórico. De los u$s600 de julio, a los u$s300 de octubre. En tres meses, la caída promedio de todas estas exportaciones, que aportan el 50% de las divisas y contribuyen con el 15% a las arcas fiscales, fue del 45%. Es la caída más importante en 50 años.

Los problemas que vienen
Uno de los golpes más importantes para la economía Argentina se ubica en el terreno comercial. La rápida caída del precio de los commodities que exporta el país, como consecuencia de la apreciación del dólar, de la menor demanda de biocombustibles y el llamado enfriamiento de la economía, genera, ya, una erosión paralela en el superávit de la balanza comercial y, con ella, en los ingresos fiscales del gobierno, vía retenciones. Concretamente, peligra el sostenimiento del superávit fiscal, bandera clave de este gobierno(1).
Por otra parte, la devaluación de las monedas en los principales destinatarios de las exportaciones argentinas, como Brasil, México, Chile y la UE, pone sobre la mesa la discusión de la devaluación en Argentina, la paridad entre el peso y el dólar. En eso están el gobierno, las cámaras empresariales de la industria y el agro y la CGT. La amenaza puntual consiste en una invasión, más grande aún, de productos brasileños, agravando considerablemente la ya delicada situación de la industria local. La contracara de la devaluación del peso, es más y más inflación.
Evidentemente, con la crisis capitalista, se acaba la época de “vacas gordas” para los kirchneristas y sus amigos.

La crisis recae sobre el pueblo trabajador
Como bien señaló la presidenta Cristina Fernández, el superávit es un “credo” para ella. Ante la amenaza de su desaparición, el gobierno no dudará en seguir implementando un ajuste, solapado pero ajuste al fin, sobre áreas como salud, educación o asistencia social. Para garantizarlo, las cuentas deben cerrar bien. Ésta es la exigencia de los acreedores de la deuda argentina y, como hemos visto durante todos estos años de gestión kirchnerista, es la primera tarea que lleva adelante y se encarga de hacer cumplir, cueste lo que cueste.
Por su parte, el estancamiento y la paralización de la producción y el comercio golpean directa y más fuertemente a la clase trabajadora. Los obreros metalúrgicos, mecánicos, textiles, de la construcción, los empleados bancarios, de comercio... son sólo algunos de los más vulnerables a la embestida de la crisis. Son la primera variable de ajuste para los empresarios, que no se demoran en recurrir a los despidos, suspensiones, reducción y eliminación de horas extras o adelantos de vacaciones(2).
A todo esto se suma, el acuerdo con la UIA para devaluar gradualmente el peso frente al dólar(3) y, así, mantener la continuidad del proceso inflacionario, ya que al tiempo que aumenta el dólar, aumentan los insumos, todos importados, que van desde fertilizantes hasta cartón.
De este modo, el gobierno y los empresarios van a paliar su crisis, una vez más, sobre las espaldas del pueblo trabajador.

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NOTAS:
1) Para 2009, se estima una merma de $6.000 millones en concepto de retenciones en relación al presente año.
2) Renault en Córdoba, por ejemplo, ya cesanteó a 300 obreros, sobre un total de 1.400. Es decir, redujo su personal en más del 20%. General Motors, Peugeot-Citroen, Mercedes Benz e Iveco suspendieron, en distintas escalas, su producción durante este mes y todas negocian con los sindicatos la estabilidad laboral de cientos de obreros. La situación es similar en el supermercado Easy y entre los bancarios. Según la UOCRA, ya se suspendieron 60.000 obreros de la construcción.
3) La cotización de la moneda estadounidense llegó a $3,40, por encima de los $3,19 proyectados para 2009, a pesar de la más grande intervención del gobierno, desde 2002, para regular su ascenso.

