El gobierno va por más represión sobre el pueblo trabajador

Con anuncios de todo tipo en el ámbito represivo, que incluyen nuevas leyes “antiterroristas”, a la medida de lo que exige el imperio, y más policías en la calle para el control social, el gobierno de Cristina Kirchner fortalece su arsenal para seguir reprimiendo al pueblo trabajador.

Cargada agenda represiva del gobierno

Apenas se acallaron los gritos de triunfo tras las elecciones de octubre, el gobierno nacional anunció una batería de medidas en materia represiva que prometen una profundización del ya férreo control social sobre el conjunto de los oprimidos y un recrudecimiento de la persecución a los sectores organizados y más combativos de la clase trabajadora.

Entre las “novedades represivas”, por ejemplo, hay nuevos cuerpos policiales, más grupos de elite, aumento del equipamiento y más presupuesto para las fuerzas de seguridad, lo que indica claramente que el gobierno prevé que necesitará todavía más hombres armados en las calles y con más recursos materiales para controlar y mantener a raya los conflictos crecientes que generará la crisis capitalista, traducida en más miseria para el ya empobrecido pueblo trabajador.

Desde el ministerio de Seguridad, se anunció el Plan de Seguridad Urbana, que va a sacar 1.100 federales más a la calle, aumentando en un 40% de día y un 150% de noche la presencia policial. En materia de nuevos cuerpos, en febrero va a estrenarse la Policía de Prevención Vecinal, que, bajo la máscara de ser “policía de proximidad”,  patrullará cada rincón de los barrios más alejados. 

Hoy, la ciudad de Buenos Aires, está bajo el control territorial de cuatro fuerzas (policía federal, policía metropolitana, prefectura y gendarmería) que suman, entre todas, 18.000 hombres armados en la calle. Hay que agregar a ese número la gran cantidad de vigiladores privados, y, apenas se cruzan el Riachuelo o la Gral. Paz, aparece la policía bonaerense. 

Esas medidas, que se presentan como “respuestas al problema de la inseguridad”, y especialmente la militarización de los barrios impuesta por el kirchnerismo, explican el número, también en ascenso, de los asesinatos con el gatillo fácil y en la tortura, que se acercan a un caso por día(1). Gatillo fácil y tortura son las más extremas herramientas usadas  para ejercer el control social y obstaculizar, a través del miedo, la organización popular. 

Otros anuncios represivos, en cambio, apuntan con claridad a otra vertiente represiva, la que se aplica para disciplinar a militantes y luchadores, como la creación de un cuerpo de elite, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuyo jefe e integrantes trabajarán con reserva de identidad para centralizar y analizar información, es decir, realizar tareas de inteligencia.

Estos dos aspectos fundamentales en el diseño de la política represiva estatal, la “preventiva” del gatillo fácil y la tortura, y la “selectiva” contra los sectores organizados de la clase trabajadora, serán el eje de la convocatoria que, como todos los años, hace la Coordinadora Contra la Represión Policial e  Institucional (CORREPI) a Plaza de Mayo. El 25 de noviembre, bajo la consigna “La fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación”, los compañeros presentarán el Archivo de Casos 2011 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y expondrán su informe anual sobre la situación represiva en Argentina en materia de represión preventiva y selectiva.

Otra ley antiterrorista

Y, aunque el importante avance represivo sobre los trabajadores organizados en forma independiente y antiburocrática demuestra que no son pocas las herramientas de que dispone el gobierno para buscar el disciplinamiento de los que luchan(2), también se provee de más pertrechos para reprimir de la manera que el imperio le exige: creando más leyes que habiliten la represión “legal”, instrumentada, ya no a través de la coerción directa, sino desde los despachos judiciales.

El 13 de octubre, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció en una conferencia de prensa el envío al congreso de un nuevo paquete de leyes para “la prevención, control y castigo del crimen transnacional y el terrorismo”. Inmediatamente después, Alak se reunió con el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y un par de miembros de la comisión de Legislación Penal, para “acordar la estrategia con la que buscarán aprobar los proyectos”. Semejante apuro se explica porque, la misma semana, se había reunido en París el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que intimó al gobierno argentino a resolver de manera inmediata las “deficiencias” legislativas para “adecuar su normativa interna a los más elevados estándares internacionales en materia antiterrorista”. 

