El gobierno va por más represión sobre el pueblo trabajador

Con anuncios de todo tipo en el ámbito represivo, que incluyen nuevas leyes “antiterroristas”, a la medida de lo que exige el imperio, y más policías en la calle para el control social, el gobierno de Cristina Kirchner fortalece su arsenal para seguir reprimiendo al pueblo trabajador.

Cargada agenda represiva del gobierno

Apenas se acallaron los gritos de triunfo tras las elecciones de octubre, el gobierno nacional anunció una batería de medidas en materia represiva que prometen una profundización del ya férreo control social sobre el conjunto de los oprimidos y un recrudecimiento de la persecución a los sectores organizados y más combativos de la clase trabajadora.

Entre las “novedades represivas”, por ejemplo, hay nuevos cuerpos policiales, más grupos de elite, aumento del equipamiento y más presupuesto para las fuerzas de seguridad, lo que indica claramente que el gobierno prevé que necesitará todavía más hombres armados en las calles y con más recursos materiales para controlar y mantener a raya los conflictos crecientes que generará la crisis capitalista, traducida en más miseria para el ya empobrecido pueblo trabajador.

Desde el ministerio de Seguridad, se anunció el Plan de Seguridad Urbana, que va a sacar 1.100 federales más a la calle, aumentando en un 40% de día y un 150% de noche la presencia policial. En materia de nuevos cuerpos, en febrero va a estrenarse la Policía de Prevención Vecinal, que, bajo la máscara de ser “policía de proximidad”,  patrullará cada rincón de los barrios más alejados. 

Hoy, la ciudad de Buenos Aires, está bajo el control territorial de cuatro fuerzas (policía federal, policía metropolitana, prefectura y gendarmería) que suman, entre todas, 18.000 hombres armados en la calle. Hay que agregar a ese número la gran cantidad de vigiladores privados, y, apenas se cruzan el Riachuelo o la Gral. Paz, aparece la policía bonaerense. 

Esas medidas, que se presentan como “respuestas al problema de la inseguridad”, y especialmente la militarización de los barrios impuesta por el kirchnerismo, explican el número, también en ascenso, de los asesinatos con el gatillo fácil y en la tortura, que se acercan a un caso por día(1). Gatillo fácil y tortura son las más extremas herramientas usadas  para ejercer el control social y obstaculizar, a través del miedo, la organización popular. 

Otros anuncios represivos, en cambio, apuntan con claridad a otra vertiente represiva, la que se aplica para disciplinar a militantes y luchadores, como la creación de un cuerpo de elite, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuyo jefe e integrantes trabajarán con reserva de identidad para centralizar y analizar información, es decir, realizar tareas de inteligencia.

Estos dos aspectos fundamentales en el diseño de la política represiva estatal, la “preventiva” del gatillo fácil y la tortura, y la “selectiva” contra los sectores organizados de la clase trabajadora, serán el eje de la convocatoria que, como todos los años, hace la Coordinadora Contra la Represión Policial e  Institucional (CORREPI) a Plaza de Mayo. El 25 de noviembre, bajo la consigna “La fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación”, los compañeros presentarán el Archivo de Casos 2011 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y expondrán su informe anual sobre la situación represiva en Argentina en materia de represión preventiva y selectiva.

Otra ley antiterrorista

Y, aunque el importante avance represivo sobre los trabajadores organizados en forma independiente y antiburocrática demuestra que no son pocas las herramientas de que dispone el gobierno para buscar el disciplinamiento de los que luchan(2), también se provee de más pertrechos para reprimir de la manera que el imperio le exige: creando más leyes que habiliten la represión “legal”, instrumentada, ya no a través de la coerción directa, sino desde los despachos judiciales.

