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Editorial. Organizarse y luchar contra el ajuste en curso



La crisis capitalista que, desde hace años, viene expresándose con suma claridad en países como EEUU, España, Grecia…, inevitablemente, también encuentra sus manifestaciones en Argentina, por ser un país capitalista con una economía profundamente extranjerizada.
La fluctuación de la demanda y de los precios de las materias primas que exporta el país, la tendencia al déficit de la balanza comercial, el pago de la deuda externa… son todos elementos que impulsan al gobierno a implementar el actual ajuste, para mantener sus propias cuentas en el mayor orden posible. Así, busca sostenerse a sí mismo y a sus socios capitalistas más allegados. Por eso, la intervención estatal para controlar los vaivenes del dólar o las importaciones. Por eso, el retiro de subsidio directo a los capitalistas dando vía libre a los tarifazos, para que no vean perjudicadas sus ganancias. Por eso, el recorte del gasto público en la nación, las provincias y los municipios.
Las suspensiones y los despidos en fábricas multinacionales como Peugeot y Fiat son manifestaciones bien concretas de la crisis capitalista. La no renovación de contratos y el pase a disponibilidad de los trabajadores estatales en provincias como Río Negro y Chubut, también. En esta categoría se inscribe, por supuesto, la intentona ajustadora en Santa Cruz.
Así, ante los embates de la crisis capitalista, la decisión del gobierno es, en primer lugar, negar deliberadamente la existencia de tal crisis. A diferencia de otros momentos en que los gobiernos reconocían la crisis, aunque parcial y coyunturalmente, y planteaban algunas medidas (Cavallo con el blindaje, Lavagna con el fondo anticíclico…), el gobierno de Cristina Fernández se caracteriza por presentar estas medidas (control del dólar, de las importaciones, retiro de subsidios y hasta los despidos) no como consecuencia de la crisis, sino como profundización de su modelo “nacional y popular”. Dice, por ejemplo, que controla las importaciones para generar las condiciones para un proceso de sustitución de importaciones, cuando en realidad es para evitar el déficit comercial. Dice que retira los subsidios para entregarlo directamente a las personas y no a las empresas, cuando en realidad busca evitar la erosión de su propia caja, mientras avala los aumentos de tarifas. Y lo más indignante, dice que se van a acabar las “avivadas” para despedir a miles de trabajadores del estado. Y así con todo. Es el cinismo en una de sus máximas expresiones.
Y la negación de la crisis y el discurso de la profundización del modelo, acompañado de algunas medidas que pueden generar simpatías en algunos sectores del pueblo, no persigue otro fin que ajustar con el cinturon progresista al pueblo trabajador. Por eso, la importancia de desenmascarar la política del gobierno nacional ante el pueblo trabajador, que cree en sus discursos o que lo apoya por tal o cual medida aislada.
Afrontamos un año donde la inflación, el ajuste, y la lucha por mejores salarios van a ocupar un lugar de importancia en la agenda de la clase trabajadora.
Un primer ejemplo ha sido el de la lucha de Santa Cruz contra el ajuste programado por el gobernador kirchnerista Peralta, que se presenta ante los ojos de toda la sociedad como un modelo de ajuste que poco tienen para envidiarle los ajustes menemistas o delaruistas. Suspensión de paritarias, aumento de la edad jubilatoria y congelamiento de las pensiones. Semejante programa despertó nuevamente la bronca del pueblo trabajador santacruceño que, dando batalla, logró hacer retroceder los planes oficiales.
El pueblo trabajador se aglutinó en la lucha contra el tarifazo de Metrovías, Macri y Cristina Fernández que, aunque dirigida por el sector kirchnerista del sindicato del subte y por eso mismo suspendida, contó con el sostén de las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales antigubernamentales, cosechó unas 200.000 firmas, logró la simpatía de una buena parte de la sociedad y marcó un antecedente en la lucha contra los tarifazos por venir.
Ahora, es necesario sacar las debidas conclusiones de estas experiencias e incorporarlas a la experiencia acumulada en la lucha sindical, para hacer frente al ajuste, los tarifazos y para romper el techo salarial que pretenden imponer, conjuntamente, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical.

Paritarias y techo salarial, la política del gobierno



Según el discurso oficial, el gobierno kirchnerista se presenta como un supuesto defensor de los intereses populares, con proyección redistributiva. En este marco, la realización de paritarias es mostrada como una de las formas en que se garantizaría una mejora para los trabajadores.
Sin embargo, el gobierno, que habla de una supuesta redistribución del ingreso y del derecho de paritarias, lo ha venido haciendo apoyándose en un hecho central: la complicidad de las direcciones sindicales afines que se encolumnan con el gobierno y sus reclamos de “moderación” a la hora de la negociación paritaria.
El efecto de que el grueso de las direcciones sindicales, como parte de la CGT y de la CTA, se adapten a los reclamos gubernamentales, ha sido la depreciación del salario real para muchos sectores, puesto que los aumentos acordados suelen ser menores al aumento de la inflación. Si la inflación real alcanza el 30% y la mayoría de los gremios se jactan de “conseguir” aumentos del 20% o el 25% (cuando no menos), eso significa que el ingreso de los trabajadores se ha reducido en parte, y con ello sigue aumentándose la brecha que los separa de las enormes ganancias empresarias.
En este marco, los reclamos de diversos sectores de trabajadores por no perder la carrera contra la inflación, deben entenderse como lo que son: luchas defensivas para evitar la depreciación del salario. Lejos está aún la disputa por una mayor participación de los trabajadores en el producto nacional. Eso implicaría que los sueldos aumenten muy por arriba de la inflación y que, en cambio, los empresarios ganen algo menos de los millones que hoy se embolsan.
Es importante señalar este punto porque el discurso gubernamental ha puesto mucho énfasis en su supuesta voluntad “redistributiva”. Sin embargo, a la hora de las definiciones, el kirchnerismo se ha encargado de establecer pautas salariales (seguidas al pie de la letra por el grueso de la burocracia sindical) que hacen que los trabajadores siempre debamos contentarnos con la misma porción del producto nacional, o que incluso veamos descender nuestro salario real debido al mayor aumento inflacionario.

Aumentos atados a la rentabilidad empresaria
Hasta ahora, la presidenta ha hecho dos cosas principales para evitar que los trabajadores tengan una mayor participación en el producto nacional, y mantener, así, el apoyo del empresariado que tan insistentemente la felicita.
En primer lugar, impone un techo salarial que es seguido por el grueso de la burocracia sindical. El mecanismo es informal: el gobierno declara lo que espera que hagan los sindicatos, y los dirigentes sindicales, encolumnados en el kirchenerismo y/o en el PJ, hacen caso y plantean supuestos “reclamos” que nunca van mucho más allá de la inflación.
En segundo lugar, el gobierno se encarga de estigmatizar y perseguir a los sectores independientes, e incluso burocráticos, que no se cuadran. En su discurso de reasunción de diciembre, la presidenta puso en cuestión el derecho a huelga, ligándolo al “chantaje” y la “extorsión” y el gobierno sigue avanzando con la legislación represiva contra el activismo, como sucede con las nuevas leyes “antiterroristas”. En ese marco, se multiplican los procesamientos de activistas sindicales, los despidos por su actividad gremial, se repite el encarcelamiento de referentes sindicales como sucede actualmente con Olivera en Bs. As. y Oñate en Santa Cruz, las represiones a movilizaciones de trabajadores, como sucedió también en Santa Cruz.
Estos dos mecanismos están presentes hoy, nuevamente, cuando se viene un nuevo período de negociación paritaria. El gobierno ya adelantó que los acuerdos no deben superar el 18%, algo que, en el marco de una inflación que alcanza el 30%, significa, directamente, un recorte de los ingresos de los trabajadores.
Pero en el marco actual, el gobierno ha decidido ir más allá. El contexto es particular. La crisis económica global no ha volteado hasta ahora las economías periféricas como la argentina, pero si las han golpeado parcialmente. Además, en la coyuntura política nacional, a la persistente lucha del activismo independiente que ha logrado marcar agenda para enfrentar el techo salarial (recordemos por ejemplo, la gran importancia de las luchas de Kraft y Arcor consiguiendo el 35% de aumento), se suma ahora el endurecimiento de la disputa interna del peronismo, con la política vandorista de Moyano que da lugar a nuevos conflictos gremiales.
En esta situación, Cristina Fernández viene insinuando que, aunque siga hablándose de “paritarias”, en realidad el gobierno intervendrá directamente para anular cualquier conquista obrera que rompa con sus pretensiones. Lo dijo claramente en unos de sus últimos discursos: Quiero que sepan todos que van a poder negociar libremente sus paritarias, pero de acuerdo con la rentabilidad de cada empresa”.  Es decir que el gobierno, explícitamente, primero defiende el crecimiento de las ganancias empresarias (“rentabilidad”). Y luego, para que los trabajadores puedan defender sus salarios, pone como condición ese aumento de la caja empresarial.
Para garantizar esta orientación, el gobierno conformó un comité interministerial para analizar la rentabilidad de cada sector de la economía y evaluar los porcentajes de aumentos de sueldo que considera aceptables, para que sean después rubricados en las “paritarias”.
Así, según las propias definiciones del gobierno, sólo si los capitalistas ven crecer notablemente sus ganancias, los trabajadores podrán plantear reclamos gremiales. Y podrán pedir sólo una parte proporcional de ese crecimiento. Decir eso y decir que no se aceptará la más mínima redistribución del ingreso nacional es exactamente lo mismo. Flagrante evidencia del carácter propatronal de un gobierno que se dice popular.


