El “modelo” económico está mostrando varios de sus aspectos más
antipopulares, ante lo cual el gobierno prepara una campaña política para
intentar mantener el consenso.
Al ser un modelo agrodependiente y extractivista, que defiende a los
grandes grupos económicos en su extensión del sembradío de soja y a los
proyectos de la megaminería a cielo abierto, está dando lugar a una serie de
conflictos y procesos de resistencia que incluyen luchas por el derecho a la
tierra y la movilización antiminera.
Al mismo tiempo, en un contexto de crisis mundial y con el achicamiento
de su caja, el gobierno no ha dudado en avanzar contra el pueblo trabajador por
medio del ajuste, con aumentos de transportes, de servicios públicos, techo
salarial en las paritarias, despidos y ajuste contra trabajadores del estado,
etc. Las luchas contra los despidos, contra el ajuste en algunas provincias, o
contra el aumento de transportes, señalan también la posibilidad de un
escenario conflictivo que enfrente la política de los gobiernos.
Ante esto, el kirchnerismo, como máximo responsable político nacional,
prepara una nueva embestida política que le permita sostener el consenso
alcanzado en amplios sectores del país.
Para eso hace cosas como asignarle a medidas económicas como el aumento
del 17,6% en la jubilación mínima, una magnitud que no tiene proporción con su
lugar en la economía real de la clase trabajadora (cuyos ingresos están
golpeados por el ajuste y la inflación).
Esta política es acompañada, además, por una táctica política de
desentendimiento, según la cual, el gobierno nacional, máximo responsable de la
política del país y jefe del partido de gobierno al cual adscriben y se
subordinan el grueso de los funcionarios menores (ministros, gobernadores,
intendentes, senadores, diputados, etc.), le suelta la mano sistemáticamente a
aquellos que quedan más expuestos por sostener consecuentemente la política y
el modelo kirchnerista. Así, el kirchnerismo se da el lujo de diferenciarse de
su gobernador riojano, por la minería, o de su gobernador santacruceño, luego
de la grosera represión.
Pero además, y por sobre todas las cosas, el gobierno nacional se lanza
en campañas políticas que, aunque no definen ni mejoran estructuralmente las
condiciones de vida del pueblo trabajador, cuentan con una carga simbólica que
le permite seguir presentándose con una fachada “popular”.
Así por ejemplo, el mismo kirchnerismo que defiende a la Barrick Gold y al
empresariado de todo pelaje, el mismo que le ha renovado a las petroleras
concesiones escandalosas por decenas de años, está ahora desplegando una
campaña relacionada con la industria nacional del petróleo que, aunque no tiene
ninguna propuesta concreta de avanzar sobre los grandes grupos económicos (lo
que implicaría definiciones sobre la necesaria expropiación de las petroleras
privatizadas), se propone aglutinar a amplios sectores alrededor de
concepciones vagas como la “defensa de lo nuestro”.
Algo muy similar sucede con la política en relación a Malvinas, donde el
gobierno, aún sin pretensiones de ir más allá y sabiendo que no hay tampoco con
qué hacerlo, sostiene un discurso algo confrontativo con Inglaterra, para
aglutinar a amplios sectores atrás de un reclamo absolutamente genuino, pero
que no tiene ninguna perspectiva práctica.
Campañas como ésas se repiten, para tratar de transformarse en el eje de
la política. Algunas tienen un efecto positivo, aunque para nada definitorio de
mejoras estructurales o de fondo. Otras apenas y son discursos sin ninguna base
material. Y otras a veces son incluso la base de nuevas avanzadas empresariales
y gubernamentales, como han denunciado varias organizaciones campesinas en
relación con la ley de tierras. Así, medidas como la difusión por el canal
público del Turismo Carretera, el anuncio de que se controlaran las ganancias
de los altos ejecutivos de empresas petroleras, o la renuncia de algunos
funcionarios (millonarios, por cierto) a los subsidios de los servicios
públicos, cumplen un papel político fundamental. Su rol es el de sostener la
gobernabilidad, el consenso social, en tiempos en que las patronales y el
gobierno nos exigen ajustar el cinturón.