El Revolucionario Nº 53 (Diciembre de 2009)

SUMARIO:

-Editorial: La lucha contra la burocracia cobra protagonismo
-Hacia un mayor ajuste sobre el pueblo
-La “reforma política”: nuevas reglas para el juego de la democracia
-Democracia o Revolución
-Deuda externa: y siguen las negociaciones…
-Gira de negocios: la visita de Shimon Peres
-La lucha del subte
-Las luchas de los trabajadores: contra la patronal, el estado y la burocracia sindical
-Moyano mata obreros y ruega a dios
-CTA : Una historia de conciliación y entrega
-La burocracia sindical “progre” de la CTA
-Con el discurso de la “inseguridad”, avanzan con más represión
-Uruguay: Otro gobierno empresarial
-Honduras: Las elecciones democráticas legitiman el golpe cívico-militar
-Obama no va a cerrar Guantánamo
-Desfile de burócratas: Juan Pablo Medina y Enrique Omar Suárez

Editorial: La lucha contra la burocracia cobra protagonismo

Indudablemente, el gobierno de los Kirchner ha logrado contener, e incluso revertir, el ascenso que amagaron sus competidores políticos después de las elecciones legislativas de junio pasado. Con una serie de medidas de claro perfil demagógico, como la ley de medios, la televisación del fútbol o las asignaciones por hijo, el kirchnerismo retomó la iniciativa política ante la postración de sus rivales radicales y peronistas con todas sus variantes incluidas. Tal es así que hasta pudo avanzar con la reubicación de Néstor Kirchner al frente del PJ y la reforma electoral. Aun así, el panorama no augura tranquilidad para el matrimonio presidencial. A partir del 10 de diciembre, se modifica la relación de fuerzas dentro del congreso, que será desfavorable para el oficialismo.
Pero la capacidad de maniobra política que al kirchnerismo le da algunos resultados ante sus adversarios electorales, encuentra serias dificultades frente al surgimiento de una nueva camada de Cuerpos de Delegados y Comisiones Internas que no responde ni al empresariado, ni a la burocracia sindical, ni al propio gobierno “nacional y popular”.
“La punta de ese iceberg cuyas dimensiones reales pocos conocen se pudo ver en los últimos dos meses, en Kraft Terrabusi y en Metrovías. Ayer, los delegados del subte cumplieron con una nueva medida de fuerza, pese a todos los intentos del Gobierno y de la UTA por detenerla, y hoy la comisión interna que venció a los representantes de Rodolfo Daer en la multinacional alimenticia volverá a reclamar la reincorporación de los despedidos ante el ministerio de Trabajo.” (Crítica Digital, 11/11/09) Así se expresan los medios de la burguesía, que demuestra una importante preocupación por la dinámica que adquiere el cuestionamiento de la burocracia sindical y la organización independiente de la clase trabajadora.
A la elección de una Comisión Interna antiburocrática en Kraft, que se mantiene en pie de lucha, al fortalecimiento del Cuerpo de Delegados antiburocrático del subte, que se mantiene en pie de lucha, se suman a la organización y la lucha innumerables delegados que ni el gobierno, con la ley en una mano y la represión en la otra; ni la burocracia, con la patota y el fraude como método; ni la patronal, con las suspensiones y los despidos como mejor arma, pueden controlar. ¡Y eso que sólo el 12% de los establecimientos laborales cuenta con representación sindical!
Es a este sector de los trabajadores, los que no se resignan a ser explotados sin ofrecer resistencia y se disponen a emprender el camino de organización y lucha contra el capitalismo y sus cómplices, a quien la burocracia sindical acusa y calumnia de mil y una formas. “La zurda loca”, “la cuarta internacional,” gritó Juan Belén, el secretario adjunto de la CGT. “Banda de vándalos”, esgrimió Roberto Fernández, el secretario general de la UTA. Por debajo de tanto palabrerío, la burocracia actuaba. La UOM de Córdoba convocaba a un congreso extraordinario para expulsar a delegados antiburocráticos, la patota del SMATA cordobés golpeaba a un delegado opositor por reclamar mejoras salariales, los barrabravas de la UTA pretendían carnerear el paro del subte... Entre tanto, el jefe de la CGT, Hugo Moyano, organizaba el frustrado acto en apoyo de la presidenta Cristina Fernández, contra el “plan desestabilizador” y en defensa del “orden constitucional” y el “proceso democrático”.
La confrontación con la burocracia está abierta. Es una pelea que no podemos eludir los trabajadores para avanzar en la recuperación de los sindicatos y librar la lucha por todas las reivindicaciones postergadas de la clase trabajadora. Es necesario promover delegados en cada lugar de trabajo, construir agrupaciones antiburocráticas, conquistar los Cuerpos de Delegados y las Comisiones Internas para avanzar en el camino de la transformación de los sindicatos en instrumentos de lucha de los trabajadores contra los capitalistas.

Hacia un mayor ajuste sobre el pueblo

La fuerte caída del superávit fiscal impone un período de regularización de las relaciones con los organismos internacionales de crédito para financiar la situación de las cuentas gubernamentales, al tiempo que proyecta una etapa de más ajuste sobre el pueblo trabajador.

El gobierno de los Kirchner hace tiempo viene haciendo malabares para sostener el superávit fiscal para garantizar, con él, el pago de la deuda. Con esta lógica, siempre es prioritario recortar, achicar o desacelerar el llamado gasto público, es decir, las partidas presupuestarias destinadas a áreas como salud o educación o a salarios. Por eso, el incremento del gasto público se redujo un 10% en el último mes. Pero también es necesario procurar el mayor incremento posible de los ingresos. Por eso, la “estatización” de las AFJP, que le posibilitó al gobierno contar con varias decenas de millones extra o el intento de incremento de las retenciones a las exportaciones. Pero, fundamentalmente, el aumento de la recaudación se realiza a través del IVA, que paga todo el pueblo trabajador y hoy constituye el principal aporte a las arcas fiscales, y que crece a medida que crece la inflación. Por lo tanto, se lo mire por donde se lo mire, el sostenimiento del superávit fiscal, bajo estos parámetros y destinado exclusivamente al pago de la deuda, es una política claramente antipopular, que hoy combina ajuste e inflación.
La retracción en la actividad económica y la caída de las exportaciones, tanto en precio como en cantidad, producto de la crisis capitalista, hace peligrar dicho saldo positivo. Concretamente, pone en riesgo la existencia del ahorro para el pago de la deuda. Por eso, el gobierno kirchnerista que, ante todo, se propone seguir pagando una deuda que no es del pueblo, hace lo imposible para revertir la caída del superávit. En los últimos meses se hizo más evidente la situación crítica de las cuentas oficiales. Más del 70% cayó el superávit primario (antes del pago de la deuda) en un año(1) y se prevé que, en relación al PBI, será el más bajo de la era kirchnerista(2). El superávit financiero (después del pago de la deuda) directamente se transformó en déficit(3). Las cuentas del gobierno están en rojo, pese al auxilio cada vez mayor de la ANSeS y el Banco Central. Tan crítica es la situación, que hasta la consultora LCG, que dirige el ex ministro kirchnerista de economía Martín Lousteau, explicó que “tan rápido es el deterioro fiscal que la meta de este año presentada hace un mes en el Presupuesto (un superávit primario de $ 15.320 millones) luce casi inalcanzable”(4).
Esta realidad explica el viraje discursivo del gobierno, que de la “política de desendeudamiento”(5) pasa a la “política de endeudamiento”, vía regularización de la deuda con el Club de París, de la deuda en default y de las relaciones con el FMI(6). Esta es la verdad aunque el ministro de economía, Amado Boudou afirme que “No vamos desesperados al mercado a buscar fondos para financiar la situación fiscal”.
Es claro que para intentar revertir el rojo financiero, el gobierno de los Kirchner no vacilará en profundizar la sumisión a los organismos internacionales, como el ayer tan denostado y hoy tan alabado, FMI, para obtener líneas de crédito que utilizará para repartir entre el empresariado, para financiar su permanente campaña electoral, arrojando algunas dádivas al pueblo, y para garantizar el superávit para seguir pagando los intereses de la deuda.
Con este panorama, el gobierno kirchnerista avanza hacia un período de mayor ajuste sobre el pueblo. Al esquema de congelamiento salarial, ya que los aumentos que puedan conceder en las paritarias serán corroídos por la inflación, se suman la inflación como política oficial, los tarifazos que se vienen y el recorte en áreas tan básicas, como la salud y la educación.
Éste es todo el plan económico del kirchnerismo para 2010: superávit para pagar la deuda, ajuste para el pueblo.
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NOTAS:
1) En octubre de 2008, el superávit fiscal primario fue de $2.508 millones. En octubre de este año, $702 millones. (Fuente: ministerio de economía).
2) El superávit primario rondaría el 0,7% del PBI.
3) El déficit financiero fue de $1.834 millones en octubre y asciende a $6.574 desde enero de 2009. (Fuente: ministerio de economía).
4) Clarín, 01/11/09. Además, LCG estima un resultado primario de $7.000 millones (0,6% del PBI) para este año y un déficit financiero de $18.000 millones.
5) No está de más recordar que durante el “período de desendeudamiento”, que comenzó con el desembolso, en efectivo y por adelantado, de u$s10.000 millones en diciembre de 2005, la deuda pública se incrementó mas de u$s15.000 millones.
6) Ver “Deuda externa: Y siguen las negociaciones…”, en este número.

