Ciro Gerardo James tiene 36 años. Acumula un curriculum que muestra que no hace falta haberse formado en la ESMA o haber servido con Etchecolatz para ser un cuadro represor, especialista en tareas de inteligencia. Hizo el secundario en el Liceo Naval de Córdoba y se recibió de abogado en la Universidad de Morón. En 1994 entró a la Contaduría General del Ejército. Después, trabajó seis años en la consultora de seguridad Lyon SRL, cuyos dueños y directores eran, desde luego, militares. Ingresó a la policía federal en 2003, y un año después cambió la consultora por STI (Sistemas Telefónicos Integrales), de otro militar, empresa dedicada a todo tipo comunicaciones, incluyendo sofisticados sistemas de intercepción y escucha. Obtuvo un puesto como asesor en la Universidad de La Matanza , y, finalmente, otro similar en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, todo sin dejar de ser policía. Recién en septiembre de este año tramitó la baja, porque iba a ingresar a la nueva policía metropolitana.
El escándalo se armó cuando un dirigente de los familiares de víctimas de la masacre de la AMIA recibió un llamado que lo alertó de que su teléfono estaba intervenido. Resultó ser que James, a través de la policía de Misiones, había pedido a un juez de esa provincia que interceptara y grabara varios números “sospechosos”. Uno era el de Burstein, otro el del empresario Carlos Vila. Macri quedó arrinconado cuando, al mismo tiempo que su ministro de educación juraba en todos los medios, ante la legislatura y al juez que no sabía que James era policía, su ministro de seguridad tuvo que reconocer que el espía había presentado sus antecedentes policiales completos a la Metropolitana.
A partir de ahí, se desató un show de acusaciones cruzadas entre el macrismo y el kirchnerismo. Macri y su ministro de seguridad, el ex juez federal Montenegro, denunciaron que la federal les mandó un infiltrado por orden del gobierno nacional. El jefe de gabinete Aníbal Fernández les contestó con lo obvio: James fue recomendado por el amigo de Macri, el “Fino” Palacios, que se lo presentó a su segundo, el comisario Chamorro. El “progresismo” porteño, tratando de ganarle algo de terreno a Macri en la ciudad e incapaz de ir más allá del insuficiente argumento del “complot de la derecha”, terminó dándole oxígeno al gobierno nacional, sin advertir que James trabajaba tanto para Macri como para Kirchner. El episodio, más allá de sus ribetes anecdóticos, no es sorprendente, pero muestra cómo funciona el aparato de seguridad estatal, en este caso en materia de inteligencia. Un policía joven, se forma en las estructuras de inteligencia de la fuerza, se perfecciona en empresas privadas de seguridad y de control de comunicaciones y pule su curriculum en universidades. Maneja a su antojo a jueces que hacen lo que les pide, sin preguntar. Espía e informa. Si trasciende accidentalmente su tarea, todos se hacen las víctimas, dicen que no lo conocían, y lo reemplazan con algún otro peón.
El escándalo se armó cuando un dirigente de los familiares de víctimas de la masacre de la AMIA recibió un llamado que lo alertó de que su teléfono estaba intervenido. Resultó ser que James, a través de la policía de Misiones, había pedido a un juez de esa provincia que interceptara y grabara varios números “sospechosos”. Uno era el de Burstein, otro el del empresario Carlos Vila. Macri quedó arrinconado cuando, al mismo tiempo que su ministro de educación juraba en todos los medios, ante la legislatura y al juez que no sabía que James era policía, su ministro de seguridad tuvo que reconocer que el espía había presentado sus antecedentes policiales completos a la Metropolitana.
A partir de ahí, se desató un show de acusaciones cruzadas entre el macrismo y el kirchnerismo. Macri y su ministro de seguridad, el ex juez federal Montenegro, denunciaron que la federal les mandó un infiltrado por orden del gobierno nacional. El jefe de gabinete Aníbal Fernández les contestó con lo obvio: James fue recomendado por el amigo de Macri, el “Fino” Palacios, que se lo presentó a su segundo, el comisario Chamorro. El “progresismo” porteño, tratando de ganarle algo de terreno a Macri en la ciudad e incapaz de ir más allá del insuficiente argumento del “complot de la derecha”, terminó dándole oxígeno al gobierno nacional, sin advertir que James trabajaba tanto para Macri como para Kirchner. El episodio, más allá de sus ribetes anecdóticos, no es sorprendente, pero muestra cómo funciona el aparato de seguridad estatal, en este caso en materia de inteligencia. Un policía joven, se forma en las estructuras de inteligencia de la fuerza, se perfecciona en empresas privadas de seguridad y de control de comunicaciones y pule su curriculum en universidades. Maneja a su antojo a jueces que hacen lo que les pide, sin preguntar. Espía e informa. Si trasciende accidentalmente su tarea, todos se hacen las víctimas, dicen que no lo conocían, y lo reemplazan con algún otro peón.