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Libertad a Carlos Olivera


Durante este mes se llevará a cabo el juicio oral al compañero, obrero de la construcción, Carlos Olivera, miembro del SITRAIC. Debemos movilizar por la libertad del compañero.

Carlos Olivera ha sido encarcelado hace ya más de dos años, a partir de una maniobra de la burocracia de la UOCRA de Gerardo Martínez, junto a la policía y la justicia de la provincia de Buenos Aires, durante un conflicto ocurrido en Lomas de Zamora.
El 15 de diciembre de 2009, Olivera y sus compañeros, realizaban una asamblea en la obra donde estaban construyendo y decidieron iniciar un cese de actividades, ya que la patronal les debía parte de sus salarios. Mientras los trabajadores se encontraban en el lugar, se hizo presente una patota de la UOCRA, que comenzó a golpear a los compañeros y a disparar con armas de fuego. Olivera intentó escapar, pero fue agredido por la patota y luego detenido por la policía cerca de la estación de Lomas de Zamora, desde donde fue trasladado al Hospital Gandulfo por sus heridas. Desde ese día, el compañero se encuentra detenido y sin juicio, acusado por la patota de haber provocado los enfrentamientos.
El pasado mes de diciembre se realizó una audiencia pública en la que el tribunal decidió que siga detenido. Ese día, se produjo una gran muestra de solidaridad, donde muchos sectores de trabajadores y organizaciones nos hicimos presentes en las puertas del tribunal para llevar nuestro apoyo. Pero también se hicieron presentes, (y así lo van a hacer nuevamente en el juicio de febrero) los matones de la burocracia, que ocuparon lugares en la sala y movilizaron micros hasta los tribunales exigiendo que Olivera continúe detenido.
El encarcelamiento de Olivera, es claramente un ataque al movimiento obrero antiburocrático que se organiza para combatir a la burocracia sindical. Mientras burócratas ladrones como Zanola consiguen su libertad o el mismo Gerardo Martínez, quien fuera buchón del Batallón 601 del ejército y contribuyera a la desaparición de un centenar de obreros de la construcción durante la dictadura militar, continúa libre, Olivera, quien no tiene una condena, continúa preso.
Gerardo Martínez, no sólo continúa libre, sino que es uno de los sindicalistas de la burocrática CGT con más cercanía con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Muchos son los presos políticos en esta Argentina kirchnerista. El 2 de febrero, “la Galle” Karina Germano, cumplió 10 años en la prisión. Mientras tanto, Oñate, Tapia y Claros continúan detenidos.
El gobierno nacional, junto a la burocracia sindical y las patronales, en connivencia con las fuerzas represivas actúan contra el movimiento obrero organizado. Evidentemente, el desarrollo, aunque incipiente aún, de un activismo independiente preocupa a estos sectores. Por eso, no sólo mantienen en las cárceles a los presos políticos, sino que avanzan también con los despidos y con la persecución judicial a los trabajadores. Así, ya suman más de 5.000 los procesados por luchar y ya son muchos los trabajadores con pedidos de desafuero o con procesos iniciados por participar de acciones en sus fábricas o en las cercanías de las mismas.
El ataque a Olivera, como el ataque a los obreros de Kraft, a los petroleros de Santa Cruz y a todos los trabajadores que se organizan y luchan, constituye un ataque al conjunto de la clase trabajadora. Con el juicio a Olivera, pretenden aleccionar a todo el activismo independiente. Por eso, para detener esta avanzada, es fundamental movilizarse en defensa del compañero.

Por un fin de año sin presos políticos


La política represiva en la era kirchnerista abarca un amplio campo. Incluye, por ejemplo, el asesinato de 17 militantes populares, la represión a huelgas, movilizaciones y ocupaciones de tierras, el procesamiento de 6.000 militantes, la persecución y el despido de los trabajadores que se organizan, y el intento de disciplinamiento social por medio del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles, comisarías e institutos de menores. En este marco, una de las prácticas represivas más graves y veladas del peronismo gobernante, es el encarcelamiento por razones políticas.

