La sanción en diputados de la “reforma electoral” es un buen ejemplo de para qué y a quién sirve la democracia burguesa. Las reglas del juego van y vienen según las conveniencias, porque eso es la democracia.
Después de una serie de negociaciones para asegurarse los votos necesarios, 136 diputados aprobaron el proyecto oficial de reforma electoral. Los que se alinearon con los 106 integrantes del Frente para la Victoria no fueron los mismos que lo vienen acompañando en votaciones anteriores, como la ley de medios. Esta vez, el apoyo vino de peronistas variopintos (delasotistas, menemistas y pattistas), de partidos provinciales (Movimiento Popular Neuquino, Partido Renovador Salteño, Frente Cívico Catamarqueño) y bloques unipersonales de cobistas, ex ARI, ex UCR, ex PJ y un amplio etcétera. Un total de 25 votos recolectados en un variado espinel de diputados con una sola cosa en común: todos obtuvieron algo que querían a cambio de su “voto positivo”. Un arreglo por medio de fondos para las provincias y otras prebendas que permite ver cómo funciona la “democracia legislativa”. Según lo que haya en debate, y el precio que tenga en el mercado político, se negocia con “progresistas”, con “la derecha” o con los disidentes del propio partido.
El proyecto, detrás de su pomposo título de “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” es, simplemente, un reglamento electoral. Establece quién y cómo puede participar del juego de la democracia, privilegiando claramente la polarización de las estructuras con más aparato. Para que un partido obtenga y conserve la personería jurídico-política, debe afiliar al 4‰ del total de empadronados del distrito(1). Para ser partido nacional, debe mantener esa cantidad de afiliados en cinco distritos.
Una de las novedades es el mecanismo de “elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”. Todos los inscriptos en el padrón electoral deberán votar dos veces en cada elección nacional. Una, para elegir entre los precandidatos de un partido, y, luego, entre los candidatos de cada partido que hayan resultado ganadores en las primarias. Sólo los partidos que obtengan el 1,5% de los votos en las primarias podrán ir a las elecciones generales. Para ser precandidato en las primarias, se deberán presentar avales del 2‰ de los electores del distrito.
Todo el sistema apunta a la concentración en pocos partidos. Los que no se puedan presentar a dos elecciones nacionales consecutivas, los que no alcancen el 2% de votos en dos elecciones seguidas o los que pierdan afiliados por debajo del mínimo, caducarán de oficio, y no podrán reinscribirse con el mismo nombre ni con la misma plataforma por 6 años. Tampoco podrán presentar un listado de nuevos afiliados que contenga más del 50% de los nombres de su anterior inscripción.
El gobierno se aseguró un férreo control de todo el proceso electoral a través de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que organizará las primarias y las generales, manejará la entrega de fondos, la distribución de espacios publicitarios y fiscalizará las empresas de encuestas y sondeos de opinión. El gobierno nacional también controlará el financiamiento de las campañas electorales y de la impresión de boletas, tanto para las primarias como para las generales, con partidas especialmente previstas en la ley de presupuesto de los años electorales, que se distribuirá, la mitad, en forma igualitaria entre todos los inscriptos, y en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior el restante 50%.
Finalmente, se establecen los plazos para la campaña, y se regulan los aportes privados, que no podrán provenir de personas jurídicas. Tampoco se permitirá la contratación privada de propaganda en radio, TV abierta y cable, y se limita la publicidad de actos de gobierno durante la campaña.
Todos los representantes de partidos minoritarios coincidieron en criticar la iniciativa a la que acusan de apuntar a “resolver el liderazgo de los partidos mayoritarios, a rearmar el bipartidismo y a trabar la emergencia de nuevas fuerzas”. En términos casi idénticos salieron al ruedo Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social; Margarita Stolbizer, del GEN; el diputado de la CTA, Claudio Lozano; el senador socialista Rubén Giustiniani y el electo diputado Pino Solanas. La Coalición Cívica, el PRO y la UCR cuestionaron la injerencia del gobierno en la elección de candidatos y la izquierda electoral denunció el riesgo cierto que corre todo el sector de quedar excluido del proceso electoral por no alcanzar los mínimos de afiliados y votos.
Grandes, medianos y chicos; de derecha, centro o izquierda, con variantes de tono, todos dijeron “¡es una ley antidemocrática!”... como si la democracia no fuera, exactamente, esto que vivimos. Un mecanismo de perpetuación del poder de la burguesía, que va cambiando las reglas del juego que ella impone y dirige, según lo que más le conviene a la fracción de turno en el gobierno, según la forma que mejor legitima la dominación. Así es la democracia en un estado burgués. Hoy ponen una regla, mañana la cambian, la reforman y la vuelven a cambiar, en una disputa que sólo interesa a las distintas fracciones de la burguesía que compitan por prevalecer.