***

El peso real de otras medidas económicas
Las definiciones sobre las paritarias son un punto central para el pueblo, porque con ellas se define en gran medida, el nivel de ingreso de las familias trabajadoras. Unas paritarias que congelan o retraen el salario para  los millones y millones de trabajadores en blanco, definen, al mismo tiempo, una perspectiva similar para el 40% de los trabajadores en negro, que cobrarán siempre una suma inferior.
El gobierno desvía la atención de este problema central cuando pretende atribuirse el rol de redistribuidor por definir un aumento en la jubilación mínima del 17,6% o, anteriormente, por promover la asignación por hijo al sector más golpeado de la sociedad. Es indiscutible que es justo que se paguen las jubilaciones y las asignaciones familiares, pues constituyen ingresos mínimos para los grupos más marginados. Pero estamos muy lejos de tener una política siquiera progresiva o redistributiva, cuando no sólo se sigue en retraso frente a la inflación, sino que, por sobre todas las cosas, hablamos de cifras muy bajas que no pueden paliar las tremendas carencias de una familia trabajadora. No olvidemos que una jubilación mínima apenas alcanza el 30% de la canasta familiar, hoy estipulada en 5.000 pesos. Mientras tanto, el ingreso central del pueblo trabajador y sus familias, el salario de los trabajadores activos, sigue depreciado y encorsetado por las políticas de gobierno. Los empresarios, felices y cada día más kirchneristas.


La política oficial para garantizar la gobernabilidad


El “modelo” económico está mostrando varios de sus aspectos más antipopulares, ante lo cual el gobierno prepara una campaña política para intentar mantener el consenso.

Al ser un modelo agrodependiente y extractivista, que defiende a los grandes grupos económicos en su extensión del sembradío de soja y a los proyectos de la megaminería a cielo abierto, está dando lugar a una serie de conflictos y procesos de resistencia que incluyen luchas por el derecho a la tierra y la movilización antiminera.
Al mismo tiempo, en un contexto de crisis mundial y con el achicamiento de su caja, el gobierno no ha dudado en avanzar contra el pueblo trabajador por medio del ajuste, con aumentos de transportes, de servicios públicos, techo salarial en las paritarias, despidos y ajuste contra trabajadores del estado, etc. Las luchas contra los despidos, contra el ajuste en algunas provincias, o contra el aumento de transportes, señalan también la posibilidad de un escenario conflictivo que enfrente la política de los  gobiernos.
Ante esto, el kirchnerismo, como máximo responsable político nacional, prepara una nueva embestida política que le permita sostener el consenso alcanzado en amplios sectores del país.
Para eso hace cosas como asignarle a medidas económicas como el aumento del 17,6% en la jubilación mínima, una magnitud que no tiene proporción con su lugar en la economía real de la clase trabajadora (cuyos ingresos están golpeados por el ajuste y la inflación).
Esta política es acompañada, además, por una táctica política de desentendimiento, según la cual, el gobierno nacional, máximo responsable de la política del país y jefe del partido de gobierno al cual adscriben y se subordinan el grueso de los funcionarios menores (ministros, gobernadores, intendentes, senadores, diputados, etc.), le suelta la mano sistemáticamente a aquellos que quedan más expuestos por sostener consecuentemente la política y el modelo kirchnerista. Así, el kirchnerismo se da el lujo de diferenciarse de su gobernador riojano, por la minería, o de su gobernador santacruceño, luego de la grosera represión.
Pero además, y por sobre todas las cosas, el gobierno nacional se lanza en campañas políticas que, aunque no definen ni mejoran estructuralmente las condiciones de vida del pueblo trabajador, cuentan con una carga simbólica que le permite seguir presentándose con una fachada “popular”.
Así por ejemplo, el mismo kirchnerismo que defiende a la Barrick Gold y al empresariado de todo pelaje, el mismo que le ha renovado a las petroleras concesiones escandalosas por decenas de años, está ahora desplegando una campaña relacionada con la industria nacional del petróleo que, aunque no tiene ninguna propuesta concreta de avanzar sobre los grandes grupos económicos (lo que implicaría definiciones sobre la necesaria expropiación de las petroleras privatizadas), se propone aglutinar a amplios sectores alrededor de concepciones vagas como la “defensa de lo nuestro”.
Algo muy similar sucede con la política en relación a Malvinas, donde el gobierno, aún sin pretensiones de ir más allá y sabiendo que no hay tampoco con qué hacerlo, sostiene un discurso algo confrontativo con Inglaterra, para aglutinar a amplios sectores atrás de un reclamo absolutamente genuino, pero que no tiene ninguna perspectiva práctica.
Campañas como ésas se repiten, para tratar de transformarse en el eje de la política. Algunas tienen un efecto positivo, aunque para nada definitorio de mejoras estructurales o de fondo. Otras apenas y son discursos sin ninguna base material. Y otras a veces son incluso la base de nuevas avanzadas empresariales y gubernamentales, como han denunciado varias organizaciones campesinas en relación con la ley de tierras. Así, medidas como la difusión por el canal público del Turismo Carretera, el anuncio de que se controlaran las ganancias de los altos ejecutivos de empresas petroleras, o la renuncia de algunos funcionarios (millonarios, por cierto) a los subsidios de los servicios públicos, cumplen un papel político fundamental. Su rol es el de sostener la gobernabilidad, el consenso social, en tiempos en que las patronales y el gobierno nos exigen ajustar el cinturón.

Santa Cruz. El ajuste y la lucha de los trabajadores


El plan de ajuste en curso en la provincia de Santa Cruz es una demostración clara de la voluntad del gobierno. La resistencia y la lucha de los trabajadores para ponerle un freno, da cuenta de la posición de fuerza que es capaz de conquistar la clase trabajadora.

El gobierno de Santa Cruz intentó despedir el año con un paquete de medidas, que se erigen como exponente del ajuste en marcha a nivel nacional. A través de un cúmulo de medidas avalado por la “ley de emergencia”, lo esencial del plan del gobernador kirchnerista, Daniel Peralta, consiste en elevar la edad jubilatoria, incrementar aportes, implementar un aporte que deberían pagar los jubilados, instrumentar el congelamiento de las pensiones, eliminar la movilidad jubilatoria, y suspender las negociaciones paritarias. Es decir, impulsa un contundente plan de ajuste contra la clase trabajadora santacruceña.
Sin embargo, este atropello viene siendo debidamente frenado por la lucha de los trabajadores.
Una vez difundido el proyecto del gobierno, y la disposición de aprobarlo de los legisladores provinciales, diversos sectores de la clase trabajadora se organizaron y se concentraron para enfrentar la embestida oficial. Se dieron cita frente al palacio legislativo, trabajadores del estado provincial y municipales, de luz y fuerza, de vialidad, docentes, recolectores de residuos y judiciales, entre otros tantos, y, por supuesto, los jubilados y pensionados.
Con el acampe frente a la legislatura y los piquetes bloqueando los accesos para impedir el ingreso de los legisladores, más los enfrentamientos con la policía, la fuerza y la lucha de los trabajadores, pese a la fuerte presencia de sectores kirchneristas y de la burocracia sindical, lograron ponerle un freno a la avanzada gubernamental, impidiendo la votación de la ley en el recinto, por “falta de garantías”, según explicó el vicegobernador de la provincia. Cabe mencionar que la cámara no tenía luz, no tenía personal y no tenía quórum… debido a la firmeza de la lucha de los trabajadores. La represión del gobierno dejó un saldo de 21 heridos y varios detenidos.
Finalmente, las jornadas de diciembre en Santa Cruz culminaron con la suspensión del tratamiento de la reforma previsional hasta marzo. Esto, sin dudas, constituye una importante conquista y es demostrativa de la posición de fuerza que puede ocupar la clase trabajadora. Sin embargo, ahora, el gobierno se propone consensuar un proyecto “mejor” con los “sectores gremiales representados”, es decir con la burocracia sindical. El gobierno y la Mesa de Unidad Sindical (en manos de la burocracia) firmaron un acta en la que se comprometen a ello para tratar la iniciativa en el mes de marzo. Esta situación pone de manifiesto la voluntad política de avanzar con este ataque contra todos los trabajadores. Entre tanto, Peralta, aunque no avanzó con la resistida reforma previsional, firmó un decreto con el que avanza hacia la reducción del gasto público, suspendiendo la designación de los trabajadores contratados y en planta transitoria, es decir, instrumentando despidos.
Este escenario debe mantener en alerta a los trabajadores que no pueden confiar en las conducciones sindicales burocratizadas y necesitan organizar la lucha con independencia política frente al gobierno y la burocracia, apoyándose en la fuerza de las bases, que ya ha demostrado que puede hacerle frente, con efectividad, a los ataques oficiales.

