En las últimas semanas se mantuvo en aumento el debate sobre la “inseguridad”. Casi de forma exclusiva en todos los medios de comunicación se repitieron las noticias de robos y asesinatos y se avanzó de diversas maneras sobre el mismo pedido: más represión.
No hay nada de nuevo en la insistencia de parte de los grandes medios de comunicación y los principales políticos patronales sobre el tema de la “inseguridad”. Desde la apología de la “mano dura” y del “meter bala” de los Ruckauf y los Rico, hasta las marchas de Juan Carlos Blumberg, se ha expandido, tanto desde los sectores más reaccionarios, como desde el “progresismo”, la búsqueda de una salida al “problema del delito”. Y el denominador común es el pedido de mayor presencia policial, el endurecimiento de las leyes para perseguir a los delincuentes, la mano dura… En definitiva, el pedido de mayor represión.
Aprovechando el reclamo a gritos de parte de algunos famosos del espectáculo, los funcionarios y dirigentes kirchneristas volvieron a jugar uno de los roles que más les gusta: el de pintarse de defensores de los derechos humanos, impulsores del diálogo y del garantismo. D’Elia y Zaffaroni, cada uno desde lo suyo, salieron a defender al gobierno, buscando distanciarse de los que piden “más represión”. El juez de la corte suprema, junto con su colega Carmen Argibay, disparó contra “los grandes medios de comunicación”, asegurando que se exageran las noticias sobre la inseguridad y la participación de los menores en el delito. Por su parte, D’Elia se centró en el debate con Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand, a los que acusó de “hablar a sueldo de la derecha” y de querer “la vuelta de los militares”. Coincidentemente, la presidenta, Cristina Fernández, parafraseando el discurso que su marido diera al asumir, replicó que “hay que desistir de algunas acciones que le costaron mucho al país. Creo en orden pero no a los palos”.
De esta forma, una vez más, el kirchnerismo busca enfrentarse discursivamente con los sectores más abiertamente reaccionarios e intenta mostrarse como algo distinto a éstos, insistiendo con el libreto que tanto le ha servido desde 2003. Es el mismo discurso que le ha permitido profundizar la represión en todos sus niveles, al tiempo que se llenaba (y se llena) la boca hablando de derechos humanos y garantías para los más desprotegidos.
La realidad que se vive a diario en cualquier barriada del país o a la que han tenido que enfrentarse una y otra vez los trabajadores y las organizaciones populares que no se han arrodillado frente al gobierno no dejan lugar al debate. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ha sido considerable el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad. No sólo ha crecido el número de policías en las calles, sino también el de la gendarmería cumpliendo tareas policiales, como sucede en varios barrios del conurbano. Como no podría ser de otra manera, de la mano de esta mayor presencia policial, que el “gobierno de los DDHH” ha puesto en las calles y en los barrios, han aumentado las detenciones arbitrarias, los fusilamientos por gatillo fácil, las torturas y las golpizas en cárceles y comisarías(1). También ha aumentado, como lo venimos señalando, el crimen organizado (narcotráfico, prostitución, bandas de piratas del asfalto) en el cual las distintas fuerzas represivas tienen un rol protagónico.
En pocas palabras, más allá de su retórica derecho-humanística, el kirchnerismo ha profundizado la represión con respecto a los gobiernos anteriores, tanto con el desarrollo de la legislación represiva (que van, en un amplio abanico, desde la leyes Blumberg hasta la última ley anti-terrorista, pasando por la baja de la edad de imputabilidad de los menores) como, y fundamentalmente, con un notable incremento de las personas que han sido asesinadas a manos de la fuerzas represivas del estado.
…
NOTAS:
1) El 20 de noviembre, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) presentó, en un acto en Plaza de Mayo, el Archivo de Personas Asesinadas por el Estado. Contabiliza 1.323 personas asesinadas por las fuerzas represivas desde el 25 de mayo de 2003 hasta la actualidad. El 84%, víctimas del gatillo fácil y de la tortura en cárceles y comisarías.
No hay nada de nuevo en la insistencia de parte de los grandes medios de comunicación y los principales políticos patronales sobre el tema de la “inseguridad”. Desde la apología de la “mano dura” y del “meter bala” de los Ruckauf y los Rico, hasta las marchas de Juan Carlos Blumberg, se ha expandido, tanto desde los sectores más reaccionarios, como desde el “progresismo”, la búsqueda de una salida al “problema del delito”. Y el denominador común es el pedido de mayor presencia policial, el endurecimiento de las leyes para perseguir a los delincuentes, la mano dura… En definitiva, el pedido de mayor represión.