El 13 de octubre, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció en una conferencia de prensa el envío al congreso de un nuevo paquete de leyes para “la prevención, control y castigo del crimen transnacional y el terrorismo”. Inmediatamente después, Alak se reunió con el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y un par de miembros de la comisión de Legislación Penal, para “acordar la estrategia con la que buscarán aprobar los proyectos”. Semejante apuro se explica porque, la misma semana, se había reunido en París el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que intimó al gobierno argentino a resolver de manera inmediata las “deficiencias” legislativas para “adecuar su normativa interna a los más elevados estándares internacionales en materia antiterrorista”. 

El tirón de orejas vino porque el organismo internacional (que sirve para disfrazar la necesidad del imperialismo de contar con un arsenal semejante en todo el mundo para asegurar su dominación, más ahora, que busca subsidiar su propio déficit interno a costa de los países dependientes), considera que no alcanza con la sanción de la media docena de leyes antiterroristas que, como ningún gobierno anterior, logró imponer el kirchnerismo(3), y pide más.

Así, ya está en el congreso, listo para ser votado sin debate alguno, gracias a la mayoría en ambas cámaras que tendrá el oficialismo desde el 10 de diciembre, el proyecto que crea una agravante específica que aumenta notablemente las penas de todo delito que sea cometido “con la finalidad de provocar terror a la población”, expresión que, queda claro, permite cualquier interpretación que resulte necesaria para represaliar absolutamente cualquier cosa.

Otra novedad de los proyectos es que permitirán castigar por igual a individuos o a “personas jurídicas”, lo que habilita a jueces y fiscales a arremeter directamente contra cualquier organización del pueblo trabajador en conjunto, es decir, contra todos sus integrantes, simpatizantes o colaboradores.

La celeridad con que se remitió el nuevo paquete, permitió a los representantes argentinos ir corriendo al GAFI para informar que ya habían hecho los deberes. Y, pocos días después, en Cannes, Cristina Fernández recibió la palmadita de Barack Obama, que la definió como “una gran amiga, no solo mía sino de EEUU”, mientras ella, genuflexa, contestó que era “un honor” reunirse con el presidente del país al que reconoció “un liderazgo mundial, político y económico”. La mejor alumna del imperialismo, ahora con su octava ley antiterrorista.

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NOTAS:

1) Como denuncia CORREPI en su Archivo de Casos.

2) Ver “Represión y persecución contra el activismo independiente” en este número de ER.

3) En sus 8 años de gobierno, el kirchenrismo sanciónó ya 7 leyes “antiterroristas: Ley  25.765, agosto de 2003, Creación del Fondo Permanente de Recompensas. Ley  25.764, agosto de 2003, Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Leyes 26.023 y 26.024, abril de 2005: Ratifican e incorporan al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (o Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU. Ley  26.087, abril de 2006, modifica el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y da más facultades para la UIF. Ley 26.268, 2007, julio de 2007: Incorpora al Código Penal la “Asociación Ilícita Terrorista”, art. 213 ter y el delito de recolectar o proveer fondos para tales asociaciones, art. 213 quater. Amplía las facultades de la UIF. Ley  26.538, noviembre de 2009, amplía más el Fondo permanente de recompensas. Ley 26.683, junio de 2011, crea más delitos “terroristas” y habilita a la UIF a ser querellante.

Gatillo fácil y movilización popular en Inglaterra

El 4 de agosto, la policía fusiló a Mark Duggan, electricista, negro y padre de familia de 29 años, en el marco de un operativo en Tottenham, un barrio obrero de Londres. Inmediatamente, unas 300 personas se movilizaron a la comisaría, repudiando la versión oficial del “enfrentamiento”. La bronca se transformó en una rebelión popular que se extendió a otros barrios londinenses, y a otras ciudades como Bristol, Liverpool, Manchester y Birmingham. Durante días, hubo combates callejeros, con el saldo de cientos de heridos, más de 3.000 detenidos y cinco muertos por la represión. El gobierno de Cameron sólo pudo retomar el control después de movilizar 16.000 policías, y ahora trata de aleccionar a los revoltosos con juicios sumarísimos y duras penas, como la condena que acaban de dictar contra un niño de 11 años que robó un tacho de basura durante los saqueos a un supermercado. Más de 1.500 jóvenes están sujetos a procesos similares.