A 10 años del levantamiento popular


2001 – 20 de diciembre - 2011

Los años ’90 fueron un momento de importante avanzada patronal, marcados por el ajuste, la flexibilización laboral y la desocupación. El gobierno lo encarnaba el PJ capitaneado por el actual senador “cristinista” Carlos Menem, y lo acompañaban, entre otros, Aníbal Fernández y Néstor y Cristina Kirchner. La CGT, como siempre, trabajaba para contener y aplastar toda posible reacción de la clase trabajadora.
Ya a mediados de la década, distintos sectores del pueblo, principalmente organizaciones de trabajadores desocupados, junto a trabajadores estatales, estudiantes, jubilados y otros sectores populares, empezaron a desplegar la resistencia, con piquetes, movilizaciones y tomas de tierras y de edificios públicos.. Los nombres de muchos caídos se hicieron bandera popular: Víctor Choque,  Teresa Rodriguez, Aníbal Verón…
Cuando la movilización antimenemista crecía enormemente, el progresismo político y sindical tató de salvar las papas al régimen, contribuyendo a la salida institucional de la Alianza (UCR-Frepaso), integrada por la izquierda socialdemócrata y apoyada por la CTA. Fue un parche de dos años.
La política del peronismo, fue retomada por De la Rúa y Chacho Álvarez, junto a otras figuras del kirchnerismo, como Nilda Garré. Siguieron el ajuste, la flexibilización, la desocupación y la represión, y se integró a Domingo Cavallo, ministro de economía de Menem y claro representante de la entrega y el ajuste.
A fines de 2001, la movilización popular irrumpió definitivamente. La pauperización y la miseria llevó a los sectores más pobres del pueblo a apropiarse de lo que les era negado, por medio de los saqueos. La gravedad de la crisis llevó al gobierno a avanzar sobre los ahorros de las clases medias, sumando un nuevo actor al repudio. Los sectores que habían alcanzado algún nivel de organización, sobre todo desocupados, se mantenían en la calle.
La represión se llevó hasta el punto de declarar el estado de sitio, lo que hizo explotar la bronca: la movilización espontánea llenó las calles el 19 de diciembre, y ante la respuesta represiva, el 20 de diciembre el pueblo lucho duramente en la calle hasta voltear al ministro de economía primero y al presidente después.

20 de diciembre: un punto de inflexión
Las jornadas de lucha en Plaza de Mayo fueron principalmente espontáneas, aunque algunos agrupamientos con cierta experiencia en la lucha de calles contribuyeron en distintos puntos a organizar la confrontación, desplegando barricadas y formas elementales de autodefensa.
La denuncia popular demostró el profundo hartazgo frente a las condiciones de vida y de gobierno, apuntando claramente contra los responsables políticos de los principales partidos patronales (UCR-Frepaso y PJ) y sus instituciones.
Fueron luchas que dejaron un duro saldo para el pueblo, con 39 compañeros caídos, y que, al mismo tiempo, brindaron una importantísima experiencia para una enorme camada de luchadores.
La composición de quienes enfrentaban al gobierno y su represión fue heterogénea: había trabajadores desocupados, estudiantes, sectores de clase media, y también trabajadores en actividad de distintos perfiles y ramas, aunque dispersos y carentes de cualquier tipo de organización de clase. Su eje estructurador fue el encuentro entre las organizaciones de desocupados y la clase media ofuscada, sintetizado en la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. La clase obrera no fue protagonista: no tenía organismos independientes que la nucleen con los que intervenir. Obviamente, las burocracias de la CGT y la CTA estaban ausentes.
Ninguna organización de la izquierda fue protagonista. Los militantes honestos y entregados de diferentes corrientes pelearon codo a codo junto al pueblo, pero no existió ninguna organización con capacidad, disposición e influencia capaz de jugar un rol orientador en la lucha.
Estas condiciones, le ponían un techo a la movilización.
A su pesar, la burguesía demoró en empezar a controlar la situación. Durante las siguientes semanas la movilización se mantuvo en niveles altísimos. La convocatoria ya no era tan espectacular como la del 19 y 20, pero, al mismo tiempo, los niveles de organización y combatividad crecieron. El 29 de diciembre, la movilización inundaba la Plaza de Mayo y el Congreso, incendiado en parte, para voltear a Rodríguez Saa, el recambio propuesto por el PJ, luego del fracaso de otro de sus hombres, Ramón Puerta. Una movilización importante siguió sosteniéndose durante toda la primera mitad de 2002.
Indiscutiblemente, la irrupción de masas de 2001 significó un quiebre que abrió nuevas perspectivas para la lucha popular. El reconocimiento de la propia fuerza, el saber que la lucha orientada en un mismo sentido puede derribar gobiernos y definir agendas políticas se convirtió en una gran lección. Esa impronta repercutió positivamente en aquel tiempo. Se desarrollaron ámbitos de organización. Se ocuparon algunas fábricas en quiebra y otros sitios que sirvieron para la organización popular. Las asambleas barriales y los movimientos sociales de distinto tipo se extendieron significativamente, abriéndole la puerta de la política a nuevos sectores.
Nunca existió, como luego dirían algunas lecturas impresionistas, un proceso revolucionario ni nada que se le parezca. La revolución es un proceso complejo, de gran confrontación y de largo aliento, que no se define por un levantamiento popular espontáneo, por mas masivo que sea. Pero las luchas de este tipo son muy significativas para el avance de la conciencia y la organización popular, y pueden aportar mucho, en ese sentido, al fortalecimiento de una perspectiva revolucionaria.
Entonces, la posibilidad de acumular políticamente esa experiencia, para que abone un proceso de organización con perspectiva revolucionaria, fue muy limitada. En primer lugar, por la inexistencia de un  partido y aún de organizaciones revolucionarias con cierta ascendencia. En segundo lugar, por el descrédito en el que cayó gran parte de la izquierda, al desarrollar prácticas incorrectas, como intentar asumir la dirección de movimientos sociales y barriales sin contar con el respaldo de sus miembros (recordemos que más de una vez partidos de izquierda llegaron a ser expulsados de asambleas o movimientos populares, por ese “aparateo”). En un contexto de descrédito de la política tradicional, estas situaciones repetidas abonaron un discurso macartista de rechazo general de los partidos, más allá de su orientación política, que se impuso durante varios años y que aún pesa sobre el movimiento popular.
Aprovechando nuestros límites, la burguesía empezará su recomposición, pero el 2001 dejará también una gran experiencia al pueblo trabajador que está aprendiendo, as su vez, lecciones de su propia lucha.