La constante sumatoria de nuevos presos políticos en las cárceles argentinas hace que el período 2003-2011, de gestión kirchnerista, cuente con la mayor cantidad de encarcelados por luchar después de terminada la dictadura, contándose más de 100 presos en los últimos ocho años(1). La significativa invisibilidad de esta grave situación, deja en evidencia el sentido político del discurso derechohumanista del kirchenrismo, al que es preciso desenmascarar en su total dimensión. Su planteo sigue siendo hablar de los DDHH de ayer, para profundizar la persecución actual contra el pueblo trabajador y sus referentes políticos y sindicales.
Así, hoy en la Argentina contamos al menos cinco presos políticos. Conseguir su inmediata liberación es una tarea fundamental de todo el movimiento popular.
Karina “la gallega” Germano es una militante de muchos años miembro de HIJOS e impulsora en la actualidad del Centro Universitario en la cárcel de Ezeiza. Fue detenida en Brasil en el 2002, junto a un grupo de militantes a los que el estado brasileño acusó de participar en el secuestro de un empresario multimillonario. Luego de torturas e irregularidades judiciales fueron acusados sin pruebas y su condena duplicada intencionalmente, negando el carácter político del grupo. Luego de que Germano consiguiera el traslado a Argentina a fines de 2006, no sólo la han mantenido en prisión, sino que, incluso, le niegan el derecho a las salidas transitorias que le corresponden.
Carlos Olivera es un albañil de Lomas de Zamora, militante del SITRAIC, un sindicato de la construcción que se opone a la burocracia de la UOCRA encabezada por Gerardo Martínez. En diciembre de 2009 una asamblea en la que participaba fue atacada por una patota armada de la burocracia que hirió gravemente a muchos trabajadores, incluido Olivera. Como es habitual, luego de dejar actuar a la patota, la intervención de la policía fue para profundizar la represión contra los trabajadores: lo detuvieron a Olivera y le armaron una causa por un supuesto intento de homicidio contra los hombres de la patota. Desde entonces Carlos Olivera ha estado detenido en diversas cárceles y hoy está en la de Melchor Romero, cerca de La Plata.
Otro militante obrero, Victor Oñate, delegado petrolero de Las Heras, se encentra también preso desde julio de este año en represalia por su actividad sindical. Luego de que los trabajadores petroleros libraron una dura lucha que incluyó la toma de una planta de YPF (el yacimiento LH3), el poder judicial y las fuerzas represivas lanzaron una caza de brujas para amedrentar a los luchadores y apresar a sus dirigentes. Otro delegado petrolero, Juan José Acosta, fue detenido y estuvo preso durante meses, aunque fue finalmente liberado fruto de la presión popular. Del mismo modo, la represión se empecinó con Oñate, por ser uno de los dirigentes del conflicto. La abierta persecución política es acompañada, en este caso, con una insólita acusación por “amenazas” contra la misma policía que desalojó la planta. Luego de que habían allanado y destruido su casa y que habían detenido y golpeado a su hermano, Oñate decidió entregarse a la policía, algo que se hizo en un acto público en el Gimnasio Municipal de la localidad y con el acompañamiento de una multitud, con el reclamo de garantizar la integridad del dirigente. Desde entonces, Oñate sigue preso.
Un mes más tarde, en agosto, la persecución política llevó a la cárcel a Mario Tapia y Aldo Claros, en represalia por la importante lucha librada por los pobladores de Villa General San Martín en reclamo del acceso a la vivienda ocupando una parte del predio del multimillonario Blaquier. En aquella oportunidad y como se viene repitiendo a lo largo del país (Indoamericano, Formosa, Jujuy), los gobiernos, la justicia y las fuerzas represivas, es decir el estado de la era kirchnerista, descargó toda la fuerza de la represión sobre los sectores más necesitados. El 28 de julio la represión para dejar sin vivienda a cientos de familias y defender las tierras de Blaquier, empresario amigo de la dictadura y de los Kirchner, implicó el asesinato de tres de los ocupantes, y en esa intentona, murió también uno de los milicos que realizaban el desalojo. Desde entonces, una vez más, el estado inició una nueva casa de brujas, para escarmentar a los luchadores, buscando chivos expiatorios a quienes responsabiliza por la muerte de policía que intervino en el desalojo, y a partir de lo cual llevó a prisión al remisero Mario Tapia y al joven Aldo Claros.
Los 17 luchadores asesinados y la multiplicación de los presos políticos muestran a las claras la profundidad de la represión kirchnerista contra los que se organizan y luchan para conseguir condiciones más dignas de vida. Hoy es imprescindible redoblar los esfuerzos por conseguir la libertad de los compañeros presos.

