Raúl Magallanes. Un represor de los 70 en la educación bonaerense.

Raúl Magallanes, habiendo sido uno de los policías de Camps en los 70 y autor de varios secuestros en la zona sur, asumió como presidente del Consejo Escolar de Lomas de Zamora y ya está amenazando compañeros.

Raúl Magallanes es un ex policía de la dictadura, que estuvo bajo las directivas de Camps y Etchecolatz. En 1997, fue titular de la comisaría 3ra de La Plata. Fue parte de “la maldita policía” de Duhalde. Fue designado director de seguridad del municipio de Lomas de Zamora por el intendente Rossi, desde ese cargo dirigía los operativos de seguridad ante las movilizaciones docentes al consejo escolar, que hoy preside. Como si fuera poco, también está vinculado en la causa del atentado a la AMIA.

De inmediato los sindicatos vinculados con la educación, junto a organizaciones sociales y políticas de izquierda, comenzaron una campaña de repudio por la asunción de Magallanes a la presidencia del consejo escolar. Desde Ate Sur, se han encabezado acciones que tuvieron gran repercusión. Parte de las medidas de fuerza ha sido desconocer a las autoridades de dicho consejo.

Esta campaña ocasionó que, al mejor estilo patotero, los compañeros sufrieran amenazas y hechos intimidatorios por la denuncia que están llevando a cabo.

Desde el gobierno, todavía no se ha tomado ninguna medida al respecto, a pesar de que los compañeros se encargaron de presentar materiales en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en la secretaría de DDHH de la nación y la provincia. y en la Comisión por la Memoria, que demuestran la participación de Magallanes en los secuestros de la dictadura.

La asunción del represor Magallanes como presidente del consejo escolar de Lomas de Zamora, promovida por el kirchnerismo que conocía perfectamente su prontuario,  evidencia que a pesar de que desde el gobierno se enjuicien a viejos genocidas se lleva adelante una política para sostener a estos elementos que, aún hoy, les son útiles

Debido a la lucha y la movilización, el escándalo fue de tal magnitud que algunos sectores del kirchnerismo que bancaban a Magallanes en la primera hora, se vieron obligados a despegarse en cuanto pudieron. Pero lo cierto es que hasta el momento el ex policía secuestrador es quien sigue al mando en el consejo y, por esta razón, la lucha contra Magallanes sigue abierta.

Libertad a Carlos Olivera

Durante este mes se llevará a cabo el juicio oral al compañero, obrero de la construcción, Carlos Olivera, miembro del SITRAIC. Debemos movilizar por la libertad del compañero.

Carlos Olivera ha sido encarcelado hace ya más de dos años, a partir de una maniobra de la burocracia de la UOCRA de Gerardo Martínez, junto a la policía y la justicia de la provincia de Buenos Aires, durante un conflicto ocurrido en Lomas de Zamora.

El 15 de diciembre de 2009, Olivera y sus compañeros, realizaban una asamblea en la obra donde estaban construyendo y decidieron iniciar un cese de actividades, ya que la patronal les debía parte de sus salarios. Mientras los trabajadores se encontraban en el lugar, se hizo presente una patota de la UOCRA, que comenzó a golpear a los compañeros y a disparar con armas de fuego. Olivera intentó escapar, pero fue agredido por la patota y luego detenido por la policía cerca de la estación de Lomas de Zamora, desde donde fue trasladado al Hospital Gandulfo por sus heridas. Desde ese día, el compañero se encuentra detenido y sin juicio, acusado por la patota de haber provocado los enfrentamientos.

El pasado mes de diciembre se realizó una audiencia pública en la que el tribunal decidió que siga detenido. Ese día, se produjo una gran muestra de solidaridad, donde muchos sectores de trabajadores y organizaciones nos hicimos presentes en las puertas del tribunal para llevar nuestro apoyo. Pero también se hicieron presentes, (y así lo van a hacer nuevamente en el juicio de febrero) los matones de la burocracia, que ocuparon lugares en la sala y movilizaron micros hasta los tribunales exigiendo que Olivera continúe detenido.

El encarcelamiento de Olivera, es claramente un ataque al movimiento obrero antiburocrático que se organiza para combatir a la burocracia sindical. Mientras burócratas ladrones como Zanola consiguen su libertad o el mismo Gerardo Martínez, quien fuera buchón del Batallón 601 del ejército y contribuyera a la desaparición de un centenar de obreros de la construcción durante la dictadura militar, continúa libre, Olivera, quien no tiene una condena, continúa preso.

Gerardo Martínez, no sólo continúa libre, sino que es uno de los sindicalistas de la burocrática CGT con más cercanía con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Muchos son los presos políticos en esta Argentina kirchnerista. El 2 de febrero, “la Galle” Karina Germano, cumplió 10 años en la prisión. Mientras tanto, Oñate, Tapia y Claros continúan detenidos.

El gobierno nacional, junto a la burocracia sindical y las patronales, en connivencia con las fuerzas represivas actúan contra el movimiento obrero organizado. Evidentemente, el desarrollo, aunque incipiente aún, de un activismo independiente preocupa a estos sectores. Por eso, no sólo mantienen en las cárceles a los presos políticos, sino que avanzan también con los despidos y con la persecución judicial a los trabajadores. Así, ya suman más de 5.000 los procesados por luchar y ya son muchos los trabajadores con pedidos de desafuero o con procesos iniciados por participar de acciones en sus fábricas o en las cercanías de las mismas.

El ataque a Olivera, como el ataque a los obreros de Kraft, a los petroleros de Santa Cruz y a todos los trabajadores que se organizan y luchan, constituye un ataque al conjunto de la clase trabajadora. Con el juicio a Olivera, pretenden aleccionar a todo el activismo independiente. Por eso, para detener esta avanzada, es fundamental movilizarse en defensa del compañero.

Kraft. Basta de persecución

El pasado 2 de febrero, en la cámara federal de apelaciones de San Martín, se llevó a cabo la audiencia de apelación a los procesamientos en primera instancia de Javier Hermosilla y Lorena Gentile (miembros de la Comisión Interna de Kraft), de Ramón Bogado y María del Rosario Penayo (miembros de la interna anterior), de Oscar Coria (delegado despedido en 2009), de Leonardo Norniella (delegado de PepsiCo), y de Néstor Pitrola y Vilma Ripoll. La justicia los imputó por los distintos cortes de la Panamericana durante el conflicto desarrollado en 2009 por la reincorporación de los más de 150 despedidos.

La persecución hacia los delegados y activistas que protagonizaron y que se solidarizaron con la lucha de Kraft expresa la persecución y el ataque a la organización independiente y de base de la clase trabajadora y la criminalización de la protesta. Esto es más claro aún si se tiene en cuenta que, desde importantes fábricas de la industria alimenticia, se viene organizando la oposición para disputarle la conducción a la burocracia sindical de Rodolfo Daer, y que el gremio de la alimentación protagonizó luchas de gran trascendencia como fueron la de Kraft contra los despidos y la de Arcor, que logró romper el techo salarial en 2010.

El objetivo es infundir temor en la clase trabajadora para que desista de emprender la lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo y para que no se atreva a desafiar ni al gobierno, ni a las patronales, ni a la burocracia sindical. Además, busca castigar a quienes encabezan la lucha, para descabezar y desarticular la organización independiente que los trabajadores construyen desde las bases.

El carácter político de la “causa Kraft” es evidente. Mientras la presidenta califica a la huelga como extorsión y pide terminar con los cortes, la justicia persigue a quienes impulsan y sostienen la huelga, a quienes se manifiestan cortando las calles y, además, a quienes se solidarizan con la lucha, presentando como pruebas los informes de las fuerzas de seguridad y las distintas publicaciones de izquierda que apoyaron y convocaron a la lucha.

En la defensa de los procesados de la “causa Kraft” se pone en juego, también, el futuro de las luchas por venir de la clase trabajadora contra los atropellos de los capitalistas y sus socios. Allí, radica la importancia de hacer propia la lucha contra toda persecución política.

Rosario. Asesinan a tres militantes sociales

Los barrios pobres de nuestro país viven sumergidos entre los negocios más turbios que ofrece el capitalismo: la droga, la prostitución, el robo. Son las ofertas del capitalismo para quienes no tienen trabajo y están condenados a vivir en la miseria, manejados por la policía, barra bravas y punteros.

El primero de enero de 2012, en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Jonathan Brasante (17 años), Claudio Suárez (19) y Adrián Leonel Rodríguez (21) fueron asesinados. Los tres eran militantes del barrio y pertenecían al Frente Popular Darío Santillán.

