El Revolucionario Nº11 (Marzo de 2006)
A los señores capitalistas no les faltarán carne y sangre fresca explotables y dejarán que los muertos entierren a sus muertos. (Carlos Marx, Trabajo Asalariado y Capital).
El 19 de febrero, a pesar de que eran las dos de la mañana de un domingo, casi ochenta mineros trabajaban en el socavón de la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, México. Diez minutos después hubo una fuerte explosión. Trece mineros que estaban en un nivel superior pudieron ser rescatados con graves quemaduras de primero y segundo grados. Otros 65 mineros, en cambio, quedaron sepultados a 160 metros de profundidad. Durante unas pocas horas se recibieron mensajes de texto enviados por sobrevivientes a sus familiares. Luego, sólo silencio.
Una semana después las tareas de rescate fueron suspendidas, y comenzaron las de recuperación de los cadáveres. Los familiares que acampaban junto a la boca de la mina reclamaron sin éxito que empresarios y autoridades políticas no les mintieran dándoles falsas expectativas. Hasta un día antes del anuncio formal de las muertes, el presidente Fox continuaba alentando la posibilidad de un rescate con vida. Al mismo tiempo, el gobierno tomó medidas para evitar el flujo de noticias e impedir el contacto de sobrevivientes y familiares con la prensa. El área fue rodeada por el ejército y la policía militar. Uno de los pocos civiles a quien se permitió el acceso fue el líder del sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, que llegó rodeado de guardaespaldas. Los familiares de los mineros denunciaron que fueron presionados para no acercársele. Una mujer dijo al diario El Universal: "Nosotros no podemos decir nada porque los ponen en una lista y los boletinan a todas las minas, para que ya no vuelvan a trabajar".
Como siempre, todo el aparato del estado, los medios y la burocracia sindical, al servicio de los intereses de la empresa, defendiendo intereses comunes.
El gas de la muerte
La causa del desastre fue una explosión de gases, hecho nada imprevisible en una mina de carbón. Desde siempre el mayor enemigo de los mineros ha sido el gas “grisú”, como se conoce al protocarburo de hidrógeno, un gas incoloro, casi inodoro, que se forma espontáneamente a partir del metano en los depósitos de hulla, y que si alcanza al 5 % del volumen de aire produce una mezcla detonante que puede inflamarse por la menor causa.
Nadie es más consciente que los propios mineros de ese peligro constante, y nadie ha sido más insensible históricamente a la invisible amenaza que los propietarios de las minas, abocados en todo tiempo y lugar a aumentar sus ganancias a costa de la seguridad de los explotados. A mediados del siglo XIX los mineros escoceses utilizaban canarios, mucho más sensibles al gas que el ser humano, como “detectores de grisú”. La muerte de los canarios era señal de que tenían que apagar las lámparas de acetileno y salir de la galería con urgencia. Otro recurso, preferido por los dueños de las minas por su bajo costo, era utilizar “penitentes”, generalmente chicos o ancianos inservibles para empuñar un pico, que reptaban por los túneles, mientras llevaban en alto una lámpara. Así, la llama iba causando pequeñas explosiones detectando las emanaciones de gas, lo que permitía evaluar la peligrosidad del socavón. Si la explosión era muy fuerte y el infortunado moría, su familia era recompensada con dos o tres sueldos, y otro “penitente” ocupaba su lugar.
Hoy el avance tecnológico permite prescindir de canarios y penitentes. Hay recursos avanzados como metanómetros que detectan el menor flujo de gas, y dispositivos llamados “paro de emergencia”, que detienen la operación de las maquinarias cuando el ambiente presenta condiciones de explosividad, evitando las chispas. El 7 de febrero, apenas días antes de la explosión, la Secretaría de Trabajo mexicana realizó una inspección en Pasta de Conchos para comprobar si la empresa había cumplido una intimación para aplicar 34 medidas de seguridad faltantes. Según el informe, conocido después de la explosión, varias de esas medidas seguían incumplidas, entre ellas la instalación del “paro de emergencia”.