Desocupación, subocupación y sobreocupación

Que la crisis capitalista golpea con toda su violencia a la clase trabajadora ya es algo fuera de toda discusión. En un año, y siempre considerando los datos expuestos por los propios capitalistas, 300.000 trabajadores pasaron a incrementar las filas de los desocupados. Según el insólito INDEC, la desocupación afecta a 1.500.000 trabajadores(1). Sumando los 2.000.000 de subocupados, por lo menos 3.500.000 trabajadores tienen problemas de empleo.
Mientras una gran parte de la clase trabajadora padece la desocupación y la subocupación, otra importante porción está sobreocupada, es decir, trabaja extensísimas jornadas, incluso mucho más que las ocho horas reglamentadas.
Así, la desocupación, que obliga a los trabajadores a subsistir con limosnas, y la sobreocupación, que les impone dejar la vida en el trabajo, se complementan como las dos caras de una misma moneda bajo este sistema de explotación. Un sistema, del que sólo se benefician los capitalistas y sus socios.
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NOTAS:
1) El INDEC considera desocupado a la persona sin empleo que buscó trabajo durante la última semana. Anteriormente, se consideraba desocupado a quien buscó empleo durante los últimos 30 días. Por lo tanto, la medición oficial siempre, ahora más que antes, subestima la cantidad real de desocupados en el país.

La “reforma política”: nuevas reglas para el juego de la democracia

La sanción en diputados de la “reforma electoral” es un buen ejemplo de para qué y a quién sirve la democracia burguesa. Las reglas del juego van y vienen según las conveniencias, porque eso es la democracia.

Después de una serie de negociaciones para asegurarse los votos necesarios, 136 diputados aprobaron el proyecto oficial de reforma electoral. Los que se alinearon con los 106 integrantes del Frente para la Victoria no fueron los mismos que lo vienen acompañando en votaciones anteriores, como la ley de medios. Esta vez, el apoyo vino de peronistas variopintos (delasotistas, menemistas y pattistas), de partidos provinciales (Movimiento Popular Neuquino, Partido Renovador Salteño, Frente Cívico Catamarqueño) y bloques unipersonales de cobistas, ex ARI, ex UCR, ex PJ y un amplio etcétera. Un total de 25 votos recolectados en un variado espinel de diputados con una sola cosa en común: todos obtuvieron algo que querían a cambio de su “voto positivo”. Un arreglo por medio de fondos para las provincias y otras prebendas que permite ver cómo funciona la “democracia legislativa”. Según lo que haya en debate, y el precio que tenga en el mercado político, se negocia con “progresistas”, con “la derecha” o con los disidentes del propio partido.
El proyecto, detrás de su pomposo título de “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” es, simplemente, un reglamento electoral. Establece quién y cómo puede participar del juego de la democracia, privilegiando claramente la polarización de las estructuras con más aparato. Para que un partido obtenga y conserve la personería jurídico-política, debe afiliar al 4‰ del total de empadronados del distrito(1). Para ser partido nacional, debe mantener esa cantidad de afiliados en cinco distritos.
Una de las novedades es el mecanismo de “elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”. Todos los inscriptos en el padrón electoral deberán votar dos veces en cada elección nacional. Una, para elegir entre los precandidatos de un partido, y, luego, entre los candidatos de cada partido que hayan resultado ganadores en las primarias. Sólo los partidos que obtengan el 1,5% de los votos en las primarias podrán ir a las elecciones generales. Para ser precandidato en las primarias, se deberán presentar avales del 2‰ de los electores del distrito.
Todo el sistema apunta a la concentración en pocos partidos. Los que no se puedan presentar a dos elecciones nacionales consecutivas, los que no alcancen el 2% de votos en dos elecciones seguidas o los que pierdan afiliados por debajo del mínimo, caducarán de oficio, y no podrán reinscribirse con el mismo nombre ni con la misma plataforma por 6 años. Tampoco podrán presentar un listado de nuevos afiliados que contenga más del 50% de los nombres de su anterior inscripción.
El gobierno se aseguró un férreo control de todo el proceso electoral a través de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que organizará las primarias y las generales, manejará la entrega de fondos, la distribución de espacios publicitarios y fiscalizará las empresas de encuestas y sondeos de opinión. El gobierno nacional también controlará el financiamiento de las campañas electorales y de la impresión de boletas, tanto para las primarias como para las generales, con partidas especialmente previstas en la ley de presupuesto de los años electorales, que se distribuirá, la mitad, en forma igualitaria entre todos los inscriptos, y en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior el restante 50%.
Finalmente, se establecen los plazos para la campaña, y se regulan los aportes privados, que no podrán provenir de personas jurídicas. Tampoco se permitirá la contratación privada de propaganda en radio, TV abierta y cable, y se limita la publicidad de actos de gobierno durante la campaña.
Todos los representantes de partidos minoritarios coincidieron en criticar la iniciativa a la que acusan de apuntar a “resolver el liderazgo de los partidos mayoritarios, a rearmar el bipartidismo y a trabar la emergencia de nuevas fuerzas”. En términos casi idénticos salieron al ruedo Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social; Margarita Stolbizer, del GEN; el diputado de la CTA, Claudio Lozano; el senador socialista Rubén Giustiniani y el electo diputado Pino Solanas. La Coalición Cívica, el PRO y la UCR cuestionaron la injerencia del gobierno en la elección de candidatos y la izquierda electoral denunció el riesgo cierto que corre todo el sector de quedar excluido del proceso electoral por no alcanzar los mínimos de afiliados y votos.
Grandes, medianos y chicos; de derecha, centro o izquierda, con variantes de tono, todos dijeron “¡es una ley antidemocrática!”... como si la democracia no fuera, exactamente, esto que vivimos. Un mecanismo de perpetuación del poder de la burguesía, que va cambiando las reglas del juego que ella impone y dirige, según lo que más le conviene a la fracción de turno en el gobierno, según la forma que mejor legitima la dominación. Así es la democracia en un estado burgués. Hoy ponen una regla, mañana la cambian, la reforman y la vuelven a cambiar, en una disputa que sólo interesa a las distintas fracciones de la burguesía que compitan por prevalecer.
…
NOTAS:
1) Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se requieren unos 11.000 afiliados, y en la provincia de Buenos Aires, 42.000.

Democracia o Revolución

En una sociedad dividida en clases, la democracia es la forma política que se da la clase explotadora para ejercer su poder, siempre diseñado para impedir que el poder lo ejerza la clase trabajadora. Dice Lenin en “El estado y la revolución” que “La república democrática es la mejor envoltura política de que puede revestirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar (…) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimenta su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la república democrática burguesa, hace vacilar este Poder.
No es con más o menos “democracia” como la clase trabajadora se librará de la explotación y la opresión. Es bien distinto el camino que deberemos recorrer. Para que una sociedad justa sea posible, es preciso dar impulso a la lucha contra los capitalistas y sus gobiernos. Para ello los trabajadores debemos organizarnos y disponernos a un combate profundo contra el sistema actual. Dar impulso a lucha del pueblo trabajador contra todos los atropellos del capitalismo y, como tarea fundamental, avanzar en la organización revolucionaria que luche por la toma del poder para conquistar un gobierno de los trabajadores, es decir, la construcción del partido revolucionario de la clase trabajadora, por la revolución socialista.

Deuda externa: y siguen las negociaciones…

Sin dificultades, y casi sin trascendencia mediática, el kirchnerismo logró la derogación de la “ley cerrojo” y continúa con las negociaciones para avanzar con los pagos de la deuda externa.