LA ACTITUD DEL GOBIERNO ANTE LA CRISIS

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“La crisis es una gran oportunidad para nosotros”. “Estoy convencida de que es el tiempo de la Argentina”, dijo Cristina Fernández. “El Banco Central está en condiciones de brindar una efectiva protección a la economía”, insistió Redrado. “Argentina está mejor parada que nunca” llegó a afirmar Fernández.
Luego de un primer momento de negación total de la crisis, los funcionarios del gobierno se turnaron para elogiar la política económica y explicar la fortaleza de nuestro país ante la situación.
Pocos días después, sin embargo, ya ante la imposibilidad de ocultar lo inocultable, aunque sin dejar de lado los pronósticos auspiciosos, se vieron obligados a tomar medidas para contrarrestar la crisis y se organizó una Mesa de Coordinación para el análisis de la economía internacional. Se armó una comisión de seguimiento del real brasileño, se fijaron aranceles y precios de referencia en la Aduana y las reuniones con la UIA y la CGT se hicieron diarias.
Más que demostrativo de cómo responde siempre la burguesía ante estas situaciones es analizar cómo las principales propuestas para hacer frente a la crisis son compartidas por funcionarios del gobierno, oposición, empresarios y burocracia sindical. La más repetida es, sin dudas, el congelamiento salarial. También está a la orden del día el aumento de tarifas. Así lo viene impulsando el gobierno y lo reclaman Macri y Carrió, entre otros, como medidas fundamentales para enfrentar la crisis.
La crisis capitalista demuestra cómo el gobierno, lejos de contar con algún plan a largo plazo, acomoda sus posiciones y sus decisiones rápidamente, según cómo varíe la situación, según cómo sople el viento.

EL PAPEL DE LA BUROCRACIA SINDICAL: NI $500, NI ESTABILIDAD LABORAL

Según la burocracia sindical de la CGT, no es el momento de reclamar aumentos de salarios. La crisis económica impone defender los puestos de trabajo, dice. Sin embargo, y con el acuerdo de la burocracia, los despidos están a la orden del día.

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La realidad de la clase trabajadora es tan precaria que hasta la burocracia sindical de la CGT fogoneó un reclamo salarial extraordinario de 500 pesos para todos los trabajadores. Mucho ruido hizo la dirección de la confederación con este tema. Pero poco duró su tímido reclamo.
Ante la adversidad del panorama económico y la orden del gobierno kirchnerista, la CGT giró 180° su discurso para bajarse de aquella efímera reivindicación salarial. “No es el momento” argumentó, mientras el estado agiganta su caja con la reestatización de las jubilaciones.
Dejó a un lado dicho reclamo para unirse al empresariado con el fin de “defender la producción y el empleo nacional”. Doctrina peronista en estado puro, se podría decir. Ésta no es más que la política de conciliación de clases, conciliación de intereses entre los trabajadores y la patronal... para beneficio de los capitalistas. Intereses que están enfrentados de pies a cabeza. ¿Qué empresario de la construcción puede estar a favor de un aumento salarial para los obreros de este sector? o ¿qué empleado de comercio puede favorecerse si su empleador abre más locales?
En nombre de los intereses comunes, dicen priorizar la defensa del puesto laboral, es decir, conservar el actual estado de cosas, ya bastante malo y que promete ser todavía peor para la clase trabajadora.
No se puede esperar otra cosa de la burocracia sindical. Sus dirigentes se ubican en ambos lados del mostrador. Por un lado, representan formalmente a los trabajadores. Por otro lado, son parte integrante del empresariado argentino y, además, de su principal partido, el PJ.
Pero no sólo entregan el salario sin mayores explicaciones, sino también los puestos laborales que dicen defender. Es más, brindan legitimidad a los despidos.
En las periódicas reuniones que vienen teniendo los funcionarios gubernamentales, los empresarios y los burócratas, el oficialismo explica que “La intención es que los empresarios tengan en claro que están en plena vigencia la ley y las normas que exigen el pedido de la aplicación del procedimiento preventivo de crisis antes de decidir despidos o suspensiones masivas, y que éstos no se pueden hacer sin previa información al ministerio”. Muy claro. El objetivo no es detener los despidos, sino ejecutarlos respetando la ley.
Un ejemplo sobra: Renault despidió 300 trabajadores en Córdoba, medida que fue acordada entre el gobierno, la empresa y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). “Iban a ser 620, pero logramos un acuerdo con la empresa de que ese número de compañeros baje a 300”, explicaba el vocero del sindicato, sin ocultar su satisfacción, como quien se refiere a una conquista. “Se trata de gente que no estaba efectiva. Se los indemnizará como indica la ley; aunque la empresa se comprometió a reincorporarlos no bien pase la crisis. Ellos serían los primeros con derecho a ingreso cuando los cosas mejoren”, siguió el burócrata, justificando los despidos, debido a la situación precaria de los trabajadores, que la cúpula del SMATA permitió y avaló durante todo este tiempo y consolándolos con una futura promesa de trabajo, en lugar de pedir la reincorporación inmediata.
Como vemos, de un reclamo salarial, la burocracia, en tiempo record, pasó a acordar los despidos.
Este es el rol de la burocracia sindical peronista: facilitar la explotación de la clase obrera argentina.

