El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)
El conflicto entre los empresarios del campo y el gobierno ha sido el hecho político nacional. Intentaron mostrar un antagonismo irreconciliable entre estos dos sectores, argumentando que representan distintos “modelos de país”. Sin embargo, no existe tal antagonismo. Las impresionantes ganancias que disfrutaron y disfrutan los empresarios del campo bajo el gobierno kirchnerista demuestran que todo es ni más ni menos que una disputa de negocios por ver con qué parte de la torta se queda cada uno.
El 11 de marzo, el ministro de economía, Lousteau, salió a hacer público un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Los argumentos que se esgrimieron desde el gobierno fueron que la medida serviría para frenar la inflación y evitar el creciente proceso de “sojización”. Los funcionarios también pusieron todos sus esfuerzos en demostrar que esta medida implicaba, en el fondo, un avance en la redistribución de la riqueza. Por lo bajo, se mencionó que representaría un importante aporte fiscal para mantener el superávit. El ministerio de economía estima que el aumento aportará 1.500 millones de dólares adicionales al fisco.
La respuesta de las cuatro organizaciones que representan a los empresarios del campo (Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina) no se hizo esperar. Señalaron que se estaba poniendo un techo a sus ganancias y que, cuando aumentaran sus costos, trabajarían a perdida. Con el correr de los días, el conflicto fue creciendo con acusaciones cruzadas, cortes de ruta, desabastecimiento y suba (aún más) de los precios de la carne y otros alimentos. Desde el campo, se intentó revivir un supuesto enfrentamiento entre unitarios y federales, acusando al gobierno nacional de querer apoderarse de las riquezas de las provincias. Así, denunciaron los nuevos aumentos en las retenciones como “confiscatorios”.
No se quedaron atrás los funcionarios y aliados del gobierno que, desde diferentes frentes, jugaron su papel. Por un lado, Moyano tomó parte en el conflicto anunciando que su gremio no permitiría que se cortaran las rutas. Por el otro, las denominadas “organizaciones sociales” kirchneristas con D´Elia y Pérsico a la cabeza realizaron un escrache a la Sociedad Rural y se encargaron de correr a la clase media cacerolera porteña de la Plaza de Mayo. No menos confrontativo fue el rol que desempeñaron los ministros Alberto Fernández y Martín Lousteau, que salieron a explicar reiteradamente cómo el campo representaba un modelo de país más excluyente, que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar. “Los invito a dar una vuelta por el conurbano. Saben cómo sería sin las retenciones. El valor que perdería el salario”. De esta forma cínica y sin ningún tipo de vergüenza, Lousteau justificaba la medida como si fuera popular, en beneficio de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad.
Pero más allá de las medidas y las acusaciones cruzadas no existe ninguna diferencia de fondo entre los empresarios del campo y el gobierno. Para demostrar esto están a la vista los números de las extraordinarias ganancias que los ruralistas tuvieron en estos años de mandato kirchnerista. Como bien se lo recordaron el ministro Lousteau y la presidenta Cristina Fernández, esto no se debe únicamente a las extraordinarias condiciones de demanda internacional, sino que también han aportado las políticas activas del gobierno, fundamentalmente el sostenimiento de un tipo de cambio “competitivo” para las exportaciones y los subsidios a los combustibles y los fertilizantes. A esto se suma la superexplotación de los trabajadores rurales: más del 70% está en negro, con pésimos salarios, jornadas de más de diez horas y trabajo temporario y tercerizado, responsabilidad compartida entre el gobierno, los empresarios todos y el burócrata sindical Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, (UATRE) y líder de las 62 Organizaciones. Esto es lo que explica, en palabras del ministro, que cultivar soja sea en Argentina un 15% más rentable que en Brasil, país que no tiene retenciones. También se pueden revisar las páginas de La Nación que, mientras defendía las posiciones de los empresarios del campo, y criticaba al gobierno, una semana antes del anuncio se deshacía en elogios y optimismo al analizar el porvenir para los próximos años, al calor de las ventas en Expoagro que, este año, rondaron los u$s170 millones , un 21% más que el año pasado.