La versión que hicieron correr desde la policía fue que se trataba de un ajuste de cuentas, con lo que aprovecharon para desprestigiar el trabajo barrial de la organización y vincular a los pibes con la droga. Pero pronto trascendió en el barrio que los chicos habían sido asesinados por “error” por unos sicarios vinculados con la barra brava de Newell´s y los negocios del narcotráfico.

La comisaría a la que le tocó actuar es la que liberó la zona y le dio respaldo a los sicarios de Sergio “Quemado” Rodríguez. Este personaje, quiso vengar un ataque que su hijo había sufrido por unos barras hinchas de fútbol y por eso mandó a los matones armados. Producto de un “error”, los asesinados no fueron los barras, sino Jonathan, Claudio y Adrián.

Ante semejante hecho se puso de manifiesto lo que sucede a diario en todos los barrios, sobre todo los más humildes: el manejo de los negocios de la droga, el robo, los asesinatos y demás delitos en manos de matones a sueldo y la policía.

Tan poco cuidadosa fue la operación que el gobernador “socialista” Bonfatti no le quedó más remedio que salir a admitir públicamente que hay relación entre los barras, los narcos, la policía y “algunos políticos”.

Rápidamente, el kirchnerismo aprovechó para salir con una vieja iniciativa, la que utilizara como parte de la campaña electoral el pejotista De Narváez: la necesidad de la construcción de un mapa del delito. Aprovechó para tirar los dardos sobre la oposición y lavar la cara de su gobierno “nacional y popular”, atribuyendo el aumento de la criminalidad sólo en Rosario, al mismo tiempo que anunció la alineación con la política de “seguridad” del gobierno nacional, aumentando la presencia de las fuerzas en los barrios pobres. “Están dadas todas las condiciones para que podamos avanzar en un Acuerdo Santafesino por la Seguridad Ciudadana que, a través del diálogo y del compromiso político y social, permita explicitar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazo… al mismo tiempo eficacia a la hora de prevenir y reprimir el delito y plena vigencia de los derechos humanos. La policía (agregó) no puede ser parte del problema sino que tiene que ser parte de la solución y para eso es básica una eficaz conducción política de la fuerza policial. Si la corporación policial se conduce a sí misma estamos en presencia de un problema", declaró el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi.

Los intentos desde los distintos gobiernos por despegarse de las responsabilidades, planteando salidas mentirosas al problema de la descomposición social que se vive en los barrios son nefastos. A diario se pueden encontrar, incluso en los medios oficiales, hechos que vinculan directamente a la policía con el delito. Por tanto, la presencia de las fuerzas en los barrios no puede entenderse sin el manejo de los negocios y el  disciplinamiento de las barriadas humildes, a las que sumergen en la droga y la delincuencia.

Los asesinatos de los tres militantes del FPDS en Rosario muestra la crudeza de un sistema en el que los pobres, además de sufrir la explotación diaria, deben vivir entre las disputas de barras, dilers y policías que manejan los negocios más sucios: la droga, el robo, la prostitución.

Como consecuencia de la descomposición social que trae consigo el capitalismo y del accionar mafioso de políticos, barras y policías, hoy estamos repudiando el asesinato de tres militantes sociales.

Trasante, Suárez y Rodríguez, presentes!

Los barras, sostén de la patota sindical

Apenas comenzado el año, el Hospital Santojanni fue escenario del enfrentamiento entre dos sectores de la barra de Chicago. Un grupo de barrabravas entró al hospital decidido a asesinar a uno de los internados, miembro de la banda contraria y responsable del asesinato de quien sería uno de los jefes del otro grupo.

A partir de los escandalosos hechos, enseguida se hizo pública la vinculación de los barras con la represión hacia el movimiento sindical.

Uno de los barras que se encontraba herido e internado en el hospital, perseguido por el sector contrario de Chicago, resultó ser quien, meses atrás, había sido contratado por la empresa DOTA para amedrentar a los delegados de la línea 60 en una asamblea.

Sumado a esto, uno de los delegados, Daniel Farella, luego denunció que habían entrado en la casa de su hija y que habían golpeado a su nieta de 15 años, buscándolo a él.

Una vez más, sale a la luz el estrecho vínculo que existe entre las patronales, las patotas y la policía con el aval del gobierno, dejando la resolución de muchos de los conflictos gremiales en manos de patotas sindicales integradas por barrabravas.

Recordamos, así, los casos de la patota durante el conflicto del Hospital Francés, en el diario Crónica, en la toma del Indoamericano, en la línea 60, contra los docentes de Capital, los campesinos asesinados en Santiago del Estero, entre otros.

Es claro que sigue en marcha la política de la tercerización de la represión.

Leyes Antiterroristas. Para reprimir mejor

La sucesivas reformas al código penal impulsadas por el gobierno kirchnerista y sancionadas al son de los dictados imperiales, cumplen la doble tarea de preparar el terreno para hacer más eficiente la represión ante las luchas, y de mostrar al “concierto internacional” la obediencia sin fisuras del gobierno al orden capitalista.

Alrededor de 6.000 compañeros sometidos a causas penales por protestas o reclamos; cinco presos políticos hoy, más de un centenar a lo largo de la gestión kirchnerista, con “picos” de más de 40 a la vez, como a fines de 2004; y 17 asesinados en la represión a movilizaciones y manifestaciones, dan clara cuenta del empeño puesto por el gobierno en reprimir a los trabajadores organizados y a la militancia popular. Paralelamente, casi 2.000 asesinados con el gatillo fácil en los barrios y la tortura en los lugares de detención, en 8 años, completan el cuadro sostenido de la represión al pueblo trabajador.

La ley 26.734 textual

La octava ley antiterrorista del actual gobierno(1), vigente desde el 28 de diciembre pasado, duplica el mínimo y el máximo de la pena de cualquier delito cuando “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

El refinado parrafito que excluye aquellos hechos en los que el autor “actúe en ejercicio de un derecho” sólo sirve para calmar conciencias “progres”, y nada agrega al criterio general que ya contenía el código penal y que nunca dificultó la criminalización de la protesta: si se está ejerciendo un derecho (a criterio del juez) no hay delito punible. Cuando un juez imputa a un trabajador por hacer un reclamo a la patronal, o a un militante que se moviliza contra una medida de gobierno, ya ha decidido que ni uno ni otro estaban ejerciendo un derecho.

           

Actualizar el marco legal para disponer de mejores armas en el futuro

La realidad demuestra que no son pocas ni leves las amenazas penales existentes que se aplican a diario contra las organizaciones de la clase trabajadora. Permanentemente vemos cómo los jueces interpretan a su antojo la letra legal, para adaptar las normas a lo que quieren castigar. Así, la misma conducta es “juzgada” de manera completamente diferente según quién sea el autor, prevaleciendo, siempre, el imperativo judicial de sostener, defender y fortalecer “la institucionalidad”. Ejemplos como el de Carlos Olivera, del SITRAIC, que está en prisión acusado por “homicidio en grado de tentativa” por defenderse de la patota armada de la UOCRA, o de los trabajadores ferroviarios y militantes de organizaciones políticas (PO y TPR), procesados por “extorsión” por exigir que UGOFE y el gobierno cumplieran compromisos asumidos, muestran cómo jueces y fiscales recurren a cualquier figura legal (cuanto más grave, mejor) para encuadrar conductas que ni por asomo se parecen a las que sancionan esos delitos.

Pero, aunque con lo que ya tienen les alcanza y sobra para perseguir a los luchadores populares, la inclusión de nuevas figuras que específicamente criminalizan la actividad militante otorga a los “guardianes de la ley” un arsenal nada despreciable para el futuro. La creación de figuras como la “asociación ilícita terrorista” (ley 26.268, de 2007), o la duplicación de todas las penas cuando el móvil del “delito” sea “obligar a un gobierno a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, como lo impone la ley de diciembre de 2011, llenan esa necesidad de tener a disposición, para cuando resulte necesario usarlas, armas todavía más poderosas, que, además, permitan focalizar la represión “legal” en las organizaciones populares y sus militantes.

Las ocho leyes “antiterroristas” del gobierno kirchnerista se dirigen con claridad a este objetivo. Todas ellas, sancionadas desde 2003 hasta el año pasado, dotan al aparato estatal, a través del ajuste de las herramientas legales, de medios más directos y efectivos que permiten, además de sancionar individualmente a quienes se define como “peligrosos” (para el bienestar del capitalismo), abrir el camino a la ilegalización de organizaciones y de la actividad militante. Amplían notablemente la discrecionalidad judicial; crean un enjambre de burocracias secretas o semi secretas para recabar información a través de todo tipo de recursos de “contrainteligencia” (agentes encubiertos o infiltrados; informantes o buches); disponen de enormes fondos para financiar arrepentidos y entregadores; duplican penas genéricamente; usan términos como “aterrorizar a la población” u “obligar al gobierno”, para que el juez de turno los aplique a quien deba, según su “leal saber y entender”… en una palabra, habilitan a cualquier cosa con amparo legal.