La rearticulación de la burguesía
Cuando las clases dominantes, a fuerza de represión y aprovechando el desgaste y la espontaneidad de la lucha popular, logaron sostener un nuevo presidente sin que fuera volteado por la movilización, comenzaron una tarea de recomposición que llevaría años. Otro dirigente del PJ, Eduardo Duhalde, asumió la presidencia a principios de 2002, centrando su proyecto de recomposición en la distribución de planes sociales y una represión que intentaba desarticular al movimiento de resistencia, impulsando desalojos y golpeando la movilización. Así se llegó a la represión del Puente Pueyrredón y el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán el 26 de junio de 2002, en un operativo dirigido, entre otros altos funcionarios, por el actual jefe de gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.
El duhaldismo jugó un papel orgánico y fundamental para la burguesía en ese momento: avanzar hacia el disciplinamiento social y la reinstitucionalización. En medio de un rechazo generalizado a los políticos peronistas y radicales y a las instituciones de gobierno, el PJ, de la mano de Duhalde logró meter un nuevo proceso eleccionario, el menos concurrido en largas décadas, pero que permitió, ante el desgaste de su propia figura, colocar a su delfín pejotista: Néstor Kirchner. Su tarea fundamental sería reconstituir la legitimidad de las instituciones democráticas y sus partidos, consiguiendo el consenso de amplios sectores que habían llegado a un descrédito absoluto.
El kirchnerismo no se privó de reprimir, pero asumió, a su vez, una nueva política centrada en la cooptación y la apropiación de banderas y reclamos populares desde el estado y el gobierno, buscando el apoyo y la integración de importantes franjas críticas. Así, se apropió de reclamos históricos de los organismos de DDHH y el movimiento popular, como el juicio a los genocidas y la nulidad de las leyes de impunidad, quienes ahora volverían a ser enjuiciados bajo la tutela del mismo PJ. Por supuesto, eso podía hacerse en relación a algunos gerontes que habían dirigido la represión hace 30 años, pero nunca con quienes la estaban garantizando en ese mismo momento. Así, por ejemplo, Ernesto Weber, quien comandó el grupo policial que el 20 de diciembre mató a Petete Alirón fue ascendido a comisario en la era kircnerista, y Aníbal Fernández, co-responsable de la muerte de Darío y Maxi, premiado con cargos de primer nivel. Pero esa política de apropiación de demandas históricas, aunque parcial y limitada a hechos más bien simbólicos le permitió al gobierno cooptar figuras y organismos como HIJOS, Abuelas o Madres de Plaza de Mayo. La cooptacíon se desplegó también con fuerza sobre muchos movimientos de desocupados, que fueron tentados con la caja de los planes a cambio de su integración a las filas oficiales. Este tipo de medidas y cooptaciones le permitieron al kirchnerismo garantizar la estabilidad de la dinámica capitalista (dando “seguridad jurídica” al empresariado), reposicionar a los viejos y desprestigiados políticos y partidos burgueses en la dirección del país, reforzar el aparato burocrático de los sindicatos y reconstruir una red punteril con los viejos caudillos y los nuevos punteros que abandonaron los movimientos de lucha y se subordinaron a la lógica oficial.
El modelo kirchnerista es, de este modo, la respuesta que la burguesía argentina encontró frente a la crisis y la lucha popular de 2001, para defender la permanencia del régimen de explotación actual, aprovechando las particulares condiciones de recuperación económica.

La recomposición de la clase trabajadora
La potencialidad de las luchas de 2001 se veía limitada por la incapacidad de desarrollarla por canales orgánicos para una política de clase. Estaban ausentes la clase trabajadora organizada y los partidos u organizaciones revolucionarias que pudieran contribuir a orientar y, al mismo tiempo, nutrirse y fortalecerse a partir de estas experiencias de lucha. Así pasamos los trabajadores por el 2001, y a partir de ahí se imponían tareas inminentes, para salvar las carencias y estar en mejores condiciones para la lucha por venir.
En aquella época, con el auge de los movimientos de desocupados, se habían desarrollado teorías que hablaban del cambio de sujeto revolucionario, y llevaban a centrar la militancia para la organización y el desarrollo de la conciencia política en estos sectores pauperizados, abandonando fuertemente el trabajo en la clase obrera ocupada. El reconocimiento de este gran límite en el desarrollo de la organización de clase (expresado notablemente en la ausencia de la clase obrera organizada en el más alto auge de masas de los últimos años), dio lugar a un replanteo de la orientación del activismo político, algo que se vio reforzado con la integración al trabajo (casi siempre precario) de sectores desocupados, en el contexto de crecimiento económico de los últimos años. En este período se forjó un nuevo activismo obrero antiburocrático que, aunque aún es incipiente, ha logrado imponer su agenda más de una vez en la arena nacional (Kraft, Ferrocarril Roca, Subte, Fate, Arcor, Hospital. Garrahan, Línea 60, y muchos otros). La existencia, en la actualidad, de toda una serie de seccionales, cuerpos de delegados, comisiones internas, listas y delegados antiburocráticos, es demostrativa de este avance, algo que necesitamos seguir desarrollando y que nos permitirá abordar otros momentos de crisis y convulsión social en mejores condiciones organizativas y con mayor perspectiva de avance.
El otro gran ausente de 2001 fue el partido revolucionario. Los trabajadores no teníamos entonces, y aún no hemos logrado conformar, una dirección política que nuclee a lo mejor del activismo obrero y popular, y que se organice e intervenga en la lucha de clases con la vocación de desarrollarla para contribuir a una perspectiva revolucionaria. También en aquella época había fuertes impedimentos político-ideológicos para avanzar en este sentido, algo que se plasmó en el desarrollo de las concepciones autonomistas. Éstas habían sido abonadas por el auge de las teorías postmodernas sobre la posibilidad de cambiar el mundo sin tomar el poder, por el rechazo a muchas de las prácticas de los partidos más tradicionales de la izquierda, y por la ilusión de que por medio del trabajo en los barrios y en las fábricas recuperadas se podía construir un “poder” paralelo que, sin confrontar con el poder central del estado capitalista, pudiera forjar una nueva sociedad. El fracaso de las perspectivas autonomistas, a partir de la avanzada estatal gubernamental (con represión, cooptación, retiro de planes sociales, etc.) evidenciaron la vigencia de tareas centrales de la revolución, como es la necesidad de la toma del poder del estado y la organización política de la vanguardia en un partido que promueva y centralice la lucha por el poder. Desde entonces, junto a la existencia de los partidos tradicionales de la izquierda, se han dado numerosos intentos de organización de grupos que se plantean una perspectiva revolucionaria y que pretenden aportar a la construcción de un partido que asuma esa responsabilidad. En ese camino, varios nucleamientos hemos avanzado parcialmente en la estructuración de un perfil partidario, como paso hacia la construcción de una organización de mayor envergadura y capacidad de intervención que pueda plantearse una justa orientación política para las tareas actuales de la revolución. Es un proceso aún embrionario pero muy significativo, y un correcto desarrollo en este sentido será un aporte central para una perspectiva de cambio.
De esta forma, con el 2001 se abrió una agenda fundamental para los trabajadores, que aún está en proceso de desarrollo y que constituye las tareas centrales de la etapa actual: profundizar la organización y la lucha del activismo sindical independiente y avanzar paralelamente, junto a todos los militantes que asumen una perspectiva revolucionaria para la conquista del socialismo, en la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores.