EL “GOBIERNO DE LOS DDHH”, POR LA “TOLERANCIA CERO”

A medida que aumentan los despidos y suspensiones por la crisis, y la inflación se come los magros salarios, el gobierno profundiza su política represiva. Con el apoyo de los medios, al compás de la “inseguridad”, endurece el sistema penal para reprimir pobres y trabajadores. Usa sistemáticamente la tortura, el gatillo fácil y las detenciones arbitrarias, reprime a diario las movilizaciones populares y aumenta el número de presos políticos.

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“No voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil”, dijo Néstor Kirchner cuando no había cumplido un año de mandato. Lejos estamos de aquellas palabras, que cosecharon aplausos entre los defensores del “gobierno de los DDHH”. Ahora, el kirchnerismo ya no precisa ocultar su rostro.
“El tema de la seguridad nos tiene que conmover a todos, porque muchas veces la policía trabaja, detiene, detiene, detiene y la justicia libera y libera y es muy difícil. Es necesario que cada poder del Estado se haga cargo del rol que le corresponde construir”, disparó Cristina Fernández en un ámbito más que adecuado, la Universidad del Salvador, en Pilar. Y continuó: “Los jueces tienen los instrumentos para denegar libertades, excarcelaciones, que los tienen que ejercitar para defender a la comunidad”. Redobló su defensa de la policía y destacó que el gobierno le dio “mucho equipamiento para contribuir al valor seguridad”. Esta reedición de la “tolerancia cero” de Ruckauf, el “meta bala a los delincuentes”, significa gendarmería en barrios y andenes, más gatillo fácil y tortura, en una palabra, más persecución para los pobres, siempre “sospechosos”.
Al otro día, Néstor Kirchner agregó: “La presidenta lo dijo con todas las letras. Por mucho que haga la policía actuando bien, la justicia libera, libera. Es hora de que la justicia se ponga los pantalones largos”. El presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti dijo, en el coloquio de IDEA: “los jueces deben entender que el respeto de las garantías constitucionales no tiene nada que ver con la noción de puerta giratoria, como se dice, de que los condenados entren por una puerta y salgan por la otra (...) Hay que respetar el derecho al debido proceso, pero la gente tiene derecho a la seguridad”. Esa misma semana, junto al resto de la Corte, Lorenzetti confirmó la extradición de los campesinos paraguayos presos, que llevaban más de 70 días de huelga de hambre. Así, negando el refugio político, encarcelando y entregando militantes populares a sus verdugos, es como el gobierno argentino entiende la “unidad latinoamericana”. En Jujuy, Salta y Neuquén, distintas manifestaciones de trabajadores fueron reprimidas. En Buenos Aires, la federal cargó contra los docentes, y contra los militantes que repudiaban la extradición de los paraguayos presos. En todos los casos hubo heridos y detenidos.
Los Kirchner, además de defender a la policía, brazo armado de la burguesía, expresaron su apoyo a la campaña del gobernador bonaerense para endurecer aún más la represión penal a los menores y a los pobres. Sin ambigüedad, dejaron en claro que la iniciativa de Scioli, lejos de ser un “desvarío de la derecha”, es, como la avanzada Blumberg, un plan del gobierno nacional.
Sobre el tema, Lorenzetti dudó: “El problema es dónde se lleva a esos chicos”, refiriéndose a los pibes de 12 o 13 años que quieren tratar como adultos. No debiera preocuparse el ministro. Con ese aval del matrimonio presidencial y de la cabeza del poder judicial, la policía se encargará de afinar la puntería para ejecutar la política que sus jefes le están señalando: no tomar prisioneros(1).
Hace justo un año, escribíamos: “Crecerá la miseria, crecerán las luchas, y crecerá la necesidad del gobierno de la nueva presidenta de reprimir a mansalva…(2)”. No pueden ocurrir las cosas de otra manera, con un gobierno que necesita reprimir para garantizar el pago de la deuda y defender las ganancias de los empresarios.