Cuatro muertos por tonelada, un costo laboral “tolerable”
Puede llamar la atención al ingenuo que, pese a esos avances técnicos, en poco haya mejorado la seguridad de los trabajadores mineros desde los días de la invención de la máquina de vapor. En el departamento de Coahuila, México, se registraron entre 1902 y 2006 veinticinco grandes explosiones en las minas de carbón, con un saldo total de 889 muertos. Pueden rastrearse hechos similares en zonas mineras de todo el mundo, como Chile (2005), Colombia (1997, 2001), China (2004), Turquía (1992), Filipinas (1994), República Checa (2001), Ucrania (1999, 2001), sin olvidar los catorce mineros que el 14 de junio de 2004 murieron por una explosión de grisú en Río Turbio, Argentina. Se cuentan por miles de miles los muertos anuales en minas de todo el planeta, siempre por explosiones evitables en su mayoría con una inversión adecuada en medidas de seguridad laboral. La Administración Estatal de Seguridad Laboral china, por ejemplo, informó que en el año 2004 hubo 6.000 muertos en accidentes mineros. Consideraron la cifra alentadora. El año anterior habían sido 8.000.
La aparente contradicción entre el alto grado de avance tecnológico para evitar estas masacres, y su permanente repetición por ausencia de inversión en seguridad, sólo se explica por la política empresarial mundial de reducción de costos para acumular ganancias. Explosiones como la de México o la de Río Turbio son para los empresarios un “riesgo calculado”, contemplado en su costo de producción.
Sabemos que, pese a las oscilaciones que puedan producirse por razones de mercado, el costo de producción de una mercancía es determinante de su precio medio. El capitalista incluye en su cálculo de costos el desgaste de las maquinarias (amortización), y del mismo modo, incluye en ese costo de producción el desgaste del obrero. Un simple cálculo actuarial de costo-beneficio, aplicando la teoría del riesgo, permite que el explotador advierta que “ahorra” mucho más –y por ende, baja su costo de producción- afrontando de vez en cuando algo de publicidad negativa y pagando indemnizaciones tarifadas según las leyes laborales –cuidadosamente impuestas por ellos mismos- que instalando todos los artefactos modernos que permitirían evitar las catástrofes.
Las estadísticas oficiales ucranianas señalan que cada millón de toneladas de carbón extraído en la cuenca hullera de Donetsk cuesta la vida de cuatro mineros, un costo “tolerable”.
Negocios, explotación, corrupción y lucha obrera
El carbón duro es utilizado en operaciones industriales, mientras que el lignito se dedica enteramente a la producción eléctrica. EEUU produce el 67% del total de su electricidad usando carbón. Coahuila es la única región de México que cuenta con este estratégico mineral, produciendo 7 millones de toneladas anuales. El Grupo México obtuvo en 2005 más de mil millones de dólares de utilidades netas. El salario promedio mensual, más las prestaciones y un bono de productividad, debería sumar, de acuerdo a las normas laborales, 5.000 pesos (unos 480 dólares), pero de acuerdo al sindicato minero, los trabajadores más especializados de Pasta de Conchos ganan 130 pesos por día (12,2 dólares), y los obreros sobrevivientes aseguran que recibían 658 pesos (62 dólares) por semana.
Desde la región carbonífera hasta la frontera con Texas, Tratado de Libre Comercio mediante, se realizan en México gran cantidad de operaciones especulativas en los mercados energético-financieros al más puro estilo ENRON. Más de 50 empresas de extracción de carbón son en realidad intermediarios, o “coyotes”, en la jerga local, que trafican carbón de primera calidad a EEUU. Dejan sólo el “carbón sucio” para las plantas locales, provocando el aumento de las tarifas eléctricas a corto plazo y contaminación ambiental por el exceso de cenizas y desperdicio.