Industriales, banqueros y empresarios rurales esperan con ansia que nuestro país vuelva endeudarse con los principales organismos internacionales. Saben que el endeudamiento del estado nacional, que se traduce siempre en más ajuste para el pueblo trabajador, les permite acceder a crédito barato, garantía de grandes negocios para sus bolsillos. Nada hay de nuevo en todo esto. No puede sorprender que haya sido un trámite para el kirchnerismo la derogación de la “ley cerrojo” en el congreso. La amplia mayoría se pronunció explícitamente a favor de continuar con el pago de la deuda externa. Así lo hizo, por ejemplo, una vez más, el jefe de la UCR Gerardo Morales, que en la misma sintonía que los legisladores kirchneristas, justificó su apoyo diciendo que “es una señal que le va a permitir al estado argentino volver a entrar en el mercado de capitales”. Por su parte, entre los que simbólicamente se opusieron, están los diputados y senadores del “peronismo disidente”. Claro que su oposición no se basó en diferencias con respecto a la necesidad de cumplir con los pagos de la deuda externa. Para que no quedaran dudas, en su intervención, el senador Romero se permitió una chicana, ironizando sobre la retórica anti-FMI del kirchnerismo. “Acabada la expoliación interna del ahorro de los jubilados, reducidas las reservas del BCRA y cuando las retenciones no dan para más, salimos a descubrir que el capitalismo perverso nos puede prestar algo de dinero en los próximos años”, afirmó el ex menemista, hombre experimentado si de entrega se trata.
Los funcionarios kirchneristas continúan con la maratón de reuniones para poder ajustar la letra chica de los próximos acuerdos. El secretario de finanzas, Hernán Lorenzino, viajó a Washington, para ponerse al frente de las negociaciones con el Club de París y con los bancos que negocian la “normalización” de la porción mayoritaria de los bonos en default. Sin problemas, dejando a un lado el discurso de defensor de la soberanía nacional, y justificando su carácter proempresario, confirmó que el pago de la deuda “va a reabrir fuentes de financiamiento genuinas tanto para el sector público como para el privado”. Boudou, entre tanto, se reunió en la última cumbre del G-20, en Escocia, con las autoridades de los distintos organismos internacionales de crédito, para avanzar en el mismo sentido.
Siguen acumulándose los saludos a la decisión argentina de continuar con los pagos. A las felicitaciones que, a través de Hillary Clinton y de Vilma Socorro Martínez, el gobierno de EEUU diera el mes pasado, se sumó el gesto de aprobación del gobierno español. Después de una reunión con Cristina Fernández, en la cual se discutieron negocios varios, como los de Repsol y Marsans, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, anunció que “España está dispuesta a acompañar a la Argentina en sus negociaciones con el Club de París para que logre un buen acuerdo”.
De esta forma, los empresarios locales y sus representantes políticos, los organismos internacionales y los gobernantes de las “grandes potencias”, sacan cuentas sobre la parte del negocio con la cual se quedará cada uno. Todo, claro, a costa de la explotación y el mayor ajuste que continuará recayendo sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Gira de negocios: la visita de Shimon Peres

Protagonista de la política del estado sionista de Israel desde hace más de 50 años y responsable directo, desde sus múltiples cargos públicos, de la sostenida masacre del pueblo palestino, Shimon Peres, presidente de su país desde 2007, visitó Argentina. Empresarios y políticos argentinos hicieron cola para cerrar sus negocios con el genocida, muchos vinculados con la “seguridad”.

Ni bien aterrizó el Tango 02, enviado a Brasil para traer al presidente de Israel a Buenos Aires, la comitiva completa fue a la mansión del petrolero Carlos Bulgheroni, en Barrio Norte. Allí esperaban un selecto grupo de empresarios y varios equipos especiales de la policía federal. La empresa de Bulgheroni, que ya hace buenos negocios con los gobiernos de Turkmenistán, Afganistán y Pakistán, ahora aspira a construir un gasoducto en Tel Aviv. Por eso, tuvo el honor del primer turno con Peres.
La gira siguió con un desayuno en la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, junto a Cristina Kirchner, y con el seminario “Oportunidad de Negocios, Comercio e Inversiones entre Argentina e Israel”, en la Cancillería, donde ejecutivos de las empresas Telmex, Telefónica, Motorola, Minetti, Techint, Peugeot y Aeropuertos Argentina 2000, entre otros, confraternizaron con los 38 empresarios israelíes de diversos rubros (riego, control de aguas, seguridad, tecnología medicinal, hospitalaria, comunicaciones y radarización) que acompañaron a su presidente.
Peres destacó el “potencial” del intercambio bilateral con Argentina, que actualmente asciende a u$s300 millones, y reclamó que el congreso argentino ratifique el Tratado de Libre Comercio que Israel firmó con el Mercosur hace dos años.
Después de una nueva ronda en la Unión Industrial de la Pcia. de Buenos Aires, la cena fue en el Abasto, organizada por Eduardo Elsztain, dueño de IRSA (negocios inmobiliarios y shoppings) y vicepresidente del Banco Hipotecario. Con toda la manzana cerrada, se reunieron a escuchar tango y discutir negocios Aldo Donzis y Agustín Zbar de la DAIA, la embajadora yanqui Vilma Martínez, e innumerables empresarios (Werthein, Khafif (Raghsa), Mindlin (Pampa Energía), Goldfarg (Diarco), Eskenazi (YPF), Wengrover (Sica) y Rosenthal, entre otros). Alguien dijo: “Aquí está gran parte del PBI de la Argentina”. Había también políticos, como los macristas Santilli y Majdalani, el ex kirchnerista Kravetz, Telerman, Filmus y Patricia Bullrich.
No es de extrañar que el presidente del país guerrerista fuera recibido con todos los honores por el gobierno argentino, ni que los empresarios israelíes se entendieran con los locales sin necesidad de intérpretes. Todos hablan el común lenguaje de los negocios, y sólo piensan en aumentar sus ganancias.

Exportando terrorismo

Los empresarios israelíes han sabido aprovechar la larga experiencia de décadas de terrorismo de estado, ocupación de territorios y masacre del pueblo palestino. Israel es el 10º proveedor mundial de armamento y exporta el 80% de su producción. De sus 450 empresas bélicas y de seguridad, unas 300 venden al extranjero, y están desarrollando una estrategia de expansión, dirigida tanto a los estados y sus fuerzas de seguridad, como a particulares.
Las empresas israelíes intervienen en operaciones contra las FARC en Colombia y asesoran al peruano Alan García; exportan aviones y lanchas no tripuladas, vehículos blindados, satélites militares, municiones, y sistemas de defensa antimisiles, de reconocimiento de voz, de videolocalización, de procesamiento de imágenes, y sensores de distancia; y aportan tecnología de seguridad al Palacio de Buckingham, al Vaticano, a la Torre Eiffel, a los aeropuertos de Nueva York y Londres…
Negocios para ellos y más represión para los pueblos del mundo entero.

La lucha del subte

Los trabajadores del subte luchan por quitarse de encima el peso muerto de lo más rancio de la burocracia sindical: la UTA, que hoy dirige Roberto Fernández. Se enfrentan directamente a la patronal de Metrovías y al gobierno nacional de los Kirchner. Todos, empresa, gobierno y burocracia, se niegan a reconocer la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que fue avalada por la inmensa mayoría de los trabajadores del subterráneo.

Los trabajadores del subte vienen desarrollando una de las más valiosas experiencias de organización y lucha de la clase obrera argentina en los últimos años. Una lucha con varios frentes: la empresa(1), el gobierno, la burocracia(2) y los medios de comunicación. Esta lucha les ha permitido conquistar un Cuerpo de Delegados antiburocrático, que no se alinea con las direcciones burocráticas de la CGT y la CTA; la reducción de la jornada laboral a seis horas; sucesivos aumentos salariales y el pase a convenio de trabajadores tercerizados, entre otras conquistas.
Sin embargo, la conquista más importante de los trabajadores del subte es la independencia política, es decir, la no sujeción ni de su organización, ni de su lucha, a los intereses o a la situación del gobierno de turno, de la burocracia o de la empresa.
Independencia del estado, del gobierno, de la burocracia y, por supuesto, de la patronal. Sin dudas, la independencia de clase es el logro más valioso y el ejemplo que debe ser expandido hacia el conjunto de la clase trabajadora argentina.

La propuesta del gobierno
Con la liberación de los molinetes, el trabajo a reglamento, las movilizaciones y los paros, los trabajadores lograron que Carlos Tomada, que sistemáticamente se dedicó a condenar la lucha, ofreciera el “tutelaje ministerial”. Tras un paro total de 24 hs. y la decisión de convocar a una huelga de 48 hs., el ministerio de trabajo se vio obligado a instrumentar el reconocimiento de la legitimidad de los delegados ante la empresa y el gobierno, con la correspondiente validación de los fueros sindicales, y la anulación del descuento compulsivo del 1% implementado por la burocracia de la UTA y Metrovías. Podríamos decir, que el conflicto se encuentra en una especie de transición, que, si el Cuerpo de Delegados se fortalece y la lucha no cesa, se encaminaría hacia el otorgamiento de la inscripción gremial.
La propuesta del gobierno, que los medios se apresuraron en calificar falsamente como la solución del conflicto, posee varias aristas. El gobierno oficia de equilibrista. Por un lado, representa un avance parcial de los trabajadores, pero no se orienta contra la burocracia de la UTA, a quien se propone garantizarle, de alguna manera, el “aporte solidario”. Pero, fundamentalmente, la propuesta oficial es concebida como una maniobra para “ganar” tiempo mientras apuesta al desgaste y al quiebre de la lucha de los trabajadores. Con estas medidas, el gobierno de los Kirchner dilata el conflicto para no satisfacer el reclamo de la inmensa mayoría de los trabajadores: el reconocimiento, la inscripción y la personería de la AGTSyP. Por lo tanto, es necesario no bajar los brazos, no confiar en las promesas del ministro y estar preparados para continuar la lucha hasta satisfacer plenamente el reclamo obrero.