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NOTAS:
1) Desde que Kirchner asumió la presidencia el 25/05/03, alrededor de 1.000 jóvenes pobres fueron fusilados por el gatillo fácil o murieron en la tortura. correpi.lahaine.org
2) Ver “El Traspaso del garrote”, en ER Nº30, noviembre de 2007

LA BUROCRACIA DEFIENDE SUS PRIVILEGIOS COMO SEA

La burocracia sindical toda(1), recurre a innumerables maniobras para mantenerse en la cúpula de los sindicatos, atacando la organización independiente de los trabajadores, para garantizar la explotación y todos sus privilegios.

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Donde haya un mínimo desarrollo antiburocrático, uno o varios delegados honestos y respetados por sus compañeros de trabajo, ahí cae la burocracia para doblegarlos. Por ejemplo, tentándolos con licencias, carrera sindical, dinero, secretarías, comisiones, viajes y un largo etcétera. También, obligándolos a ir a sus marchas, como ocurre en la UOCRA.
De no conseguirlo, llevarán adelante su persecución ideológica, enviarán sus patotas o directamente negociará los despidos con la patronal. Allí está la cúpula del SUTNA de Wasiejko, cargando con el despido de 200 trabajadores y varios procesados en FATE, PIRELLI y FIRESTONE por reclamar salarios.
Por otro lado, abundan casos en que, en acuerdo con los burócratas, los patrones concretan suspensiones, traslados o pagan cuantiosos “retiros voluntarios” para quitarse del medio trabajadores “molestos”. Así ocurrió, por ejemplo, en Telefónica, donde el sindicato es FOETRA.
Si no pueden detener la organización y la lucha, intentarán boicotearla. Por caso, Micheli de ATE interviniendo en el Garrahan para que los empleados levantaran su lucha. Allí están, también, las cúpulas de UPCN, UTI y UTERA oficiando de fuerza de choque del gobierno contra los trabajadores del Hospital Francés que denuncian su vaciamiento.
Para cercenar la participación, cuenta con infinidad de métodos. Recordemos a Palacios y Fernández en la UTA, y su reforma del estatuto que busca impedir el desarrollo de grupos opositores, pues, para presentar lista a nivel nacional se precisa representación gremial en todo el país, sorteando, para ello, mil y una trabas burocráticas. Con igual fin, la UTE de Nenna tiene en su estatuto similares requisitos para la presentación de listas.
Asimismo, la creación de “tribunales de ética y disciplina”, como en La Fraternidad, o el que hace poco aprobó el yaskysmo en SUTEBA para sancionar a la docencia “inorgánica”; o expulsar si lo creen necesario, quitando los fueros gremiales, como intentó recientemente la UTA con 21 delegados del subte por “inconducta sindical”. Pero ¿con qué autoridad moral pueden esos entreguistas señalar a un luchador obrero?
A todo esto se suman los sistemáticos fraudes electorales, como en la UF; y las patotas sindicales, reclutadas de las barras bravas, que hacen de fuerza de choque de la burocracia, cuando no de la empresa o el gobierno. Ejemplos claros son los que golpearon a los estudiantes en la facultad de medicina o los que arremetieron contra los trabajadores del casino que movilizaban al hipódromo.
Tampoco escatiman medios para dirimir sus propias internas. San Vicente y Lomas de Zamora, con su cuota de tiros y enfrentamientos, son moneda corriente entre los burócratas.
La burocracia, igual que la patronal, tiene sus negocios que administrar y una posición social acomodada que defender. Nos lo recuerdan Moyano y sus campos en la provincia de Bs. As., De Genaro y sus innumerables viajes por Europa y Centroamérica; Pedraza de la UF y Maturano de La Fraternidad en el directorio del Belgrano Cargas SA; Venegas de la UATRE integrando el RENATRE junto a los empresarios rurales; Lescano de la FATLyF administrando los subsidios del gobierno a las empresas de energía; Palacios y Fernández de UTA abocados a la cría de ganado y cultivos de cereales con CALEMA SA; Barrionuevo de la UTHGRA con su empresa BELLOTA SA; Claudio Lozano y su escuela privada; Andrés Rodríguez de UPCN monta uno de sus caballos de u$s50.000, entre otros tantos burócratas/empresarios. Justamente porque la burocracia forma parte del empresariado y defiende sus mismos intereses, intenta mantener a las mayorías obreras en la ignorancia y el atraso, en la dependencia ideológica y económica de la burguesía, conservando un sindicato cuya organicidad sirve más a las patronales que a los trabajadores y reservando la “política” para los “entendidos”, y las jornadas laborales de sol a sol para los trabajadores.
Como vemos, tanto en la CGT como en la CTA, la burocracia, para preservar sus privilegios, despliega su arsenal contra todo intento antiburocrático de los trabajadores, desde trabas legales que limitan la participación, hasta el ataque liso y llano, pasando por las innumerables prebendas ofrecidas a los delegados. Así, cumple con el rol que la burguesía le asigna: cuidar el orden patronal y abortar la lucha independiente.
Pero esta situación no es eterna, la burocracia no es invencible. A pesar de su intervención, la organización independiente de los trabajadores, por incipiente que sea, surge y resurge una y otra vez. Nuevos delegados se suman a la lucha, nacen comisiones internas antiburocráticas, en una palabra, los trabajadores enfrentan a la burocracia sindical.
Contribuir pacientemente a este desarrollo es la tarea del momento.

