“Yo nunca fui revolucionaria, siempre fui
peronista” aclaraba no hace mucho la presidenta que, ahora, en la cumbre
del G-20, volvió a insistir con su defensa de un “capitalismo en serio”. Ni los
dichos de Cristina Fernández, ni sus actos, ni el apoyo abierto de la plana
mayor de toda la burguesía argentina dejan lugar a dudas sobre el carácter
capitalista y propatronal del gobierno reelecto el pasado 23 de octubre.
La
misma Asociación Empresaria Argentina (AEA) expresó en un comunicado: “AEA celebra la plena expresión de la
voluntad popular ejercida en esta jornada, que constituye un nuevo paso en la
consolidación de la democracia en la Argentina (…) La
Asociación
Empresaria
Pero
este “modelo” de gobierno antiobrero, no es el más desfachatado del
neoliberalismo, que, para defender los intereses de los grandes capitalistas
gritaba a cuatro vientos que hay que abrir los mercados y profundizar el
ajuste. El kirchnerismo, vino a salvar las instituciones de la democracia
capitalista después de la profunda crisis de 2001 y, hoy mismo, en la cumbre
del G-20, está dando consejos al mundo para salvar al capitalismo, tratando de
anticiparse al crecimiento de las luchas populares que lo enfrentan.
Es
un gobierno que expresa a una burguesía cautelosa ante el conflicto social, que
considera imprescindible poder controlar a los trabajadores y al pueblo pobre.
Para eso ha impulsado toda una serie de mecanismos que, sin poner en riesgo las
enormes ganancias empresarias (e intentando salvaguardarlas a mediano plazo),
busca contener la crítica contra las injusticias que genera el capitalismo y
encauzarla por carrilles institucionalizados, intentando anular cualquier
perspectiva de ruptura con las condiciones existentes.
Así,
el gobierno apela a la demagogia; la concesión de demandas sociales mínimas
(como la asignación universal); la promoción de políticas que no afectan en
general a los capitalistas pero que se presentan como renovadoras
particularmente para todo un público “progresista” (como la ley de medios); la
cooptación de referentes históricos (como Madres) y la integración de burócratas
de perfil “progre” (como la CTA
de Yasky); o a una política represiva que, al tiempo que ataca directamente al
activismo y amplía la militarización y la represión preventiva, se autodefine
“defensora de los DDHH” y lleva a juicio a algunos de los milicos genocidas.
En
este marco, el de un proyecto propatronal que intenta apropiarse de muchas
banderas populares y toma medidas menores para sostener las condiciones
estructurales de explotación y desigualdad, el gobierno kirchnerista busca
disputar un lugar en los ámbitos de organización de los trabajadores y del
pueblo. Así, es característica de la etapa actual la formación de agrupamientos
oficialistas en espacios de actividad sindical, de desocupados, de DDHH,
estudiantiles, culturales, etc., y su intento de subordinar a la política
oficial estas actividades autónomas y con tradición de lucha.
Ahora,
esta práctica política, sostenida en un contexto de crecimiento económico por
el alto precio de las materias primas de exportación como la soja, ha
contribuido a la consolidación del gobierno de Cristina Fernández, ratificado
en las últimas elecciones. Y aprovechando ese impulso político el kirchnerismo
se propone avanzar en su defensa patronal por la doble vía de la pauperización
y de la represión al activismo.
Entre
sus planes más inmediatos se encuentran el aumento de las tarifas de los
servicios públicos y el establecimiento de techos salariales más bajos que el
promedio de los últimos años, lo que repercutirá, indudablemente, de forma
negativa sobre los bolsillos de los trabajadores. Medidas orientadas a hacer
frente a las dificultades económicas que enfrenta la gestión kirchnerista y al impacto
de la crisis económica internacional en nuestro país.
A
su vez, el gobierno decidió aprovechar este momento de relativa fortaleza para
avanzar en su política de persecución y atacar duramente al activismo sindical
independiente y los delegados antiburocráticos. Sólo en el último mes se
produjeron la detención del delegado ferroviario Rubén Sobrero, se repitieron
los ataques contra los trabajadores de la línea 60, incluyendo el ingreso a la
casa del delegado Farella, se produjo un nuevo ataque de la patota de la
burocracia contra los trabajadores de la construcción organizados en el SITRAIC
y se reprimió a los trabajadores del ferrocarril Belgrano Norte en el marco de
una jornada de lucha.
Así,
en este contexto, el activismo independiente, tiene planteada una amplia tarea
de organización, lucha y esclarecimiento. Por una parte, es clara la
importancia y la urgencia de avanzar en la organización independiente de la
clase trabajadora desde las bases y desde cada lugar de trabajo, para enfrentar
los planes de las patronales y el gobierno. Esto nos plantea, ante la
profundización de la represión y los ataques al activismo obrero independiente,
la organización y lucha unitaria de todas las comisiones internas, cuerpos de
delegados, agrupaciones y corrientes sindicales antiburocráticas, así como de
las organizaciones políticas, sociales y antirrepresivas, considerando que la
defensa de compañeros perseguidos o atacados por la burocracia y el gobierno
debe ser una tarea de primer orden.
Y
a su vez, en este marco, es fundamental sostener una paciente y sistemática
tarea de esclarecimiento político, demostrando el rol del gobierno de Cristina
Fernández como defensor de un sistema de explotación y su clase dominante, más
allá de medidas que no le hacen mella en lo fundamental, señalando la necesidad
de forjar una perspectiva de transformación real y profunda, a la que sólo
podremos llegar por medio de la revolución.