El gatillo fácil no es una novedad para Scotland Yard. En 2005, Jean Charles de Menezes, de 27 años, también electricista y morocho, sólo que brasileño, corrió por el andén del subterráneo. Fue suficiente para que los policías que custodiaban la estación le dispararan cinco veces a la cabeza. El ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, justificó a la policía, argumentando la “muy intensa presión bajo la cual trabajan”. Ninguno de los asesinos fue enjuiciado, y algunos fueron ascendidos, como la comandante Cressida Dick, que supervisó la operación. Uno de ellos, un año y medio después, fusiló a un hombre de 42 años en New Romney, condado de Kent, porque creyó que iba a asaltar un banco.

“Así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial bonaerense registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo. Una de ellas es la siguiente: ‘En horas de la noche de ayer, una comisión de la comisaría primera de tal lugar observó a varias personas en actitud sospechosa. Al acercarse a interrogarlos, fueron recibidos por una descarga cerrada, generalizándose un tiroteo a cuyo término encontraron heridos de muerte a N. N., con antecedentes por robo, y X. X., cuya identidad se procura establecer”, escribió Rodolfo Walsh en 1968. Podría haberlo escrito ayer, poniendo “londinense” en lugar de “bonaerense”.

Así, el gobierno británico muestra que tanto el gatillo fácil como la represión de la lucha popular son la única respuesta de los capitalistas, en el primero o en el tercer mundo, porque necesitan disciplinar al pueblo que explotan y temen la organización popular.

San Telmo y zona sur: Gatillo fácil y militarización

Con la creciente militarización y las “reformas” impulsadas desde el ministerio de Seguridad que dirige el CELS, aumenta la represión que busca disciplinar “preventivamente”. El gobierno, desde 2003, es responsable de más de 1.700 muertos con la represión cotidiana del gatillo fácil y la tortura

El asesinato de Ariel Domínguez, un trabajador de 22 años que esperaba el colectivo al término de su jornada en una empresa tercerizadora para la AFIP, ocurrió en pleno día y en el centro de San Telmo, con transeúntes que de inmediato se comunicaron a las radios para desmentir el “enfrentamiento” que ya circulaba como primera versión policial. Por ello, fracasó el intento habitual de sepultar el gatillo fácil bajo la pantalla del “delincuente abatido”. Asimismo, la trascendencia que adquirió el hecho porteño, permitió, también, que cobrara alguna notoriedad otro fusilamiento policial, el de Enrique Romero, un joven baleado a la salida de un boliche por el sargento bonaerense Isaías Cano, hijo del jefe de la policía distrital de Florencio Varela.

Así, apenas si dos, de tanto muerto cotidiano por la represión estatal, ocuparon, por unos días, algún espacio en los diarios y la agenda de las radios y TV(1).

En el caso de San Telmo, como “falló” la primera versión de la persecución a delincuentes, que hubiera permitido obviar toda investigación, y directamente premiar al uniformado por cumplir con su deber, fue necesario que todo el aparato (policía, ministerio de Seguridad, jueces, fiscales y medios) entrara en acción para instalar la segunda versión, el “accidente”. Entonces, se explicó que el policía iba corriendo tras unos bochincheros estudiantes secundarios que festejaban el Día del Amigo, se le cayó el arma reglamentaria de la cintura, y “se produjo” el disparo que alcanzó al joven trabajador en la cabeza.

Ocultan, como lo mostró la reconstrucción unos días más tarde, que ningún arma de semejante porte (Bersa Thunder 9 mm) puede dispararse sola, sin que alguien presione el gatillo, ni porque reciba un golpe al caer de tan baja altura. Ocultan, tras el manto de la tan oportuna negligencia o impericia, que estas excusas son tan frecuentes como absurdas, y sólo se explican por la necesidad acuciante, cuando el asesinato trasciende y provoca repulsa popular, de mostrar que el policía actuó en forma individual, y no como lo que es, uno más dentro del brazo armado del estado, reemplazable por cualquier otro de su especie.