Los trabajadores han protagonizado importantes luchas en reclamo de mejoras salariales, de condiciones de trabajo, y en especial de seguridad en sus tareas. Permanentemente denuncian que las empresas anteponen la productividad a la integridad física y la salud de los mineros. Durante los últimos cuatro años hubo doce huelgas contra Grupo México por aumentos salariales o problemas de seguridad, además del reclamo de regularizar la situación laboral de los trabajadores “contratistas”. De los 65 trabajadores atrapados en la mina, sólo 25 eran sindicalizados. El resto no pertenecían al sindicato ni tenían prestaciones sociales. Son más de 5.000 los “poceros”, como los llaman los mineros, que trabajan en esas condiciones en todo el estado de Coahuila.
"Aquí la seguridad la hace uno mismo. A las empresas sólo les importa que se saque el carbón y que haya dinero", declaró al diario La Vanguardia un trabajador que pidió no ser identificado para no perder su trabajo.
Una vez más comprobamos en la realidad que el fin primordial del capitalismo, fuera de todo debate, es la acumulación más ampliada posible de capital y la obtención de la mayor tasa posible de ganancia en las mejores condiciones de perdurabilidad. También se verifica que sin la lucha organizada de los trabajadores, independiente de la patronal y el gobierno, nada cambia sino para peor.
Los dueños del carbón y el burócrata de sangre azul
El poderoso Grupo México, propietario de la compañía Industrial Minera México SA (IMMSA), es una de las tres empresas privadas de mayor presencia y peso en la economía mexicana. Su gran desarrollo se facilitó por sus extensas redes de poder económico sobre el Estado, el capital extranjero, y otros grupos de poder nacionales. En los ‘80 fue el grupo más favorecido con la privatización de empresas públicas, logrando extraordinarias operaciones.
Fundada en 1899 en EEUU (Asarco), inició sus operaciones en México en 1901. Luego de varias reorganizaciones y fusiones, en 1978 formó el Grupo Industrial Minera México (GIMMEX) y enseguida avanzó sobre la refinanción de zinc. Entre 1988 y principios de los ’90 entró al negocio del cobre. En 1994 pasó a llamarse Grupo México. Desde entonces no ha cesado de incorporar plantas de producción, fundiciones, refinerías, que le dan el control de casi toda la industria minera bajo y sobre superficie del país. A través de Industrial Minera México SA (IMMSA), además de las minas de carbón, opera 8 minas subterráneas polimetálicas (oro, plata, zinc, cobre, plomo) en la parte central y norte de México.
Como no sólo de carbón, cobre o zinc vive el hombre, sino que hay que transportarlo, el siguiente paso fue el desembarco en la red de transportes ferroviarios. En asociación con Union-Pacific e ICA creó el Grupo Ferroviario Méxicano (GFM) con su subsidiaria Ferrocarril Mexicano (Ferromex). Es un buen ejemplo del proceso de concentración de capital y de su gerenciamiento por burgueses locales asociados al poder político y a los burócratas sindicales.
Hay un perfecto triángulo de vínculos políticos y económicos entre directivos de IMMSA como Claudio X. González, Juan Rebolledo Gout y Luis Tellez Kuntzle (integrantes de las listas de millonarios de la revista Forbes y miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), políticos como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y sindicalistas como Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
A Gómez Urrutia, un caso paradigmático de burocracia sindical integrada al estado burgués, se lo conoce como “el heredero”, ya que su padre, Napoleón Gómez Sada, al que Zedillo llamaba en público “Don Napoleón”, dirigió durante 40 años el sindicato minero. Lo primero que hizo al asumir en el sindicato fue crear un grupo de choque, especie de policía minera, para reprimir a los inconformes que lo cuestionaban por una razón elemental: nunca fue minero. Criado en pañales de seda, estudió economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. En 2000 le inventaron un cargo en el sindicato, y así se convirtió en el representante formal de los casi 300.000 trabajadores mineros mexicanos.