Sin necesidad de aplicarlas siquiera, su mera existencia se convierte en un poderoso obstáculo a la organización popular, al instalar el temor de que cualquier reclamo, protesta o actividad que “saque los pies del plato” puede ser definida como delito de extraordinaria gravedad.

           

Hacer los deberes

El otro eje rector de la compulsión con que el kirchnerismo ha impulsado y votado leyes antiterroristas, es mostrarle al imperialismo que hace bien los deberes. La decisión de adecuar las legislaciones internas de los países periféricos siguiendo determinadas directivas impuestas, formalmente, por organismos internacionales como el FMI o el GAFI, es un derivado directo del rumbo tomado por la política exterior norteamericana desde los ’80. Los célebres documentos Santa Fe I y II(2) fueron el inicio de una nueva estrategia de dominación continental, que dejó de lado la agotada vía de la intervención militar directa y la promoción de dictaduras militares, para recurrir a la defensa de la gobernabilidad democrática, acompañada por la cooperación militar para combatir al “enemigo común”, el “terrorista”, con sus variantes como el “narcoterrorista”, (apuntando siempre a los militantes políticos anticapitalistas) y por el libre comercio para combatir el estancamiento económico. Todo el posterior sistema de Cumbres (de presidentes, de ministros de seguridad, gobierno o interior y de economía, etc.) generó una miríada de declaraciones comunes de los gobiernos latinoamericanos y EEUU basadas en esas ideas y dirigidas a llevarlas a la práctica. La cooperación militar se traduce en el sistemático entrenamiento de fuerzas armadas con los ejercicios conjuntos y de fuerzas de seguridad con los cursos y becas de las academias y escuelas yanquis de contraterrorismo. El libre comercio se expresa en tratados bilaterales y en el  apoyo del gobierno yanqui a la penetración y expansión de sus empresas (pensemos sólo en Kraft Foods o Pepsico). Y el pilar central de la defensa de la gobernabilidad democrática es la homogeneización de la legislación interna de los países sobre la base de los criterios establecidos unilateralmente por EEUU.

…

Notas:

1) Las ocho leyes son las siguientes: Ley  25.765, agosto de 2003, Creación del Fondo Permanente de Recompensas. Ley  25.764, agosto de 2003, Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Leyes 26.023 y 26.024, abril de 2005: Ratifican e incorporan al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (o Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU. Ley  26.087, abril de 2006, modifica el Encubrimiento  y lavado de activos de origen delictivo, más facultades para la UIF. Ley 26.268, 2007, julio de 2007: Incorpora al Código Penal la “Asociación Ilícita Terrorista”, art. 213 ter y el delito de recolectar o proveer fondos para tales asociaciones, art. 213 quater. Amplía las facultades de la UIF. Ley 26.538, noviembre de 2009, amplía más el Fondo permanente de recompensas. Ley 26.734, diciembre de 2011, duplica el mínimo y el máximo de las penas de todos los delitos cometidos “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

2) Se titulaban, respectivamente, “Las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la proyección del poder global de Estados Unidos” y “Una estrategia para América Latina en la década de 1990”.

Por un fin de año sin presos políticos

La política represiva en la era kirchnerista abarca un amplio campo. Incluye, por ejemplo, el asesinato de 17 militantes populares, la represión a huelgas, movilizaciones y ocupaciones de tierras, el procesamiento de 6.000 militantes, la persecución y el despido de los trabajadores que se organizan, y el intento de disciplinamiento social por medio del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles, comisarías e institutos de menores. En este marco, una de las prácticas represivas más graves y veladas del peronismo gobernante, es el encarcelamiento por razones políticas.

La constante sumatoria de nuevos presos políticos en las cárceles argentinas hace que el período 2003-2011, de gestión kirchnerista, cuente con la mayor cantidad de encarcelados por luchar después de terminada la dictadura, contándose más de 100 presos en los últimos ocho años⁽¹⁾. La significativa invisibilidad de esta grave situación, deja en evidencia el sentido político del discurso derechohumanista del kirchenrismo, al que es preciso desenmascarar en su total dimensión. Su planteo sigue siendo hablar de los DDHH de ayer, para profundizar la persecución actual contra el pueblo trabajador y sus referentes políticos y sindicales.

Así, hoy en la Argentina contamos al menos cinco presos políticos. Conseguir su inmediata liberación es una tarea fundamental de todo el movimiento popular.

Karina “la gallega” Germano es una militante de muchos años miembro de HIJOS e impulsora en la actualidad del Centro Universitario en la cárcel de Ezeiza. Fue detenida en Brasil en el 2002, junto a un grupo de militantes a los que el estado brasileño acusó de participar en el secuestro de un empresario multimillonario. Luego de torturas e irregularidades judiciales fueron acusados sin pruebas y su condena duplicada intencionalmente, negando el carácter político del grupo. Luego de que Germano consiguiera el traslado a Argentina a fines de 2006, no sólo la han mantenido en prisión, sino que, incluso, le niegan el derecho a las salidas transitorias que le corresponden.

Carlos Olivera es un albañil de Lomas de Zamora, militante del SITRAIC, un sindicato de la construcción que se opone a la burocracia de la UOCRA encabezada por Gerardo Martínez. En diciembre de 2009 una asamblea en la que participaba fue atacada por una patota armada de la burocracia que hirió gravemente a muchos trabajadores, incluido Olivera. Como es habitual, luego de dejar actuar a la patota, la intervención de la policía fue para profundizar la represión contra los trabajadores: lo detuvieron a Olivera y le armaron una causa por un supuesto intento de homicidio contra los hombres de la patota. Desde entonces Carlos Olivera ha estado detenido en diversas cárceles y hoy está en la de Melchor Romero, cerca de La Plata.

Otro militante obrero, Victor Oñate, delegado petrolero de Las Heras, se encentra también preso desde julio de este año en represalia por su actividad sindical. Luego de que los trabajadores petroleros libraron una dura lucha que incluyó la toma de una planta de YPF (el yacimiento LH3), el poder judicial y las fuerzas represivas lanzaron una caza de brujas para amedrentar a los luchadores y apresar a sus dirigentes. Otro delegado petrolero, Juan José Acosta, fue detenido y estuvo preso durante meses, aunque fue finalmente liberado fruto de la presión popular. Del mismo modo, la represión se empecinó con Oñate, por ser uno de los dirigentes del conflicto. La abierta persecución política es acompañada, en este caso, con una insólita acusación por “amenazas” contra la misma policía que desalojó la planta. Luego de que habían allanado y destruido su casa y que habían detenido y golpeado a su hermano, Oñate decidió entregarse a la policía, algo que se hizo en un acto público en el Gimnasio Municipal de la localidad y con el acompañamiento de una multitud, con el reclamo de garantizar la integridad del dirigente. Desde entonces, Oñate sigue preso.

Un mes más tarde, en agosto, la persecución política llevó a la cárcel a Mario Tapia y Aldo Claros, en represalia por la importante lucha librada por los pobladores de Villa General San Martín en reclamo del acceso a la vivienda ocupando una parte del predio del multimillonario Blaquier. En aquella oportunidad y como se viene repitiendo a lo largo del país (Indoamericano, Formosa, Jujuy), los gobiernos, la justicia y las fuerzas represivas, es decir el estado de la era kirchnerista, descargó toda la fuerza de la represión sobre los sectores más necesitados. El 28 de julio la represión para dejar sin vivienda a cientos de familias y defender las tierras de Blaquier, empresario amigo de la dictadura y de los Kirchner, implicó el asesinato de tres de los ocupantes, y en esa intentona, murió también uno de los milicos que realizaban el desalojo. Desde entonces, una vez más, el estado inició una nueva casa de brujas, para escarmentar a los luchadores, buscando chivos expiatorios a quienes responsabiliza por la muerte de policía que intervino en el desalojo, y a partir de lo cual llevó a prisión al remisero Mario Tapia y al joven Aldo Claros.

Los 17 luchadores asesinados y la multiplicación de los presos políticos muestran a las claras la profundidad de la represión kirchnerista contra los que se organizan y luchan para conseguir condiciones más dignas de vida. Hoy es imprescindible redoblar los esfuerzos por conseguir la libertad de los compañeros presos.