Editorial. El kirchnerismo: su rol y sus métodos


Yo nunca fui revolucionaria, siempre fui peronista” aclaraba no hace mucho la presidenta que, ahora, en la cumbre del G-20, volvió a insistir con su defensa de un “capitalismo en serio”. Ni los dichos de Cristina Fernández, ni sus actos, ni el apoyo abierto de la plana mayor de toda la burguesía argentina dejan lugar a dudas sobre el carácter capitalista y propatronal del gobierno reelecto el pasado 23 de octubre.
La misma Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresó en un comunicado: “AEA celebra la plena expresión de la voluntad popular ejercida en esta jornada, que constituye un nuevo paso en la consolidación de la democracia en la Argentina (…) La Asociación Empresaria Argentina felicitó anoche a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta electa de los argentinos, por su rotundo triunfo y le desea el mayor de los éxitos en su gestión”.
Pero este “modelo” de gobierno antiobrero, no es el más desfachatado del neoliberalismo, que, para defender los intereses de los grandes capitalistas gritaba a cuatro vientos que hay que abrir los mercados y profundizar el ajuste. El kirchnerismo, vino a salvar las instituciones de la democracia capitalista después de la profunda crisis de 2001 y, hoy mismo, en la cumbre del G-20, está dando consejos al mundo para salvar al capitalismo, tratando de anticiparse al crecimiento de las luchas populares que lo enfrentan.
Es un gobierno que expresa a una burguesía cautelosa ante el conflicto social, que considera imprescindible poder controlar a los trabajadores y al pueblo pobre. Para eso ha impulsado toda una serie de mecanismos que, sin poner en riesgo las enormes ganancias empresarias (e intentando salvaguardarlas a mediano plazo), busca contener la crítica contra las injusticias que genera el capitalismo y encauzarla por carrilles institucionalizados, intentando anular cualquier perspectiva de ruptura con las condiciones existentes.
Así, el gobierno apela a la demagogia; la concesión de demandas sociales mínimas (como la asignación universal); la promoción de políticas que no afectan en general a los capitalistas pero que se presentan como renovadoras particularmente para todo un público “progresista” (como la ley de medios); la cooptación de referentes históricos (como Madres) y la integración de burócratas de perfil “progre” (como la CTA de Yasky); o a una política represiva que, al tiempo que ataca directamente al activismo y amplía la militarización y la represión preventiva, se autodefine “defensora de los DDHH” y lleva a juicio a algunos de los milicos genocidas.
En este marco, el de un proyecto propatronal que intenta apropiarse de muchas banderas populares y toma medidas menores para sostener las condiciones estructurales de explotación y desigualdad, el gobierno kirchnerista busca disputar un lugar en los ámbitos de organización de los trabajadores y del pueblo. Así, es característica de la etapa actual la formación de agrupamientos oficialistas en espacios de actividad sindical, de desocupados, de DDHH, estudiantiles, culturales, etc., y su intento de subordinar a la política oficial estas actividades autónomas y con tradición de lucha.
Ahora, esta práctica política, sostenida en un contexto de crecimiento económico por el alto precio de las materias primas de exportación como la soja, ha contribuido a la consolidación del gobierno de Cristina Fernández, ratificado en las últimas elecciones. Y aprovechando ese impulso político el kirchnerismo se propone avanzar en su defensa patronal por la doble vía de la pauperización y de la represión al activismo.
Entre sus planes más inmediatos se encuentran el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el establecimiento de techos salariales más bajos que el promedio de los últimos años, lo que repercutirá, indudablemente, de forma negativa sobre los bolsillos de los trabajadores. Medidas orientadas a hacer frente a las dificultades económicas que enfrenta la gestión kirchnerista y al impacto de la crisis económica internacional en nuestro país.
A su vez, el gobierno decidió aprovechar este momento de relativa fortaleza para avanzar en su política de persecución y atacar duramente al activismo sindical independiente y los delegados antiburocráticos. Sólo en el último mes se produjeron la detención del delegado ferroviario Rubén Sobrero, se repitieron los ataques contra los trabajadores de la línea 60, incluyendo el ingreso a la casa del delegado Farella, se produjo un nuevo ataque de la patota de la burocracia contra los trabajadores de la construcción organizados en el SITRAIC y se reprimió a los trabajadores del ferrocarril Belgrano Norte en el marco de una jornada de lucha.
Así, en este contexto, el activismo independiente, tiene planteada una amplia tarea de organización, lucha y esclarecimiento. Por una parte, es clara la importancia y la urgencia de avanzar en la organización independiente de la clase trabajadora desde las bases y desde cada lugar de trabajo, para enfrentar los planes de las patronales y el gobierno. Esto nos plantea, ante la profundización de la represión y los ataques al activismo obrero independiente, la organización y lucha unitaria de todas las comisiones internas, cuerpos de delegados, agrupaciones y corrientes sindicales antiburocráticas, así como de las organizaciones políticas, sociales y antirrepresivas, considerando que la defensa de compañeros perseguidos o atacados por la burocracia y el gobierno debe ser una tarea de primer orden.
Y a su vez, en este marco, es fundamental sostener una paciente y sistemática tarea de esclarecimiento político, demostrando el rol del gobierno de Cristina Fernández como defensor de un sistema de explotación y su clase dominante, más allá de medidas que no le hacen mella en lo fundamental, señalando la necesidad de forjar una perspectiva de transformación real y profunda, a la que sólo podremos llegar por medio de la revolución.

Los empresarios, con el modelo kirchnerista


Los empresarios son los grandes ganadores del modelo kirchnerista. Por eso apoyaron mayoritariamente a Cristina Fernández en las elecciones y salieron a elogiar al gobierno después del triunfo y a pedir por la continuidad de las medidas que garantizan sus millonarias ganancias.

En los años de gobierno kirchnerista los empresarios han ampliado notablemente sus márgenes de ganancia. No sorprende, por lo tanto, que salvo contadas excepciones la clase capitalista local se haya volcado mayoritariamente en defensa del modelo kirchnerista.
El 47° Coloquio de Idea, que reúne a los principales empresarios del país con la dirigencia política, se realizó en Mar del Plata previo a las elecciones y fue demostrativo de esta situación. Si alguna vez, como en el marco del conflicto del kirchnerismo con los empresarios rurales, este encuentro patronal tuvo un tinte crítico hacia las políticas del gobierno, en esta oportunidad, si bien participaron los candidatos de la “oposición”, como De Narváez o Binner, fue expresión casi unánime de la aprobación del empresariado sobre la gestión de gobierno. Los motivos fundamentales los sintetizó el presidente de Pirelli, Tronchetti Provera, tras reunirse con Cristina Fernández cuando explicó que “la estrategia del grupo [Pirelli] es aumentar la presencia directa en mercados como Argentina que registran mayores índices de crecimiento y costos industriales competitivos”. “Costos industriales competitivos”, desde luego, no significa otra cosa que la posibilidad que brinda el gobierno kirchnerista de híperexplotar a los trabajadores (como sucede en Pirelli, con jornadas laborales de 12 horas y más), de pagar bajos salarios, de contratar trabajadores tercerizados, de pasar por encima de los convenios colectivos, y un largo etcétera de políticas proempresarias que han sido sostenidas por el kirchnerismo durante sus ocho años de gobierno.  
También continuaron durante el mes de octubre las reuniones del gobierno kirchnerista con las cámaras que representan al empresariado rural. Las declaraciones de la dirigencia patronal del campo son más que elocuentes sobre el vuelco que ha dado la relación entre ambos sectores: “El escenario actual no es el del 2008, cuando había una situación conflictiva entre el gobierno y el campo; hay que valorar la posibilidad de abrir un canal de diálogo”, aseguró el titular de Coninagro, Carlos Garetto, antes de recibir a Cristina Fernández. Por otra parte, Rubén Ferrero, parte de la nueva conducción de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) adelantó que “vamos a entablar con el nuevo gobierno otro diálogo, para que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta para lograr el consenso”. Así, quienes hasta algunos meses atrás se encontraban distanciados argumentando representar modelos antagónicos de país (campo vs. industria, federalismo vs. centralismo), hoy se sientan a discutir y acercan posiciones, demostrando que sus diferencias, lejos de ser estratégicas, sólo pasan por disputas de números en torno al reparto de las ganancias de sus negocios.
Y tras las elecciones, una vez consumado el triunfo kirchnerista, los comunicados de apoyo al gobierno de las distintas entidades patronales no se hicieron esperar. “AEA expresa la voluntad del empresariado argentino de contribuir, como lo solicitara la presidenta, a la unión nacional y a aprovechar las grandes oportunidades”, sintetizó el documento firmado por la Asociación Empresaria Argentina, entidad que reúne a varios de los empresarios más poderosos del país.
Y por último, bien representativa de la relación que existe entre el kirchnerismo y el empresariado, fue la comitiva que acompañó a Cristina Fernández por Francia para participar del encuentro del G-20, ya en los primeros días de noviembre. Como si fueran ministros del gobierno, los empresarios siguieron y asesoraron permanentemente a la presidenta en cada reunión. De Mendiguren (presidente de la UIA), Betnaza (Techint), Funes de Rioja (vocero de las patronales de la alimentación) y Nicholson (Ledesma), fueron algunos de los empresarios que se subieron al avión para continuar haciendo negocios de la mano del kirchnerismo.  
Los empresarios han ganado fortunas en los ocho años del gobierno peronista de los Kirchner. Por eso, siguen apostando por la continuidad del modelo que hoy encabeza Cristina Fernández como la mejor alternativa de gobierno para defender sus intereses.

El kirchnerismo, por cuatro años más


Como se esperaba, Cristina Fernández se impuso en las elecciones y continuará al frente del gobierno por cuatro años más.