Una lucha con varios frentes
El gobierno kirchnerista, como fiel representante de los intereses del empresariado de Metrovías, se resiste con uñas y dientes a entregarle la inscripción y la personería gremial a la AGTSyP.
Por lo demás, ha recurrido a variados artilugios para doblegar la lucha de los trabajadores del subte. Horas antes del paro de principios de noviembre, el gobierno declaró “esencial” el servicio del subterráneo para intentar quebrar la huelga, presionando para poner en funcionamiento algunas formaciones. Esta maniobra de último momento fue acompañada por la infaltable presencia policial, que tuvo como objetivo intimidar a los trabajadores.
Pero ni la ley, ni la amenaza de represión pudieron con la decisión de garantizar el paro cortando las vías e impidiendo que el personal jerárquico y los carneros rompan la huelga. El paro se llevó adelante tal y como se lo propusieron los trabajadores.
La burocracia sindical de la UTA desempeña un papel fundamental. Juega abiertamente para derrotar la lucha de los trabajadores, corroborando su rol de agente de los capitalistas entre la clase obrera: desprestigia, persigue, amenaza, proscribe y reprime a los trabajadores y a sus familias. ¡Estaba dispuesta a convocar a un paro de colectiveros si el ministerio otorgaba la inscripción al nuevo sindicato!
La burocracia tampoco quiere dar el brazo a torcer. Defiende sus propios intereses y no está dispuesta a resignar un sector tan importante como el del subterráneo. “Lo que están haciendo es una agresión al sindicato legítimo, una extorsión a las autoridades y un ataque a todos los usuarios, como también a los trabajadores que somos rehenes de esta banda de vándalos”, se queja Roberto Fernández, lleno de impotencia ante un conflicto que no controla.
Además de tener que lidiar contra el gobierno, la empresa y la burocracia, los trabajadores deben contrarrestar, también, a los medios de comunicación.
Para los medios, por ejemplo, el paro es sinónimo de “caos vehicular”, la lucha es una “interna gremial”, y los delegados son “ex delegados”. Los usuarios son “rehenes” y, por lo tanto, los trabajadores, delincuentes. Aún más. La patota sindical es presentada como “los trabajadores de la UTA que quieren trabajar”. Y las manipulaciones y las mentiras siguen.
El rol de los medios de comunicación es claro. Al no poder ocultar ni silenciar un conflicto tan importante como el del subte, recurren a todo su arsenal para erigirse como la voz de la empresa, el gobierno y la burocracia sindical.

La lucha debe continuar
La lucha por el reconocimiento de la AGTSyP debe continuar. La experiencia de las luchas de los trabajadores del subte es una demostración más que contundente de que la clase trabajadora organizada con independencia de clase, con delegados que sólo responden a los trabajadores y con la lucha como único camino cierto, puede imponerse sobre cualquier patronal, sobre cualquier gobierno y sobre cualquier burocracia.
La lucha por el reconocimiento de la AGTSyP no es sólo una lucha por la democracia sindical. Es un importante paso en la lucha contra los capitalistas y sus socios. Es una lucha para avanzar en las conquistas de la clase trabajadora. Si logra imponerse la voluntad de los trabajadores del subte, será inestimable el impulso y los nuevos bríos que alentarán las luchas que está protagonizando la clase trabajadora.
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NOTAS:
1) Metrovías pertenece a Benito Roggio. Su grupo empresarial opera en los rubros de: construcción (Benito Roggio e Hijos), transporte (Metrovías, Ugofe, Ferrometro, SOE, Empresa Mixta de Transporte Rosario, Benito Roggio Ferroindustrial, y VíaQuatro), ingeniería ambiental (Cliba), servicios sanitarios (Aguas Cordobesas), entretenimiento y turismo (CET y Sierras Hotel), tecnología e informática (Grupo Prominente), concesiones viales (Coviares, Covisur, Puentes del Litoral y Tapé Porá). Además, se ha expandido hacia Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.
2) La UTA (CGT) pasó de las manos de Juan Manuel Palacios a las de Roberto Fernández (Ver “Desfile de burócratas”, en: http://elrevolucionario-otr.blogspot.com).


Contrastes

El de la burocracia sindical y el de los trabajadores clasistas son dos mundos antagónicos. Sólo dos ejemplos vinculados al subte.
El reclamo por el reconocimiento de la AGTSyP, avalada por la aplastante mayoría de los trabajadores del subterráneo lleva ya tiempo y cuenta con varias medidas de fuerza en su haber. Sin embargo, aún no hay respuesta oficial. El hijo de Moyano, Facundo, en tiempo record obtuvo el reconocimiento de su sindicato de peajes, sin aval de ningún trabajador y sin ninguna medida de fuerza mediante.
La burocracia sindical se financia, entre innumerables negociados, con el descuento compulsivo aplicado a los trabajadores, estén afiliados o no. La AGTSyP se financia con el aporte voluntario y consciente de sus afiliados hacia su organización sindical, recaudado por los propios trabajadores.
Dos realidades irreconciliables.

Las luchas de los trabajadores: contra la patronal, el estado y la burocracia sindical

Con la lucha de los trabajadores de Kraft y el subte a la cabeza, se desarrollan varios conflictos. Muchos de ellos expresan el descontento y el enfrentamiento a la burocracia sindical y la confianza en la organización independiente de los trabajadores.

Tras la elección de la nueva Comisión Interna, que se impuso sobre la burocracia de Rodolfo Daer y sobre el sector que firmó el acta avalando 53 despedidos, los trabajadores de Kraft continúan la lucha por la reincorporación de todos los despedidos.
La empresa pretende seguir avanzando sobre los trabajadores. A tres días de firmada el acta suspendió a 36 obreros y, más recientemente, convirtió ocho suspensiones en cesantías, rompiendo, así, el acuerdo rubricado en septiembre. Apuesta al desgaste y la extorsión hacia los despedidos, ya que no paga un solo peso hace meses y, periódicamente, ofrece indemnizaciones para que se bajen del reclamo. Entre tanto, el gobierno mantiene la policía dentro de la planta alimentaria de General Pacheco.
Para efectivizar el reclamo de “ningún despido en Kraft”, los trabajadores retomaron la lucha con una movilización al ministerio de trabajo, un corte de la avenida 9 de Julio y un corte de la ruta Panamericana. Este, junto a la lucha dentro de la planta, es el camino a seguir.
Por su parte, los trabajadores de la educación en la ciudad y la provincia de Buenos Aires (en coincidencia con los estatales bonaerenses), duplicaron la lucha y realizaron un paro de 48hs. en cada distrito, por salario y mayor presupuesto para la educación pública. La política antieducativa de los respectivos gobiernos es más que evidente. Basta con visitar un puñado de escuelas. Basta con observar la improvisación absoluta que los lleva a modificar constantemente las leyes educativas, como ocurre ahora con la implementación de la “nueva secundaria”, también avalada por la burocracia sindical, que apoya todas y cada una de las leyes gubernamentales en materia educativa, y no sólo educativa...
El rol de la burocracia es claro: jugar a favor de los gobiernos de turno. La conducción de la UTE, dirigida por Eduardo López, parece que recién ahora se “acuerda” que los salarios son insuficientes, al igual que las partidas presupuestarias. La UTE utiliza la lucha docente, con paros con un alto nivel de adhesión, para denunciar, únicamente, al macrismo, sin decir una sola palabra acerca del rol del kirchnerismo en la destrucción de la escuela pública y jugando a favor del gobierno nacional en sus disputas con la ciudad.
La burocracia del SUTEBA de Roberto Baradel, que avala el saqueo de los fondos de la caja jubilatoria, se monta sobre la presión y la predisposición a la lucha de una buena parte de la docencia bonaerense. El objetivo que viene a desempeñar esta burocracia es el de conducir y dilatar el conflicto hasta el año próximo, llevándolo a una negociación y un acuerdo que, siempre, termina siendo desfavorable para los trabajadores de la educación, como ocurrió a comienzos de este año, cuando firmaron un precario 9% de aumento salarial, manteniendo las cifras en negro, cuando la inflación estimada oscila el 20%.
En Tucumán, los trabajadores de la salud, organizados con independencia de la burocracia de ATSA, votaron aceptar la propuesta del gobierno que incluye un aumento salarial, el pase a planta transitoria de los monotributistas y a planta permanente de los transitorios. La propuesta oficial no se hubiese conseguido sin la larga lucha que protagonizaron los trabajadores de la salud, que resistieron la represión policial y patoteril y la militarización de los hospitales. Queda en pie, ahora, el reclamo por el pago de los días de huelga.
En Córdoba, trabajadores del SMATA y de la UOM, junto a otras organizaciones, se movilizan en repudio a la persecución y a las expulsiones sindicales de delegados opositores a las burocracias de Omar Dragún y Augusto Varas.
En la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores de los supermercados Coto están movilizados contra el fraude en las elecciones sindicales, en las que dos tercios de los empleados no pudieron votar, previa suspensión y posterior paliza y detención de un delegado opositor.
Así, las luchas de los trabajadores continúan su marcha con el impulso que les imprimen los ejemplos del subte y Kraft.