El tirón de orejas vino porque el organismo internacional (que sirve para disfrazar la necesidad del imperialismo de contar con un arsenal semejante en todo el mundo para asegurar su dominación, más ahora, que busca subsidiar su propio déficit interno a costa de los países dependientes), considera que no alcanza con la sanción de la media docena de leyes antiterroristas que, como ningún gobierno anterior, logró imponer el kirchnerismo(3), y pide más.

Así, ya está en el congreso, listo para ser votado sin debate alguno, gracias a la mayoría en ambas cámaras que tendrá el oficialismo desde el 10 de diciembre, el proyecto que crea una agravante específica que aumenta notablemente las penas de todo delito que sea cometido “con la finalidad de provocar terror a la población”, expresión que, queda claro, permite cualquier interpretación que resulte necesaria para represaliar absolutamente cualquier cosa.

Otra novedad de los proyectos es que permitirán castigar por igual a individuos o a “personas jurídicas”, lo que habilita a jueces y fiscales a arremeter directamente contra cualquier organización del pueblo trabajador en conjunto, es decir, contra todos sus integrantes, simpatizantes o colaboradores.

La celeridad con que se remitió el nuevo paquete, permitió a los representantes argentinos ir corriendo al GAFI para informar que ya habían hecho los deberes. Y, pocos días después, en Cannes, Cristina Fernández recibió la palmadita de Barack Obama, que la definió como “una gran amiga, no solo mía sino de EEUU”, mientras ella, genuflexa, contestó que era “un honor” reunirse con el presidente del país al que reconoció “un liderazgo mundial, político y económico”. La mejor alumna del imperialismo, ahora con su octava ley antiterrorista.

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NOTAS:

1) Como denuncia CORREPI en su Archivo de Casos.

2) Ver “Represión y persecución contra el activismo independiente” en este número de ER.

3) En sus 8 años de gobierno, el kirchenrismo sanciónó ya 7 leyes “antiterroristas: Ley  25.765, agosto de 2003, Creación del Fondo Permanente de Recompensas. Ley  25.764, agosto de 2003, Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Leyes 26.023 y 26.024, abril de 2005: Ratifican e incorporan al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (o Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU. Ley  26.087, abril de 2006, modifica el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y da más facultades para la UIF. Ley 26.268, 2007, julio de 2007: Incorpora al Código Penal la “Asociación Ilícita Terrorista”, art. 213 ter y el delito de recolectar o proveer fondos para tales asociaciones, art. 213 quater. Amplía las facultades de la UIF. Ley  26.538, noviembre de 2009, amplía más el Fondo permanente de recompensas. Ley 26.683, junio de 2011, crea más delitos “terroristas” y habilita a la UIF a ser querellante.

San Telmo y zona sur: Gatillo fácil y militarización

Con la creciente militarización y las “reformas” impulsadas desde el ministerio de Seguridad que dirige el CELS, aumenta la represión que busca disciplinar “preventivamente”. El gobierno, desde 2003, es responsable de más de 1.700 muertos con la represión cotidiana del gatillo fácil y la tortura

El asesinato de Ariel Domínguez, un trabajador de 22 años que esperaba el colectivo al término de su jornada en una empresa tercerizadora para la AFIP, ocurrió en pleno día y en el centro de San Telmo, con transeúntes que de inmediato se comunicaron a las radios para desmentir el “enfrentamiento” que ya circulaba como primera versión policial. Por ello, fracasó el intento habitual de sepultar el gatillo fácil bajo la pantalla del “delincuente abatido”. Asimismo, la trascendencia que adquirió el hecho porteño, permitió, también, que cobrara alguna notoriedad otro fusilamiento policial, el de Enrique Romero, un joven baleado a la salida de un boliche por el sargento bonaerense Isaías Cano, hijo del jefe de la policía distrital de Florencio Varela.

Así, apenas si dos, de tanto muerto cotidiano por la represión estatal, ocuparon, por unos días, algún espacio en los diarios y la agenda de las radios y TV(1).

En el caso de San Telmo, como “falló” la primera versión de la persecución a delincuentes, que hubiera permitido obviar toda investigación, y directamente premiar al uniformado por cumplir con su deber, fue necesario que todo el aparato (policía, ministerio de Seguridad, jueces, fiscales y medios) entrara en acción para instalar la segunda versión, el “accidente”. Entonces, se explicó que el policía iba corriendo tras unos bochincheros estudiantes secundarios que festejaban el Día del Amigo, se le cayó el arma reglamentaria de la cintura, y “se produjo” el disparo que alcanzó al joven trabajador en la cabeza.