…
NOTAS:
1) En esta nota mencionamos sólo algunos sindicatos. Pero la situación descripta es extensiva a todos los sindicatos del país. Para hacer más ágil la lectura aclaramos las siglas de los sindicatos y la central en la que están nucleados aquí: Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA-CGT), Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA-CTA), Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (FOETRA-CGT), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), Unión Personal Civil de la Nación (UPCN-CGT), Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (UTI-CGT), Unión de Trabajadores del Estado de la República Argentina (UTERA-CGT), Unión Tranviarios Automotor (UTA-CGT), Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTA); Sindicato de Conductores de Trenes de la República Argentina (La Fraternidad-CGT), Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA-CTA), Unión Ferroviaria (UF-CGT), Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE-CGT), Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF-CGT), Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA-CGT).

STELLA MALDONADO

El Revolucionario Nº41 (Noviembre de 2008)

Stella Maldonado es titular de la CTERA desde 2007, secretaria adjunta de SUTEBA y secretaria de capacitación de la CTA. Desde allí, continúa con la política progubernamental de Mary Sánchez, Maffei y Yasky.
La rentista elaboró conjuntamente con el ministerio de educación toda la legislación educativa del kirchnerismo, quedando incorporada, de hecho, a la estructura de gobierno. Primero, las leyes de financiamiento educativo y de educación técnico profesional y, luego, la ley nacional de educación, las que se encargó de legitimar entre la docencia, organizando petitorios y debates para su aprobación y marchas en su apoyo. Estas políticas de destrucción de la escuela pública, vaciamiento y recorte presupuestario, fueron calificadas por la CTERA de “saltos cualitativos” y “avances históricos”. También contribuyó a consolidar los consecutivos salarios de pobreza para el sector.
So pretexto de una “derecha económica” que se rearma e intenta frenar los “avances” del peronismo, ensaya diferencias entre gobernantes supuestamente “represores” y otros “dialoguistas”, para encolumnarse decididamente tras el kirchnerismo. Así, cuando el conflicto con “el campo”, acudió a la plaza en apoyo del gobierno junto al espacio oficialista “Carta Abierta”(1). En esa línea, pese a las innumerables luchas docentes a lo largo del país y sus comunes reclamos, desde 2003 jamás llamó a paro nacional por mejoras salariales y laborales. Bajo el legítimo repudio hacia la represión, los únicos dos paros nacionales tuvieron como trasfondo arremeter contra adversarios electorales del kirchnerismo, como lo fue Sobisch y, ahora, Macri, ocultando el carácter nacional de la represión. En cambio, cuando el gobierno nacional militarizó con gendarmería las escuelas de Santa Cruz y, luego, el ex funcionario kirchnerista, Varizat, atropelló obscenamente con su camioneta a los docentes, se encargó de salvar a “su presidente”.