Por lo tanto, la única disputa que existe entre los empresarios del campo y el gobierno es por intentar sacar para sí una mejor tajada, aprovechando este momento de importante demanda y precios altos a nivel mundial. Son una falacia los planteos de que se le saca “al campo” para repartir y redistribuir las riquezas. El superávit fiscal del gobierno (que no está de más repetirlo, es una de las exigencias del FMI) se reserva exclusivamente para el pago de la deuda, los subsidios, los negocios del PJ... Nada de todo esto se traduce en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores.
Lejos está el kirchnerismo de querer modificar el rol de los empresarios del campo en la estructura productiva nacional. Por el contrario, éstos y el gobierno son parte del mismo negocio. “Este es el siglo de los alimentos”, repite orgullosa Cristina Fernández, intentando justificar estratégicamente lo que no es más que la profundización del histórico modelo de atraso y dependencia nacional.
LOS EMPRESARIOS DEL CAMPO
El “paro” patronal y los cortes de ruta fueron organizados conjuntamente por las cuatro organizaciones que representan a los empresarios del campo en Argentina. Así, este conflicto fue protagonizado por el arco capitalista que va desde los grandes terratenientes de la Sociedad Rural, hasta los pequeños y medianos productores de la Federación Agraria Argentina.
Todos insistieron en la heterogeneidad y la diversidad “del campo”. Diversidad sólo de tamaño, pues todos son, en primer lugar, aunque algunos grandes y otros pequeños, capitalistas. En este caso fue la defensa del negocio y del margen de ganancias lo que los impulsó a actuar en forma unitaria. Los pequeños empresarios le dieron al conflicto una cierta legitimidad ante los ojos de una porción de la opinión pública, que difícilmente hubieran podido alcanzar los impresentables de la Sociedad Rural o el “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel. Ni que hablar de las multinacionales que hacen millonarios negocios controlando la exportación y el traslado de los granos, como Cargill, Bunge y Born y Dreyfus, que pasaron completamente desapercibidas a lo largo del debate, al igual que las 5 mil familias que poseen el 50% de la tierra.
Ahora bien, la Federación Agraria representa a los pequeños y medianos propietarios y productores del campo. Esta organización, que tiene un estrecho vínculo con APyME y con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, no es otra cosa que la organización de las PyMEs del campo y, al igual que las pequeñas y medianas empresas industriales o comerciales, son frecuentemente defendidas con el argumento de que contribuyen a la generación de empleo y a una relación más “humanizada” entre los patrones y los trabajadores. Por el contrario, y como hemos desarrollado, las condiciones de trabajo en todas las PyMEs son todavía más duras que en las grandes empresas. Trabajo en negro, jornadas más extensas, mayor dificultad de organización sindical, salarios más bajos... Y todas estas características también están presentes en las pequeñas y medianas empresas del campo, con el agregado de que los trabajadores rurales sufren el trabajo en negro, temporario e infantil, inclusive, con más frecuencia que en la mayoría de los trabajos urbanos(1). Explotación que sostienen el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical encabezada por Gerónimo Venegas.
Todos estos grupos empresarios han aumentado considerablemente sus ganancias en estos últimos años. Los que producen, debido a los altos precios de las materias primas y los que no producen y arriendan sus campos, debido al importante incremento en el precio de la tierra.
En definitiva, este conflicto ha servido para demostrar cómo todos los empresarios rurales explotan a la clase obrera, hecho que se impone por encima de cualquier diferencia en el volumen de sus capitales.
…
NOTAS:
1) La cantidad de trabajadores rurales se estima en 1.300.000 de los cuáles 1.000.000 están en negro. El trabajo temporario afecta a 350.000 obreros. El trabajo infantil, a 400.000 niños.
DE NADA SIRVE
Tanto los representantes del gobierno, como los del empresariado rural hicieron estridentes declaraciones sobre la importancia de resolver el conflicto, para que los alimentos puedan llegar al pueblo. Esto, al mismo tiempo en que tiraban a la basura grandes cantidades de alimentos delante de las cámaras de televisión.