Liberad a Karina “la galle” Germano
Libertad a Carlos Olivera
Libertad a Victor Oñate
Libertad a Mario Tapia
Libertad a Aldo Claros
Ni un preso político más en la Argentina

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Notas:
1) Ya hace un año podíamos contar “Más de 100 presos políticos durante el kirchnerismo”, ER Nº64, diciembre de 2010. Disponible en http://blog-otr.blogspot.com

Libertad y asilo político a Julián Conrado


Hace cuatro meses, el 31 de mayo, Julián Conrado, dirigente revolucionario y cantante colombiano, fue detenido por las fuerzas represivas del estado venezolano, siguiendo al pie de la letra las exigencias de la Interpol y la política yanqui de persecución a los luchadores. En ese momento los funcionarios del gobierno de Hugo Chávez informaron que extraditarían al guerrillero fariano para entregarlo al estado paramilitar de Colombia, hecho que fue repudiado por un amplio arco del activismo popular y de izquierda, incluyendo a varias organizaciones chavistas. Desde entonces el gobierno de Venezuela se ha mantenido en silencio, sin cumplir aún la extradición pero sin liberar a este dirigente político de la izquierda colombiana, y mucho menos asumiendo el amplio reclamo de garantizar su asilo político. Ante esta negativa de Chávez y el peligro aún presente de su extradición se hace imprescindible ampliar la campaña por la libertad de Julián Conrado, para que no haya un nuevo revolucionario entregado a la tortura del estado terrorista colombiano, como sucedió con muchos otros dirigentes y recientemente con Joaquín Pérez Becerra, el director de la agencia de noticias ANNCOL.

Chávez y Santos, juntos contra la resistencia

Nuevamente, a pedido de Interpol y en nombre de la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Hugo Chávez encarceló a un guerrillero de las FARC para entregarlo al terrorismo de estado colombiano.



“Gracias al Presidente Chávez por la captura de alias Julián Conrado terrorista de las Farc”, escribió en Twitter el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Lo hacía festejando que, a poco más de un mes de haber entregado a las cárceles colombianas al director de ANCCOL Joaquín Pérez Becerra(1), el gobierno de Venezuela hubiera vuelto a demostrar su absoluto compromiso con la persecución a los luchadores.

En este caso, el chavismo apresó a Guillermo Enrique Torres, conocido como Julián Conrado, quien fuera miembro del Estado Mayor de las FARC (además de un conocido cantautor popular) y por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 2,5 millones de dólares a quien diera información.

Un comunicado de la cancillería de Venezuela dice: “Una vez practicada la detención del referido ciudadano, se informó a las autoridades del Gobierno de la república de Colombia y se iniciaron los trámites correspondientes para colocarlo a la orden de la justicia de ese país, según los procedimientos correspondientes”. Ante ello, Santos reconoció la predisposición represiva de su colega, afirmando que Conrado “Hoy está a buen recaudo y el Presidente Chávez nos ha dicho que nos lo va a entregar”.

En uno de sus habituales actos de campaña de su gobierno paramilitar, Santos anunció la captura de Conrado en la Escuela Militar José María Córdova de Bogotá. Entonces, dejó en claro que el operativo se hizo con participación militar colombiana en tierras de Venezuela: “El día de antes de ayer (en referencia al 30/05), en una operación que realizó el gobierno venezolano, con ayuda de autoridades colombianas (inteligencia de nuestra Policía) se capturó a Julián Conrado”, señaló entonces.

Hasta grupos chavistas como el PC de Venezuela han debido admitir que “existiría un ‘acuerdo’ entre el Presidente Chávez y Santos para la cooperación a nivel de servicios de inteligencias para la captura de combatientes colombianos”, por medio del cual “se está haciendo el juego y/o siendo parte de la red mundial del imperialismo para capturar a cuadros revolucionarios de izquierda con el objetivo de destruir las luchas de nuestros pueblos”.(2)

Vale aclarar que la colaboración del pretendido “socialismo del siglo XXI” con el principal bastión del imperialismo en América Latina, como ya lo hemos señalado, se da en un marco de extrema represión en Colombia. Sin ir más lejos, en estos días en que se está convocando a un “Encuentro nacional por la libertad de los prisioneros políticos” el régimen de Santos ha ordenado reprimendas en la Reclusión de Mujeres del Buen Pastor y la Penitenciaria de Alta Seguridad de Combita, que parecen orientarse a una mayor dispersión y asilamiento de los presos políticos, siguiendo la pauta sostenida por el estado español contra los luchadores vascos. Esto, en un país con 7.500 presos políticos y decenas de miles de asesinados, torturados, desplazados y desaparecidos (3).