No es casual que el homicidio de Ariel Domínguez ocurriera en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, como tampoco fue por simple azar que el asesinato del día siguiente fuera en lo más pobre del conurbano, Florencio Varela. Por algo son las mismas zonas en las que patrullan gendarmes y prefectos, junto a las fuerzas locales, en un caso la Federal y la Metropolitana, en el otro la Bonaerense. Tanto el reciente Operativo Cinturón Sur, en el caso porteño, o el Operativo Centinela, impuesto hace varios meses en el conurbano, fueron justificados por tratarse de zonas “conflictivas”, “peligrosas”, “plagadas de narcotraficantes y malvivientes”, lo que explica que tanto el cabo Mendoza como el sargento Cano dispararan sus reglamentarias como lo hicieron.

Ambos hechos son ejemplos que se hicieron visibles, como en junio del año pasado el fusilamiento en Bariloche de Diego Bonefoi, de una política de estado que lleva cobradas más de 1.700 vidas desde 2003. Una política de estado que mata jóvenes y pobres a razón de uno por día, alternando como sus herramientas favoritas el gatillo fácil y la tortura sistemática.

Desde el pasado mes de diciembre, cuando tras la represión a los ocupantes del Parque Indoamericano se creó el ministerio de Seguridad y se puso a su cargo a Nilda Garré, la ex ministra de Defensa, quedó en evidencia la decisión de avanzar y profundizar el conjunto de las políticas represivas que se venían aplicando, utilizando un doble mecanismo para legitimarlas.

Por una parte, el gobierno se ha esforzado en mostrar a la ministra como la “domadora” que vino a hacerse cargo de la “fiera federal”, para convertirla en aguerrida defensora de los derechos de las personas. Una idea, además de falsa, de imposible cumplimiento, pues el rol policial es el de imponer el control social, y, como ellos bien lo saben, eso se logra a fuerza de infundir temor para disciplinar.

Por la otra, junto a la “ministra montonera”, se ha blanqueado, finalmente, quiénes dirigen la política de “seguridad”, es decir, la política represiva, en Argentina. Al nombramiento, en un principio, de la ex fiscal vinculada al CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) Cristina Camaño, designada secretaria de Seguridad, se sumó, como subsecretario de Gestión y Bienestar del Personal de las Fuerzas de Seguridad, el abogado Gustavo Palmieri, integrante y directivo del organismo, que tuvo a su cargo la presentación y defensa pública del plan Cinturón Sur, que saturó con Gendarmería y Prefectura los barrios del sur de la ciudad.

Una excelente muestra de lo que logra la burguesía cuando usa el vestuario del “progresismo”. En esta oportunidad, lograron colocar la policía, la gendarmería y la prefectura bajo la dirección de un “organismo de DDHH”, como se dice el CELS, auspiciado y financiado por la lluvia de dólares de la Fundación Ford, a su vez tributaria directa del Departamento de Estado yanqui, en efectivo cumplimiento de aquello que mandaba el documento de Santa Fe II, de promover el desarrollo de ONGs “democráticas”, es decir, que defiendan y fortalezcan la gobernabilidad burguesa y sus instituciones.

Así como tantas veces dijimos que Horacio Verbitsky fue, desde el inicio del gobierno kirchnerista, el arquitecto en las sombras de su “política de DDHH”, eufemismo para nombrar a su política represiva, hoy, con sus subordinados con cargo y en funciones, ninguna duda queda de la utilidad que tiene el discurso progresista para profundizar la represión.

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NOTAS:

1) Ver Boletines Informativos Nº 616 a 618 de CORREPI, en www.correpi.lahaine.org, donde se denuncian varios casos de gatillo fácil y muertes en cárceles en las tres semanas anteriores al asesinato de Ariel Domínguez.