Liberad a Karina “la galle” Germano

Libertad a Carlos Olivera

Libertad a Victor Oñate

Libertad a Mario Tapia

Libertad a Aldo Claros

Ni un preso político más en la Argentina

…

Notas:

1) Ya hace un año podíamos contar “Más de 100 presos políticos durante el kirchnerismo”, ER Nº64, diciembre de 2010. Disponible en http://blog-otr.blogspot.com

Cristian Ferreyra: Asesinado por organizarse y luchar

El asesinato del militante del MOCASE Cristian Ferreyra, fusilado por matones de un empresario sojero, es un nuevo ejemplo de que la represión es el arma común que gobiernos y patronales usan para defender sus privilegios y frenar las luchas de los explotados.

En 1996, la provincia de Santiago del Estero tenía sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008, ya se superaban las 600.000, y en 2010 se batió el record, con 1 millón cien mil hectáreas dedicadas a la tan rentable oleoginosa. En pocos años, el crecimiento del negocio sojero, cambió radicalmente el paisaje de provincias enteras en nuestro país. Enormes extensiones de bosque, desmontadas a fuerza de topadoras que arrasaron con la flora y fauna autóctona, se han convertido en páramos con el suelo degradado y contaminado con agrotóxicos, donde sólo crecen esas semillas transgénicas destinadas al gran mercado internacional del aceite y el biocombustible.

La tierra arrasada no sólo cambia el paisaje. Además de la desaparición de la biodiversidad, la deforestación, la imposibilidad de otros cultivos y emprendimientos como los pequeños tambos familiares, la principal víctima del avance de los empresarios sojeros es la población humana. Comunidades indígenas y familias campesinas que desde tiempos ancestrales viven del cultivo del suelo, la cría de animales, o son hacheros y arrieros, son expulsadas de sus pequeñas parcelas con la misma virulencia con que se esteriliza la tierra.

Las modificaciones de laboratorio que permiten cultivar soja fuera del litoral, vienen impulsando el fabuloso vaciamiento del campo en provincias como el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta. Centenares de miles de campesinos y pueblos originarios han sido expulsados de sus históricas chacras, con destino a las villas de las grandes ciudades. En este proceso, festejan por igual los empresarios que se enriquecen, y el gobierno que aumenta su caja, más allá de las disputas internas que puedan tener por la forma en que se reparten las fabulosas ganancias.

Pero la expulsión es resistida. Las comunidades se organizan, y defienden sus tierras. Como siempre que los oprimidos pelean, se unen en su contra los explotadores y el aparato estatal. Así, a medida que indígenas y campesinos resisten los desalojos, se multiplican las denuncias en su contra por usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad, desobediencia, daños, hurto forestal y otros “delitos” cometidos, por los acusados, en su propia tierra.

Paralelamente, se descarga sobre ellos la represión directa. Detrás de las topadoras de los empresarios, junto a sus ejércitos de seguridad privada, están las fuerzas de seguridad estatales, y los grupos afines al gobierno, que, como el dirigido por Milagros Salas en Jujuy, confluyen para disciplinar a los que se organizan y pelean. Lo vimos el año pasado, en Formosa, cuando fue atacada la comunidad qom La Primavera, y fueron asesinados dos de sus integrantes, Mario y Roberto López. También, este año, en Libertador Gral. San Martín, Jujuy, cuando la seguridad privada de la empresa Ledesma y la policía provincial fusilaron a cuatro personas en el desalojo de tierras del ingenio, y, a diario, en las amenazas y aprietes que padecen las comunidades y organizaciones.

En la tarde del 16 de noviembre, en la comunidad de San Antonio, Monte Quemado, Santiago del Estero, Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante del MOCASE-Vía Campesina, murió de un escopetazo disparado por Javier Francisco Juárez, matón a sueldo del empresario sojero santafesino Jorge Ciccioli. Juárez y otro empleado del terrateniente dispararon sobre Cristian y otro compañero, que resultó herido en las piernas, y apalearon a un tercer campesino y a la esposa de Cristian, a la que persiguieron y detuvieron a culatazos cuando corría a buscar ayuda.

Frente al avance sistemático de empresarios como Ciccioli, Los Julianes, Ricardo Villa o Saud en los departamentos santiagueños de Copo, Pellegrini y Alberdi, los campesinos organizados en el MOCASE han denunciado las permanentes amenazas, como las del propio Cicciola, que hace poco dijo públicamente que mataría a un campesino del MOCASE-VC para que “dejen de molestar”. El poder judicial, que, como la policía y el resto del aparato estatal, responde a los intereses de los patrones, archivó rápidamente esas denuncias. Hoy, frente a la evidencia del crimen de Ferreyra, ha encarcelado al grupo de choque, entre ellos al matador. El empresario Ciccioli, en cambio, cumple su detención en un cómodo sanatorio privado, con el argumento de que, como es celíaco, no puede estar en un calabozo. La selectividad de clase de la justicia se pone de manifiesto incluso en el trato diferenciado que reciben los sicarios y su empleador.

Forzado a decir algo frente a la movilización popular de repudio al asesinato, el gobernador de Santiago del Estero, el radical-kirchnerista Gerardo Zamora, admitió que “existe un problema de tierras” en la provincia, abrió una “mesa de diálogo” y suspendió, por seis meses, las tareas de desmonte. Lo suficiente para disimular, con una política de conciliación, su rol de delegado de los patrones empresariales.

La comunidad de intereses del gobierno provincial con los empresarios quedó bien a la vista hace un par de años, cuando Horacio Iván Gándara y Luis María Méndez Ezcurra, dueños de la firma Sacha Rupaska, compraron 17.800 hectáreas a la familia de la esposa del ministro de Justicia de Santiago del Estero. Las tierras transferidas para incrementar la producción sojera, incluían un pueblo entero de más de 800 habitantes, la comunidad de Piruaj Bajo, que quedó rodeada de topadoras y bajo la amenaza de guardias armados.

Así funciona la alianza de los gobiernos y las patronales, que no duda en asesinar para proteger sus ganancias. Para defender el negocio de las empresas tercerizadoras, la patota de la burocracia sindical ferroviaria, con apoyo policial, atacó a los trabajadores en octubre pasado, y asesinó a Mariano Ferreyra. Para defender sus agro-negocios, mataron en Formosa, en Jujuy, y, ahora, en Santiago del Estero. La represión, sirve a las patronales, sea que la ejerzan directamente los gobiernos, o se “tercerice” a través de los grupos de choque privados, y es su herramienta común para intentar detener el avance de las luchas del pueblo. 

Represión y persecución contra el activismo independiente

En las últimas semanas, se ha puesto de manifiesto, con una claridad categórica, que el empresariado, el gobierno, y la burocracia sindical profundizan su hostigamiento sobre las distintas expresiones del activismo sindical independiente, para infundir temor y disciplinar a la clase trabajadora, y descabezar a las organizaciones sindicales antiburocráticas.

Se profundiza la persecución

La clase trabajadora viene protagonizando, un proceso de recomposición y viene retomando la iniciativa en la lucha contra las patronales. Parte de esa pelea, incluye, ahora más que nunca, la necesaria organización y lucha contra la persecución y la represión sindical.

Cada vez queda más claro que no estamos frente a ataques aislados, sino a una avanzada sistemática sobre los sectores de la clase trabajadora organizada con independencia de la burocracia sindical. Con esta avanzada, pretenden ponerle un freno al nuevo activismo sindical que sale a la lucha, con el objetivo de mantener atemorizado e inactivo al conjunto de la clase trabajadora.

El empresariado, el gobierno y la burocracia sindical, esta “triple alianza” antiobrera, viene implementando todas la metodologías que están a su alcance para golpear a los trabajadores. Desde los despidos preventivos para coartar cualquier intento de organización independiente, hasta el encarcelamiento directo de los delegados.

Estamos atravesando, por lo tanto, una coyuntura marcada profundamente por la persecución y la represión al movimiento sindical independiente.

El delegado petrolero, Oñate, y el compañero del SITRAIC, Olivera, siguen presos, justamente por organizar y protagonizar la lucha. También fueron detenidos y estuvieron presos por su actividad sindical los ferroviarios Sobrero, Hospital y Merino. En cada movilización reprimida, muchos compañeros también padecen detenciones, como ocurrió recientemente con los ferroviarios del Belgrano Norte o, más atrás, con los docentes santacruceños.

La represión y la acción de las patotas sindicales ya se cobraron la vida de Mariano Ferreyra. Recientemente, se ha producido en Lomas de Zamora un nuevo ataque de la patota de la UOCRA contra los trabajadores organizados en el SITRAIC y han atacado a los compañeros de la Línea 60, Marcolín y Farella. Así como, cotidianamente, las patotas intentan amedrentar a los trabajadores en sus lugares de trabajo.