Moyano mata obreros y ruega a dios

Mientras el burócrata Hugo Moyano viaja al Vaticano con la presidenta, y reza por un aumento, un obrero de la construcción murió en una obra suya, dirigida, además, por su esposa.

Otra vez, un obrero de la construcción murió debido a la falta de condiciones de seguridad en su trabajo. Caero Roberto Céspedes, de 35 años, murió al caer al vacío con un montacargas desde un octavo piso. Otro trabajador, de 25 años, resultó herido. Ambos trabajaban en la acelerada construcción de un sanatorio de la Obra Social de Camioneros, en el edificio antes ocupado por el Sanatorio Antártida. Después de su quiebra, los 14 pisos fueron disputados por dos amigos del gobierno: la Asociación Madres de Plaza de Mayo y el Sindicato de Camioneros, que ganó la puja por módicos $5 millones.
La constructora ACONRA SA, de la mujer de Moyano, ya había sido denunciada dos veces por las irregularidades de la obra, agravadas por el ritmo infernal de trabajo. Es que el jefe de la CGT está apurado. Quiere que la presidenta anuncie la inauguración de su nueva clínica privada el 15 de diciembre, en el acto del Día del Camionero, en Vélez.
La burocracia de la UOCRA hizo fuertes acusaciones contra Moyano, aprovechando para cobrarse viejas disputas, como la de agosto de 1996, cuando se enfrentaron a tiros con el saldo de 7 heridos de bala en Ezeiza; el 17 de octubre de 2006 en San Vicente o el 14 de mayo de 2008, en el estadio de Almagro, con 13 heridos, y, como siempre, tarde, después de la muerte. Nunca una medida de fuerza para evitarla ni para repudiarla.
Mientras tanto, el camionero y empresario de la salud, dijo “ojalá los trabajadores reciban a fin de año una suma adicional”. Y agregó: “Ahora que voy a Roma [con la presidenta] puedo aprovechar a pedirle a Dios y al Papa a ver si podemos lograr algo”.

CTA : Una historia de conciliación y entrega

Desde sus comienzos, la CTA se ha conformado como una organización que participa en las disputas de los partidos del sistema apoyando a unos u otros según la coyuntura y como una variante “progresista” de la burocracia sindical argentina.

La CTA nació a principios de los ’90. En esos años distintas figuras, muchas provenientes del PJ, se fueron distanciando del gobierno de Menem. Así, en el parlamento, antiguos correligionarios del riojano, como Chacho Álvarez, se rejuntaban en el “grupo de los ocho” con la participación de otros diputados, como Juan Pablo Cafiero o Germán Abdala, dirigente de ATE. En esa sintonía, y con la participación de éste último, algunos sectores del sindicalismo (también con fuerte presencia peronista) se reagrupaban en lo que primero habría de llamarse “congreso” y años más tarde “central” de los trabajadores argentinos, la CTA.
Su construcción estuvo sostenida (como aún hoy) en los gremios de estatales y docentes, cuyas figuras más importantes, además de Abdala, eran Víctor de Genaro (ATE) y Mary Sánchez (CTERA). Y al igual que por esos años lo haría el MTA de Hugo Moyano, la CTA se plantaba enfrentar al “neoliberalismo” menemista y profundizar la democracia.
Desde los inicios, en la CTA se planteó, no sólo ser un pretendido “nuevo modelo sindical”, sino, además, desarrollar un movimiento político. En concordancia con ello, la “central” tuvo una activa participación en la política nacional, encolumnándose, orgánicamente o a través de sus máximos referentes, en varios de los proyectos de gobierno que ha tenido la burguesía en este tiempo.
Por esa razón, el tipo y el peso de las medidas pretendidamente “sindicales” o “sociales” que ha realizado la CTA (movilizaciones, paros… y sobre todo “treguas”) siempre han estado atados al ritmo de la política nacional, en particular a su expectativa en los sectores que consideran más progresistas del capitalismo argentino. Esto ha llevado a la CTA a reiterar un círculo vicioso: primero: apoyo y trabajo de campaña a favor de un candidato burgués “renovador”; luego: compromiso de paz social en los primeros años de ese mandato; más tarde: distanciamiento del gobierno tras comprobar (una vez más!) que es un gobierno antipopular; y finalmente, otra vez la búsqueda de algún candidato del capitalismo “progresista” para brindarle su apoyo.
Así, desde los ’90, la CTA acompañó tozudamente la carrera de Chacho Álvarez, apoyándolo en la fórmula con Bordón en 1995 y luego en la Alianza con De la Rúa, en 1999. Fue en esa época que se ganaron el mote de “piqueteros blandos” cuando el máximo dirigente de desocupados de la CTA, el por entonces concejal del Frepaso Luis D’Elía (acompañado por Alderete, su par de la CCC-PCR), atacaba sistemáticamente las luchas piqueteras (catalogadas de “duras” por los medios y el gobierno). En ese marco, una de sus máximas figuras de entonces, la dirigente de CTERA y prontamente diputada por la Alianza, Marta Maffei, usaba la carpa blanca como trampolín de campaña reclamando que a Menem lo “castiguen con el voto” a favor de De la Rúa (luego acabaría por correrse de la política tras los escándalos por corrupción).
En el gobierno de la Alianza se sucedieron la masacre del puente de Corrientes, el descuento del 13% a los estatales y la llegada de figuras como López Murphy y Cavallo. La CTA lo defendió un tiempo y luego se apartó, siguiendo al renunciante Chacho Álvarez. No hacía más que oler lo que se venía, aunque adoptara la más tibia de las posiciones. Así, mientras el gobierno de De la Rúa caía frente a las movilizaciones y enfrentamientos de 2001, la CTA impulsaba una “campaña de firmas” contra la pobreza, y el 19 y 20 de diciembre le ordenaba a sus militantes no salir a la calle para evitar las supuestas “provocaciones”.
También en sus intentos de recomposición, en el período 2001-2003, la burguesía argentina contó con la colaboración de los figurones de la CTA, que no sólo se despegaron de las luchas populares (apostando a la estabilización y criticando por su “metodología” a quienes luchaban), sino que acompañaron los embates gubernamentales. Vale recordar, como ejemplo, que cuando el gobierno de Duhalde apostó fuerte a la represión para tratar de poner un dique de contención frente a la movilización popular, lo que llevó al asesinato de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002, en el puente Pueyrredón, fue justamente la CTA, por boca de D’Elía, la que abonó la teoría oficial de que se trataba de una interna entre piqueteros, limpiando de responsabilidad a Duhalde y sus fuerzas represivas y poniendo en el banquillo de los acusados a los desocupados.
Para las elecciones de 2003, el desconcierto los llevó a diferencias internas. La discusión, por supuesto, no contraponía independencia de los trabajadores vs. apoyo a los partidos patronales, sino que consistía, simplemente, en diferencias sobre a cuál de los partidos antiobreros habrían de apoyar. Unos, con D’Elía y Depetri a la cabeza, promovían el apoyo a Kirchner, por entonces el delfín de Duhalde. Otros, principalmente desde la CTERA, brindaban su apoyo al ARI de Elisa Carrió.
Entonces ganaron los primeros. Barrios de Pie, el grupo de Tumini y Ceballos que había entrado a la CTA y armado la juventud, fue uno de los primeros en dar una vuelta de 180º pasando de la condena al gobierno “duhaldista” de Kirchner a su fervorosa defensa. La simpatía con algunas medidas kirchneristas y la promesa gubernamental, siempre incumplida, de que atendería el reclamo de personería gremial para la CTA, hicieron que la central de De Genaro otorgue una tregua al nuevo gobierno, que prácticamente se ha extendido hasta ahora.
Desde entonces la CTA ha negado sistemáticamente la represión, y, cuando no pudo taparla, se la adjudicó siempre con exclusividad a los gobiernos provinciales, como sucedió con el caso del docente neuquino Carlos Fuentealba. En realidad todos los reclamos y las eventuales movilizaciones fueron dirigidas a los gobiernos locales o provinciales, evitando siempre la presencia en la Plaza de Mayo y la crítica al gobierno nacional.
Como sea, su disyuntiva se mantuvo siempre entre los partidos proempresariales. Intentaron nuevamente organizarse sin los Kirchner junto a parte del radicalismo (Stolbitzer), el ARI, los socialistas y otros (desde el PC hasta la monja Pelloni) en un fracasado “Encuentro de Rosario” en 2005, y volvieron a esta iniciativa en la medida en que el kirchnerismo se fue agotando, dando impulso a la “constituyente social” y algunas movilizaciones (como la “marcha contra el hambre”).
De todas formas, si bien declararon su independencia de los Kirchner, la orientación kirchnerista de la CTA ha sido clara durante todo este período, en que junto a la tregua, muchos de sus dirigentes dieron apoyos explícitos al gobierno, se integraron en sus listas electorales y participaron fuertemente de sus iniciativas políticas (como en Carta Abierta). La proclamación del ultrakirchnerista Hugo Yasky como secretario general de la central en 2006 es expresión de esa orientación.
Hoy, tras seis años de gobierno y de tregua de la CTA, con el desgaste del propio gobierno y la comprobación por parte de la CTA que no obtendrá nada de él, importantes sectores de la central se están orientando, una vez más, hacia otro proyecto patronal. Esta orientación ya se evidenció en las ultimas elecciones en donde, si bien varios dirigentes de la central siguieron junto al kirchnerismo, otros están ubicados junto a Sabatella, Pino Solanas y el PS. La segunda edición de la “constituyente social”, realizada el mes pasado en Neuquén, es la expresión de esta aspiración. Sus actuales voceros más importantes, De Genaro y Lozano, son explícitos al plantear que lo que buscan es una nueva fórmula para intentar alcanzar el sillón presidencial.
Con la puesta en funcionamiento de la “constituyente social”, desde la CTA aspiran conformar esa organización política que, como De Genaro lo ha reclamado tantas veces, siga el ejemplo del PT brasileño. Ya estuvieron con el Frepaso, con la Alianza, con Ibarra, con el kirchnerismo, con el PS… Ahora, será una nueva versión de su anhelado proyecto de capitalismo progresista que tantas penurias ha dado al pueblo trabajador.