El pasado 23 de octubre, como se esperaba, el kirchnerismo se impuso en las elecciones con un amplio margen sobre las otras alternativas patronales, por lo que Cristina Fernández continuará al frente del gobierno en el próximo período. Varios fueron los pilares sobre los cuales se apoyó el kirchnerismo de cara a las pasadas elecciones.
Por un lado, como venimos señalando, contó con el apoyo casi en pleno de la clase capitalista y sus cámaras patronales, que aprueban en gran medida la gestión kirchnerista.
Por otra parte, el gobierno se aseguró el apoyo del grueso de la estructura punteril del PJ. En esta oportunidad se alinearon masivamente con Cristina Fernández los históricos caciques del conurbano, los gobernadores provinciales como el socio de la Barrick Gold, José Luis Gioja, y el asesino de los Qom, Gildo Insfrán, además de contar con aliados provinciales como Carlos Saúl Menem.
También contó con el apoyo de la burocracia sindical, tanto en la versión asesina y empresaria de la CGT de Moyano (que, más allá de sus últimos roces con el gobierno, no saca los pies del plato) y de Gerardo Martínez, como en la versión de Yasky, que junto a Maldonado, Wasiejko y Baradel, encabeza la pata oficialista de la CTA y se alinea de forma cada vez más incondicional con gobierno kirchnerista.
Pero, además de asegurarse el apoyo de todos estos enemigos del pueblo trabajador, que han sido ampliamente beneficiados en estos últimos años, el kirchnerismo se ha hecho fuerte con la construcción de un discurso popular y con la entrega de ciertas concesiones y medidas demagógicas, lo que, ante la ausencia de una alternativa visible para el pueblo trabajador que se proponga cambiar la realidad de fondo, le ha permitido a Cristina Fernández conseguir un apoyo muy superior al de las otras alternativas patronales.
Muy lejos quedó, por lo tanto, el rejunte “progre” de Binner (tan propatronal y represivo, como el kirchnerismo), donde el bando de la burocracia de la CTA encabezado por De Genaro y Lozano, y los ex kirchneristas de Libres del Sur, apostaron todas sus fichas. Y más lejos aún quedaron las listas del PJ no kirchnerista de Duhalde y Rodríguez Saá y la alianza entre la UCR de Alfonsín y De Narváez.
Las elecciones, una vez más, han cumplido su rol: legitimar a las instituciones y a los gobiernos capitalistas. Es por eso, que los comunicados de las entidades patronales como la UIA o AEA y las declaraciones de los partidos políticos del sistema, salieron a elogiar a coro esta nueva edición de lo que ellos llaman “la fiesta de la democracia”.
Y el kirchnerismo, por su puesto, ha salido fortalecido con el 54% de los votos obtenido, habiéndose impuesto en casi todas las provincias del país. Fortaleza que utilizará, como ya se evidencia claramente, para seguir gobernando en defensa de empresarios y reprimiendo y persiguiendo a los que no se conforman con las migajas que destina el gobierno y emprenden el camino de la organización y la lucha.

Punteros, asesinos y paladines de la corrupción, en las listas del kirchnerismo


El kirchnerismo busca presentarse a sí mismo como una variante “progresista” del PJ y como responsable de una supuesta “renovación” en la política nacional. Bien lejos de esta realidad, como es sabido, las listas del Frente para la Victoria kirchnerista estuvieron plagadas de punteros, asesinos y corruptos, un clásico del peronismo.

El gobierno nacional se viene esforzando para sostener su imagen como una fuerza “popular, nacional, progresista, y democrática”. Dicen que sus oponentes, la mayoría del mismo tronco peronista, o aliados de sus referentes, como Duhalde y Rodríguez Saá, son “la derecha”. Además, insisten en que han estimulado una supuesta “renovación” en la política argentina, dando paso a las nuevas generaciones. Sin embargo, basta con pegar un vistazo a los nombres de quienes ocuparán bancas y despachos a partir del 10 de diciembre de este año para desmentirlo.
En la provincia de Buenos Aires, fue electo diputado Mario Oporto, ladero de Juan Carlos Rousselot en Morón, en una de las intendencias más corruptas de la historia; subsecretario de Carlos Menem y funcionario de Ruckauf y, finalmente, funcionario de Scioli. Graciela Giannetassio, bien conocida por los docentes bonaerenses, en los ’70 fue funcionaria municipal en Florencio Varela; en los ’80 en Lomas de Zamora; con Menem fue diputada y, con Duhalde, ministra de educación provincial y nacional. José María Díaz Bancalari, senador menemista y espada kirchnerista, obtuvo su reelección, mientras debutará en la cámara Facundo Moyano, hijo del burócrata de la CGT y burócrata él mismo en el gremio de los peajes.
Ni hablar de los municipios, donde representaron al Frente para la Victoria, como candidatos triunfantes, personajes como Fernando Espinoza en La Matanza; Julio Pereyra en Florencio Varela o Raúl Othacehé en Merlo. Ninguno difiere mucho de otras variantes que obtuvieron triunfos aislados, como Vicente López, donde Jorge Macri, primo de Mauricio y candidato de Duhalde, le ganó al histórico Enrique “Japonés” García, o San Isidro, que prefirió al radical-peronista Gustavo Posse, que iba con Alfonsín y De Narváez.
En las gobernaciones, además del reelecto bonaerense Daniel Scioli, en Jujuy, Eduardo Fellner, reemplazará a su segundo, Walter Barrionuevo. En una especie de enroque, el ex gobernador llegará al congreso como senador, junto a Liliana Fellner, la hermana del nuevo gobernador que, recordemos, ya lo fue en 2003, cuando abrió la cuenta de asesinatos en la represión a movilizaciones del kirchnerismo, con el fusilamiento de José Luis Cuéllar frente a la comisaría de Libertador Gral. San Martín. Sergio Urribarri en Entre Ríos, el socio de la Barrick Gold, José Luis Gioja, en San Juan o Gildo Insfran, el formoseño fusilador de los Qom, fueron reelectos, todos con amplísimas mayorías en sus legislaturas. Poca diferencia hay con los puntanos Rodríguez Saá, que conservaron el dominio de San Luis.
En el senado nacional, representando al kirchnerismo, se sentarán codo con codo personajes como Aníbal Fernández y Carlos Menem, quien finalmente alcanzó su reelección como senador, gracias a su acuerdo con el Frente para la Victoria.
En definitiva, lejos de la pretendida “renovación” que dice estar implementando el kirchnerismo, salta a la vista por todos los ángulos como los mismos punteros, asesinos y corruptos que llevan décadas gobernando contra el pueblo trabajador son los que siguen, hoy día, al frente de la gestión peronista que encabeza Cristina Fernández.

Cristina Fernández y el G-20


Cristina Fernández encabezó la numerosa comitiva de funcionarios, empresarios y burócratas sindicales que viajaron a Francia para participar de diversas reuniones en el marco de la cumbre del G-20.

Con la crisis económica internacional como eje central de todos los debates, se desarrolló el encuentro del G-20, en la ciudad de Cannes, Francia. Hasta allí viajó la comitiva de funcionarios kirchneristas junto con un numeroso grupo de empresarios y burócratas sindicales. En la agenda de la presidenta y su comitiva, se destacaron las reuniones con empresarios extranjeros, las negociaciones para avanzar con el pago de la deuda externa, las intervenciones de Cristina Fernández sobre las alternativas para enfrentar la crisis económica, y la experiencia del modelo argentino, y un encuentro con el presidente de los EEUU, Barack Obama.

Seguir pagando la deuda y más negocios para las multinacionales
Uno de los temas que atravesó todas y cada una de las reuniones en Francia, fue el pago de la deuda con el Club de París, que supera los 6.500 millones de dólares. Éste es un eje central para el gobierno kirchnerista, que ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de cumplir con estos pagos con el objetivo de poder retornar al mercado de capitales (seguir tomando deuda) a tasas más bajas, favoreciendo de esta forma el acceso al crédito, medida reclamada, por lo tanto, a coro por el empresariado local.
Por otra parte, Cristina Fernández expuso en el foro empresario organizado previo al G-20, intentando seducir a los capitalistas sobre las ventajas de invertir en Argentina. Tema que también retomó en su reunión con Obama, dónde remarcó que EEUU es uno de los países con mayores negocios en nuestro país y señaló, entre otras cosas, la potencialidad del millonario negocio de la explotación de hidrocarburos. 