J. L. Suárez y Baradero: La represión del “progresismo” kirchnerista

El gobierno kirchnerista, que sostiene la miseria y obliga a los pobres a sobrevivir entre basureros buscando de qué vivir, el que dirige las fuerzas represivas y es responsable del gigantesco crecimiento de la represión en los barrios más humildes y su consecuencia, el gatillo fácil; es el mismo gobierno que después busca cooptar a las víctimas de su propia represión por medio de un discurso “progresista”. Es lo que sucedió tras los asesinatos en José León Suárez y Baradero.


Hace un par de años, un camión que transportaba ganado volcó en Tolosa. Decenas de empobrecidos vecinos de la zona se apresuraron, con lo que tenían a mano, a carnear los animales muertos para comerlos. Episodios similares han ocurrido a repetición, casi sin trascendencia pública, en otros lugares del país. En Rosario, por ejemplo, también fue saqueado, hace no mucho tiempo, un camión jaula accidentado en la avenida de Circunvalación. En Mendoza, durante el invierno, los habitantes de los barrios pobres suelen acechar los trenes que transportan carbón, aprovechando los lugares donde disminuye la velocidad para manotear unos pocos trozos que sirvan para entibiar algo sus heladas casillas. En mayo de 2006, la policía disparó para evitar el saqueo. Además de varios heridos, entre ellos un bebé en brazos de su madre, las balas mataron por la espalda a Mauricio Morán, un pibe de 14 años que había logrado trepar a un vagón y arrojaba carbón hacia la gente.

El 8 de febrero, la escena se repitió en José León Suárez, cuando descarriló un tren cargado de autopartes. Los tiros de las escopetas policiales, cargadas con munición de plomo, mataron a Mauricio Gabriel Arce Ramos, de 17, y Franco Almirón, de 16. Otro adolescente fue gravemente herido, pero logró sobrevivir.

Cuatro días más tarde, en la ciudad de Baradero, el policía Gonzalo Kapp descargó su escopeta contra Lucas Rotella, de 16 años, porque el pibe escapó con su ciclomotor cuando lo quiso detener por no usar casco. Dieciocho postas de plomo impactaron en la espalda del chico, que murió en el acto.

Como hace medio año en Bariloche, cuando la policía fusiló a Diego Bonefoi, la reacción popular, que se expresó de inmediato con movilizaciones, quemas de gomas y pedradas a las comisarías, puso los hechos de José León Suárez y Baradero en la primera plana de los medios.

Una vez más la política antipopular del kirchnerismo se mostró en toda su magnitud, dejando a la luz la miseria de las barriadas populares, la desesperación que obliga a los más pobres a arriesgar su vida en el saqueo, y la multiplicación sistemática del gatillo fácil que mata a un chico pobre cada día.



La mentira de las “soluciones progresistas”

Como siempre que un episodio represivo logra trascender, en lugar de quedar oculto tras la escueta referencia al “enfrentamiento” o el “delincuente abatido”, detrás vino una catarata de declaraciones e iniciativas de las distintas fracciones de la burguesía, cada uno para llevar agua a su molino.

Desde el gobierno provincial, gran defensor de la policía y de la “mano dura”, rápidamente llegaron emisarios para entrevistarse con las familias de los muertos, prometiendo, tanto en uno como en otro caso, “investigar hasta las últimas consecuencias”, y, de paso, ofreciendo algún que otro subsidio para silenciar la bronca. El propio jefe de la bonaerense, Juan Carlos Paggi, fue mandado por el gobernador Scioli a José León Suárez y Baradero. Scioli anunció la intervención de las comisarías, pasó a retiro a una quincena de comisarios y aplaudió la detención de un par de policías, mientras cargaba las tintas con el argumento del “loquito suelto” que había confundido los verdes cartuchos de postas de goma con los rojos de perdigones de plomo o acero.