Y cada vez son más los luchadores que hoy sufren cárcel y torturas en Colombia (y también en España) que le deben esa condición al presidente de Venezuela.

Esta declaración pública que viene haciendo el chavismo, reivindicando su persecución a los luchadores y su cumplimiento con las instituciones de la democracia burguesa (siguiendo, por ejemplo, las exigencias de Interpol), es una ratificación de que el pretendido “socialismo del siglo XXI”, lejos de todo socialismo, cumple al pie de la letra con las exigencias del capitalismo, en primer lugar, perseguir a quienes luchan contra este sistema de explotación.

Con todo, aún hay quienes no ven, o no quieren ver, la gravedad de la orientación chavista. ¿Cuántos combatientes más deberán ser entregados?



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Notas:

1) Ver “El terrorismo de estado en Colombia y la colaboración de Chávez” en ER Nº68. Disponible en http://blog-otr.blogspot.com

2) “¿Venezuela, se ha vuelto peligroso para los luchadores sociales y revolucionarios del mundo?”, en Tribuna Popular, 1/06711

3) Según el organismo colombiano “Medicina Legal”, en los últimos 3 años ha habido más de 38.000 desaparecidos en ese país. Para las últimas tres décadas, la misma ONU reconoce la desaparición de más de 57.000 personas.



*

Las entregas de Chávez


El gobierno de Hugo Chávez ha detenido, expulsado y entregado a las cárceles de la tortura en España y Colombia a numerosos luchadores populares a lo largo de su mandato. Algunos de los casos más renombrados fueron:



31/05/02: Juan Víctor Galarza Mendiola (Independentista vasco)

17/12/02: Sebastián Etxaniz Alkorta (Independentista vasco)

24/09/03: José Ramón Foruria Zubialdea (Independentista vasco)

13/12/04: Rodrigo Granda (Canciller de las FARC)

18/12/05: Donayro Manuel Acevedo Pérez (ELN)

31/07/08: Gabriel Culma Ortiz (FARC)

21/04/09: Iñaki Etxebarría (Independentista vasco. Fue detenido y posteriormente liberado en Venezuela, luego de una campaña por su libertad)

1/04/10: Walter Wendelin (Independentista vasco. Expulsado de Venezuela y a los seis meses detenido en España)

25/12/10: Nilson Terán Ferreira (ELN)

12/04/11: Carlos Julio Tirado Hernández (ELN)

12/04/11: Carlos Duban Pérez Marín (ELN)

25/04/11: Joaquín Pérez Becerra (ANNCOL)

30/05/11: Guillermo Enrique Torres, “Julián Conrado” (FARC)

Chile: Más de 80 días de huelga de hambre contra las “leyes antiterroristas”

El pasado 3 de junio la corte suprema ratificó, al igual que lo habían hecho otras instancias judiciales, que el estado chileno castiga con la cárcel a los mapuches que luchan por el acceso a la tierra. La huelga de hambre de cuatro de sus presos políticos, que entonces llegaba a los 80 días, obligó a la máxima jerarquía judicial a aminorar las condenas, pasando de 25 y 20 años a 14 y 8 años, pero no la hizo abandonar su defensa de las leyes antiterroristas que, entre otras cosas, permiten el proceso superpuesto por parte de la justicia civil y la militar, mantienen a los procesados en prisión aunque no hayan tenido condena, y alcanza penas altísimas.

Al tiempo que se daba una movilización solidaria frente a la casa de la moneda (reprimida por los carabineros), los comuneros presos respondieron sosteniendo la huelga que en los últimos días los ha llevado al hospital por la gravedad de su estado físico. Héctor Llaitul, José Huenuche, Ramón Llanquileo y Jonathan Huillical anunciaron que seguirán la lucha hasta las últimas consecuencias para enfrentar la avanzada represiva del estado chileno y sus leyes antiterroristas.

¡Libertad a los presos políticos mapuches en Chile!

La persecución política del gobierno kirchnerista

La empresa UGOFE y la secretaría de transporte de la nación, responsables también del asesinato de Mariano Ferreyra, lejos de ser condenados, hoy son los denunciantes en una causa por “extorsión” contra Jorge Hospital y Omar Merino, trabajadores del Ferrocarril y militantes del PO pertenecientes a la agrupación Causa Ferroviaria; Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y Miguel Morales, trabajador tercerizado del Ferrocarril Roca despedido y militante de Causa Ferroviaria. Estos compañeros son acusados de este “delito” por haber realizado un corte de vías el 23 de diciembre pasado en reclamo del pase a planta de los trabajadores tercerizados, habiendo sido incluso detenidos, Hospital y Merino durante un día.