Aprovechando el reclamo a gritos de parte de algunos famosos del espectáculo, los funcionarios y dirigentes kirchneristas volvieron a jugar uno de los roles que más les gusta: el de pintarse de defensores de los derechos humanos, impulsores del diálogo y del garantismo. D’Elia y Zaffaroni, cada uno desde lo suyo, salieron a defender al gobierno, buscando distanciarse de los que piden “más represión”. El juez de la corte suprema, junto con su colega Carmen Argibay, disparó contra “los grandes medios de comunicación”, asegurando que se exageran las noticias sobre la inseguridad y la participación de los menores en el delito. Por su parte, D’Elia se centró en el debate con Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand, a los que acusó de “hablar a sueldo de la derecha” y de querer “la vuelta de los militares”. Coincidentemente, la presidenta, Cristina Fernández, parafraseando el discurso que su marido diera al asumir, replicó que “hay que desistir de algunas acciones que le costaron mucho al país. Creo en orden pero no a los palos”.
De esta forma, una vez más, el kirchnerismo busca enfrentarse discursivamente con los sectores más abiertamente reaccionarios e intenta mostrarse como algo distinto a éstos, insistiendo con el libreto que tanto le ha servido desde 2003. Es el mismo discurso que le ha permitido profundizar la represión en todos sus niveles, al tiempo que se llenaba (y se llena) la boca hablando de derechos humanos y garantías para los más desprotegidos.
La realidad que se vive a diario en cualquier barriada del país o a la que han tenido que enfrentarse una y otra vez los trabajadores y las organizaciones populares que no se han arrodillado frente al gobierno no dejan lugar al debate. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ha sido considerable el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad. No sólo ha crecido el número de policías en las calles, sino también el de la gendarmería cumpliendo tareas policiales, como sucede en varios barrios del conurbano. Como no podría ser de otra manera, de la mano de esta mayor presencia policial, que el “gobierno de los DDHH” ha puesto en las calles y en los barrios, han aumentado las detenciones arbitrarias, los fusilamientos por gatillo fácil, las torturas y las golpizas en cárceles y comisarías(1). También ha aumentado, como lo venimos señalando, el crimen organizado (narcotráfico, prostitución, bandas de piratas del asfalto) en el cual las distintas fuerzas represivas tienen un rol protagónico.
En pocas palabras, más allá de su retórica derecho-humanística, el kirchnerismo ha profundizado la represión con respecto a los gobiernos anteriores, tanto con el desarrollo de la legislación represiva (que van, en un amplio abanico, desde la leyes Blumberg hasta la última ley anti-terrorista, pasando por la baja de la edad de imputabilidad de los menores) como, y fundamentalmente, con un notable incremento de las personas que han sido asesinadas a manos de la fuerzas represivas del estado.
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NOTAS:
1) El 20 de noviembre, CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) presentó, en un acto en Plaza de Mayo, el Archivo de Personas Asesinadas por el Estado. Contabiliza 1.323 personas asesinadas por las fuerzas represivas desde el 25 de mayo de 2003 hasta la actualidad. El 84%, víctimas del gatillo fácil y de la tortura en cárceles y comisarías.
Su salida es más represión
En esta sociedad, en la que todo es organizado por parte de la burguesía en función de la obtención de mayores ganancias, y en la que, para ello, arroja a una amplia parte del pueblo trabajador a la desocupación y a la miseria más extrema, no existe solución para el problema de la “inseguridad”. Empresarios, funcionarios o figuras del espectáculo se muestran indignados al ser ellos o alguno de los suyos víctimas de la descomposición social que ellos mismos generan, a través del sistema del cual se benefician a diario. La superexplotación, el hacinamiento en barrios sin ningún tipo de servicio elemental, la imposición de trabajar extensas jornadas casi a cambio de nada, son la contracara necesaria de sus mansiones, el lujo de sus autos y su vida sin preocupaciones. De la misma manera que la droga, que de forma oportunista suelen denunciar como un “flagelo”, es política de su clase, para mantener sojuzgada a una parte importante del pueblo.No hay, pues, solución alguna para el problema de la “inseguridad” en el marco del sistema capitalista, es decir, mientras se sostenga una sociedad dividida en clases sociales. La única alternativa que los empresarios y sus defensores tienen al alcance de la mano es la que han venido aplicando y que procurarán profundizar: la represión.