La burocracia sindical “progre” de la CTA

La pretendida “central alternativa”, con personajes como Yasky, Wasiejko, Basteiro, Micheli o Baradel, ha dado sobradas muestras de subordinación a los gobiernos capitalistas y de entrega de las luchas de los trabajadores.

La burocracia no es solamente un grupo de ladrones que se han convertido en empresarios a merced del movimiento obrero. Ésa, en todo caso, es una de las facetas de la burocracia más importante que hay en nuestro país, que es la burocracia empresarial de la CGT.
Pero más allá de que pueda ser o no ladrón, empresario o político patronal, el burócrata es quien se erige como “representante” de los trabajadores, pero no lo hace dispuesto a defender en forma incondicional esos intereses, sino que pone por delante los del régimen, del sistema social actual, donde quienes mandan son los empresarios, los banqueros, los políticos patronales.
Lo hace convocando a confiar en las instituciones de la democracia, cuyas leyes y jueces benefician siempre antes a los patrones que a los trabajadores, aceptando las leyes antiobreras (flexibilización, conciliación obligatoria…), o llamando a confiar en los gobiernos de turno. Así, cuando asume un nuevo gobierno, los burócratas de la CTA plantean que no es hora de luchar, porque “hay que darle tiempo”. Cuando los capitalistas nos llevan a la crisis económica, los burócratas dicen que “no es momento” de reclamar, permitiendo que la crisis recaiga sobre los trabajadores. Cuando el desprestigio de los gobiernos da lugar a la lucha popular, ellos reclaman “cordura” y se pronuncian “en defensa de las instituciones”. Y cuando distintas fracciones de la burguesía se disputan el control de los negocios, nos exigen que no reclamemos lo nuestro para “no hacerle el juego” a tal o cual sector (sea “el campo”, Clarín, “la derecha” o cualquier otro).
Ésa es la dinámica permanente de la burocracia de la CTA. Por eso, los veremos siempre llamar a confiar en la democracia y salir a apoyar a tal o cual candidato… y los veremos también condenar y enfrentar las luchas independientes de los trabajadores, acusándolos por ser intransigentes o por apelar a los métodos de lucha del movimiento obrero.
El silencio es una de sus herramientas más habituales. Cuando los trabajadores logran organizarse en forma independiente y llevan adelante luchas de importancia, los burócratas de la CTA, optan, casi siempre, por callarse la boca, los ignoran y le mezquinan su apoyo. Habitualmente es preciso que un conflicto pase a primera plana, que por su fuerza se transforme en un problema nacional, para que los hombres de De Genaro den su respaldo verbal a una lucha obrera independiente. Ni que hablar entonces de ayudar con recursos a sostener una lucha…y mucho menos a hacerse parte de ella. Esta central “progre” ha evitado sistemáticamente convocar a huelgas o luchas por solidaridad con los reclamos centrales del movimiento sindical (póngase por caso Kraft o Subte) y es casi inimaginable esperar de ella el llamado a un paro general por más que lo amerite la situación.
Su rol de agente del gobierno y las patronales se evidencia en los sindicatos que tienen a cargo. Los casos se repiten donde hay organización y lucha independiente. Así, en la fábrica de neumáticos FATE, la experiencia de lucha y confrontación contra las patronales y la evidencia del lugar de conciliador y entregador de las conquistas del secretario general del SUTNA, Pedro Wasiejko(1), ha convertido a este dirigente de la CTA en una de las figuras más odiadas en la fábrica. En contraposición, la dirección de la central ha premiado a este burócrata ubicándolo no sólo como secretario adjunto de la CTA, sino además, como la figura que debe promover la organización sindical en los gremios privados para toda la CTA. Ariel Basteiro, entre los aeronáuticos, ha encauzado las luchas siempre supeditándolas a algún sector capitalista. Últimamente, apoyando al gobierno en su disputa contra el grupo Marsans en Aerolíneas Argentinas. Por eso, también fue premiado por el kirchnerismo con un asiento en el directorio de la compañía.
Situaciones similares se dan en los gremios de estatales donde sus dirigentes ofician de voceros del gobierno reclamando el fin de las luchas o desestimándolas (recuérdese el boicot de Micheli a la lucha del Garrahan, o las maniobras para evitar los paros de Baradel y Nenna, dirigentes de la docencia en la provincia y la ciudad de Bs. As. respectivamente). Y si bien tienen menos experiencia que la burocracia cegetista, éstos tampoco escatiman en patoteadas, maniobras y fraudes, que van desde el uso de la FTV y Barrios de Pie como fuerza de choque para garantizar los actos gubernamentales (como se hizo evidente en Tucumán y en Rosario) hasta el robo de las elecciones cuando gana la oposición, como sucedió en la seccional La Plata del SUTEBA.
En fin, como es evidente, la CTA es, al igual que la CGT, una organización burocrática que se preocupa por intervenir en las internas de la burguesía (promoviendo a tal o cual partido) pero que frena y enfrenta las luchas de los trabajadores cuando éstas adquieren un perfil independiente. Por eso, los trabajadores no podemos esperar nada de las direcciones burocráticas de la CGT y la CTA. En nada nos cambia que una se diga peronista y otra “independiente”, una vertical y otra “democrática”, una oficialista y otra “progresista”, pues ambas se oponen al desarrollo de la lucha independiente de los trabajadores y, en cambio, apuestan al sostenimiento de los diferentes gobiernos patronales. Es fundamental tener esto presente, en momentos en que muchos dirigentes de la CTA se van despegando del gobierno y pretenden presentarse como una alternativa de lucha para los trabajadores, opuesta a la CGT.
Lejos de seguir a estas direcciones propatronales, los trabajadores tenemos la urgente tarea de organizarnos y disputar los ámbitos de organización del movimiento obrero: cuerpos de delegados, comisiones internas, seccionales y sindicatos, más allá de que estos puedan estar bajo la órbita de una u otra central. El desarrollo de esta tarea fundamental nos permitirá ir forjando un movimiento clasista que, en vez de subordinarse a los intereses de la burguesía, como promueven la CGT y la CTA, impulse la organización y lucha independiente de la clase trabajadora.
…
NOTAS:
1) Para ver más sobre el carácter burocrático de De Genaro, Lozano, Vasiejko, Nenna, Baradel, Micheli, Piccinini y demás burócratas ceteatistas, remítase a nuestra sección “Desfile de burócratas” disponible en: http://elrevolucionario-otr.blogspot.com.

Con el discurso de la “inseguridad”, avanzan con más represión

En las últimas semanas se mantuvo en aumento el debate sobre la “inseguridad”. Casi de forma exclusiva en todos los medios de comunicación se repitieron las noticias de robos y asesinatos y se avanzó de diversas maneras sobre el mismo pedido: más represión.