Pues bien. Ya se liberaron las rutas. Los camiones llegan a las principales ciudades del país. Los alimentos ya están en las góndolas. Los socios ya están dialogando.
Sin embargo, de nada sirve. Una buena parte de la clase trabajadora no tiene acceso a esos productos. Menos aún con los durísimos aumentos que experimentaron en estas semanas. Es que los salarios no rinden.
Mientras hay reintegros para los pequeños productores del campo, no hay reintegros, ni compensaciones, ni aumentos salariales, ni nada para los trabajadores.
Los empresarios rurales y los empresarios del gobierno se estrechan las manos y continúan avasallando al pueblo.
LA REPRESIÓN Y LOS MEDIOS
A pesar de los innumerables y prolongados cortes de rutas, el gobierno no se apuró a reprimir a los empresarios del campo. La prensa tampoco se dedicó a quejarse por la violación de las garantías constitucionales que bregan por la libertad de tránsito. Una actitud radicalmente opuesta a la que toman cuando los que salen a la calle son los trabajadores.
Pero hay más. Las fuerzas represivas no sólo no fueron enviadas a desalojar los caminos, sino que además “coordinaron” los cortes con los ruralistas, como bien lo explicaba Alfredo De Angelis, el dirigente entrerriano de la FAA.
Esta decisión política demuestra también que el conflicto se da dentro de la misma clase que maneja el estado: la burguesía. La represión con leyes, palos, gases y balas, la reservan para la clase obrera.
LA NEGOCIACIÓN
El móvil de la pelea entre el gobierno nacional y los empresarios rurales es bien preciso: unos 40.000 millones de pesos anuales, más de un 15% de los recursos fiscales.
Siendo que el origen del conflicto radicaba en un desacuerdo en la porción de las ganancias de las exportaciones que a cada uno le toca, el final de la pelea requería de una mesa de negociación en la que, simplemente, pudieran rehacer las cuentas.
La torta es grande. Por esta razón, y no por otra, la disputa pareció salirse de sus carriles. El interés de cada sector por mantener e incrementar sus ingresos ha agudizado el conflicto, a tal punto, que hasta se han enfrentado, como en Plaza de Mayo, en rutas de Entre Ríos y en intendencias de Santa Fe.
Sin embargo, después de varias semanas de puja, ambas bandas terminaron sentadas y negociando tal y como era de esperarse, tal y como corresponde a buenos socios. Socios porque ante todo son capitalistas explotadores de la clase obrera. Además comparten los principales lineamientos de la política gubernamental, como el pago de la deuda y el alineamiento con la política emanada desde EEUU. Pero también son íntimamente dependientes entre sí. El gobierno encuentra su base económica de financiamiento en la actividad rural y en los altos precios de las materias primas que produce el campo. “El campo”, por su parte, tiene los inmensos márgenes de ganancias actuales gracias a la política de subsidios y sostenimiento del dólar del gobierno hacia el sector.
Paulatinamente fueron morigerando, las acusaciones cruzadas, sin abandonarlas completamente, aunque bajando la intensidad de la artillería verbal. Así, después del lock-out y los cortes de rutas, el gabinete presidencial y la propia Cristina Fernández recibieron, en la casa de gobierno, a quienes, tan sólo unas horas antes, acusaban de golpistas y extorsionadores. Y los ruralistas fueron a dialogar con los que acusan de “confiscadores”.
En los primeros días de las negociaciones, los nuevos acuerdos ya se dejan entrever. Al sostenimiento del tipo de cambio y los subsidios al gasoil, se suman ahora los reintegros al empresariado y la liberación de las exportaciones de carnes y cereales.
De este modo, la pelea entre el gobierno y “el campo” no tardará en mostrar a sus protagonistas fundidos en un abrazo, cada cual con su parte de la torta, teniendo como telón de fondo, los aumentos de precios en alimentos tan básicos como la leche y la carne, que dejan aún más golpeado al pueblo trabajador.
