Editorial: El gobierno, cada día más cerca de los empresarios


En la actualidad, los problemas de caja del gobierno nacional, en el marco de la crisis mundial y su probable desenvolvimiento en América Latina y Argentina, plantean un escenario de dificultades económicas para el país. Esto sucede en un momento en que el gobierno, fortalecido tras el proceso electoral, tiene mayor resto para tomar medidas importantes.
Si, como dicen sus seguidores, éste fuera un gobierno “popular”, sería un momento crucial para avanzar sobre los privilegios de los sectores más poderosos del país, nucleados en las cámaras empresarias, y de defender, a su vez, a los trabajadores y sus herramientas de organización y lucha que son vitales para afrontar los intentos de ajuste patronal.
Sin embargo, una vez más, el camino del gobierno es exactamente el contrario. Ante el temor del desarrollo de la crisis y, con ella, del conflicto social, la presidenta no ha perdido oportunidad de acercarse, aún más, a las cámaras empresarias y mostrarles su absoluta comunidad de intereses.
La misma presidenta que fue a la Cumbre del G-20 a decir que había que tomar medidas para salvar al capitalismo, “porque no hacerlo terminará por golpear las bases de la democracia y libertad que sustenta la actividad empresarial”, aparece cada vez más en nuestro país, apuntalando a la dirigencia de la UIA o de la Cámara de la Construcción, por ejemplo.
Así, cuando en el encuentro de la UIA el empresariado aplaudió la orientación del gobierno por ir “en la dirección correcta” y le pidió más apoyo en el marco de la crisis actual, considerando que la economía “está sufriendo tensiones que derivan en una suba de los costos industriales”, la respuesta de la primera mandataria fue contundente. Declaró públicamente que piensa evitar el avance de cualquier proyecto de redistribución de ganancias, incluso en el caso de las empresas multimillonarias que estaban incluidas en el proyecto oportunista de la CGT. Ahí, Cristina Fernández dejó tranquilos a los empresarios, que, conscientes de su actual superioridad de fuerzas frente a los trabajadores, festejaron las palabras de la presidenta: “eso es algo que tienen que decidir los trabajadores y los empresarios. No es algo que pueda imponer por la fuerza el Estado a través del Parlamento”.
De forma muy similar, una semana más tarde, Cristina Fernandez se mostró junto a la Cámara de la Construcción, para decirle a los empresarios, otra vez a viva voz, que les garantizará mejores condiciones de explotación y reformará para eso la ley de ART, para evitar lo que llamó “la industria de juicio”, es decir, reducir todavía más la posibilidad de demandar judicialmente a los empresarios cuando éstos son responsables por muertes o accidentes de trabajo. Básicamente, más flexibilización laboral.
La otra cara de la misma política pro-patronal consiste en restringir aún más la movilización que desarrollan los trabajadores para enfrentar las avanzadas patronales y gubernamentales. Como si no fuera suficiente con la avanzada persecutoria y represiva actual (que incluye asesinatos como el de Cristian Ferreyra, cinco presos políticos, miles de procesados y perseguidos por su actividad política y gremial), el gobierno no para de atacar las prácticas de organización y lucha existentes y de advertir que deben cesar.
Por eso, en el marco de la interna peronista que incluye los roces con el dirigente de la CGT, Hugo Moyano, y las disputas con otros líderes sindicales, en los últimos tiempos el gobierno ha salido a desprestigiar toda expresión de actividad sindical. Así lo vimos en los ataques a los trabajadores del Subte, cuando se les intentaba sumar nuevas tareas (sin modificar las condiciones ni la remuneración), lo vimos recientemente con los gremios de aeronáuticos con el discurso público en contra del paro, y más en general con su planteo contra la organización sindical y de lucha sintetizado en una reciente afirmación: Les pido a los que protesten, que lo hagan en la vereda o en la plaza”. Es decir, no más paros, no más movilizaciones, no más cortes.
En definitiva, para afrontar nuevos problemas económicos, el gobierno kirchnerista ha definido claramente, una vez más, su posición junto a los capitalistas y contra el pueblo trabajador; y para explicitar ese posicionamiento no para de recorrer cámaras y encuentros empresarios, y de atacar la organización de los trabajadores.
Por nuestra parte, a los trabajadores no nos queda más que organizarnos en forma independiente para enfrentar a las patronales, al gobierno y a la burocracia, fortaleciendo los ámbitos unitarios de lucha contra la persecución al activismo sindical y político, y profundizando la pelea para una verdadera transformación en beneficio del conjunto de la clase trabajadora.