El sindicalista de sangre azul, como lo llaman los medios, continuó la política de cooperación con el gobierno y las empresas que desarrolló su padre. Ambos fueron piezas claves en el proceso de privatización de la industria minera y metalúrgica, que en pocos años despojó por completo al estado mexicano en beneficio de grandes multinacionales. Una de las especialidades de Napoleón hijo es promover huelgas y negociar su levantamiento a cambio de prebendas personales. Cuando los trabajadores se oponían a la privatización de las minas de cobre, negoció que el adquirente, Grupo México, creara un fideicomiso del 5 % de las acciones para los mineros. Levantada la huelga, ningún obrero recibió su parte de las acciones, que Gómez Urrutia revendió a la empresa por 55 millones de dólares.
Persiguió y logró el despido de los que exigían su destitución, compró el silencio y la complicidad de algunos, y se impuso al resto a través del temor al desempleo y el terror a sus grupos de choque. Pero apenas confirmada la muerte de los mineros de Coahuila, una parte importante de los trabajadores se alzó en su contra desconociéndolo como secretario general.
Con la estructura burocrática en plena crisis, 264 mil trabajadores fueron a la huelga el primer día de marzo de 2006, exigiendo más seguridad y el castigo a los responsables de la masacre. La Cámara Minera rápidamente declaró ilegal la huelga e interpuso denuncias penales contra los trabajadores, reclamándoles pérdidas por 17 millones de dólares diarios. Cuatro días después, la presión combinada del gobierno y las empresas logró que se levantara el paro sólo con promesas de investigación.
Mientras tanto, la empresa anunció que va a pagar cerca de 70.000 dólares como indemnización a las familias de los fallecidos, en un excelente ejemplo de lo que Marx llamaba “la profunda hipocresía y la barbarie propias de la civilización burguesa” (1).
Sin embargo, no deja de ser alentador que por primera vez en décadas los trabajadores mineros mexicanos hayan confrontado a sus verdugos por fuera de la burocracia asociada a la explotación, y hayan asumido por sí mismos la defensa de sus intereses de clase, buscando su independencia política de la patronal y el gobierno.
1.Marx, Carlos, “La dominación británica en la India”, en Marx-Engels, Futuros resultados de la dominación británica en la India, Editorial Progreso, s. f., Moscú.
A los señores capitalistas no les faltarán carne y sangre fresca explotables y dejarán que los muertos entierren a sus muertos. (Carlos Marx, Trabajo Asalariado y Capital).
El 19 de febrero, a pesar de que eran las dos de la mañana de un domingo, casi ochenta mineros trabajaban en el socavón de la mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, estado de Coahuila, México. Diez minutos después hubo una fuerte explosión. Trece mineros que estaban en un nivel superior pudieron ser rescatados con graves quemaduras de primero y segundo grados. Otros 65 mineros, en cambio, quedaron sepultados a 160 metros de profundidad. Durante unas pocas horas se recibieron mensajes de texto enviados por sobrevivientes a sus familiares. Luego, sólo silencio.
Una semana después las tareas de rescate fueron suspendidas, y comenzaron las de recuperación de los cadáveres. Los familiares que acampaban junto a la boca de la mina reclamaron sin éxito que empresarios y autoridades políticas no les mintieran dándoles falsas expectativas. Hasta un día antes del anuncio formal de las muertes, el presidente Fox continuaba alentando la posibilidad de un rescate con vida. Al mismo tiempo, el gobierno tomó medidas para evitar el flujo de noticias e impedir el contacto de sobrevivientes y familiares con la prensa. El área fue rodeada por el ejército y la policía militar. Uno de los pocos civiles a quien se permitió el acceso fue el líder del sindicato de Mineros, Napoleón Gómez Urrutia, que llegó rodeado de guardaespaldas. Los familiares de los mineros denunciaron que fueron presionados para no acercársele. Una mujer dijo al diario El Universal: "Nosotros no podemos decir nada porque los ponen en una lista y los boletinan a todas las minas, para que ya no vuelvan a trabajar".
Como siempre, todo el aparato del estado, los medios y la burocracia sindical, al servicio de los intereses de la empresa, defendiendo intereses comunes.