El conflicto entre los empresarios del campo y el gobierno ha sido el hecho político nacional. Intentaron mostrar un antagonismo irreconciliable entre estos dos sectores, argumentando que representan distintos “modelos de país”. Sin embargo, no existe tal antagonismo. Las impresionantes ganancias que disfrutaron y disfrutan los empresarios del campo bajo el gobierno kirchnerista demuestran que todo es ni más ni menos que una disputa de negocios por ver con qué parte de la torta se queda cada uno.
El 11 de marzo, el ministro de economía, Lousteau, salió a hacer público un aumento de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol. Los argumentos que se esgrimieron desde el gobierno fueron que la medida serviría para frenar la inflación y evitar el creciente proceso de “sojización”. Los funcionarios también pusieron todos sus esfuerzos en demostrar que esta medida implicaba, en el fondo, un avance en la redistribución de la riqueza. Por lo bajo, se mencionó que representaría un importante aporte fiscal para mantener el superávit. El ministerio de economía estima que el aumento aportará 1.500 millones de dólares adicionales al fisco.
La respuesta de las cuatro organizaciones que representan a los empresarios del campo (Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria Argentina) no se hizo esperar. Señalaron que se estaba poniendo un techo a sus ganancias y que, cuando aumentaran sus costos, trabajarían a perdida. Con el correr de los días, el conflicto fue creciendo con acusaciones cruzadas, cortes de ruta, desabastecimiento y suba (aún más) de los precios de la carne y otros alimentos. Desde el campo, se intentó revivir un supuesto enfrentamiento entre unitarios y federales, acusando al gobierno nacional de querer apoderarse de las riquezas de las provincias. Así, denunciaron los nuevos aumentos en las retenciones como “confiscatorios”.
No se quedaron atrás los funcionarios y aliados del gobierno que, desde diferentes frentes, jugaron su papel. Por un lado, Moyano tomó parte en el conflicto anunciando que su gremio no permitiría que se cortaran las rutas. Por el otro, las denominadas “organizaciones sociales” kirchneristas con D´Elia y Pérsico a la cabeza realizaron un escrache a la Sociedad Rural y se encargaron de correr a la clase media cacerolera porteña de la Plaza de Mayo. No menos confrontativo fue el rol que desempeñaron los ministros Alberto Fernández y Martín Lousteau, que salieron a explicar reiteradamente cómo el campo representaba un modelo de país más excluyente, que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar. “Los invito a dar una vuelta por el conurbano. Saben cómo sería sin las retenciones. El valor que perdería el salario”. De esta forma cínica y sin ningún tipo de vergüenza, Lousteau justificaba la medida como si fuera popular, en beneficio de los trabajadores. Nada más alejado de la realidad.
Pero más allá de las medidas y las acusaciones cruzadas no existe ninguna diferencia de fondo entre los empresarios del campo y el gobierno. Para demostrar esto están a la vista los números de las extraordinarias ganancias que los ruralistas tuvieron en estos años de mandato kirchnerista. Como bien se lo recordaron el ministro Lousteau y la presidenta Cristina Fernández, esto no se debe únicamente a las extraordinarias condiciones de demanda internacional, sino que también han aportado las políticas activas del gobierno, fundamentalmente el sostenimiento de un tipo de cambio “competitivo” para las exportaciones y los subsidios a los combustibles y los fertilizantes. A esto se suma la superexplotación de los trabajadores rurales: más del 70% está en negro, con pésimos salarios, jornadas de más de diez horas y trabajo temporario y tercerizado, responsabilidad compartida entre el gobierno, los empresarios todos y el burócrata sindical Gerónimo Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, (UATRE) y líder de las 62 Organizaciones. Esto es lo que explica, en palabras del ministro, que cultivar soja sea en Argentina un 15% más rentable que en Brasil, país que no tiene retenciones. También se pueden revisar las páginas de La Nación que, mientras defendía las posiciones de los empresarios del campo, y criticaba al gobierno, una semana antes del anuncio se deshacía en elogios y optimismo al analizar el porvenir para los próximos años, al calor de las ventas en Expoagro que, este año, rondaron los u$s170 millones , un 21% más que el año pasado.