La situación no fue desaprovechada por el gobierno nacional y sus propagandistas, que se montaron sobre la bronca y la movilización popular para cargar contra sus competidores en la interna del PJ. En José León Suárez, los familiares de Mauricio y Franco fueron rápidamente rodeados por los militantes kirchneristas de la JP Evita y La Cámpora, y su representación procesal en la causa penal fue asumida por los abogados del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), cerrando así el círculo de cooptación para convertir, como suelen sostener, “la protesta en propuesta”. O sea, desactivarla y redireccionarla bajo su control.

Mientras tanto, Horacio Verbitsky, el presidente del CELS, virtual ministro paralelo de seguridad nacional, convocó a un amplio arco de referentes del llamado “progresismo” para reeditar, en clave bonaerense, el Acuerdo para la Seguridad Democrática. En diciembre de 2009, habían lanzado este documento en un acto público, con el apoyo de los burócratas de la CGT y la CTA y todos los bloques legislativos, excepto el PRO. Ese texto fue adaptado, en junio de 2010, para presentarlo como Acuerdo para la Seguridad Democrática en la provincia de Buenos Aires, siempre señalando a un supuesto “autogobierno policial” como la causa de todos los males, lo que se resolvería con la conducción civil (o sea, de ellos) de las fuerzas de seguridad. Ahora, después de Baradero y José León Suárez, de nuevo el CELS desempolvó el documento, junto a la Comisión Provincial por la Memoria y la habitual corte de grandes “progres”: los burócratas Roberto Baradel, de SUTEBA; Hugo Yasky, de la CTA; los diputados Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Ariel Basteiro, Edgardo Depetri, Héctor Recalde y Ricardo Gil Lavedra, y el infaltable Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Cobró inusitado protagonismo en la iniciativa el titular de la Comisión Por la Memoria, Alejandro Mosquera, que supo dirigir la Federación Juvenil Comunista en los ’80, para luego pasar a las huestes del Frepaso, desde donde acordó, como jefe del bloque en la legislatura provincial, los votos necesarios para el paquete de leyes represivas impulsadas por el gobernador peronista Carlos Ruckauf, a mediados de los ’90.

La tesis del “progresismo”, que disputa con Scioli al interior del oficialismo, es que la policía se maneja en la provincia con un “modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes”. Propone, como salida, separar las funciones de justicia y seguridad (como, con su bendición, se hizo en el gabinete nacional recientemente); profesionalizar a la policía (lo que implica, por ejemplo, aumento de sueldos, más equipamiento y entrenamiento especializado, como el de las academias yanquis); y buscar “un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad” (es decir, buscar un gran acuerdo de la burguesía para dirigir a sus verdugos en la defensa de sus comunes intereses).

Como si la policía federal no hubiera protagonizado la represión en el Parque Indoamericano, con tres(1) muertos, o la gendarmería no reprimiera a diario cortes de ruta y tomas de tierras en el interior del país; como si sólo la bonaerense usara el gatillo fácil y la tortura como cotidianas herramientas de control social; el oportunismo kirchnerista, en un año electoral, recurre a su arma favorita para ganar consenso: la cooptación de las demandas populares, convirtiéndolas en caricaturas de sí mismas, en su propio beneficio. Al estilo peronista ortodoxo, al estilo kirchnerista o con matices de cualquier color, la represión es un arma imprescindible para que la burguesía profundice su dominación, gobierne quien gobierne en su nombre.





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NOTAS:

1) Tras la represión en el Parque Indoamericano además de los dos casos de muertos por la policía que fueron difundidos públicamente, también fue asesinado por la represión Emilio Canaviri Álvarez, hecho denunciado por su familia, aunque tanto el gobierno como los medios de comunicación, aprovecharon que portaba un DNI falso para poner en duda su ejecución.