El gas de la muerte
La causa del desastre fue una explosión de gases, hecho nada imprevisible en una mina de carbón. Desde siempre el mayor enemigo de los mineros ha sido el gas “grisú”, como se conoce al protocarburo de hidrógeno, un gas incoloro, casi inodoro, que se forma espontáneamente a partir del metano en los depósitos de hulla, y que si alcanza al 5 % del volumen de aire produce una mezcla detonante que puede inflamarse por la menor causa.
Nadie es más consciente que los propios mineros de ese peligro constante, y nadie ha sido más insensible históricamente a la invisible amenaza que los propietarios de las minas, abocados en todo tiempo y lugar a aumentar sus ganancias a costa de la seguridad de los explotados. A mediados del siglo XIX los mineros escoceses utilizaban canarios, mucho más sensibles al gas que el ser humano, como “detectores de grisú”. La muerte de los canarios era señal de que tenían que apagar las lámparas de acetileno y salir de la galería con urgencia. Otro recurso, preferido por los dueños de las minas por su bajo costo, era utilizar “penitentes”, generalmente chicos o ancianos inservibles para empuñar un pico, que reptaban por los túneles, mientras llevaban en alto una lámpara. Así, la llama iba causando pequeñas explosiones detectando las emanaciones de gas, lo que permitía evaluar la peligrosidad del socavón. Si la explosión era muy fuerte y el infortunado moría, su familia era recompensada con dos o tres sueldos, y otro “penitente” ocupaba su lugar.
Hoy el avance tecnológico permite prescindir de canarios y penitentes. Hay recursos avanzados como metanómetros que detectan el menor flujo de gas, y dispositivos llamados “paro de emergencia”, que detienen la operación de las maquinarias cuando el ambiente presenta condiciones de explosividad, evitando las chispas. El 7 de febrero, apenas días antes de la explosión, la Secretaría de Trabajo mexicana realizó una inspección en Pasta de Conchos para comprobar si la empresa había cumplido una intimación para aplicar 34 medidas de seguridad faltantes. Según el informe, conocido después de la explosión, varias de esas medidas seguían incumplidas, entre ellas la instalación del “paro de emergencia”.
Cuatro muertos por tonelada, un costo laboral “tolerable”
Puede llamar la atención al ingenuo que, pese a esos avances técnicos, en poco haya mejorado la seguridad de los trabajadores mineros desde los días de la invención de la máquina de vapor. En el departamento de Coahuila, México, se registraron entre 1902 y 2006 veinticinco grandes explosiones en las minas de carbón, con un saldo total de 889 muertos. Pueden rastrearse hechos similares en zonas mineras de todo el mundo, como Chile (2005), Colombia (1997, 2001), China (2004), Turquía (1992), Filipinas (1994), República Checa (2001), Ucrania (1999, 2001), sin olvidar los catorce mineros que el 14 de junio de 2004 murieron por una explosión de grisú en Río Turbio, Argentina. Se cuentan por miles de miles los muertos anuales en minas de todo el planeta, siempre por explosiones evitables en su mayoría con una inversión adecuada en medidas de seguridad laboral. La Administración Estatal de Seguridad Laboral china, por ejemplo, informó que en el año 2004 hubo 6.000 muertos en accidentes mineros. Consideraron la cifra alentadora. El año anterior habían sido 8.000.
La aparente contradicción entre el alto grado de avance tecnológico para evitar estas masacres, y su permanente repetición por ausencia de inversión en seguridad, sólo se explica por la política empresarial mundial de reducción de costos para acumular ganancias. Explosiones como la de México o la de Río Turbio son para los empresarios un “riesgo calculado”, contemplado en su costo de producción.
Sabemos que, pese a las oscilaciones que puedan producirse por razones de mercado, el costo de producción de una mercancía es determinante de su precio medio. El capitalista incluye en su cálculo de costos el desgaste de las maquinarias (amortización), y del mismo modo, incluye en ese costo de producción el desgaste del obrero. Un simple cálculo actuarial de costo-beneficio, aplicando la teoría del riesgo, permite que el explotador advierta que “ahorra” mucho más –y por ende, baja su costo de producción- afrontando de vez en cuando algo de publicidad negativa y pagando indemnizaciones tarifadas según las leyes laborales –cuidadosamente impuestas por ellos mismos- que instalando todos los artefactos modernos que permitirían evitar las catástrofes.