Por lo tanto, la única disputa que existe entre los empresarios del campo y el gobierno es por intentar sacar para sí una mejor tajada, aprovechando este momento de importante demanda y precios altos a nivel mundial. Son una falacia los planteos de que se le saca “al campo” para repartir y redistribuir las riquezas. El superávit fiscal del gobierno (que no está de más repetirlo, es una de las exigencias del FMI) se reserva exclusivamente para el pago de la deuda, los subsidios, los negocios del PJ... Nada de todo esto se traduce en mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores.
Lejos está el kirchnerismo de querer modificar el rol de los empresarios del campo en la estructura productiva nacional. Por el contrario, éstos y el gobierno son parte del mismo negocio. “Este es el siglo de los alimentos”, repite orgullosa Cristina Fernández, intentando justificar estratégicamente lo que no es más que la profundización del histórico modelo de atraso y dependencia nacional.
LOS EMPRESARIOS DEL CAMPO
El “paro” patronal y los cortes de ruta fueron organizados conjuntamente por las cuatro organizaciones que representan a los empresarios del campo en Argentina. Así, este conflicto fue protagonizado por el arco capitalista que va desde los grandes terratenientes de la Sociedad Rural, hasta los pequeños y medianos productores de la Federación Agraria Argentina.
Todos insistieron en la heterogeneidad y la diversidad “del campo”. Diversidad sólo de tamaño, pues todos son, en primer lugar, aunque algunos grandes y otros pequeños, capitalistas. En este caso fue la defensa del negocio y del margen de ganancias lo que los impulsó a actuar en forma unitaria. Los pequeños empresarios le dieron al conflicto una cierta legitimidad ante los ojos de una porción de la opinión pública, que difícilmente hubieran podido alcanzar los impresentables de la Sociedad Rural o el “rey de la soja”, Gustavo Grobocopatel. Ni que hablar de las multinacionales que hacen millonarios negocios controlando la exportación y el traslado de los granos, como Cargill, Bunge y Born y Dreyfus, que pasaron completamente desapercibidas a lo largo del debate, al igual que las 5 mil familias que poseen el 50% de la tierra.
Ahora bien, la Federación Agraria representa a los pequeños y medianos propietarios y productores del campo. Esta organización, que tiene un estrecho vínculo con APyME y con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, no es otra cosa que la organización de las PyMEs del campo y, al igual que las pequeñas y medianas empresas industriales o comerciales, son frecuentemente defendidas con el argumento de que contribuyen a la generación de empleo y a una relación más “humanizada” entre los patrones y los trabajadores. Por el contrario, y como hemos desarrollado, las condiciones de trabajo en todas las PyMEs son todavía más duras que en las grandes empresas. Trabajo en negro, jornadas más extensas, mayor dificultad de organización sindical, salarios más bajos... Y todas estas características también están presentes en las pequeñas y medianas empresas del campo, con el agregado de que los trabajadores rurales sufren el trabajo en negro, temporario e infantil, inclusive, con más frecuencia que en la mayoría de los trabajos urbanos(1). Explotación que sostienen el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical encabezada por Gerónimo Venegas.
Todos estos grupos empresarios han aumentado considerablemente sus ganancias en estos últimos años. Los que producen, debido a los altos precios de las materias primas y los que no producen y arriendan sus campos, debido al importante incremento en el precio de la tierra.
En definitiva, este conflicto ha servido para demostrar cómo todos los empresarios rurales explotan a la clase obrera, hecho que se impone por encima de cualquier diferencia en el volumen de sus capitales.
…
NOTAS:
1) La cantidad de trabajadores rurales se estima en 1.300.000 de los cuáles 1.000.000 están en negro. El trabajo temporario afecta a 350.000 obreros. El trabajo infantil, a 400.000 niños.
DE NADA SIRVE
Tanto los representantes del gobierno, como los del empresariado rural hicieron estridentes declaraciones sobre la importancia de resolver el conflicto, para que los alimentos puedan llegar al pueblo. Esto, al mismo tiempo en que tiraban a la basura grandes cantidades de alimentos delante de las cámaras de televisión.