Al juez federal que dictó el procesamiento le bastó la versión de los policías que actuaron ese día en el corte y cuya responsabilidad y participación en la causa Ferreyra han sido probadas.

De este modo, la resolución del juez fue muy sencilla. Los testimonios de la policía alcanzaron para determinar que estos compañeros participaron del corte y como el corte se hizo en reclamo al gobierno y a la empresa para que cumpliera con su compromiso, para este juez se trata, no de un justo reclamo de los trabajadores sino de un delito de extorsión: “al obligar a otro, bajo intimidación, a hacer algo contra su voluntad”.

Por esta razón cualquier tipo de reclamo de los trabajadores será entendido por las empresas y el gobierno como extorsión ya que jamás tendrán la “voluntad” de responder a las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Una lógica similar es la que llevó a la justicia a resolver que la causa iniciada contra tres estudiantes universitarios, militantes del PTS, que participaron en los cortes de Callao y Corrientes en apoyo a los trabajadores de Kraft, no sería una contravención sino una causa penal, con lo que se resolvió su elevo al juzgado federal.

La represión y persecución política por parte del gobierno, también se evidenció en Tartagal, tras un corte de ruta en reclamo de vivienda en donde participaba la CTD Aníbal Verón. Esta represión dejó un saldo de al menos doce detenidos que, al momento del cierre de esta edición, aún siguen presos y otros cinco luchadores con pedido de captura.

Este hecho pasa a aumentar la lista de presos políticos del gobierno kirchnerista, que actualmente integran Roberto Martino, Karina Germano, José Villalba y Carlos Olivera. Todos ellos, presos por su participación política en la lucha del pueblo.

Más de 100 presos políticos durante el kirchnerismo

La represión contra los luchadores y la multiplicación de los presos políticos, es una política de estado sostenida por todos los gobiernos. Desde 1983, el kirchnerismo es el que más lejos ha llevado esta práctica sistemática, alcanzado a más 6000 procesados, cientos de detenidos y mucho más de 100 presos por luchar.