“Capitalismo en serio”
Desde luego, Cristina Fernández no se privó de intervenir y de opinar sobre las causas y las salidas posibles ante la crisis económica internacional. Como gusta hacer, elaboró un discurso para la tribuna, criticando al capitalismo financiero-especulativo (cuando ella misma realiza millonarios negocios, no precisamente a partir de inversiones productivas, sino de especulación y rentas) y llamando a reconstruir un “capitalismo en serio”. “Capitalismo en serio” que, entre otros aspectos, debe incluir, según Cristina Fernández, la necesidad de garantizar un “empleo digno”. “…Cuando hablemos de regulación para cuidar la vida, tenemos que hablar de todos los aspectos, pero fundamentalmente del empleo, de la posibilidad de un empleo digno”, dijo, como si el kirchnerismo no gobernara desde hace más de ocho años en un país, como la Argentina, donde el trabajo “en negro” es moneda corriente, y con éste las condiciones de hiperexplotación de los trabajadores, donde se expanden cada vez más la tercerización y la contratación precaria y donde una parte importante del pueblo trabajador no consigue trabajo y debe arreglárselas para sobrevivir con changas.
Y, sobre el cierre de su discurso, retomando las posiciones históricas del peronismo, alertó sobre los verdaderos peligros de la crisis y convocó a buscar salidas y a otorgar ciertas concesiones para evitar que se radicalicen los cuestionamientos hacia el sistema, es decir, que se agudice la lucha de clases. “No nos equivoquemos y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales (…) Es cierto que muchas veces para solucionar determinados problemas, hay que afectar intereses e intereses que son muy poderosos. Pero yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos, antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Se los digo con la experiencia de una Argentina que vivió un 2001 caótico que hizo colapsar prácticamente nuestro sistema institucional y dividió a la sociedad.”(1)
El objetivo de fondo en los planteos de Cristina Fernández, por lo tanto, no fue otro que alertar sobre los peligros de la crisis y del aumento de la conflictividad social y buscar las mejores vías para poder continuar con la dominación y la explotación del pueblo trabajador, pero realizando las concesiones que sean necesarias para intentar evitar el estallido de crisis generalizadas en las cuales sea cuestionado el sistema.

Encuentro con Obama
Por último, en el encuentro con Obama, Cristina Fernández demostró sus convicciones profundamente pro yanquis, al reconocerle al presidente de EEUU un liderazgo “a nivel global, no sólo en el área política, sino que también en el área económica”, entre otros elogios. Así saludó la presidenta a máximo responsable de las masacres y los saqueos que perpetra el ejército estadounidense a lo largo y ancho del mundo (recordemos que el ejército argentino, por orden del gobierno kirchnerista, colabora con las tropas de ocupación en Haití) y al impulsor directa o indirectamente (a través, por ejemplo, de los organizamos internacionales de crédito como el FMI y el BID)  de las políticas de ajuste sobre los trabajadores.
Barack Obama, por su parte, aseguró que Cristina Fernández “no sólo es una gran amiga mía, sino que también es una gran amiga de los EEUU” y se comprometió a colaborar en las negociaciones para que Argentina vuelva a tomar deuda de los organismos internacionales, como desean el kirchnerismo y el empresariado local.

En definitiva, el gobierno kirchnerista utilizó esta nueva gira internacional para seguir dando discursos para la tribuna, mientras reafirma su voluntad de continuar con el pago de la deuda externa, ofrece millonarios negocios para las multinacionales y ratifica su voluntad de colaboración con las políticas del imperialismo yanqui.

NOTAS:
1) Discurso de Cristina Fernández, www.casarosada.gob.ar

Editorial: Los planes del kirchnerismo y la persecución a los delegados y al activismo antiburocrático


Suenan cada vez más fuerte los planes del gobierno kirchnerista para después de las elecciones en materia de salarios y tarifas. Por un lado, desde el gobierno se está instalando la idea, retomada y amplificada por las cámaras empresarias, de su voluntad de fijar, para 2012, techos salariales considerablemente más bajos que el promedio de los últimos años, con porcentajes que irían entre un 10% y un 20%. Por otra parte, el kirchnerismo avanzaría de forma más generalizada en avalar el aumento de tarifas de los servicios públicos. Dos medidas que, combinadas, represarían, sin dudas, un duro golpe para los bolsillos de los trabajadores.
Así, en sus discursos Cristina Fernández ha salido nuevamente a pedir “moderación” y “racionalidad” a la hora de pensar en las próximas negociaciones paritarias. Y así lo ha repetido también uno de sus más férreos defensores en los últimos tiempos, el líder empresario José De Mendiguren. “Si no se pacta un marco a la puja distributiva, esto termina mal (…) Un marco de referencia en el que con racionalidad y dependiendo de las realidades de cada sector se llegue a acuerdos sensatos que no ahuyenten la inversión”, explicó el presidente de la UIA actuando como vocero de las patronales y de los planes del kirchnerismo. Como siempre, quienes han ganado millones y millones en los últimos años, piden “racionalidad” y “moderación” a quienes hemos debido padecer las condiciones de híperexplotación de un trabajo en “negro”, la flexibilización laboral o los salarios de pobreza que, muchas veces, apenas si alcanzan para subsistir.
Cuentan, como es sabido, para la aplicación de sus planes proempresarios, con la colaboración de la burocracia sindical que, como sucedió en el último acuerdo del salario mínimo, jura que no aceptará techos y que defenderá los intereses de los trabajadores, para después sentarse y negociar a pedir de las patronales.
Por otra parte, en sintonía con estos planes y con el carácter proempresario y antiobrero que ha caracterizado siempre al kirchnerismo, se profundiza la persecución y el ataque a los delegados y comisiones internas independientes. Cada vez con más frecuencia se suceden los juicios de desafuero, las causas penales, los aprietes e intimidaciones de las patotas y la patronal, y los despidos, contra el activismo sindical antiburocrático. Son algunas de las prácticas y herramientas que el gobierno avala e impulsa para intentar derrotar a las experiencias más avanzadas de organización sindical del momento.
Y en este marco de persecución y hostigamiento es en el que se ha dado, el viernes 30 de septiembre, la detención del Rubén “Pollo” Sobrero, delegado y referente de la oposición a la burocracia de Pedraza en la UF, junto con otros compañeros de la lista Bordo de la línea Sarmiento. Hecho de por sí gravísimo, que ha sido avalado por el propio Aníbal Fernández, y que representa un golpe contra el conjunto de los trabajadores y, fundamentalmente, contra las comisiones internas, los delegados y las agrupaciones antiburocráticas.
La avanzada represiva de las patronales y el gobierno contra los trabajadores en lucha y las experiencias antiburocráticas también se hace presente en la línea 60, donde los choferes vienen dando en el último tiempo un importante ejemplo sobre cual es rumbo que debemos tomar los trabajadores para enfrentar a las patronales y a la burocracia. Allí, cotidianamente, deben enfrentar a las patotas de la empresa y la burocracia de la UTA, compuestas por decenas de matones armados.
Y no podemos olvidar, tampoco, que este mes se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreyra, fusilado por las patotas de la Unión Ferroviaria, en el marco de la lucha de los trabajadores del ferrocarril por el pase a planta permanente. Todos hechos que marcan claramente la avanzada impulsada de conjunto desde el gobierno, la burocracia y la patronal para enfrentar y perseguir a las comisiones internas y los cuerpos de delegados antiburocráticos y a los trabajadores que se organizan y emprenden el camino de la lucha.
En este marco, se plantea como una tarea fundamental para toda la clase obrera la unidad en torno a la defensa de los cuerpos de delegados y comisiones internas independientes y antiburocráticas.
Organizarnos desde las bases para avanzar en la conquista de nuevas comisiones internas y cuerpos de delegados, y extender la solidaridad y la coordinación para poder enfrentar con fuerza la persecución al activismo independiente y antiburocrático, defendiendo firmemente a los cuerpos de delegados e internas que ya han sido recuperados,  representa, sin dudas, una de las tareas centrales de la hora para la clase trabajadora.

Ante las elecciones


El 23 de octubre, las elecciones ratificarán la continuidad de Cristina Fernández en el gobierno y servirán, un vez más, como mecanismo de legitimación de las instituciones y la dominación capitalista.