Pues bien. Ya se liberaron las rutas. Los camiones llegan a las principales ciudades del país. Los alimentos ya están en las góndolas. Los socios ya están dialogando.
Sin embargo, de nada sirve. Una buena parte de la clase trabajadora no tiene acceso a esos productos. Menos aún con los durísimos aumentos que experimentaron en estas semanas. Es que los salarios no rinden.
Mientras hay reintegros para los pequeños productores del campo, no hay reintegros, ni compensaciones, ni aumentos salariales, ni nada para los trabajadores.
Los empresarios rurales y los empresarios del gobierno se estrechan las manos y continúan avasallando al pueblo.
LA REPRESIÓN Y LOS MEDIOS
A pesar de los innumerables y prolongados cortes de rutas, el gobierno no se apuró a reprimir a los empresarios del campo. La prensa tampoco se dedicó a quejarse por la violación de las garantías constitucionales que bregan por la libertad de tránsito. Una actitud radicalmente opuesta a la que toman cuando los que salen a la calle son los trabajadores.
Pero hay más. Las fuerzas represivas no sólo no fueron enviadas a desalojar los caminos, sino que además “coordinaron” los cortes con los ruralistas, como bien lo explicaba Alfredo De Angelis, el dirigente entrerriano de la FAA.
Esta decisión política demuestra también que el conflicto se da dentro de la misma clase que maneja el estado: la burguesía. La represión con leyes, palos, gases y balas, la reservan para la clase obrera.
LA NEGOCIACIÓN
El móvil de la pelea entre el gobierno nacional y los empresarios rurales es bien preciso: unos 40.000 millones de pesos anuales, más de un 15% de los recursos fiscales.
Siendo que el origen del conflicto radicaba en un desacuerdo en la porción de las ganancias de las exportaciones que a cada uno le toca, el final de la pelea requería de una mesa de negociación en la que, simplemente, pudieran rehacer las cuentas.
La torta es grande. Por esta razón, y no por otra, la disputa pareció salirse de sus carriles. El interés de cada sector por mantener e incrementar sus ingresos ha agudizado el conflicto, a tal punto, que hasta se han enfrentado, como en Plaza de Mayo, en rutas de Entre Ríos y en intendencias de Santa Fe.
Sin embargo, después de varias semanas de puja, ambas bandas terminaron sentadas y negociando tal y como era de esperarse, tal y como corresponde a buenos socios. Socios porque ante todo son capitalistas explotadores de la clase obrera. Además comparten los principales lineamientos de la política gubernamental, como el pago de la deuda y el alineamiento con la política emanada desde EEUU. Pero también son íntimamente dependientes entre sí. El gobierno encuentra su base económica de financiamiento en la actividad rural y en los altos precios de las materias primas que produce el campo. “El campo”, por su parte, tiene los inmensos márgenes de ganancias actuales gracias a la política de subsidios y sostenimiento del dólar del gobierno hacia el sector.
Paulatinamente fueron morigerando, las acusaciones cruzadas, sin abandonarlas completamente, aunque bajando la intensidad de la artillería verbal. Así, después del lock-out y los cortes de rutas, el gabinete presidencial y la propia Cristina Fernández recibieron, en la casa de gobierno, a quienes, tan sólo unas horas antes, acusaban de golpistas y extorsionadores. Y los ruralistas fueron a dialogar con los que acusan de “confiscadores”.
En los primeros días de las negociaciones, los nuevos acuerdos ya se dejan entrever. Al sostenimiento del tipo de cambio y los subsidios al gasoil, se suman ahora los reintegros al empresariado y la liberación de las exportaciones de carnes y cereales.
De este modo, la pelea entre el gobierno y “el campo” no tardará en mostrar a sus protagonistas fundidos en un abrazo, cada cual con su parte de la torta, teniendo como telón de fondo, los aumentos de precios en alimentos tan básicos como la leche y la carne, que dejan aún más golpeado al pueblo trabajador.