Un muerto diario por el gatillo fácil y la tortura

2010 es uno de los años con más casos de muertes por el gatillo fácil y la tortura, mecanismos que ejerce el estado a manos de sus fuerzas represivas para mantener el orden social y la explotación.
Según los números presentados por la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) el pasado 19 de noviembre en Plaza de Mayo, son 219 los casos de personas asesinadas por el estado con el gatillo fácil y la tortura en cárceles, comisarías e institutos de menores. Y pasada la presentación del archivo ya se registraron nuevos casos.
Así en nuestro país, esta represión sistemática que se ejerce sobre todo en los barrios más humildes buscando el control constante y el disciplinamiento social, se cobra casi una muerte diaria.

Bariloche: Gatillo fácil, movilización popular y represión

La mañana del 17 de junio, en el barrio Boris Furman de Bariloche, el cabo Sergio Colombil mató a Diego Bonefoi, de 15 años. El fusilamiento movilizó a los habitantes de los barrios del Alto, que apedrearon la comisaría. Con más represión y usando todos sus recursos, la burguesía se lanzó a “pacificar la ciudad”, a las puertas de la temporada alta de turismo.

El “gatillo fácil” es una de las formas que adopta la política de exterminio que el estado burgués descarga sobre el pueblo trabajador para disciplinarlo. Junto con otras herramientas represivas, como la militarización de los barrios, la utilización sistemática de torturas o las detenciones arbitrarias, esos cotidianos fusilamientos policiales persiguen un objetivo claro: el control social, a través de infundir terror a la policía. La burguesía busca, a través de sus fuerzas de seguridad, naturalizar la dominación, e impedir el desarrollo de la conciencia, para evitar lo que más temor le provoca, la organización popular. Si esa represión “preventiva” logra su objetivo desmovilizador, es menor la necesidad que los gobiernos tienen de recurrir a otras formas más difíciles de ocultar.

La movilización popular que sacudió la turística ciudad de Bariloche cuando se supo en el barrio que uno de sus pibes había sido asesinado por un policía, evitó que esa muerte quedara invisibilizada, como sucede a diario en todo el país, con pibes fusilados que los medios presentan, a lo sumo, como “delincuentes abatidos” (1).

Bariloche exhibe con particular crudeza la polarización entre ricos y pobres, y deja en evidencia lo irreconciliable de los intereses de unos y otros. Por una parte, la costa del lago Nahuel Huapi, el “Bajo”, los “Kilómetros”, con sus servicios de lujo dispuestos para la gran industria del turismo. Por la otra, el “Alto”, los barrios obreros, donde vive la gran mayoría de la población, que sólo recibe, para sobrevivir, unas migajas de la fortuna que genera con su trabajo. En ese escenario, que se sostiene a fuerza de represión, con una constante presencia policial y de gendarmería, con un uso permanente de las detenciones contravencionales o por averiguación de antecedentes, el fusilamiento (otro más) de un chico de 15 años hizo estallar el odio.

De entrada, cuando se supo del hecho, el comisario habló de un forcejeo entre un delincuente armado y el policía, mientras todo probaba que la bala 9 mm de la pistola Jericho(2) que atravesó la cabeza de Diego fue disparada a unos tres metros de distancia. Empujados por la bronca, que logró romper esa naturalización de la represión cotidiana, los jóvenes de los barrios obreros bajaron al centro. El ataque policial que debieron enfrentar costó una veintena de heridos de bala, muchos detenidos y dos muertos.

El intendente Marcelo Cascón, radical-alfonsinista-kirchnerista, se reunió de urgencia con concejales, legisladores provinciales, empresarios y dirigentes de la burocracia sindical. Mostrando sin pudor sus intereses comunes, juntos mandaron una carta a la presidenta Cristina Fernández, pidiéndole que envíe más fuerzas de gendarmería, “en pos de restaurar la paz social y el orden público”. Luego, el intendente convocó a los titulares de la policía, la gendarmería y la prefectura, para instarlos a guardar “la seguridad ciudadana”.

