Como parte de su estrategia post electoral en la búsqueda por recuperar la iniciativa política, el kirchnerismo irrumpió con un batería de anuncios y medidas, entre las que se cuentan el “fútbol para todos” y las asignaciones por hijo. Entre ambas, se destacó el debate que impulsó en torno de la ley de medios.Empleando el mismo método que usó en la disputa con los empresarios del campo, sólo que esta vez, con argumentos como la “lucha contra los monopolios” y la derogación de “una ley de la dictadura”, el kirchnerismo buscó polarizar la discusión, generando dos bandos. En uno, los “pro monopolios” y “pro dictadura”, y, en el otro, encolumnados con el gobierno, los “defensores del derecho a la información” y los “democráticos”.
De este modo, no sólo cosechó el apoyo de los dirigentes y organizaciones que le son adictos, como el jefe de la CGT , Hugo Moyano, o la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini, que descaradamente hicieron propaganda del proyecto oficial en cuanta oportunidad tuvieron, sino que sumó a una pléyade de “progresistas” y “librepensadores”, incluso, en ocasiones, críticos del gobierno, como Solanas, Lozano o los “socialistas”.
Para consensuar la letra de la ley, el gobierno usó una treta de negociación bien conocida por cualquier negociador de fuste: salió a la cancha con una hipótesis de máxima, y muchos pusieron el grito en el cielo contra la habilitación del gran negociado que se veía venir con las empresas telefónicas, “triple play” mediante. Cuando todos se comieron el amague, y despotricaron a gusto, retiró el artículo en cuestión, y los “objetores” quedaron sin argumentos, y, encima, convencidos de que habían ganado una gran discusión. El resultado fue el camino allanado para que la ley oficialista se aprobara, sin mayor dificultad, en diputados.
Para obtener la sanción completa en la cámara de senadores, el gobierno recurrió a un recurso más clásico. Lisa y llanamente, compró votos. Así, la senadora peronista riojana Teresita Quintela canjeó su voto positivo por la reactivación de 400 Programas de Empleo y Capacitación (PEC) para su municipio, y su colega correntina María Dora Sánchez, que había dicho que el proyecto era “un mamarracho y un mamotreto”, cambió su voto “para mejorar el vínculo entre la Casa Rosada y el gobernador Arturo Colombi, jaqueado por las finanzas de su provincia”. Hasta reconoció, en una radio, que el gobierno nacional “disciplina con plata a los gobernadores”.
Y como frutilla del postre, ya aprobada la ley, le cambiaron dos o tres artículos antes de pasar el texto definitivo al Boletín Oficial, con la excusa de una “fe de erratas”, lo que originó varias denuncias judiciales de la “oposición”.
En lo concreto, la nueva ley no tendrá muchas más consecuencias que traspasar buena parte del paquete de medios audiovisuales de sus actuales manos no kirchneristas a otras en mejores relaciones políticas y comerciales con el gobierno. Así, por ejemplo, se enriquecerán aún más los amigos del kirchnerismo, como el grupo Electroingeniería, Spolski o Aldo Ferrer, o sus propios hombres, como el secretario del SUTERH, Santamaría.
No habrá, pues, mayores cambios en la información que recibamos, ni se modificará la injerencia que pueda tener el pueblo trabajador. En lugar de mentirnos unos, nos mentirán otros.