Antes con Yasky, hoy con Maldonado, la conducción nacional docente se sumó de lleno al proyecto “nacional y popular” del kirchnerimo desde la primera hora, formando un apéndice del mismo, para accionar contra los trabajadores de la educación.

NOTAS:
1) El grupo está conformado por gremialistas, personas de la cultura, la educación, el periodismo, las ciencias, y las artes, entre otras disciplinas. Dice en su página web: “Carta Abierta es un espacio de participación para la discusión y la intervención en las políticas públicas, en defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando siempre la libertad de crítica.”

OMAR MATURANO

El Revolucionario Nº41 (Noviembre de 2008)

Omar Arístides Maturano es titular del gremio La Fraternidad, que nuclea a choferes de trenes. En 1992, ingresó a la conducción nacional y seguirá al frente hasta 2012. Además de vocal titular de la CGT, es patrón de sus propios afiliados, pues forma parte del consorcio del Belgrano Cargas junto a Franco Macri, Benito Roggio (Metrovías), accionistas chinos, Moyano y Pedraza (UF). O sea, uno de los grandes beneficiados con la política de subsidios del gobierno. Por ello, suele felicitar la gestión de los, según él, “compañeros” Jaime y De Vido.
Junto a Pedraza, Maturano avaló la política desmanteladora de “ramal que para, ramal que cierra” (antesala del proceso privatizador que implicó el desguace del sistema ferroviario), y mandó una y otra vez sus patotas a las “seccionales rebeldes” y trabajadores que sostuvieron, contra el menemismo, las huelgas a principios de los ‘90. Cuando los incidentes en Haedo, responsabilizó a “dirigentes de ultraizquierda que buscan manchar la democracia y desestabilizar”. Hace poco, luego del incendio de dos vagones, decretó un paro reclamando más policías y gendarmes para “evitar vandalismos” y hasta se crispó porque no hubo castigo ejemplar hacia estos “sectores que intentan promover un estado de desorden e intranquilidad con aviesas finalidades”. Es decir, jamás señaló a las privatizadas por su pésimo servicio y, en cambio, convalidó siempre, cual empresario o funcionario, las posturas del gobierno contra la legítima bronca popular.
Ante la asunción de Fernández, el burócrata advertía: “Sabemos lo que tenemos que hacer y hasta dónde dar la lealtad que tenemos que dar. No podemos firmar cheques en blanco como lo hicimos con Menem, ya que tenemos formas de protestar, el paro y todo eso”. Hoy, es un claro defensor del pacto social con la rosada. De hecho hace poco, en un acto gremial, expresaba: “La presidente apuesta a nuestra industria y nosotros vamos a acompañar todas las transformaciones con ideas y proyectos.”. Y como buen peronista, instaba a los demás burócratas a ganar “la representatividad que nos merecemos y cambiar un poco la imagen”, así nada cambia.
Maturano, parte integrante de la burguesía, defensor enfurecido de sus instituciones y “su democracia”, otro enemigo de la clase trabajadora.