El gobierno kirchnerista ya es responsable por 15 asesinatos en la represión a protestas y movilizaciones populares, y seguirá matando, al servicio de los empresarios.
Unas 500 familias sin techo, agotados todos los recursos de reclamo ante el gobierno, ocuparon tierras en Libertador General San Martín, Jujuy. Las 15 hectáreas, suficientes para resolver su problema de vivienda, representan menos de un 0,01% de las 150.000 hectáreas totales que posee la empresa Ledesma en la zona. Semejante “afrenta” a su patrimonio motivó la inmediata denuncia penal por usurpación, seguida, naturalmente, de la no menos inmediata orden de desalojo dictada por el juez y ejecutada por la policía provincial, asistida por el personal de seguridad privada de la empresa.
El operativo chocó con la resistencia de los compañeros, organizados para defenderse con los recursos a su alcance. Después de varias horas de enfrentamiento, la policía y la fuerza de choque de la empresa tomaron el terreno, al costo de sesenta heridos de bala, una docena de detenidos y tres muertos. Apenas unas horas después, los centenares de familias se reorganizaron, regresaron al predio, y lo volvieron a ocupar, duplicando su número inicial.
Las tres muertes, que elevaron a 15 la cantidad de asesinados desde 2003 en la represión a movilizaciones, manifestaciones y ocupaciones, generaron curiosas declaraciones oficiales:
“Como el anterior gobierno en la provincia de Jujuy y en todo caso desde el 2003 en adelante, que hubo una clara manifestación del Gobierno nacional, la Provincia no ha reprimido, como no ha reprimido el Gobierno nacional”, declaró a los medios el mismo día de los hechos Eduardo Fellner, actual candidato a gobernador por el oficialismo, y, por cierto, titular del “anterior gobierno provincial” al que hizo impersonal referencia.
Con la cara más dura que los bastones de su policía, el diputado, elegido por Néstor Kirchner para presidir la cámara, obvió que, cuando él era gobernador, en octubre de 2003, la represión a una masiva movilización en la misma localidad de Libertador General San Martín, abrió la cuenta de los asesinados en la protesta del peronismo kirchnerista. El 10 de octubre de 2003, el fusilado por la policía fue Luis Cuéllar, un muchacho que, junto a varios miles de habitantes del pueblo, que en total suma 40.000, se movilizó a la comisaría para repudiar la muerte en la tortura de Cristian Ibáñez, de 17 años.
En la misma línea, intentando despegar de toda responsabilidad a los mandos políticos de la policía, Jorge Ale, intendente de Libertador General San Martín, cargó contra el juez que ordenó el desalojo a pedido de la empresa azucarera de la familia Blaquier: “La empresa Ledesma hizo la denuncia penal, y el juez lamentablemente dio la orden de desalojo sin ver las consecuencias graves que esto trajo, seguramente va haber un pedido de juicio político a ese juez porque dio la orden y se fue de vacaciones un día antes de la feria”.
Y para completar el cuadro, el concejal del peronista Frente Primero Jujuy, Juan Baigorria, dijo: “Fue un desalojo normal, la policía acudió a este desalojo con los elementos de rigor para este tipo de desalojos, que son los bastones, gases lacrimógenos, cascos, escudos y demás”. Tan normal como los tres asesinatos del Parque Indoamericano o los dos Qom en Formosa, que, con Cuéllar, el docente Carlos Fuentealba, el trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, los manifestantes contra el gatillo fácil Facundo Vargas (Pacheco), Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas (Bariloche) y el militante del PO Mariano Ferreyra, completan esa lista de 15 asesinados por protestar y movilizarse desde el 25 de mayo de 2003.
Tres asesinatos y medio centenar de heridos que muestran cómo se movilizan todos los sectores del aparato estatal en defensa de una gran empresa, dueña, literalmente, de media provincia. Desde la rapidez judicial para recibir la denuncia y ordenar el operativo, hasta la propia actuación de la fuerza de seguridad, para cumplir lo ordenado a sangre y fuego, todo ejemplifica la subordinación del estado a los intereses de los capitalistas, y muestra que, cuanto más grande es el capitalista, más profunda es la sumisión y más ardiente la defensa de sus privilegios. Y en primerísimo lugar, la defensa de su propiedad privada, “vulnerada” por esos centenares de familias sin techo que pretenden construir sus casas, ocupando para ello una fracción infinitesimal del mayor latifundio jujeño.
Como lo vimos en Kraft Foods (ex Terrabusi), cuando el fiscal constituyó su despacho y la policía montó su comisaría, con calabozos y todo, en oficinas de la misma planta, en Libertador Gral. San Martín también la empresa ha sido la que determinó a quién reprimir, dijo cuándo y hasta dónde. Pero ello no exime de responsabilidad al gobierno provincial o al nacional. Por el contrario, la incrementa, al dejar de manifiesto su rol, el único que les importa, de defensores de la propiedad privada, al servicio de los capitalistas.
Aunque para callar los reclamos, el gobernador Walter Barrionuevo remueva al comisario Néstor Vera, encargado del operativo, y haya renunciado “espontáneamente” el ministro de Gobierno y Justicia, Pablo Lavilla, los hechos del 28 de julio en Jujuy ponen en evidencia el carácter antipopular del gobierno, del cual la crisis de vivienda es un emergente, y frente al cual la represión se erige en herramienta para acallar y disciplinar la protesta, el reclamo y la resistencia.
Víctor Choque en 1995, Teresa Rodríguez en 1997, los dos muertos en la masacre del puente de Corrientes en 1999, los 39 en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el puente Pueyrredón en 2002, Luis Cuéllar en 2003, Carlos Fuentealba en 2007 y Juan Carlos Erazo en 2008. En 2010, Facundo Vargas, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Mariano Ferreyra, los Qom y los muertos del Indoamericano. En esta lista se inscriben estas tres nuevas muertes de la represión a los que se organizan para luchar.