No hay nada de nuevo en la insistencia de parte de los grandes medios de comunicación y los principales políticos patronales sobre el tema de la “inseguridad”. Desde la apología de la “mano dura” y del “meter bala” de los Ruckauf y los Rico, hasta las marchas de Juan Carlos Blumberg, se ha expandido, tanto desde los sectores más reaccionarios, como desde el “progresismo”, la búsqueda de una salida al “problema del delito”. Y el denominador común es el pedido de mayor presencia policial, el endurecimiento de las leyes para perseguir a los delincuentes, la mano dura… En definitiva, el pedido de mayor represión.
Aprovechando el reclamo a gritos de parte de algunos famosos del espectáculo, los funcionarios y dirigentes kirchneristas volvieron a jugar uno de los roles que más les gusta: el de pintarse de defensores de los derechos humanos, impulsores del diálogo y del garantismo. D’Elia y Zaffaroni, cada uno desde lo suyo, salieron a defender al gobierno, buscando distanciarse de los que piden “más represión”. El juez de la corte suprema, junto con su colega Carmen Argibay, disparó contra “los grandes medios de comunicación”, asegurando que se exageran las noticias sobre la inseguridad y la participación de los menores en el delito. Por su parte, D’Elia se centró en el debate con Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand, a los que acusó de “hablar a sueldo de la derecha” y de querer “la vuelta de los militares”. Coincidentemente, la presidenta, Cristina Fernández, parafraseando el discurso que su marido diera al asumir, replicó que “hay que desistir de algunas acciones que le costaron mucho al país. Creo en orden pero no a los palos”.
De esta forma, una vez más, el kirchnerismo busca enfrentarse discursivamente con los sectores más abiertamente reaccionarios e intenta mostrarse como algo distinto a éstos, insistiendo con el libreto que tanto le ha servido desde 2003. Es el mismo discurso que le ha permitido profundizar la represión en todos sus niveles, al tiempo que se llenaba (y se llena) la boca hablando de derechos humanos y garantías para los más desprotegidos.
La realidad que se vive a diario en cualquier barriada del país o a la que han tenido que enfrentarse una y otra vez los trabajadores y las organizaciones populares que no se han arrodillado frente al gobierno no dejan lugar al debate. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ha sido considerable el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad. No sólo ha crecido el número de policías en las calles, sino también el de la gendarmería cumpliendo tareas policiales, como sucede en varios barrios del conurbano. Como no podría ser de otra manera, de la mano de esta mayor presencia policial, que el “gobierno de los DDHH” ha puesto en las calles y en los barrios, han aumentado las detenciones arbitrarias, los fusilamientos por gatillo fácil, las torturas y las golpizas en cárceles y comisarías(1). También ha aumentado, como lo venimos señalando, el crimen organizado (narcotráfico, prostitución, bandas de piratas del asfalto) en el cual las distintas fuerzas represivas tienen un rol protagónico.
En pocas palabras, más allá de su retórica derecho-humanística, el kirchnerismo ha profundizado la represión con respecto a los gobiernos anteriores, tanto con el desarrollo de la legislación represiva (que van, en un amplio abanico, desde la leyes Blumberg hasta la última ley anti-terrorista, pasando por la baja de la edad de imputabilidad de los menores) como, y fundamentalmente, con un notable incremento de las personas que han sido asesinadas a manos de la fuerzas represivas del estado.
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NOTAS:
1) El 20 de noviembre, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) presentó, en un acto en Plaza de Mayo, el Archivo de Personas Asesinadas por el Estado. Contabiliza 1.323 personas asesinadas por las fuerzas represivas desde el 25 de mayo de 2003 hasta la actualidad. El 84%, víctimas del gatillo fácil y de la tortura en cárceles y comisarías.

Su salida es más represión
En esta sociedad, en la que todo es organizado por parte de la burguesía en función de la obtención de mayores ganancias, y en la que, para ello, arroja a una amplia parte del pueblo trabajador a la desocupación y a la miseria más extrema, no existe solución para el problema de la “inseguridad”. Empresarios, funcionarios o figuras del espectáculo se muestran indignados al ser ellos o alguno de los suyos víctimas de la descomposición social que ellos mismos generan, a través del sistema del cual se benefician a diario. La superexplotación, el hacinamiento en barrios sin ningún tipo de servicio elemental, la imposición de trabajar extensas jornadas casi a cambio de nada, son la contracara necesaria de sus mansiones, el lujo de sus autos y su vida sin preocupaciones. De la misma manera que la droga, que de forma oportunista suelen denunciar como un “flagelo”, es política de su clase, para mantener sojuzgada a una parte importante del pueblo.No hay, pues, solución alguna para el problema de la “inseguridad” en el marco del sistema capitalista, es decir, mientras se sostenga una sociedad dividida en clases sociales. La única alternativa que los empresarios y sus defensores tienen al alcance de la mano es la que han venido aplicando y que procurarán profundizar: la represión.

Uruguay: Otro gobierno empresarial

El recambio presidencial en Uruguay, con la continuidad del Frente Amplio, promete seguir gobernando para la burguesía, sin ninguna esperanza de cambio para el pueblo trabajador.

En 2004, el Frente Amplio ganó las elecciones en Uruguay. Prácticamente, todas las agrupaciones que lo componían se definían “de izquierda”, y, una buena parte, “marxistas”. El frente se caracterizaba como “una fuerza política socialista, antioligárquica y antiimperialista”. Pero durante la campaña fue visible el esfuerzo para moderar el tono y desprenderse de esa definición. Así se veía en las intervenciones de Tabaré Vázquez, donde prometía “una mayor sensibilidad para pensar en la sociedad, una mejor gestión del Estado para fortalecerlo como factor de democracia, inclusión social y desarrollo productivo; una mayor transparencia, eficiencia y proximidad al ciudadano; en fin, un mejor relacionamiento con la sociedad”.
El anuncio de que Danilo Astori, un economista “progresista”, confiable para los empresarios, sería su ministro de economía, fue toda una señal de que las esperanzas en el gobierno “socialista” se verían frustradas. Al mismo tiempo, mejoró la performance de Tabaré en las encuestas, y ganó la presidencia. Una de sus primeras medidas fue aumentar los impuestos, cuando lo prometido era la reducción, hasta eliminarlos, del IVA y del impuesto a las retribuciones personales.
Cuando se conformó, en 1971, el frente proponía, como primeras medidas de gobierno: “cuatro pilares del proceso transformador: a) Reforma Agraria; b) Nacionalización de la banca privada; c) Nacionalización de los principales rubros del comercio exterior; d) Enérgica acción industrial del Estado, incluyendo la nacionalización de la industria frigorífica”. Bien lejos, el gobierno de Tabaré se centró en el aumento del PBI y del superávit, para cumplir los convenios firmados con el FMI. No hubo ninguna nacionalización, ni reforma agraria, y sí, en cambio, el pago compulsivo de la deuda externa.
Bien atrás, quedó el proclamado antiimperialismo. Tabaré autorizó la participación de militares uruguayos en las operaciones conjuntas, UNITAS; mandó tropas a Haití, para colaborar con los yanquis en la ocupación de la isla; firmó un acuerdo bilateral con Bush y recibió su visita con satisfacción; y mandó reprimir a los manifestantes antiimperialistas, a los que acusaron de “sedición”.
No es muy diferente el panorama que se abre con el nuevo triunfo frenteamplista. Mujica se ha cansado de garantizar que ningún empresario tiene motivos para preocuparse porque él administre el estado. Su vicepresidente, Danilo Astori, seguirá conduciendo la economía, porque “No hay que andar toqueteando, debemos cuidar aquello que ha andado tan bien”. En la misma línea, anticipó que convocaría a un “pacto nacional” y daría cargos en el gabinete a blancos y colorados.
Pese a algunas iniciativas efectistas, como la entrega de netbook a los alumnos, no ha cambiado, ni cambiará con el nuevo gobierno, la situación de los trabajadores en Uruguay. El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Alfonso Varela, dijo: “Tenemos tranquilidad y confianza en lo que podría ser un gobierno comandado por Mujica”. Su par de la Cámara de Industrias, Javier Carrau, lo explicó mejor: “No tenemos temores, (…) luego de llegar al poder Lula hizo un giro importante en su forma de ser y de actuar, y también en la conducción de la economía. Y Mujica nombra constantemente a Lula como ejemplo. Ojalá continúe su línea”. Además de los elogios, el jefe de los empresarios marcó sus exigencias: “El FA debe darse cuenta de que la industria (…) tiene algo fundamental que es su rentabilidad”. Y reclamó que se mantenga “un ambiente propicio para la inversión extranjera”.
Rentabilidad empresarial y continuidad de la dependencia, a costa del pueblo trabajador. Es el único destino posible para los gobiernos “capitalistas de izquierda”.

Honduras: Las elecciones democráticas legitiman el golpe cívico-militar

Después de algo más de cuatro meses del golpe de estado que expulsó a Manuel Zelaya e impuso a Roberto Micheletti, como representante del gobierno cívico-militar, la burguesía hondureña, con el ahora explícito apoyo norteamericano, ha legitimado el golpe por la vía electoral.