En materia de presos políticos, desde su asunción en 2003, Kirchner sostuvo la política de Duhalde, su mentor, manteniendo en prisión hasta mediados de 2005 al militante vasco Josu Lariz Iriondo y al italiano Leonardo Bertulazzi, a quienes su antecesor había encarcelado.
En 2004, arrancó con todo a cosechar sus propios presos políticos. En abril, al militante social Gabriel Roser se le fraguó una causa y estuvo en prisión durante un año y ocho meses. En julio, cuando el estado nacional reprimió a quienes se oponían al código contravencional de la capital, llevó a prisión a 17 manifestantes durante un año y casi dos meses. En agosto, por reclamar frente al Casino de Resistencia, Chaco, Raúl Castells estuvo preso durante un año. En ese mes, como respuesta a un escrache contra el FMI, hubo 102 detenciones y se mantuvo en la cárcel a 12 de ellos hasta fin de año. Y en octubre, 36 nuevos detenidos y 6 presos durante varios meses, fueron el saldo de la represión contra los petroleros desocupados que reclamaron trabajo en la planta de Termap de Caleta Olivia, Santa Cruz.
Durante el año 2005, con al menos 40 presos encima, el gobierno se anotó 12 nuevos presos políticos. En julio, la represión contra petroleros que reclamaban mejores condiciones de trabajo en Cañadón Seco, Santa Cruz, llevó a la detención de 60 trabajadores incluyendo el encarcelamiento de Claudio Gialetti durante 6 meses y de Cristian Ruiz durante 1 año y 2 meses. Y dos nuevas represiones con saldo de presos políticos se dieron en noviembre. Primero, como respuesta a la reacción popular contra la empresa TBA del ferrocarril en Haedo, tras la cual 8 detenidos estuvieron presos por 8 meses, y uno más, Roberto Cantero, por 2 años. Y luego, la represión contra el repudio a la Cumbre de las Américas culminó con la prisión domiciliaria de Ricardo “Chacho” Berrozpe durante 7 meses.
En el 2006 el kirchnerismo sumó, por lo menos, otros 15 presos políticos. En febrero, la represión y ocupación militar en Las Heras, Santa Cruz, incluyó el encarcelamiento de 8 luchadores por 3 años. En mayo, el gobierno argentino procuró el encarcelamiento de 6 militantes paraguayos a quienes no sólo no liberó, sino que entregó al estado paraguayo dos años después. Y a fin de año, con el traslado desde Brasil de la militante de HIJOS, Karina “Gallega” Germano, el gobierno argentino pasó a ser el responsable de su encarcelamiento político que dura hasta el día de hoy, negándole incluso sus derechos más básicos como son las salidas transitorias.
En 2007 el kircherismo sumó 5 nuevos presos políticos. En abril, luego de un escrache en repudio al asesinato de Fuentealba, 16 militantes fueron detenidos y dos de sus dirigentes, Fernando Esteche y “Boli” Lescano, estuvieron 6 meses presos. En julio, un dirigente piquetero José Villalba fue detenido con una causa armada y debió realizar una huelga de hambre de más de dos meses para que le den prisión domiciliaria, mientras su mujer, Berta González, aún sigue perseguida. La represión a un acto el 22 de agosto, llevó a la detención de 14 militantes, 3 de los cuales tuvieron que soportar varios meses de prisión. Así, para el 2007, el kirhnerismo contaba ya con el triste récord de haber llevado tras las rejas a más de 70 presos políticos.
En marzo de 2008, el estado argentino detuvo a los militantes chilenos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villaroel, a quienes mantuvo tras las rejas más de un año y medio para luego entregarlos al estado chileno, poniendo en práctica la legislación llamada “antiterrorista” siguiendo los lineamientos de EEUU. Y en mayo del año pasado la represión cayó sobre un grupo de militantes que denunciaban el genocidio israelí sobre Palestina, llevando a la detención de 15 militantes, 12 de los cuales estuvieron presos por casi 2 meses, soportando a partir de entonces una abierta persecución a su organización política y territorial.
En 2010 el kirchnerismo encarceló, al menos, a otros 30 luchadores populares. Se difundió el carácter político de la prisión que soporta Carlos Olivera, a quien la patota de la CGT le armó una causa penal que lo viene manteniendo en la cárcel durante todo 2010. En Salta el movimiento de desocupados sufrió una persecución reiterada que incluyó la detención por casi una semana de 19 luchadores en marzo y una nueva arremetida a partir del 19 de mayo contra varios de sus dirigentes como Pepino Fernández, que en su mayoría consiguieron su libertad al comenzar junio. En abril, tras la movilización frente a la embajada de Grecia, el kirchnerismo encarceló también a 5 militantes anarquistas a quienes mantuvo dos semanas detenidos. Al mes siguiente, llevó a la cárcel, por su carácter de dirigente político, a Roberto Martino, quien luego de varios meses de reclusión decidió iniciar una huelga de hambre en la cárcel, mientras afuera se redoblan las medidas de lucha para conseguir su libertad. Otro militante chileno, Juan Manuel Aliste Vega, fue detenido en julio y se lo mantuvo encarcelado dos semanas para luego entregarlo al estado chileno.
Así, mientras hoy siguen estando presos Roberto Martino, Karina Germano, José Villalba y Carlos Olivera, la larga lista de presos políticos (de la que ésta es sólo una muestra incompleta) supera largamente los 100 casos, y promete ir por más. Ya los dirigentes Esteche y Lezcano fueron condenados nuevamente y están en peligro de volver a la cárcel. Ante esa evidencia es central organizarse para enfrentar la represión, para conquistar la libertad de nuestros presos políticos y para avanzar en la organización que nos permita encarar con más fuerza nuestra lucha contra este gobierno antipopular, que más que de los DDHH, es el gobierno de los presos políticos.

Chile: ¡Libertad a los presos políticos!

Al igual que ocurre en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, en Chile la persecución constante contra los luchadores se está cobrando una numerosa cantidad de procesados y de presos políticos, a muchos de los cuales el estado pretende juzgar apelando a la ley antiterrorista o por medio del código militar.


En Chile, 32 presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre que lleva prácticamente dos meses, en la cual algunos de ellos van perdiendo más de 18 kilos en medio de hostigamientos y denuncias de torturas. Con esta medida, los presos políticos buscan poner en evidencia las prácticas persecutorias del estado chileno y el uso del mote de “terroristas” para condenar a los luchadores populares con penas larguísimas que pueden llegar a superar los 100 años. Como dice uno de los referentes de estas luchas, Héctor Llaitul, “…mienten abiertamente, catalogan de ‘terrorismo’ acciones muy básicas de resistencia y autodefensa de las comunidades cuando son allanadas con violencia por la fuerza pública. Respuestas básicas, rudimentarias de la gente ante la agresión policial se transforman entonces en ‘atentados contra vida’, ‘emboscadas criminales’, ‘homicidios frustrados’ e ‘intentos de asesinato’.”

