El
gobierno porteño, desconociendo la voluntad de los trabajadores de la
educación, y sobornos, represión patoteril y policial mediante, ha asestado un
nuevo golpe a la educación pública, al aprobar la eliminación de las Juntas de
Clasificación docentes.
En la madrugada
del pasado viernes 2 de diciembre, “entre gallos y medianoche” y entre
sobornos, balas de goma y gases lacrimógenos, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires,
aprobó una ley que golpea profundamente a la escuela pública. Se trata de la
ley que crea la Comisión
de Registro y Evaluación de Antecedentes Profesionales (Coreap), formada
íntegramente por miembros designados por el gobierno de turno, que anula el rol
de garantes de la transparencia del ingreso y de la carrera docente de las Juntas
de Clasificación, formadas por representantes docentes elegidos cada dos años
(mayoría) y representantes del ministerio de educación (minoría).
Control y disciplinamiento
Con la creación de
esta comisión, que comenzará a funcionar en 2013, todo lo que concierne a la
designación y al ascenso de los docentes, en lugar de caracterizarse por la
transparencia y la democracia que garantizaban las Juntas, se limita a las
decisiones unilaterales del gobierno de turno, hoy el del Pro. Ahora, las
Juntas pierden todo su poder y además de reducirse de 15 a 7, modificando su
composición a favor del gobierno, se limitan a cumplir un rol de “contralor”.
Con la
implementación de esta nueva legislación, el gobierno busca instrumentar el
control y el disciplinamiento de los trabajadores de la educación, priorizando
la selección de aquellos docentes que se ajusten a sus lineamientos políticos y
castigando a los que no lo hagan. Esta ley trasciende al gobierno macrista
actual, porque instaura una dependencia directa entre la designación de
docentes por parte del gobierno de turno, coartando el carácter democrático de
la educación pública y profundizando criterios privatizadores, tales como la
selección del personal, no tanto por las aptitudes, capacidades y experiencia de
los maestros, sino por la ideología. Es necesario recordar aquí que, desde que
existen las Juntas de Clasificación, sólo habían sido derogadas por la
dictadura militar.
Además, la
promulgación de esta ley implica la modificación de 24 artículos del Estatuto
Docente, que rige lo concerniente a las tareas y a los salarios. Así, no sólo
la ley votada en la madrugada del viernes cambia los criterios públicos del
ingreso y el ascenso en la docencia, hacia una orientación de control y
disciplinamiento, sino que, además, se ha constituido en una avanzada
gravísima, unilateral e inconsulta, sobre el Estatuto, una conquista esencial
de los trabajadores de la educación.
Así es la democracia
Las Juntas de
Clasificación fueron defendidas por la casi totalidad de los docentes porteños.
Esto se puso de manifiesto en los paros masivos y en las crecientes
movilizaciones de los últimos meses. Además, se evidenció en la masiva elección
de Juntas en la que el 80% de los trabajadores de la educación respaldaron su
permanencia.
El Estatuto del
Docente, hace más de veinte años fue debatido y elaborado con la participación
de todos los docentes, en jornadas institucionales en todas las escuelas. Es la
bandera que nadie pone en cuestión entre los docentes. Para los maestros, el Estatuto
no se toca.
Pues bien, la “Ley
de Democratización, Transparencia y Modernización de las Juntas de
Clasificación” que se votó es, justamente, antidemocrática y poco y nada
transparente. El gobierno y los legisladores (Pro, Coalición Cívica) desconocieron
las voluntades y las distintas expresiones de los docentes en lo que respecta a
las Juntas de Clasificación y al Estatuto del Docente.
Primero, mandaron
las patotas de Macri para garantizar la protección y el ingreso al edificio de
los legisladores adictos, golpeando y amedrentando a los maestros. Las
negociaciones previas a la sesión definitiva, se caracterizaron por las compras
de votos con cargos para los legisladores salientes (puestos en el Banco
Ciudad, entre tantos otros sobornos). Después, vino la represión directa con
balas de goma y gases lacrimógenos tirados desde la legislatura y un extensivo
operativo policial en las inmediaciones del edificio.
Es decir que 30
legisladores, amparados en la represión y accediendo a todo tipo de prebendas,
violentaron, “en democracia”, la
voluntad y la elección de miles de trabajadores de la educación.
Así actuó la burocracia
Es claro que el
reciente conflicto docente cobró alcance nacional. La solidaridad con la lucha
de los trabajadores de la educación se hizo llegar desde varios puntos del país
y hasta el ministro nacional, Sileoni, se manifestó diciendo que los docentes
porteños no tenían necesidad de hacer paros, es decir, apoyando la iniciativa
del macrismo. Sin embargo, la
CTERA se caracterizó por ser la gran ausente. Así como ayer
aisló a los docentes de Santa Cruz, hoy hace lo mismo con los porteños,
transformándose en cómplice de esta avanzada contra la escuela pública.
La conducción del
sindicato mayoritario y de mayor influencia de la ciudad, la UTE , se dedicó a contener un
movimiento que, en un determinado momento del conflicto, no pudo controlar y se
encauzó, fugazmente, en algunas iniciativas de autoconvocatoria o de Ademys.
Entonces, la conducción de la UTE
apostó a la negociación y no a la lucha, llegando al punto de proponer la
reducción de la cantidad de juntas y a boicotear cualquier intento de
profundización del conflicto, ya sea con la nacionalización o con la adopción
de un plan de lucha concreto que implique paros escalonados, y a reducir los
ámbitos de participación al no convocar a plenario de delegados durante los
días clave y decisivos.
En el momento de
la votación, los docentes porteños se encontraron desarmados para proseguir la
lucha, ya que el inicio de la represión bastó para dispersar al grueso de la
movilización y encontró desorganizados a los sectores que estaban dispuestos a
resistir. Más allá del paro en repudio a la represión convocado por Ademys, no
existió ningún plan de acción puntual, ninguna medida de fuerza para los días
por venir.
Esta situación nos
pone por delante la tarea de reorganizar las fuerzas que se expusieron en la
importante lucha protagonizada por los trabajadores de la educación, de avanzar
en la disputa contra la burocracia sindical y de balancear la pelea dada en las
calles para dar un paso más en organización, para que las luchas por venir nos
encuentren en mejores condiciones.