Sobre los trabajadores
organizados se abate todo el peso de la represión estatal, utilizando para ello
todo su arsenal, con preeminencia de dos modalidades especialmente útiles, porque
permiten al gobierno simular que no es de su seno que surgen los ataques.
Por una parte, son
crecientes y cada vez más graves los hechos en los que grupos de choque
paraestatales, es decir, patotas, generalmente dirigidas por la burocracia
sindical, agreden de forma directa a los trabajadores o sus familias. El uso de
la patota, tan útil para desligar la responsabilidad del gobierno, no elimina
por completo la intervención directa de las fuerzas represivas.
Por la otra, avanza
meteóricamente la persecución judicial, con la promoción de infinidad de causas
penales ante cualquier medida de lucha. Solamente en la zona norte, por poner
un ejemplo, más de un centenar de trabajadores y militantes de organizaciones
políticas que apoyan sus reclamos, han sido indagados y procesados por
movilizaciones y cortes de la Panamericana. Los juzgados federales de San
Isidro, San Martín y Tres de Febrero, y las fiscalías ordinarias de Pacheco,
albergan una treintena de causas idénticas, en su armado y objetivos, a las que
se apilan en la zona sur, como ocurre en el juzgado federal de Quilmes,
“especializado” en perseguir trabajadores ferroviarios. En todas ellas, jueces
y fiscales se apoyan en el testimonio de las patronales, de gendarmes y
policías, y en tareas de inteligencia destinadas a identificar a los referentes
de las luchas, para producir acusaciones que van desde los clásicos, como el
“entorpecimiento del tránsito vehicular” o la “interrupción del servicio de
transporte ferroviario”, hasta figuras como “extorsión” o “amenaza coactiva”.
El uso de tipos penales como la “turbación de la posesión” para castigar la
toma de una fábrica, o la “afectación maliciosa del normal desenvolvimiento de
un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o
destinado a la prestación de servicios” para criminalizar una huelga con
movilización, son buen ejemplo del objetivo de esas persecuciones.
La proliferación de ataques,
directos, “tercerizados” o disfrazados de “administración de justicia”, ponen
en evidencia de qué manera reaccionan los gobiernos cuando la organización de
los trabajadores avanza y los conflictos se multiplican, y exigen, en todavía
mayor medida, que redoblemos los esfuerzos para defender a cada represaliado
por luchar y al conjunto de la clase trabajadora.