Además de las decenas de presos mapuches (unos 60 al menos), otros luchadores populares se encuentran también en prisión bajo amenaza de ser juzgados por las mismas leyes antiterroristas, como sucede con 10 militantes anarquistas a los que se involucra en el “caso bancos”.

De esta forma, la persecución a los luchadores viene siendo una constante tanto en el gobierno “socialista” de la Concertación como en el actual de Piñera. En este sentido, por más que algunos hablen del “giro a la derecha” con la asunción del nuevo gobierno, lo que se ve es una clara línea de continuidad, puesto que desde la dictadura hasta acá se han sostenido y profundizado las leyes antiterroristas, además de reprimir constantemente las movilizaciones sociales y de encarcelar a los militantes por razones políticas.

La represión en Chile es, por otra parte, expresión de la persecución política generalizada en el continente que abarca acuerdos de cooperación entre distintos gobiernos incluyendo el nuestro.

En Argentina, de hecho, las leyes antiterroristas se vienen promoviendo desde hace tiempo(1). Del mismo modo, militantes como Roberto Martino, Karina Germano o José Villalba, son presos políticos del gobierno kirchnerista. Por si fuera poco, la cooperación en materia represiva entre el kirchnerismo y el estado chileno viene funcionando a pleno, con la detención y extradición de varios militantes: como Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla (entregados a Chile en diciembre), y ahora con la detención y posterior expulsión a Chile de Juan Manuel Aliste Vega en julio.

Así pues, de un lado y otro de los Andes y por tantas otras partes del continente, se repite la misma escena de persecución y encarcelamiento de los luchadores populares. Pelear contra la persecución política y por la liberación de los compañeros presos es una tarea central que debemos sostener y redoblar.



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NOTAS:

1) En julio de 2007 comentábamos: “El 13 de junio la cámara de diputados sancionó la ley 26.268, que incorpora al código penal los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”. A pesar de que Argentina dictó varias leyes ‘antiterroristas’ desde 1989 (las dos últimas en abril de 2005) eran intensos los reclamos de los yanquis sobre el tema.” “Ley antiterrorista: siguiendo el manual al pie de la letra”, ER Nº26 (Julio de 2007). Para ver el detalle de estas leyes terroristas acceda a la nota en http://elrevolucionario-otr.blogspot.com/

El gobierno reprime y encarcela a los que luchan

Los presos políticos desnudan el carácter represor del “gobierno de los derechos humanos”.



Los trabajadores padecemos, cotidianamente, todo tipo de maltratos. Iniciamos el día en el tortuoso transporte público, y somos explotados por la clase capitalista, que roba el producto de su trabajo a la inmensa mayoría del pueblo. Peor aún es la situación de quienes no cuentan con la posibilidad de tener una actividad que sea redituable mínimamente para poder sobrevivir. En uno u otro caso, es también grotescamente habitual el padecimiento de los tratos que las fuerzas represivas descargan sobre los pobres como método de infundir el terror ante los que mandan, así como la realidad material que enfrentamos en los barrios: la extensión de las drogas, el desmantelamiento de la educación pública y del sistema público de salud.

Frente a esta realidad, es imperativa la búsqueda de una vida mejor, y, así, aparecen como expresión genuina de los intereses de los trabajadores, diversas organizaciones populares de lucha: cuerpos de delegados combativos y antiburocráticos, organizaciones sociales, de desocupados, de estudiantes. Un movimiento conformado por los que comprendimos que la lucha organizada es la única manera de hacer frente a todos y cada uno de los padeceres de nuestro pueblo, y por eso mismo, la única salida hacia una vida realmente digna.

Cualquier gobierno burgués intentará deslegitimar a ese movimiento, acusándolo de sedicioso, de terrorista o de “estar motivado por aspiraciones políticas”. A través de los distintos medios de comunicación del régimen, y de los propios organismos oficiales, el gobierno de turno intentará vaciar de sustento político los reclamos de los trabajadores, con tanta saña como combatividad haya logrado uno u otro espacio de lucha. Al mismo tiempo, cuando las condiciones lo exijan, recurrirá a la represión directa: gases lacrimógenos, palos, balas de goma y de plomo contra las manifestaciones callejeras, contra las tomas de plantas y edificios públicos, contra toda expresión de lucha que logre sobreponerse a los límites oficiales.