Los despidos selectivos también se erigen como un arma crucial. Ya ocurrió en contaduría del gobierno de la ciudad, en el Frigorífico Rioplatense, en Kraft... Sin dudas, el caso más resonante, por su masividad y contundencia política, ha sido la iniciativa de despedir a toda la Junta Interna del Teatro Colón.

La intervención judicial bajo todas sus formas también se ha consagrado como un arma más que esgrimen contra el activismo sindical independiente. Los juicios de desafuero, penales, las causas, los procesamientos, los embargos, son incontables. En la actualidad, permanecen enfrentando estos ataques compañeros de Kraft, Pepsico, Teatro Colón, Hospital Garrahan, Fate, Ademys, Frigorífico Rioplatense, Paty, FFCC, Línea 60, Donelley, Disco, Jumbo, entre otros tantos.

El caso de Kraft pretende ser ejemplificador, ya que no sólo mantienen judicializados a los referentes de la ex Comisión Interna, como Bogado, y a los de la actual, como Hermosilla, sino que la persecución se extiende contra los que se solidarizaron con esa lucha, como los referentes estudiantiles y los dirigentes políticos procesados.

Este cuadro de situación le impone a todo el activismo sindical antiburocrático ponerse al frente de la organización y la lucha contra la persecución sindical y la represión del poder judicial, la policía y las patotas.

Un paso adelante en la organización contra la persecución

La persecución y la represión se descargan sobre el activismo independiente que enfrenta a la burocracia en cada sindicato. Esta avanzada capitalista no diferencia gremios ni filiación política. Recae sobre el conjunto del activismo sindical, dirigido por las distintas organizaciones políticas de la izquierda argentina. Esta avanzada requiere, más que nunca, una respuesta unitaria y amplia, pero que no diluya el contenido de clase de esta lucha.

Sobre la base de la creciente represión sobre el activismo sindical, y por iniciativa de los compañeros de la Línea 60, se conformó, en el Hotel Bauen, un encuentro para organizar la lucha contra la persecución sindical. El 31 de octubre se llevó adelante la segunda reunión con la presencia de más de doscientos trabajadores. La característica central fue la participación de una buena parte de los sectores independientes y antiburocráticos (miembros de Seccionales, Cuerpos de Delegados y Juntas Internas). Además, participaron agrupaciones sindicales, antirrepresivas y organizaciones políticas de izquierda. Este encuentro pone de manifiesto, por un lado la imperiosa necesidad de avanzar en la organización y la coordinación para enfrentar los ataques de los capitalistas. También se constituye en una nueva, y valiosa oportunidad, para poner en pie un movimiento sindical independiente basado en la unidad de acción contra la persecución y la represión que se viene descargando sobre la clase trabajadora.

En esta reunión  se resolvió oportunamente conformar una comisión de coordinación que llevará adelante las tareas acordadas, y comenzar una campaña que tiene como norte una movilización para el 23 de noviembre de Congreso a Plaza de Mayo planteando:

No a la criminalización de la protesta social.

Libertad a Oñate, Olivera, Tapia, Claros y Germano, así como a todos los presos por luchar.

Desprocesamiento de los 5.000 luchadores obreros y populares.

Basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan.

Criminalización y patotas

Sobre los trabajadores organizados se abate todo el peso de la represión estatal, utilizando para ello todo su arsenal, con preeminencia de dos modalidades especialmente útiles, porque permiten al gobierno simular que no es de su seno que surgen los ataques.

Por una parte, son crecientes y cada vez más graves los hechos en los que grupos de choque paraestatales, es decir, patotas, generalmente dirigidas por la burocracia sindical, agreden de forma directa a los trabajadores o sus familias. El uso de la patota, tan útil para desligar la responsabilidad del gobierno, no elimina por completo la intervención directa de las fuerzas represivas.

Por la otra, avanza meteóricamente la persecución judicial, con la promoción de infinidad de causas penales ante cualquier medida de lucha. Solamente en la zona norte, por poner un ejemplo, más de un centenar de trabajadores y militantes de organizaciones políticas que apoyan sus reclamos, han sido indagados y procesados por movilizaciones y cortes de la Panamericana. Los juzgados federales de San Isidro, San Martín y Tres de Febrero, y las fiscalías ordinarias de Pacheco, albergan una treintena de causas idénticas, en su armado y objetivos, a las que se apilan en la zona sur, como ocurre en el juzgado federal de Quilmes, “especializado” en perseguir trabajadores ferroviarios. En todas ellas, jueces y fiscales se apoyan en el testimonio de las patronales, de gendarmes y policías, y en tareas de inteligencia destinadas a identificar a los referentes de las luchas, para producir acusaciones que van desde los clásicos, como el “entorpecimiento del tránsito vehicular” o la “interrupción del servicio de transporte ferroviario”, hasta figuras como “extorsión” o “amenaza coactiva”. El uso de tipos penales como la “turbación de la posesión” para castigar la toma de una fábrica, o la “afectación maliciosa del normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios” para criminalizar una huelga con movilización, son buen ejemplo del objetivo de esas persecuciones.

La proliferación de ataques, directos, “tercerizados” o disfrazados de “administración de justicia”, ponen en evidencia de qué manera reaccionan los gobiernos cuando la organización de los trabajadores avanza y los conflictos se multiplican, y exigen, en todavía mayor medida, que redoblemos los esfuerzos para defender a cada represaliado por luchar y al conjunto de la clase trabajadora.

El gobierno va por más represión sobre el pueblo trabajador

Con anuncios de todo tipo en el ámbito represivo, que incluyen nuevas leyes “antiterroristas”, a la medida de lo que exige el imperio, y más policías en la calle para el control social, el gobierno de Cristina Kirchner fortalece su arsenal para seguir reprimiendo al pueblo trabajador.

Cargada agenda represiva del gobierno

Apenas se acallaron los gritos de triunfo tras las elecciones de octubre, el gobierno nacional anunció una batería de medidas en materia represiva que prometen una profundización del ya férreo control social sobre el conjunto de los oprimidos y un recrudecimiento de la persecución a los sectores organizados y más combativos de la clase trabajadora.

Entre las “novedades represivas”, por ejemplo, hay nuevos cuerpos policiales, más grupos de elite, aumento del equipamiento y más presupuesto para las fuerzas de seguridad, lo que indica claramente que el gobierno prevé que necesitará todavía más hombres armados en las calles y con más recursos materiales para controlar y mantener a raya los conflictos crecientes que generará la crisis capitalista, traducida en más miseria para el ya empobrecido pueblo trabajador.

Desde el ministerio de Seguridad, se anunció el Plan de Seguridad Urbana, que va a sacar 1.100 federales más a la calle, aumentando en un 40% de día y un 150% de noche la presencia policial. En materia de nuevos cuerpos, en febrero va a estrenarse la Policía de Prevención Vecinal, que, bajo la máscara de ser “policía de proximidad”,  patrullará cada rincón de los barrios más alejados. 

Hoy, la ciudad de Buenos Aires, está bajo el control territorial de cuatro fuerzas (policía federal, policía metropolitana, prefectura y gendarmería) que suman, entre todas, 18.000 hombres armados en la calle. Hay que agregar a ese número la gran cantidad de vigiladores privados, y, apenas se cruzan el Riachuelo o la Gral. Paz, aparece la policía bonaerense. 

Esas medidas, que se presentan como “respuestas al problema de la inseguridad”, y especialmente la militarización de los barrios impuesta por el kirchnerismo, explican el número, también en ascenso, de los asesinatos con el gatillo fácil y en la tortura, que se acercan a un caso por día(1). Gatillo fácil y tortura son las más extremas herramientas usadas  para ejercer el control social y obstaculizar, a través del miedo, la organización popular. 

Otros anuncios represivos, en cambio, apuntan con claridad a otra vertiente represiva, la que se aplica para disciplinar a militantes y luchadores, como la creación de un cuerpo de elite, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuyo jefe e integrantes trabajarán con reserva de identidad para centralizar y analizar información, es decir, realizar tareas de inteligencia.

Estos dos aspectos fundamentales en el diseño de la política represiva estatal, la “preventiva” del gatillo fácil y la tortura, y la “selectiva” contra los sectores organizados de la clase trabajadora, serán el eje de la convocatoria que, como todos los años, hace la Coordinadora Contra la Represión Policial e  Institucional (CORREPI) a Plaza de Mayo. El 25 de noviembre, bajo la consigna “La fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación”, los compañeros presentarán el Archivo de Casos 2011 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y expondrán su informe anual sobre la situación represiva en Argentina en materia de represión preventiva y selectiva.

