En la actualidad, los
problemas de caja del gobierno nacional, en el marco de la crisis mundial y su
probable desenvolvimiento en América Latina y Argentina, plantean un escenario
de dificultades económicas para el país. Esto sucede en un momento en que el
gobierno, fortalecido tras el proceso electoral, tiene mayor resto para tomar
medidas importantes.
Si, como dicen sus seguidores,
éste fuera un gobierno “popular”, sería un momento crucial para avanzar sobre
los privilegios de los sectores más poderosos del país, nucleados en las
cámaras empresarias, y de defender, a su vez, a los trabajadores y sus
herramientas de organización y lucha que son vitales para afrontar los intentos
de ajuste patronal.
Sin embargo, una vez más, el
camino del gobierno es exactamente el contrario. Ante el temor del desarrollo
de la crisis y, con ella, del conflicto social, la presidenta no ha perdido
oportunidad de acercarse, aún más, a las cámaras empresarias y mostrarles su
absoluta comunidad de intereses.
La misma presidenta que fue a la Cumbre del G-20 a decir que había que tomar
medidas para salvar al capitalismo, “porque
no hacerlo terminará por golpear las bases de la democracia y libertad que
sustenta la actividad empresarial”, aparece cada vez más en nuestro país,
apuntalando a la dirigencia de la
UIA o de la
Cámara de la
Construcción , por ejemplo.
Así, cuando en el encuentro de
la UIA el
empresariado aplaudió la orientación del gobierno por ir “en la dirección correcta” y le pidió más apoyo en el marco de la
crisis actual, considerando que la economía “está
sufriendo tensiones que derivan en una suba de los costos industriales”, la
respuesta de la primera mandataria fue contundente. Declaró públicamente que
piensa evitar el avance de cualquier proyecto de redistribución de ganancias,
incluso en el caso de las empresas multimillonarias que estaban incluidas en el
proyecto oportunista de la CGT. Ahí ,
Cristina Fernández dejó tranquilos a los empresarios, que, conscientes de su
actual superioridad de fuerzas frente a los trabajadores, festejaron las
palabras de la presidenta: “eso es algo
que tienen que decidir los trabajadores y los empresarios. No es algo que pueda
imponer por la fuerza el Estado a través del Parlamento”.
De forma muy similar, una
semana más tarde, Cristina Fernandez se mostró junto a la Cámara de la Construcción , para
decirle a los empresarios, otra vez a viva voz, que les garantizará mejores
condiciones de explotación y reformará para eso la ley de ART, para evitar lo
que llamó “la industria de juicio”,
es decir, reducir todavía más la posibilidad de demandar judicialmente a los
empresarios cuando éstos son responsables por muertes o accidentes de trabajo.
Básicamente, más flexibilización laboral.
La otra cara de la misma
política pro-patronal consiste en restringir aún más la movilización que
desarrollan los trabajadores para enfrentar las avanzadas patronales y gubernamentales.
Como si no fuera suficiente con la avanzada persecutoria y represiva actual
(que incluye asesinatos como el de Cristian Ferreyra, cinco presos políticos,
miles de procesados y perseguidos por su actividad política y gremial), el
gobierno no para de atacar las prácticas de organización y lucha existentes y
de advertir que deben cesar.
Por eso, en el marco de la
interna peronista que incluye los roces con el dirigente de la CGT , Hugo Moyano, y las
disputas con otros líderes sindicales, en los últimos tiempos el gobierno ha
salido a desprestigiar toda expresión de actividad sindical. Así lo vimos en
los ataques a los trabajadores del Subte, cuando se les intentaba sumar nuevas
tareas (sin modificar las condiciones ni la remuneración), lo vimos recientemente
con los gremios de aeronáuticos con el discurso público en contra del paro, y
más en general con su planteo contra la organización sindical y de lucha
sintetizado en una reciente afirmación: “Les pido a
los que protesten, que lo hagan en la vereda o en la plaza”. Es decir, no más paros, no más movilizaciones, no más
cortes.
En definitiva, para afrontar
nuevos problemas económicos, el gobierno kirchnerista ha definido claramente, una
vez más, su posición junto a los capitalistas y contra el pueblo trabajador; y
para explicitar ese posicionamiento no para de recorrer cámaras y encuentros
empresarios, y de atacar la organización de los trabajadores.
Por nuestra parte, a los
trabajadores no nos queda más que organizarnos en forma independiente para enfrentar
a las patronales, al gobierno y a la burocracia, fortaleciendo los ámbitos
unitarios de lucha contra la persecución al activismo sindical y político, y
profundizando la pelea para una verdadera transformación en beneficio del
conjunto de la clase trabajadora.