Las estadísticas oficiales ucranianas señalan que cada millón de toneladas de carbón extraído en la cuenca hullera de Donetsk cuesta la vida de cuatro mineros, un costo “tolerable”.
Negocios, explotación, corrupción y lucha obrera
El carbón duro es utilizado en operaciones industriales, mientras que el lignito se dedica enteramente a la producción eléctrica. EEUU produce el 67% del total de su electricidad usando carbón. Coahuila es la única región de México que cuenta con este estratégico mineral, produciendo 7 millones de toneladas anuales. El Grupo México obtuvo en 2005 más de mil millones de dólares de utilidades netas. El salario promedio mensual, más las prestaciones y un bono de productividad, debería sumar, de acuerdo a las normas laborales, 5.000 pesos (unos 480 dólares), pero de acuerdo al sindicato minero, los trabajadores más especializados de Pasta de Conchos ganan 130 pesos por día (12,2 dólares), y los obreros sobrevivientes aseguran que recibían 658 pesos (62 dólares) por semana.
Desde la región carbonífera hasta la frontera con Texas, Tratado de Libre Comercio mediante, se realizan en México gran cantidad de operaciones especulativas en los mercados energético-financieros al más puro estilo ENRON. Más de 50 empresas de extracción de carbón son en realidad intermediarios, o “coyotes”, en la jerga local, que trafican carbón de primera calidad a EEUU. Dejan sólo el “carbón sucio” para las plantas locales, provocando el aumento de las tarifas eléctricas a corto plazo y contaminación ambiental por el exceso de cenizas y desperdicio.
Los trabajadores han protagonizado importantes luchas en reclamo de mejoras salariales, de condiciones de trabajo, y en especial de seguridad en sus tareas. Permanentemente denuncian que las empresas anteponen la productividad a la integridad física y la salud de los mineros. Durante los últimos cuatro años hubo doce huelgas contra Grupo México por aumentos salariales o problemas de seguridad, además del reclamo de regularizar la situación laboral de los trabajadores “contratistas”. De los 65 trabajadores atrapados en la mina, sólo 25 eran sindicalizados. El resto no pertenecían al sindicato ni tenían prestaciones sociales. Son más de 5.000 los “poceros”, como los llaman los mineros, que trabajan en esas condiciones en todo el estado de Coahuila.
"Aquí la seguridad la hace uno mismo. A las empresas sólo les importa que se saque el carbón y que haya dinero", declaró al diario La Vanguardia un trabajador que pidió no ser identificado para no perder su trabajo.
Una vez más comprobamos en la realidad que el fin primordial del capitalismo, fuera de todo debate, es la acumulación más ampliada posible de capital y la obtención de la mayor tasa posible de ganancia en las mejores condiciones de perdurabilidad. También se verifica que sin la lucha organizada de los trabajadores, independiente de la patronal y el gobierno, nada cambia sino para peor.
Los dueños del carbón y el burócrata de sangre azul
El poderoso Grupo México, propietario de la compañía Industrial Minera México SA (IMMSA), es una de las tres empresas privadas de mayor presencia y peso en la economía mexicana. Su gran desarrollo se facilitó por sus extensas redes de poder económico sobre el Estado, el capital extranjero, y otros grupos de poder nacionales. En los ‘80 fue el grupo más favorecido con la privatización de empresas públicas, logrando extraordinarias operaciones.
Fundada en 1899 en EEUU (Asarco), inició sus operaciones en México en 1901. Luego de varias reorganizaciones y fusiones, en 1978 formó el Grupo Industrial Minera México (GIMMEX) y enseguida avanzó sobre la refinanción de zinc. Entre 1988 y principios de los ’90 entró al negocio del cobre. En 1994 pasó a llamarse Grupo México. Desde entonces no ha cesado de incorporar plantas de producción, fundiciones, refinerías, que le dan el control de casi toda la industria minera bajo y sobre superficie del país. A través de Industrial Minera México SA (IMMSA), además de las minas de carbón, opera 8 minas subterráneas polimetálicas (oro, plata, zinc, cobre, plomo) en la parte central y norte de México.