Otra ley antiterrorista

Y, aunque el importante avance represivo sobre los trabajadores organizados en forma independiente y antiburocrática demuestra que no son pocas las herramientas de que dispone el gobierno para buscar el disciplinamiento de los que luchan(2), también se provee de más pertrechos para reprimir de la manera que el imperio le exige: creando más leyes que habiliten la represión “legal”, instrumentada, ya no a través de la coerción directa, sino desde los despachos judiciales.

El 13 de octubre, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció en una conferencia de prensa el envío al congreso de un nuevo paquete de leyes para “la prevención, control y castigo del crimen transnacional y el terrorismo”. Inmediatamente después, Alak se reunió con el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y un par de miembros de la comisión de Legislación Penal, para “acordar la estrategia con la que buscarán aprobar los proyectos”. Semejante apuro se explica porque, la misma semana, se había reunido en París el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que intimó al gobierno argentino a resolver de manera inmediata las “deficiencias” legislativas para “adecuar su normativa interna a los más elevados estándares internacionales en materia antiterrorista”. 

El tirón de orejas vino porque el organismo internacional (que sirve para disfrazar la necesidad del imperialismo de contar con un arsenal semejante en todo el mundo para asegurar su dominación, más ahora, que busca subsidiar su propio déficit interno a costa de los países dependientes), considera que no alcanza con la sanción de la media docena de leyes antiterroristas que, como ningún gobierno anterior, logró imponer el kirchnerismo(3), y pide más.

Así, ya está en el congreso, listo para ser votado sin debate alguno, gracias a la mayoría en ambas cámaras que tendrá el oficialismo desde el 10 de diciembre, el proyecto que crea una agravante específica que aumenta notablemente las penas de todo delito que sea cometido “con la finalidad de provocar terror a la población”, expresión que, queda claro, permite cualquier interpretación que resulte necesaria para represaliar absolutamente cualquier cosa.

Otra novedad de los proyectos es que permitirán castigar por igual a individuos o a “personas jurídicas”, lo que habilita a jueces y fiscales a arremeter directamente contra cualquier organización del pueblo trabajador en conjunto, es decir, contra todos sus integrantes, simpatizantes o colaboradores.

La celeridad con que se remitió el nuevo paquete, permitió a los representantes argentinos ir corriendo al GAFI para informar que ya habían hecho los deberes. Y, pocos días después, en Cannes, Cristina Fernández recibió la palmadita de Barack Obama, que la definió como “una gran amiga, no solo mía sino de EEUU”, mientras ella, genuflexa, contestó que era “un honor” reunirse con el presidente del país al que reconoció “un liderazgo mundial, político y económico”. La mejor alumna del imperialismo, ahora con su octava ley antiterrorista.

...

NOTAS:

1) Como denuncia CORREPI en su Archivo de Casos.

2) Ver “Represión y persecución contra el activismo independiente” en este número de ER.

3) En sus 8 años de gobierno, el kirchenrismo sanciónó ya 7 leyes “antiterroristas: Ley  25.765, agosto de 2003, Creación del Fondo Permanente de Recompensas. Ley  25.764, agosto de 2003, Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Leyes 26.023 y 26.024, abril de 2005: Ratifican e incorporan al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (o Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU. Ley  26.087, abril de 2006, modifica el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y da más facultades para la UIF. Ley 26.268, 2007, julio de 2007: Incorpora al Código Penal la “Asociación Ilícita Terrorista”, art. 213 ter y el delito de recolectar o proveer fondos para tales asociaciones, art. 213 quater. Amplía las facultades de la UIF. Ley  26.538, noviembre de 2009, amplía más el Fondo permanente de recompensas. Ley 26.683, junio de 2011, crea más delitos “terroristas” y habilita a la UIF a ser querellante.

Unidad contra la persecución sindical

El encarcelamiento del “Pollo” Sobrero y otros dirigentes opositores del FFCC Sarmiento y el hostigamiento de la patota de la UTA y la patronal contra los trabajadores y delegados de la línea 60, son parte de una escalada represiva contra el activismo independiente y antiburocrático. Extendamos la solidaridad del movimiento obrero y popular contra esta ofensiva del gobierno, las patronales y la burocracia sindical.

La persecución sindical al activismo antiburocrático viene profundizándose aceleradamente.

Ante el protagonismo que viene ocupando la lucha de los trabajadores y el emergente de un nuevo activismo sindical independiente, la respuesta conjunta del gobierno, las patronales y la burocracia sindical es una sola: la persecución y la represión. Constantemente se suceden despidos masivos que tienen como fin deshacerse de potenciales activistas hacía el interior de cada lugar de trabajo. El inicio de causas judiciales contra los delegados antiburocráticos se ha transformado en moneda corriente, con el objetivo de infundir temor entre los trabajadores y desarticular la organización sindical de base, como ocurre en Kraft, en Fate, en el Garrahan, entre otros tantos lugares. Los aprietes y la represión patoteril, como padecieron los delegados de la 60 o, más atrás, los ferroviarios del Roca, la intervención policial, como la que se descargó contra los docentes de Santa Cruz, y las detenciones… son recursos sistemáticos para intentar disciplinar al movimiento antiburocrático de la clase trabajadora.

En este contexto, la detención de Rubén “Pollo” Sobrero y otros cuatro activistas sindicales, al cierre de esta edición, es una afrenta abierta a toda la militancia sindical antiburocrática. Bajo la acusación de “estrago doloso”, “interrupción de las comunicaciones por tierra” y “asociación ilícita”, el gobierno arremete contra uno de los referentes de la lucha contra la burocracia asesina de la verde de Pedraza en el ferrocarril Sarmiento. En un operativo a cargo de la división de delitos federales de la policía, con personal no identificado, se detuvo al dirigente ferroviario, al tiempo que allanaban su vivienda. Rápidamente, el gobierno, en boca de Aníbal Fernández, dio aval oficial, por si hacia falta, al encarcelamiento de los compañeros asegurando que “en el expediente judicial hay elementos más que suficientes para detener por asociación ilícita” y agregando que desde el ejecutivo se habían aportado “pruebas”.  

Ante este hecho, los trabajadores decidieron un paro de actividades durante el día viernes (si bien el servicio fue garantizado por personal jerárquico), concentraciones y la convocatoria a una movilización para el día lunes 3 de octubre.

El encarcelamiento de dirigentes y activistas sindicales no es una novedad bajo el gobierno kirchnerista. Al día de hoy, además de Sobrero y los compañeros de la Bordo, continúan detenidos los petroleros de Las Heras, Oñate y Acosta, y Olivera, del Sitraic. Hace algún tiempo fueron detenidos otros militantes antiburocráticos, como Hospital y Merino del ferrocarril Roca y varios docentes santacruceños en plena lucha.

Este panorama es claramente demostrativo de la política de los capitalistas, apoyándose en el gobierno y en la burocracia sindical, de persecución y represión hacia el conjunto de la clase trabajadora, particularmente sobre su vanguardia.

Es evidente que para enfrentar estos ataques es necesaria la mayor unidad posible de los agrupamientos antiburocráticos, dejando a un lado las especulaciones oportunistas. Existen instancias de coordinación para organizar y encarar la lucha contra la persecución sindical, que es necesario profundizar y extender.

La detención de Sobrero y de los activistas de la Sarmiento no es un hecho aislado, es parte de un plan sistemático que recae sobre el activismo sindical antiburocrático y sobre toda la clase trabajadora. Por lo tanto, esta avanzada represiva requiere de una respuesta unitaria y contundente de todo el movimiento sindical antiburocrático. Es la lucha que hay que organizar.

A un año de su asesinato: Mariano Ferreyra, ¡presente en la lucha del pueblo!

Hace un año ya, el 20 de octubre de 2010, Mariano Ferreyra fue asesinado cuando acompañaba a los tercerizados del ferrocarril Roca en la lucha por el pase a planta. El asesinato a manos de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, realizado con complicidad de la policía que liberó la zona, forma parte de una política oficial del gobierno kirchnerista que trata de aplacar la movilización de los trabajadores y el pueblo por medio de una represión “tercerizada” a manos de patotas, barrabravas y burócratas sindicales.

De esta forma, el gobierno kirchnerista que tanto habla de DDHH, busca disimular su verdadero perfil represivo que ya se cobró la vida de 15 luchadores populares en movilizaciones; que cuenta con el récord de presos políticos desde el 83 hasta la fecha; que hoy mantiene presos a varios luchadores populares como la Gallega, Olivera, Acosta y Oñate; que acaba de mandar a encarcelar a cinco dirigentes antiburocráticos del ferrocarril; que tiene bajo proceso judicial a más de 6.000 activistas obreros y populares; que ataca sistemáticamente a la juventud pobre en los barrios con detenciones arbitrarias y golpizas; y que se cobra la vida de un pibe cada día a través del gatillo fácil y la tortura.