Ocultan, como lo mostró la reconstrucción unos días más tarde, que ningún arma de semejante porte (Bersa Thunder 9 mm) puede dispararse sola, sin que alguien presione el gatillo, ni porque reciba un golpe al caer de tan baja altura. Ocultan, tras el manto de la tan oportuna negligencia o impericia, que estas excusas son tan frecuentes como absurdas, y sólo se explican por la necesidad acuciante, cuando el asesinato trasciende y provoca repulsa popular, de mostrar que el policía actuó en forma individual, y no como lo que es, uno más dentro del brazo armado del estado, reemplazable por cualquier otro de su especie.

No es casual que el homicidio de Ariel Domínguez ocurriera en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, como tampoco fue por simple azar que el asesinato del día siguiente fuera en lo más pobre del conurbano, Florencio Varela. Por algo son las mismas zonas en las que patrullan gendarmes y prefectos, junto a las fuerzas locales, en un caso la Federal y la Metropolitana, en el otro la Bonaerense. Tanto el reciente Operativo Cinturón Sur, en el caso porteño, o el Operativo Centinela, impuesto hace varios meses en el conurbano, fueron justificados por tratarse de zonas “conflictivas”, “peligrosas”, “plagadas de narcotraficantes y malvivientes”, lo que explica que tanto el cabo Mendoza como el sargento Cano dispararan sus reglamentarias como lo hicieron.

Ambos hechos son ejemplos que se hicieron visibles, como en junio del año pasado el fusilamiento en Bariloche de Diego Bonefoi, de una política de estado que lleva cobradas más de 1.700 vidas desde 2003. Una política de estado que mata jóvenes y pobres a razón de uno por día, alternando como sus herramientas favoritas el gatillo fácil y la tortura sistemática.

Desde el pasado mes de diciembre, cuando tras la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano se creó el ministerio de Seguridad y se puso a su cargo a Nilda Garré, la ex ministra de Defensa, quedó en evidencia la decisión de avanzar y profundizar el conjunto de las políticas represivas que se venían aplicando, utilizando un doble mecanismo para legitimarlas.

Por una parte, el gobierno se ha esforzado en mostrar a la ministra como la “domadora” que vino a hacerse cargo de la “fiera federal”, para convertirla en aguerrida defensora de los derechos de las personas. Una idea, además de falsa, de imposible cumplimiento, pues el rol policial es el de imponer el control social, y, como ellos bien lo saben, eso se logra a fuerza de infundir temor para disciplinar.

Por la otra, junto a la “ministra montonera”, se ha blanqueado, finalmente, quiénes dirigen la política de “seguridad”, es decir, la política represiva, en Argentina. Al nombramiento, en un principio, de la ex fiscal vinculada al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Cristina Camaño, designada secretaria de Seguridad, se sumó, como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, el abogado Gustavo Palmieri, integrante y directivo del organismo, que tuvo a su cargo la presentación y defensa pública del plan Cinturón Sur, que saturó con Gendarmería y Prefectura los barrios del sur de la ciudad.

Una excelente muestra de lo que logra la burguesía cuando usa el vestuario del “progresismo”. En esta oportunidad, lograron colocar la policía, la gendarmería y la prefectura bajo la dirección de un “organismo de DDHH”, como se dice el CELS, auspiciado y financiado por la lluvia de dólares de la Fundación Ford, a su vez tributaria directa del Departamento de Estado yanqui, en efectivo cumplimiento de aquello que mandaba el documento de Santa Fe II, de promover el desarrollo de ONGs “democráticas”, es decir, que defiendan y fortalezcan la gobernabilidad burguesa y sus instituciones.

Así como tantas veces dijimos que Horacio Verbitsky fue, desde el inicio del gobierno kirchnerista, el arquitecto en las sombras de su “política de DDHH”, eufemismo para nombrar a su política represiva, hoy, con sus subordinados con cargo y en funciones, ninguna duda queda de la utilidad que tiene el discurso progresista para profundizar la represión.

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NOTAS:

1) Ver Boletines Informativos Nº 616 a 618 de CORREPI, en www.correpi.lahaine.org, donde se denuncian varios casos de gatillo fácil y muertes en cárceles en las tres semanas anteriores al asesinato de Ariel Domínguez.