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NOTAS:
1) Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se requieren unos 11.000 afiliados, y en la provincia de Buenos Aires, 42.000.
Después de una serie de negociaciones para asegurarse los votos necesarios, 136 diputados aprobaron el proyecto oficial de reforma electoral. Los que se alinearon con los 106 integrantes del Frente para la Victoria no fueron los mismos que lo vienen acompañando en votaciones anteriores, como la ley de medios. Esta vez, el apoyo vino de peronistas variopintos (delasotistas, menemistas y pattistas), de partidos provinciales (Movimiento Popular Neuquino, Partido Renovador Salteño, Frente Cívico Catamarqueño) y bloques unipersonales de cobistas, ex ARI, ex UCR, ex PJ y un amplio etcétera. Un total de 25 votos recolectados en un variado espinel de diputados con una sola cosa en común: todos obtuvieron algo que querían a cambio de su “voto positivo”. Un arreglo por medio de fondos para las provincias y otras prebendas que permite ver cómo funciona la “democracia legislativa”. Según lo que haya en debate, y el precio que tenga en el mercado político, se negocia con “progresistas”, con “la derecha” o con los disidentes del propio partido.
El proyecto, detrás de su pomposo título de “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” es, simplemente, un reglamento electoral. Establece quién y cómo puede participar del juego de la democracia, privilegiando claramente la polarización de las estructuras con más aparato. Para que un partido obtenga y conserve la personería jurídico-política, debe afiliar al 4‰ del total de empadronados del distrito(1). Para ser partido nacional, debe mantener esa cantidad de afiliados en cinco distritos.
Una de las novedades es el mecanismo de “elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”. Todos los inscriptos en el padrón electoral deberán votar dos veces en cada elección nacional. Una, para elegir entre los precandidatos de un partido, y, luego, entre los candidatos de cada partido que hayan resultado ganadores en las primarias. Sólo los partidos que obtengan el 1,5% de los votos en las primarias podrán ir a las elecciones generales. Para ser precandidato en las primarias, se deberán presentar avales del 2‰ de los electores del distrito.
Todo el sistema apunta a la concentración en pocos partidos. Los que no se puedan presentar a dos elecciones nacionales consecutivas, los que no alcancen el 2% de votos en dos elecciones seguidas o los que pierdan afiliados por debajo del mínimo, caducarán de oficio, y no podrán reinscribirse con el mismo nombre ni con la misma plataforma por 6 años. Tampoco podrán presentar un listado de nuevos afiliados que contenga más del 50% de los nombres de su anterior inscripción.
El gobierno se aseguró un férreo control de todo el proceso electoral a través de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, que organizará las primarias y las generales, manejará la entrega de fondos, la distribución de espacios publicitarios y fiscalizará las empresas de encuestas y sondeos de opinión. El gobierno nacional también controlará el financiamiento de las campañas electorales y de la impresión de boletas, tanto para las primarias como para las generales, con partidas especialmente previstas en la ley de presupuesto de los años electorales, que se distribuirá, la mitad, en forma igualitaria entre todos los inscriptos, y en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior el restante 50%.
Finalmente, se establecen los plazos para la campaña, y se regulan los aportes privados, que no podrán provenir de personas jurídicas. Tampoco se permitirá la contratación privada de propaganda en radio, TV abierta y cable, y se limita la publicidad de actos de gobierno durante la campaña.
Todos los representantes de partidos minoritarios coincidieron en criticar la iniciativa a la que acusan de apuntar a “resolver el liderazgo de los partidos mayoritarios, a rearmar el bipartidismo y a trabar la emergencia de nuevas fuerzas”. En términos casi idénticos salieron al ruedo Vilma Ibarra, del Encuentro Popular y Social; Margarita Stolbizer, del GEN; el diputado de la CTA, Claudio Lozano; el senador socialista Rubén Giustiniani y el electo diputado Pino Solanas. La Coalición Cívica, el PRO y la UCR cuestionaron la injerencia del gobierno en la elección de candidatos y la izquierda electoral denunció el riesgo cierto que corre todo el sector de quedar excluido del proceso electoral por no alcanzar los mínimos de afiliados y votos.
Grandes, medianos y chicos; de derecha, centro o izquierda, con variantes de tono, todos dijeron “¡es una ley antidemocrática!”... como si la democracia no fuera, exactamente, esto que vivimos. Un mecanismo de perpetuación del poder de la burguesía, que va cambiando las reglas del juego que ella impone y dirige, según lo que más le conviene a la fracción de turno en el gobierno, según la forma que mejor legitima la dominación. Así es la democracia en un estado burgués. Hoy ponen una regla, mañana la cambian, la reforman y la vuelven a cambiar, en una disputa que sólo interesa a las distintas fracciones de la burguesía que compitan por prevalecer.
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NOTAS:
1) Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se requieren unos 11.000 afiliados, y en la provincia de Buenos Aires, 42.000.