Así, el asesinato de Mariano Ferreyra es representativo del conjunto de la política represiva y antipopular del gobierno kirchnerista. Pero su ejemplo, en cambio, es una guía de acción para todos los que, como él, sostenemos nuestro compromiso de lucha junto a los trabajadores y el pueblo.

Por eso, a un año de su asesinato lo recordamos y seguimos su camino de lucha.

Mariano Ferreyra: ¡PRESENTE!

Libertad y asilo político a Julián Conrado

Hace cuatro meses, el 31 de mayo, Julián Conrado, dirigente revolucionario y cantante colombiano, fue detenido por las fuerzas represivas del estado venezolano, siguiendo al pie de la letra las exigencias de la Interpol y la política yanqui de persecución a los luchadores. En ese momento los funcionarios del gobierno de Hugo Chávez informaron que extraditarían al guerrillero fariano para entregarlo al estado paramilitar de Colombia, hecho que fue repudiado por un amplio arco del activismo popular y de izquierda, incluyendo a varias organizaciones chavistas. Desde entonces el gobierno de Venezuela se ha mantenido en silencio, sin cumplir aún la extradición pero sin liberar a este dirigente político de la izquierda colombiana, y mucho menos asumiendo el amplio reclamo de garantizar su asilo político. Ante esta negativa de Chávez y el peligro aún presente de su extradición se hace imprescindible ampliar la campaña por la libertad de Julián Conrado, para que no haya un nuevo revolucionario entregado a la tortura del estado terrorista colombiano, como sucedió con muchos otros dirigentes y recientemente con Joaquín Pérez Becerra, el director de la agencia de noticias ANNCOL.

Enfrentemos la persecución al activismo sindical

El movimiento independiente de los trabajadores y los delegados antiburocráticos seguimos sufriendo persecuciones y ataques por parte de las patronales y la burocracia sindical. El número de delegados y trabajadores presos, procesados, despedidos, con sumarios, pedidos de desafuero y perseguidos aumenta día tras día. Es preciso organizarse para denunciar y enfrentar esta situación.

Es evidente que el movimiento obrero antiburocrático, aún con su incipiente desarrollo, genera resquemores e incomodidades en sectores de la burguesía y así las patronales, junto a la justicia, actúan tratando de evitar su desarrollo y expansión.

Los petroleros continúan presos

Los trabajadores petroleros de Las Heras, provincia de Santa Cruz, continúan en sus celdas. José Acosta y Víctor Oñate se encuentran detenidos desde el pasado 4 julio por participar de una huelga reclamando aumento salarial y denunciando los despidos y suspensiones que se están efectuando en la planta.

Los compañeros fueron acusados de “amenazas y lesiones” y detenidos en un imponente operativo (sin nada que envidiarle a una dictadura militar) en que la gendarmería se desplazó por todos los barrios, allanando las viviendas y apresando a los trabajadores. Nada sorprendente en la provincia kirchnerista que está militarizada desde 2006 y en donde los presos por el anterior conflicto petrolero también fueron detenidos tras una razzia similar.

El Colón despide a toda la Junta Interna

La persecución al activismo independiente se expresó recientemente en el Teatro Colón. El pasado jueves 25 de septiembre despidieron a los siete miembros de la Junta Interna de ATE y a un Congresal, y fueron sumariados otros diecisiete compañeros, acusados de haber ocasionado pérdidas por la suspensión de varias funciones debido a las huelgas realizadas. Varios de los compañeros encabezaron la antiburocrática Lista Bermellón en ATE y fueron protagonistas de numerosas luchas y procesos de organización en los últimos años con los trabajadores del teatro. La embestida contra el Teatro Colón se viene desarrollando hace tiempo, con vaciamiento económico y reducción de personal. Pero en esta ocasión el avance es directamente contra la organización de los trabajadores, ya que no se pretende despedir a cualquier trabajador, sino a aquellos que son cabeza del proceso de organización, los que dirigen y organizan las asambleas. Aun con esta avanzada escandalosa, la burocracia de Micheli se limitó a declarar un día de huelga testimonial y dio por culminada su intervención. Aunque todos los despedidos tienen fueros gremiales, nada impidió (ninguna de las leyes que supuestamente protegen el derecho de sindicalización de los trabajadores) que la patronal avance con el despido para descabezar esa Junta Interna e intentar amedrentar a aquellos que se organizan contra el gobierno y la burocracia.

Contra los desafueros en FATE

Viendo que en complicidad con los empresarios de FATE, distintas instancias judiciales siguen promoviendo las más insólitas argucias para tratar de desplazar a los representantes gremiales, los trabajadores de la fábrica de neumáticos siguen en lucha. Así, para frenar el proceso de desafuero del delegado Víctor Ottoboni se suceden movilizaciones, asambleas, petitorios y demás formas de intervención, con el apoyo de diversos sectores del pueblo trabajador. Mientras la burocracia de Waseijko y Yasky mira para otro lado, el cuerpo de delegados de FATE ya decidió convocar a un paro en el caso de que se efectivice el despido de su compañero.

Techint y la burocracia contra los activistas

Diecisiete trabajadores tercerizados que habían avanzado en su organización sindical y conseguido mejoras salariales y en las condiciones de trabajo fueron despedidos por la empresa Siderar del Grupo Techint. Los compañeros cumplían funciones de limpieza industrial en la planta de Haedo y algunos tenían más de 15 años de antigüedad. Cuando la empresa, amparada en las condiciones precarias de la tercerización decidió dejar en la calle a los trabajadores, la burocracia de la UOM de Morón no sólo no movió un dedo, sino que salió corriendo para cubrir con su gente los lugares vacantes. Aunque ante el reclamo de los tercerizados la empresa estaban evaluando revisar algunos despidos, lo hacían con la condición de empeorar las condiciones contractuales y excluir a los referentes más activos. Ante semejante atropello, los compañeros decidieron impulsar la lucha y están convocando a desarrollar la organización y la solidaridad con el conflicto.

Estos so sólo algunos de los ejemplos de persecución que se extienden a innumerables casos como los trabajadores del Hospital Garrahan, del frigorífico Río Platense, del ferrocarril, de los call centers, de comercio, entre muchos otros.

La complicidad entre el gobierno, las instituciones del estado, las patronales y la burocracia sindical para perseguir a quienes se organizan de manera independiente es evidente. Pero cuando la persecución judicial no es suficiente para amedrentar a los compañeros y detener la organización antiburocrática, recurren sin más a la represión directa, ya sea en forma tercerizada por medio de las patotas de la burocracia o directamente a través de la represión policial.

Sólo con la organización desde las bases, la movilización permanente y la unidad de todos los delegados antiburocráticos lograremos hacer frente a esta embestida de la triple alianza antiobrera: el gobierno, la patronal y la burocracia.

Cada uno de estos casos es un ataque a la clase obrera en su conjunto. Debemos redoblar los esfuerzos para impedir el avance de las patronales con los despidos, ya que la defensa de nuestros delegados será una conquista de todo el movimiento independiente de los trabajadores.

Editorial: Más represión contra el pueblo trabajador

El kirchnerismo lleva más de ocho años en el gobierno. Ocho años en los cuales se ha multiplicado escandalosamente el patrimonio de funcionarios gubernamentales y sus aliados, como Jaime, De Vido, Schoklender y la propia familia Kirchner… Una extensa lista en la cual deben agregarse, también, los exponentes máximos de la burocracia sindical, como Moyano o Pedraza, que han afianzado su perfil empresarial.

Para los capitalistas, sin dudas, han sido años de jugosas ganancias. Desde la Barrick Gold, hasta las patronales rurales, pasando por Madanes (Aluar y Fate), Rattazzi (Fiat) o Rocca (Techint); desde las PyMEs, hasta las multinacionales como Kraft o General Motors, sin olvidar a los bancos y entidades financieras; todos han tenido y tienen, independientemente de que se ubiquen más o menos cerca del gobierno, motivos de sobra para celebrar con una gestión como la de Cristina Fernández. Es que la política económica y las medidas proempresarias impulsadas por el kirchnerismo han sido la garantía de los millonarios negocios de capitalistas locales y extranjeros. “La Argentina es cada vez mejor negocio” confesó, una vez más, el canciller Timerman en una reunión con la plana mayor de la UIA.