Como no sólo de carbón, cobre o zinc vive el hombre, sino que hay que transportarlo, el siguiente paso fue el desembarco en la red de transportes ferroviarios. En asociación con Union-Pacific e ICA creó el Grupo Ferroviario Méxicano (GFM) con su subsidiaria Ferrocarril Mexicano (Ferromex). Es un buen ejemplo del proceso de concentración de capital y de su gerenciamiento por burgueses locales asociados al poder político y a los burócratas sindicales.
Hay un perfecto triángulo de vínculos políticos y económicos entre directivos de IMMSA como Claudio X. González, Juan Rebolledo Gout y Luis Tellez Kuntzle (integrantes de las listas de millonarios de la revista Forbes y miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios), políticos como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y sindicalistas como Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.
A Gómez Urrutia, un caso paradigmático de burocracia sindical integrada al estado burgués, se lo conoce como “el heredero”, ya que su padre, Napoleón Gómez Sada, al que Zedillo llamaba en público “Don Napoleón”, dirigió durante 40 años el sindicato minero. Lo primero que hizo al asumir en el sindicato fue crear un grupo de choque, especie de policía minera, para reprimir a los inconformes que lo cuestionaban por una razón elemental: nunca fue minero. Criado en pañales de seda, estudió economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. En 2000 le inventaron un cargo en el sindicato, y así se convirtió en el representante formal de los casi 300.000 trabajadores mineros mexicanos.
El sindicalista de sangre azul, como lo llaman los medios, continuó la política de cooperación con el gobierno y las empresas que desarrolló su padre. Ambos fueron piezas claves en el proceso de privatización de la industria minera y metalúrgica, que en pocos años despojó por completo al estado mexicano en beneficio de grandes multinacionales. Una de las especialidades de Napoleón hijo es promover huelgas y negociar su levantamiento a cambio de prebendas personales. Cuando los trabajadores se oponían a la privatización de las minas de cobre, negoció que el adquirente, Grupo México, creara un fideicomiso del 5 % de las acciones para los mineros. Levantada la huelga, ningún obrero recibió su parte de las acciones, que Gómez Urrutia revendió a la empresa por 55 millones de dólares.
Persiguió y logró el despido de los que exigían su destitución, compró el silencio y la complicidad de algunos, y se impuso al resto a través del temor al desempleo y el terror a sus grupos de choque. Pero apenas confirmada la muerte de los mineros de Coahuila, una parte importante de los trabajadores se alzó en su contra desconociéndolo como secretario general.
Con la estructura burocrática en plena crisis, 264 mil trabajadores fueron a la huelga el primer día de marzo de 2006, exigiendo más seguridad y el castigo a los responsables de la masacre. La Cámara Minera rápidamente declaró ilegal la huelga e interpuso denuncias penales contra los trabajadores, reclamándoles pérdidas por 17 millones de dólares diarios. Cuatro días después, la presión combinada del gobierno y las empresas logró que se levantara el paro sólo con promesas de investigación.
Mientras tanto, la empresa anunció que va a pagar cerca de 70.000 dólares como indemnización a las familias de los fallecidos, en un excelente ejemplo de lo que Marx llamaba “la profunda hipocresía y la barbarie propias de la civilización burguesa” (1).
Sin embargo, no deja de ser alentador que por primera vez en décadas los trabajadores mineros mexicanos hayan confrontado a sus verdugos por fuera de la burocracia asociada a la explotación, y hayan asumido por sí mismos la defensa de sus intereses de clase, buscando su independencia política de la patronal y el gobierno.
1.Marx, Carlos, “La dominación británica en la India”, en Marx-Engels, Futuros resultados de la dominación británica en la India, Editorial Progreso, s. f., Moscú.