El empresariado del gran negocio del turismo, y su aliada, la burocracia sindical, con los gremios de transporte público y gastronomía a la cabeza, fogonearon, al mejor estilo Blumberg, sus propias movilizaciones en defensa de la policía.

A la par del virtual estado de sitio que se impuso sobre los barrios obreros, y mientras trascendían las denuncias de torturas a los detenidos en las manifestaciones, se puso en funcionamiento el aparato de propaganda para buscar consenso, especialmente entre los sectores medios, siempre tan permeables al discurso de la “inseguridad”.

Un taxista denunció que fue asaltado por un joven de 18 años del barrio 400 Viviendas, al que, según dijo, puso en fuga. “Al no tener seguridad con los operativos, que hay gente que no los quiere, está pasando lo que está pasando... ¿Van a esperar que haya una muerte de parte de los malvivientes, que maten a una persona inocente? ... Quiero un Bariloche seguro, como lo queremos todos”, disparó el taxista. Los burócratas de los sindicatos del transporte (taxistas, remiseros y colectivos) anunciaron un paro reclamando más acción policial, mientras recrudecieron las amenazas contra los referentes antirrepresivos más visibles(3).

Después de reunirse en Viedma con los representantes de la burguesía de Bariloche, el gobernador Saiz creó un “gabinete social” de emergencia, con funcionarios provinciales, empresarios y sindicalistas; anunció el envío de 100 policías más a la ciudad, la reconstrucción de la comisaría 28ª y la incorporación de los servicios de transporte público al Servicio de Seguridad Satelital, con seguimiento en vivo monitoreado por la policía.

El “progresismo”, por su parte, se abocó a la búsqueda de “conciliación” y “entendimiento”. El obispo de Bariloche pidió “cordura” y definió la ciudad como “esquizofrénica”. La CTA decidió un tardío y tibio paro bajo la consigna: “Un Bariloche en paz, sin exclusión y con justicia social para todos y todas”. Un juez de conocida trayectoria “humanista”, que supo estar vinculado al CELS, ordenó el procesamiento y prisión preventiva del policía Colombil por el homicidio calificado de Diego Bonefoi. En menos de una semana, la cámara de apelaciones aceptó los argumentos de la defensa(4) y puso al policía en libertad.

Los hechos de Bariloche muestran con crudeza la realidad que, más o menos silenciada, es la constante en todo el país. El gobierno, la burocracia sindical, los empresarios, defendiendo sus negocios a costa de la vida de los trabajadores. Los “progresistas”, clamando por una “paz social” que ignora el antagonismo irreconciliable de las clases, contribuyendo, así, a mantener el estado de cosas, con algo de presentable maquillaje democrático.

Como siempre, de un lado, todos los enemigos de los trabajadores. Del otro, el pueblo trabajador, que debe organizarse para luchar en su contra.

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NOTAS:

1) Según datos publicados por CORREPI, las fuerzas de seguridad argentinas asesinan una persona por día con el gatillo fácil, la tortura y otras herramientas represivas.

2) La pistola Jericho 9 mm fue desarrollada a principios de los ’90 por Israel Military Industries (IMI), empresa líder de armamento, propiedad del Estado de Israel, con subsidiarias en EEUU, Tailandia e India. Esta pistola, además de ser utilizada por las fuerzas armadas y de seguridad de su país, es exportada a varios países de la OTAN , y ha sido seleccionada como el arma reglamentaria de la policía colombiana.

3) Radios comunitarias de los barrios y referentes antirrepresivos recibieron amenazas telefónicas o por email.

4) La defensa del policía argumentó que el juez M. Lozada “prejuzgó” porque fue a dar el pésame a los padres de la víctima y porque consideró “sospechoso” el hallazgo, mucho después del hecho, de un arma cerca de donde cayó el cuerpo del joven asesinado. También afirma que la cartuchera del policía se rompió cuando corría, el arma salió volando, y se produjo el disparo “por accidente” cuando la trató de atajar.