Como contracara de tanta opulencia y de semejantes fortunas, a lo largo y ancho del país, una parte importante del pueblo trabajador continúa hundida en la miseria. La falta de vivienda digna, la situación crítica de los sistemas de salud y educación pública, la extensión de la droga que hace estragos en la juventud trabajadora, los altos niveles de desocupación que aún se mantienen… son parte de la realidad que marca que, bien lejos del discurso y la demagogia oficial, para el pueblo trabajador poco ha cambiado la situación de privaciones y miseria en los últimos años.

Y a todo esto debe agregarse que, durante el gobierno kirchnerista, se ha generalizado, además, como parte de sus políticas proempresarias, la flexibilización laboral: se han extendido el trabajo en negro, la tercerización, la contratación temporaria y por agencia, las extensas jornadas laborales y se han mantenido los salarios deprimidos, en comparación con la sostenida inflación y el costo de la canasta básica.

Ante este escenario, en el cual los empresarios son cada vez más ricos mientras el pueblo trabajador es forzado a conformarse con algunas migajas, el kirchnerismo viene avanzando con más represión. Prueba de esto es, como marcáramos el mes pasado, la militarización que ha desplegado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de generar temor en las barriadas más humildes, saturando las calles con efectivos de Gendarmería y Prefectura.

En este marco, el último mes, entre los casos de gatillo fácil que se suceden a diario, ha habido dos que han trascendido en los medios. No son casos aislados, ni mucho menos: son parte de la represión cotidiana que se descarga sobre el pueblo trabajador para garantizar su disciplinamiento, junto con las torturas en las cárceles y las comisarías y el verdugueo constante de las policías a la juventud en cada barrio.

Por otra parte, en la provincia de Jujuy, una vez más, el kirchnerismo ha respondido con una brutal represión a la organización popular que busca dar solución a las necesidades más elementales, como la vivienda, ante la falta de respuestas de los distintos gobiernos. Como sucediera hace pocos meses en la Formosa del kirchnerista Insfrán o en el Indoamericano, con la represión conjunta de la Federal y la Metropolitana, en la provincia del gobernador kirchnerista, Barrionuevo, la represión a quienes ocupaban las tierras del Ingenio Ledesma para construir viviendas, dejó al menos tres muertos. De esta forma, son ya 15 los asesinados durante los años de gobierno kirchnerista por represión directa contra la protesta social.

Según declaraciones del propio gobernador provincial, en la represión hubo participación directa de personal de seguridad de la empresa Ledesma, propiedad de uno de los grupos empresarios más poderosos del país, con poder casi absoluto en la provincia de Jujuy, y de buena relación con el kirchnerimo en los últimos años. Por otra parte, se evidencia, nuevamente, cómo en estos casos la justicia, las fuerzas represivas y los funcionarios de gobierno actúan rápidamente para defender los intereses de la empresa. Es una demostración más de cómo, en este sistema, el estado está siempre al servicio de los capitalistas.

Por más que insista en pintarse de popular, el kirchnerismo es un gobierno que sólo ha defendido y defenderá los intereses de los empresarios, mientras mantiene en la miseria a los trabajadores y profundiza la represión, con la que sigue matando a los hijos del pueblo.

Jujuy: El gobierno asesina en defensa de los empresarios

El gobierno kirchnerista ya es responsable por 15 asesinatos en la represión a protestas y movilizaciones populares, y seguirá matando, al servicio de los empresarios.

Unas 500 familias sin techo, agotados todos los recursos de reclamo ante el gobierno, ocuparon tierras en Libertador General San Martín, Jujuy. Las 15 hectáreas, suficientes para resolver su problema de vivienda, representan menos de un 0,01% de las 150.000 hectáreas totales que posee la empresa Ledesma en la zona. Semejante “afrenta” a su patrimonio motivó la inmediata denuncia penal por usurpación, seguida, naturalmente, de la no menos inmediata orden de desalojo dictada por el juez y ejecutada por la policía provincial, asistida por el personal de seguridad privada de la empresa.

El operativo chocó con la resistencia de los compañeros, organizados para defenderse con los recursos a su alcance. Después de varias horas de enfrentamiento, la policía y la fuerza de choque de la empresa tomaron el terreno, al costo de sesenta heridos de bala, una docena de detenidos y tres muertos. Apenas unas horas después, los centenares de familias se reorganizaron, regresaron al predio, y lo volvieron a ocupar, duplicando su número inicial.

Las tres muertes, que elevaron a 15 la cantidad de asesinados desde 2003 en la represión a movilizaciones, manifestaciones y ocupaciones, generaron curiosas declaraciones oficiales:

“Como el anterior gobierno en la provincia de Jujuy y en todo caso desde el 2003 en adelante, que hubo una clara manifestación del Gobierno nacional, la Provincia no ha reprimido, como no ha reprimido el Gobierno nacional”, declaró a los medios el mismo día de los hechos Eduardo Fellner, actual candidato a gobernador por el oficialismo, y, por cierto, titular del “anterior gobierno provincial” al que hizo impersonal referencia.

Con la cara más dura que los bastones de su policía, el diputado, elegido por Néstor Kirchner para presidir la cámara, obvió que, cuando él era gobernador, en octubre de 2003, la represión a una masiva movilización en la misma localidad de Libertador General San Martín, abrió la cuenta de los asesinados en la protesta del peronismo kirchnerista. El 10 de octubre de 2003, el fusilado por la policía fue Luis Cuéllar, un muchacho que, junto a varios miles de habitantes del pueblo, que en total suma 40.000, se movilizó a la comisaría para repudiar la muerte en la tortura de Cristian Ibáñez, de 17 años.

En la misma línea, intentando despegar de toda responsabilidad a los mandos políticos de la policía, Jorge Ale, intendente de Libertador General San Martín, cargó contra el juez que ordenó el desalojo a pedido de la empresa azucarera de la familia Blaquier: “La empresa Ledesma hizo la denuncia penal, y el juez lamentablemente dio la orden de desalojo sin ver las consecuencias graves que esto trajo, seguramente va haber un pedido de juicio político a ese juez porque dio la orden y se fue de vacaciones un día antes de la feria”.

Y para completar el cuadro, el concejal del peronista Frente Primero Jujuy, Juan Baigorria, dijo: “Fue un desalojo normal, la policía acudió a este desalojo con los elementos de rigor para este tipo de desalojos, que son los bastones, gases lacrimógenos, cascos, escudos y demás”. Tan normal como los tres asesinatos del Parque Indoamericano o los dos Qom en Formosa, que, con Cuéllar, el docente Carlos Fuentealba, el trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, los manifestantes contra el gatillo fácil Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche) y el militante del PO Mariano Ferreyra, completan esa lista de 15 asesinados por protestar y movilizarse desde el 25 de mayo de 2003.

Tres asesinatos y medio centenar de heridos que muestran cómo se movilizan todos los sectores del aparato estatal en defensa de una gran empresa, dueña, literalmente, de media provincia. Desde la rapidez judicial para recibir la denuncia y ordenar el operativo, hasta la propia actuación de la fuerza de seguridad, para cumplir lo ordenado a sangre y fuego, todo ejemplifica la subordinación del estado a los intereses de los capitalistas, y muestra que, cuanto más grande es el capitalista, más profunda es la sumisión y más ardiente la defensa de sus privilegios. Y en primerísimo lugar, la defensa de su propiedad privada, “vulnerada” por esos centenares de familias sin techo que pretenden construir sus casas, ocupando para ello una fracción infinitesimal del mayor latifundio jujeño.

Como lo vimos en Kraft Foods (ex Terrabusi), cuando el fiscal constituyó su despacho y la policía montó su comisaría, con calabozos y todo, en oficinas de la misma planta, en Libertador Gral. San Martín también la empresa ha sido la que determinó a quién reprimir, dijo cuándo y hasta dónde. Pero ello no exime de responsabilidad al gobierno provincial o al nacional. Por el contrario, la incrementa, al dejar de manifiesto su rol, el único que les importa, de defensores de la propiedad privada, al servicio de los capitalistas.

Aunque para callar los reclamos, el gobernador Walter Barrionuevo remueva al comisario Néstor Vera, encargado del operativo, y haya renunciado “espontáneamente” el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Lavilla, los hechos del 28 de julio en Jujuy ponen en evidencia el carácter antipopular del gobierno, del cual la crisis de vivienda es un emergente, y frente al cual la represión se erige en herramienta para acallar y disciplinar la protesta, el reclamo y la resistencia.

Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los dos muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, Facundo Vargas, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, los Qom y los muertos del Indoamericano. En esta lista se inscriben estas tres nuevas muertes de la represión a los que se organizan para luchar.