El tratamiento del estado y su gobierno frente a los conflictos es diametralmente opuesto según cuál sea la clase social de que se trate.
El Revolucionario Nº36 (Junio de 2008)
Recientemente, en un acto de la UPCN, refiriéndose al conflicto con el campo, la presidenta, Cristina Fernández, destacó la importancia de no reprimir las protestas, “...aunque los que cortan las calles no son desocupados ni trabajadores.”, porque (agregamos nosotros), cuando es así, reprime sin dudar.
En efecto, a pesar de los innumerables y prolongados piquetes, desabastecimiento mediante, el gobierno nacional no reprimió a los empresarios del agro1. De hecho, los dirigentes rurales han remarcado, en más de una ocasión, la actitud “dialoguista” de las fuerzas represivas enviadas a los caminos, incluso ayudándoles a coordinar los cortes. Ello, entre otras cosas, ha servido para demostrar claramente que tal pugna se inscribe dentro de la misma clase gobernante: la burguesía.
Por otro lado, los casos de represión a trabajadores durante el período kirchnerista han sido innumerables a lo largo y ancho del país, bajo distintas modalidades: con militarización como en los casos de las escuelas en Santa Cruz o en el Hospital Francés); con persecución, encarcelamiento y torturas (así fue con los trabajadores petroleros); con represión gubernamental a través de patotas (ejemplo de ello son los casos de los empleados de subte y de la línea 60); con causas judiciales y procesamientos (de ese modo ocurrió, recientemente, en Mafissa); con desalojos (como, hace poco, el de 80 familias en La Matanza); con el gatillo fácil y el hostigamiento diario a la población en cárceles y comisarías... En suma, todas variantes del mismo disciplinamiento social, con el eje puesto en los trabajadores y el pueblo pobre.
Para ilustrar el carácter de clase de la represión estatal, basta uno de los últimos hechos. El 16 de mayo, la presidenta desalojó con gendarmería los piquetes sobre la ruta nacional 11, en Santa Fe. El motivo que suscitó el operativo fue la decisión de los empleados del frigorífico Recreo de cortar la ruta en reclamo de la reincorporación de 70 trabajadores de la empresa, quienes no desarrollan su labor habitual debido a la reducción en las materias primas que recibe la planta. El día anterior, esa misma arteria estratégica de Santa Fe, donde se apostan ruralistas, había sido recorrida sin inconvenientes por el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, realizando varios actos durante la jornada. También, la reciente detención de ruralistas en la localidad de San Pedro y su inmediata liberación contrasta nítidamente con las innumerables detenciones que padece el pueblo llevadas adelante por las fuerzas policiales. El “repudio” del Movimineto Productivo Argentino, la organización que dirige Duhalde, hacia estos actos también grafica esta situación. El ex presidente, el encargado de llevar adelante la represión de 2002, se indigna sólo cuando los perjudicados pertenecen a su clase.
Como vimos, el distinto tratamiento dado por el gobierno hacia los de su clase o hacia los trabajadores y el pueblo pobre, muestra cabalmente lo que decimos: la represión estatal, llamada a conservar las actuales condiciones sociales, está signada siempre por ese carácter de clase del estado. “La represión con leyes, palos, gases y balas la reservan para la clase obrera.”2
Nada menor es el papel de la prensa, que reproduce el imaginario de un gobierno “preocupado por los DDHH” o “reacio a reprimir”, cuando en realidad, ésta es la gestión más represora desde 19833, imagen que es parte necesaria y requisito imprescindible para reprimir más y mejor a los trabajadores y el pueblo, con consenso de la “opinión pública”.
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NOTAS:
1) Similar tratamiento han recibido los ambientalistas de Gualeguaychú, cuya asamblea es motorizada también por los empresarios rurales grandes y medianos del litoral.
2) “La represión y los medios”, en ER Nº34, abril 2008.
3) CORREPI, “Archivo de casos 1983-2007”