Con el país ocupado por las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad de Honduras, más la presencia de, al menos, 800 uniformados estadounidenses, se desarrollaron las elecciones para catapultar a la presidencia del país caribeño a un nuevo representante de la burguesía de Honduras(1).
Estas elecciones han sido repudiadas por una parte importante del pueblo hondureño, que tuvo que concurrir a las urnas a punta de fusil, para “elegir” a tal o cual candidato empresarial. El altísimo nivel de abstencionismo y la represión, que dejó varios heridos y detenidos, fue el telón de fondo de la “fiesta de la democracia”. El gobierno del saliente Micheletti no ha hecho más que prepararse para este momento, reprimiendo al pueblo que resistió el golpe y buscando apoyos en la comunidad internacional.
En este plano, el rol del gobierno del “Nobel de la Paz”, Barack Obama, fue determinante. EEUU estuvo detrás del golpe y al frente de la convocatoria democrática, que contó con el aval de varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Costa Rica y Panamá. Si bien, primero intentó ocultar su mano en la implementación del golpe de estado, rápidamente, EEUU se ubicó, a cara descubierta y con el pedido explícito del sector zelayista, como el garante principal de la transición democrática. Para más evidencias, con el fin de contener y reprimir las movilizaciones contra el gobierno de Micheletti, la gestión “pacifista” de Obama proveyó de tanquetas hidrantes y gases lacrimógenos al gobierno de facto, por 1.000.000 de dólares.
El golpe se consumó, las elecciones se realizaron y un nuevo gobierno capitalista se erige en Honduras para proseguir con la explotación de los trabajadores, la profundización de la dependencia del país y la represión sobre el conjunto del pueblo. Poco y nada cambia para el pueblo trabajador que gobierne Micheletti del Partido Liberal (PL), Porfirio Lobo del Partido Nacional, Elvin Santos (PL) o, incluso, el derrocado Zelaya (PL). La dictadura (militar o cívico-militar) y la democracia son dos de las formas que puede adoptar la dominación de los capitalistas sobre la clase trabajadora. Asistimos a la transición de una hacia otra, con el costosísimo saldo de la represión gubernamental sobre los trabajadores y el pueblo.
…
NOTAS:
1) Al cierre de esta edición se realizaba el conteo de votos, con ventaja para el candidato Porfirio Lobo.

Obama no va a cerrar Guantánamo

Barack Obama se aseguró aplausos en todo el mundo cuando firmó un decreto que ordenaba cerrar la cárcel de Guantánamo. Poco después, mientras anunciaba el incremento de tropas en Afganistán, confesó que no cerraría la prisión con mayor índice de “suicidios” del mundo. Obama se justificó: “las cosas en Washington se mueven más lentamente de lo que él había calculado”.
Ni siquiera se avanzó en la legalización de los prisioneros, secuestrados en todo el mundo, retenidos sin acusaciones conocidas ni derecho a defensa. Más de 200 presos políticos, definidos como “sospechosos de terrorismo”, sobreviven sometidos a técnicas de privación sensorial, encapuchados y hasta con sus manos enguantadas para impedirles usar el tacto, mientras los especialistas de la CIA usa el waterboarding (submarino) y otras formas de tortura, en sus diarios interrogatorios. Y esas atrocidades son, apenas, lo poco que trasciende.
Mientras tanto, Obama evalúa alternativas, como acuerdos para enviarlos a terceros países (a cárceles como la de Abu Graib) o a prisiones especiales en territorio yanqui, como el Centro Thompson, a unos 200 kilómetros de Chicago, que se construyó en 2001.
Otra “solución”, propuesta por el fiscal general, Eric Holder, es categorizar a los presos como “combatientes enemigos”, sobre la base del derecho vigente en tiempos de guerra, y encerrarlos de forma indefinida, sin ser juzgados.

Desfile de burócratas: Juan Pablo Medina y Enrique Omar Suárez

En esta oportunidad, dos exponentes de la patota sindical. Juan Pablo Medina, recordado por la balacera de la quinta de San Vicente y Enrique Omar Suárez, recordado por la represión a los trabajadores del casino flotante. Dos burócratas que no reparan en nada a la hora de entregar a los trabajadores atados de pies y manos a la patronal.
Juan Pablo MedinaJuan Pablo “El Pata” Medina es el secretario general de la seccional La Plata, Berisso y Ensenada de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), desde 1997.
Medina se define como “peronista de nacimiento”. Es un hombre muy vinculado al aparato duhaldista. De hecho, movilizó su tropa cada vez que el caudillo bonaerense se lo requirió. Su fervor duhaldista, sin embargo, no le impidió hacer campaña para el actual intendente de La Plata, Pablo Bruera, de extracción kirchnerista. Medina puso a sus muchachos en la calle con la promesa de que “pronto recibirían una recompensa”.
Este burócrata controla el sindicato con mano de hierro. Aprietes, persecuciones y represión son una constante en el área de influencia de Medina. Los matones de “El Pata” recorren a diario las obras de La Plata en busca de negocios para realizar con los empresarios del sector, y, también, para amedrentar a los trabajadores. Haces pocos meses, unos cien matones, incluyendo varios barras de Estudiantes y Cambaceres, le propinaron una fuerte paliza a siete obreros municipales que realizaban una obra de entubamiento en Ensenada. Las huestes de la UOCRA estaban dirigidas por Cristian Medina, hijo de “El Pata” y secretario de organización y asuntos gremiales de la seccional platense. Ésta es la metodología con la que busca perpetuarse al frente de la seccional y ahogar cualquier brote de rebeldía, por pequeño que sea.
Medina participó en todos y cada uno de los enfrentamientos en los que intervino la UOCRA. En 1996, tomó parte activa en la balacera desatada entre las bandas del sindicato de los albañiles y el de los camioneros, en el marco de la reunión del comité confederal de la CGT, realizada en el camping del sindicato de comercio. Un mes más tarde, volvieron a enfrentarse a tiros en un acto frente a la aduana. En 2006, cuando el traslado de los restos de Perón a la quinta de San Vicente, la patota de UOCRA La Plata, con Medina a la cabeza, intentó ocupar por la fuerza las inmediaciones del palco de oradores, donde ya estaban apostados los camioneros de Moyano. El enfrentamiento duró varias horas e incluyó varios disparos de armas de fuego.
Mientras este burócrata sigue recibiendo “recompensas” por los servicios prestados a políticos y empresarios, los trabajadores de la construcción ven deteriorarse aún más sus salarios de hambre y sus precarias condiciones laborales. Los trabajadores de la construcción son quienes encuentran la muerte con más frecuencia en sus puestos de trabajo, debido a la hiperexplotación del empresariado, que cuenta, por supuesto, con la complicidad de gentes como Medina.
Por todo esto, Juan Pablo “El Pata” Medina es un fiel exponente de la burocracia sindical.

Enrique Omar SuárezEnrique Omar “Caballo” Suárez es el secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), desde 1992. Además, ocupa una vocalía titular en el consejo directivo de la CGT.
Suárez ascendió dentro del SOMU siendo chofer y guardaespaldas del anterior burócrata, Juan Arce, hasta que decidió hacerse del gremio por la fuerza para desplazar a su padrino. Ocupó las instalaciones del SOMU, al frente de una nutrida y bien armada patota y al grito de “el SOMU es de Rico y de Seineldín”. Es que entre sus muchachos se encontraban algunos carapintadas como el “Indio” Castillo y Osvaldo Forese.
Defendió las políticas antiobreras que el gobierno de Menem lanzó contra los trabajadores. Así fue como miró para otro lado cuando el riojano desguazó la flota mercante, arrojando a miles de trabajadores marítimos a la desocupación.
Este burócrata posee una estancia en Puerto Madryn de 17.000 hectáreas que tiene, entre otras comodidades, servicio de DirectTV e internet, bodega para alimentos y vinos, un galpón para guardar varias lanchas de pesca, cuatriciclos, y dos camiones Unimog y, por supuesto, vista al mar para el avistaje de ballenas.
Como muchos, se reconvirtió al kirchnerismo y no dudó en “apoyar activamente el proyecto de desarrollo que impulsa el presidente Néstor Kirchner”.
Entre las muchas amistades de Suárez, se encuentra el empresario Adolfo Navajas Artaza (dueño, entre otras empresas, de “Las Marías” y ministro de bienestar social y gobernador de Corrientes durante la dictadura militar), quien lo promovió como intendente de Monte Caseros; y Alejandro Bulgheroni, quien le obsequió un buque que será utilizado “para la capacitación de los trabajadores del sector”. En el acto de entrega, Suárez declaró: “este es un signo evidente de que es posible sostener una relación de mutua colaboración entre las empresas y los trabajadores”. Las palabras del burócrata fueron aplaudidas por el jefe del estado mayor general de la armada, almirante Jorge Godoy, el titular de la cámara naviera argentina, Jorge Álvarez, y representantes de las cámaras empresariales y de la prefectura naval.
Junto a Kirchner y al empresario Cristóbal López, Suárez intervino de lleno en el conflicto del casino flotante: lanzó una feroz persecución sobre los trabajadores, que culminó con la intervención de la patota del SOMU. Varios trabajadores fueron golpeados por la gente de Suárez y, además, reprimidos y detenidos por prefectura. “No niego que gente del SOMU haya cometido agresiones, pero ocurre que estos muchachos hacen asamblea cada dos horas e insultan a nuestra organización y al dueño de la firma”, justificó el burócrata.
Hasta aquí, el prontuario de un verdadero enemigo de la clase trabajadora y amigo del empresariado y los gobiernos peronistas.