El próximo 23 de octubre será la segunda vuelta de las elecciones en donde se ratificará la continuidad de Cristina Fernández al mando del gobierno nacional.
El gobierno kirchnerista, fue y seguirá siendo un gobierno defensor de los intereses patronales, que garantiza gigantescas ganancias a los capitalistas locales y extranjeros y cumple rigurosamente con el pago de la deuda. Pero es un gobierno que, apoyado en un marco de crecimiento económico continental (que beneficia a los países atrasados productores de materias primas como el nuestro), sostiene su defensa de la burguesía con una política de contención de ciertos reclamos populares a partir de un discurso demagógico y de una práctica asistencial que, aunque compromete recursos muy limitados en comparación con las millonarias ganancias de los capitalistas, se presenta a los sectores populares como una situación superadora frente a las condiciones en que se vivía en momentos de la crisis que estalló en 2001.
Esto, en un marco general donde, como es habitual en la democracia burguesa y sus elecciones, el debate se da entre distintas opciones políticas de las patronales. De esta forma, no están cuestionados el pago de la deuda, el carácter dependiente de nuestro país, las condiciones de superexplotación de los trabajadores, el trabajo en negro, la depresión del salario real, la flexibilización laboral, la persistencia de la desocupación, el vaciamiento de la salud y la educación pública, etc.
En estas circunstancias, no se trata sólo de ver por qué, conminado a elegir entre distintas expresiones de la burguesía, el pueblo trabajador se orienta mayoritariamente por la opción que encuentra como menos dañina para sus condiciones inmediatas, algo que es bastante lógico. Sino de evaluar y superar los límites que existen para que en la Argentina haya expectativas y posibilidades de un cambio real y de fondo que no se limite a estas variantes de administración patronal, y plantee la solución de los problemas profundos de las masas explotadas, enfrentando para ello a los capitalistas, su estado, sus partidos y sus burócratas.
En este sentido, la ratificación electoral de un candidato patronal, como Cristina Fernández, pone de relieve algo que es evidente: en la actualidad el proceso de organización de las fuerzas de la clase obrera y el pueblo para orientar la lucha hacia otro proyecto de sociedad, rompiendo con el capitalismo, no tiene peso. Así el desarrollo de un proyecto revolucionario, lo que implica simultáneamente el desarrollo de la militancia desde las bases y la construcción política que permita la formación de un partido revolucionario, está planteado como el objetivo principal y prioritario que nos permitirá en un futuro, constituir una alternativa real y de lucha contra las patronales y su permanente renovación gubernamental por la vía electoral.
En este marco, en la medida en que las fuerzas de izquierda que impulsan la participación electoral, se alejan de esta tarea central de esclarecimiento y organización, restando fuerzas, causando confusión entre las filas del pueblo por su apoyo y participación casi acrítica de la disputa electoral, su orientación no constituye un aporte para forjar un proyecto revolucionario. Por el contrario, se plantea más como un escollo, al encauzar la lucha y organización obrera por la vía electoral, contribuyendo a la legitimación de las elecciones, en vez de expresar una oposición a este mecanismo para la rearticulación de los gobiernos patronales. Así, bajo el supuesto de que la campaña es un contexto en el que hoy se pueden difundir concepciones revolucionarias, se meten de lleno en las elecciones, pero orientándose, en realidad, a propagandizar demandas básicas, planteando, por ejemplo, la “reforma” de los mecanismos de represión, cuando no directamente la ampliación de la democracia burguesa, como sucedió durante toda la primera parte de la campaña, centrada en la crítica a la “proscripción” y en la apelación al apoyo demócrata.
Como hemos dicho más de una vez, tenemos claro que en estas circunstancias desfavorables para las iniciativas independientes del pueblo trabajador, la burguesía que impone su agenda por medio de las elecciones es la que está tomando la iniciativa. Por ello, no desconocemos que el debate está marcado por esa línea y que la clase obrera y sus organizaciones políticas hoy no tienen la fuerza y la influencia que les permita tomar una posición y plantear un rumbo de lucha que ponga en crisis o en evidencia el carácter antipopular de los gobiernos que se están ratificando.
En estas condiciones, entendemos, no se tata de plantear el apoyo a tales o cuales candidatos patronales, ni de volcar las pocas fuerzas existentes a tratar de jugar en ese terreno (y mucho menos a costa de moderar planteos para adaptarse al discurso democrático). Se trata, por el contrario, de rechazar a las elecciones patronales y sus candidatos, pero sobre todo, de poner el esfuerzo en saldar el déficit señalado, avanzando en el desarrollo de la organización y la lucha popular y construyendo las herramientas políticas que permitan establecer una referencia política que marque una orientación antagónica a la de la burguesía y sus partidos, una orientación revolucionaria.
Es evidente que, en el período inmediatamente posterior a las elecciones, el PJ kirchnerista de Cristina Fernández se encontrará fortalecido, por capitalizar la fuerza que le dan las elecciones a los candidatos patronales. Es un beneficio coyuntural que tendrá el gobierno patronal y que muy probablemente será aprovechado para reforzar posiciones antipopulares (como se está viendo ya con el intento de definir un bajo techo salarial para el año próximo), lo que nos plantea redoblar esfuerzos para organizar la resistencia.
Debemos señalar también que, aunque en la actualidad el gobierno goza de cierta estabilidad, no es algo que pueda extenderse infinitamente. Los conflictos políticos son recurrentes y no se limitan a disputas interburguesas (como sucedió con el campo), sino que atraviesan una infinidad de demandas populares irresueltas, por el derecho a la vivienda, las condiciones de trabajo, contra la pauperización, contra la represión, etc. Además, están abiertas las posibilidades de que los efectos de la crisis mundial se hagan sentir con mayor fuerza en nuestro país, situación en la cual, como ya se vio en 2009, el gobierno kirchnerista toma posición abierta por las patronales, avalando los ajustes y los despidos.
El problema central sigue siendo la debilidad de las fuerzas de la clase obrera y sus organizaciones políticas, que aún en casos de gran conmoción (como en las represiones en el FFCC Roca, el Indoamericano, a los Qom, etc.) no logramos capitalizar el proceso de lucha para evidenciar suficientemente el carácter antipopular del kirchnerismo y contribuir a la visualización de una alternativa estratégica para acabar con las actuales condiciones de opresión. Para superar esa debilidad se nos plantea desarrollar la militancia cotidiana desde las bases para ampliar la movilización del pueblo trabajador, profundizar los debates entre el activismo para procesar balances sobre aciertos y errores políticos que nos permitan clarificar una perspectiva revolucionaria, y avanzar en el nucleamiento de los compañeros comprometidos con el proyecto de la revolución socialista por medio de la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores en Argentina.

Carlos Soria, represor y kirchnerista


Ex menemista, ex duhaldista y, ahora, kirchnerista, Carlos Soria se impuso en las últimas elecciones, encabezando las listas del Frente para la Victoria, y será el próximo gobernador de Río Negro.

El 25 de septiembre, Carlos Soria, referente local del Frente para la Victoria, se impuso sobre el candidato de la UCR y será el próximo gobernador de Río Negro, provincia que desde el ´83 fue gobernada ininterrumpidamente por el radicalismo.
Soria es un gran modelo de dirigente peronista. Fue diputado nacional en los ´90, acompañando al menemismo, y, posteriormente, ministro de Justicia y Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Duhalde. Cuando este fue presidente, Soria se desempeñó como jefe de la SIDE, cargo que ocupaba al momento de los asesinatos de Kosteki y Santillán, lo que lo ubica, al igual que a Aníbal Fernández, como uno de los principales responsables de los fusilamientos en el Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002.
Por si quedaran dudas sobre la orientación política de este referente peronista, ahora kirchnerista, puede mencionarse su relación con el histórico criminal de guerra nazi Erich Priebke, que se asilaba en Argentina, con quien ha compartido cenas, como quedó documentado en fotográficamente.
Su campaña electoral, que hizo eje en la “mano dura”, no está demás decirlo, fue apuntalada por la visita de ministros y referentes del gobierno como Boudou, Randazzo y Alicia Kirchner. El encargado de felicitarlo y destacar su victoria tras la elección fue su antiguo compañero durante el gobierno de Duahlde, Aníbal Fernández. “Soria se está alzando con cerca de 14 puntos de diferencia. Un resultado histórico (…) desde hace 28 años, desde el regreso de la democracia, que gobernaba el radicalismo esa provincia”.
Soria, por su parte, en pocas palabras explicó el funcionamiento del peronismo y defendió su alineamiento actual con el kirchnerismo. “Si vos me decís por quién siento más afecto, si por Kirchner o por Duhalde, lejos, lejos por Duhalde siento mucho más afecto. Me hizo dos veces ministro, mirá la confianza que me tendrá. Me llevó de diputado por la provincia de Buenos Aires, mirá si me quiere. Pero yo no tengo confusión: hoy el poder se llama Cristina Kirchner”.(1)
Carlos Soria se suma de esta forma a la larga lista de asesinos y represores que integran el gobierno de Cristina Fernández. Un kirchnerista con todas las letras.
NOTAS:
1) www.cronista.com