El Revolucionario Nº37 (Julio de 2008)
Nadie que tenga los pies sobre la tierra puede dudar que la situación de la salud y la educación pública en Argentina es deplorable.
Los edificios de escuelas y hospitales no tienen mantenimiento, los materiales de trabajo escasean, los salarios de docentes y médicos, cuando existen, no son dignos... las partidas presupuestarias son insuficientes.
En Argentina, como en todos los países dependientes, los sucesivos gobiernos vienen implementando políticas de destrucción de estas áreas públicas, acompañadas de un profundizado proceso privatizador.
Toda esta política es ocultada bajo un discurso “progresista”, como acostumbra hacer el kirchnerismo.
Así, consiguió consenso para promulgar la Ley de Financiamiento Educativo argumentando que, paulatinamente, el estado incrementaría este presupuesto ubicándolo en el orden del 6% del PBI en 2010. Más allá de todas las consideraciones y críticas que le caben a dicha ley, un cuestionamiento fundamental es hacia la lógica que sigue el gobierno para financiar la educación pública. La educación queda, de este modo, atada a los vaivenes de la economía. Si el PBI sube, los fondos para educación, también. Pero si baja, el sistema educativo ve recortadas sus partidas presupuestarias.
La misma lógica resurge ahora aplicada a la salud pública. El gobierno hizo mucho ruido con el anuncio de un plan de construcción de hospitales, viviendas y caminos, financiado con las retenciones a las exportaciones. Suponiendo por un momento que una parte de esas retenciones se destine a la mejora del sistema sanitario(1), éste quedaría sujeto a los precios internacionales de los granos que vende el país. La ecuación se repite. Si los precios de los commodities suben, también lo haría la partida para salud. Pero si descienden, el presupuesto sanitario quedaría también reducido.
Pero para colmo de males, nada de esto ocurre. Impensable es para el gobierno destinar a la salud y la educación todos los recursos que se necesiten. Es que bajo el capitalismo, la salud y la educación pública no son rentables, más allá de los negociados en los que participen los funcionarios de turno. Para el gobierno, independientemente de sus discursos, sostener la salud y la educación del pueblo es una pérdida. Por eso garantiza el avance del proceso privatizador en ambas áreas, al tiempo que continúa destruyendo la salud y la educación del pueblo.
…
NOTAS:
1) Ver “Las retenciones ya están distribuidas”, en esta edición.
Nadie que tenga los pies sobre la tierra puede dudar que la situación de la salud y la educación pública en Argentina es deplorable.
Los edificios de escuelas y hospitales no tienen mantenimiento, los materiales de trabajo escasean, los salarios de docentes y médicos, cuando existen, no son dignos... las partidas presupuestarias son insuficientes.
En Argentina, como en todos los países dependientes, los sucesivos gobiernos vienen implementando políticas de destrucción de estas áreas públicas, acompañadas de un profundizado proceso privatizador.
Toda esta política es ocultada bajo un discurso “progresista”, como acostumbra hacer el kirchnerismo.
Así, consiguió consenso para promulgar la Ley de Financiamiento Educativo argumentando que, paulatinamente, el estado incrementaría este presupuesto ubicándolo en el orden del 6% del PBI en 2010. Más allá de todas las consideraciones y críticas que le caben a dicha ley, un cuestionamiento fundamental es hacia la lógica que sigue el gobierno para financiar la educación pública. La educación queda, de este modo, atada a los vaivenes de la economía. Si el PBI sube, los fondos para educación, también. Pero si baja, el sistema educativo ve recortadas sus partidas presupuestarias.
La misma lógica resurge ahora aplicada a la salud pública. El gobierno hizo mucho ruido con el anuncio de un plan de construcción de hospitales, viviendas y caminos, financiado con las retenciones a las exportaciones. Suponiendo por un momento que una parte de esas retenciones se destine a la mejora del sistema sanitario(1), éste quedaría sujeto a los precios internacionales de los granos que vende el país. La ecuación se repite. Si los precios de los commodities suben, también lo haría la partida para salud. Pero si descienden, el presupuesto sanitario quedaría también reducido.
Pero para colmo de males, nada de esto ocurre. Impensable es para el gobierno destinar a la salud y la educación todos los recursos que se necesiten. Es que bajo el capitalismo, la salud y la educación pública no son rentables, más allá de los negociados en los que participen los funcionarios de turno. Para el gobierno, independientemente de sus discursos, sostener la salud y la educación del pueblo es una pérdida. Por eso garantiza el avance del proceso privatizador en ambas áreas, al tiempo que continúa destruyendo la salud y la educación del pueblo.
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NOTAS:
1) Ver “Las retenciones ya están distribuidas”, en esta edición.