El encierro de los luchadores populares, seleccionados cuidadosamente entre los elementos más activos del movimiento social, entre los que motorizan el desarrollo de las distintas expresiones de lucha, es decir, el establecimiento de la prisión con carácter político, motivado por la política razón de la defensa del orden de explotación existente, constituye una de las actividades represivas más despreciables que sostiene la burguesía.

Es por eso que la defensa de los presos políticos toma un carácter central en la disputa por la conciencia y la materialidad de las grandes masas oprimidas. Es impensado un movimiento social combativo si éste no encara resueltamente la defensa de quienes han caído en manos de sus enemigos de clase, al calor de la lucha por mejores condiciones de vida para todo el pueblo trabajador.

Hoy le toca al gobierno de Cristina Fernández ser ejecutor de la represión al movimiento social que pugna por poner de pie la vida de miles de trabajadores. De manera ejemplar, este gobierno no solamente mantiene preso a Roberto Martino, por participar de una manifestación contra la política terrorista del estado de Israel, hace mas de un año; no solamente le niega de manera arbitraria las salidas transitorias a la compañera Karina Germano López, “ la Galle ”; no solamente mantiene presos a los trabajadores de Las Heras por participar en una movilización de desocupados y a José Villalba, dirigente del FRUTRADEyO. Además, es el sostenedor de una política de recrudecimiento de la criminalización de las protestas. Es el gobierno que batió el récord de cantidad de presos políticos durante el periodo democrático. La persecución a los compañeros anarquistas por protestar frente a la embajada de Grecia en defensa de un preso político, de Juan Carlos Beica, Rubén Saboulard, Oscar Kuperman, Fernando Esteche y el Boli Lezcano, junto con decenas de delegados e integrantes de juntas internas antiburocráticas, dan un panorama de la realidad de casi 6.000 luchadores populares que hoy atraviesan algún proceso judicial.

Esta es la política de derechos humanos del gobierno: reprimir y encerrar a los que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Por eso se vuelve fundamental la defensa irrestricta de todos los presos políticos, y el reclamo activo por su inmediata liberación.

En pocas líneas

Depetri funcionario

En el marco de reacomodamiento de las figuras del progresismo, quienes se mantienen firmes en su apoyo al antipopular gobierno de los Kirchner, parecen tener su recompensa. Edgardo Depetri, dirigente del Frente Transversal de la CTA , fue nombrado, en un cargo creado a su medida, como subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil. En el acto de asunción en la Casa Rosada lo aplaudieron de pie sus compañeros de la CTA D ´Elia y Yasky. También estuvieron presentes Morgado, Zanini y Parrilli, entre otros funcionarios. Así premia el kirchnerismo a sus servidores más fieles.


Muertos por el frío

El tan propagandizado “crecimiento de la economía argentina” durante los años de gestión kirchnerista, en nada ha mejorado las condiciones de vida del pueblo. Nada hay de nuevo en esto, más allá de que intenten ocultarlo. La pobreza se ha expandido, así como la brecha entre ricos y pobres. Como todos los inviernos, se suceden los muertos como consecuencia del frío o por intoxicaciones. Esta vez, ya en abril, murieron seis personas en un hogar humilde en Comodoro Rivadavia por el mal funcionamiento de la estufa que tenían para calefaccionar. Es decir, por ser pobres.


Buzzi pide devaluar

El jefe de la Federación Agraria , mimado por quienes buscan encarrilar a la clase obrera tras el programa de explotación de los pequeños y medianos empresarios, sueña con ser gobernador de Santa Fe. Para esto, coquetea indistintamente con Reutemann, Duhalde y Binner, en busca de algún padrino político. Mientras tanto, no desatiende sus negocios. Se mostró partidario de devaluar, exigiendo “un dólar de cuatro pesos para arriba”. Ni una palabra, en cambio, de cómo la inflación devora el salario de los trabajadores. Para Buzzi, como buen capitalista, la única preocupación es la rentabilidad de sus negocios.


Más presos políticos

En el marco de un escrache frente a la embajada de Grecia, en reclamo de la libertad de un preso político del país europeo, se produjo la detención de cinco militantes, acusados de resistencia a la autoridad y prepotencia ideológica. El juez Bonadio les negó la excarcelación y, al momento del cierre de esta edición, todos continúan detenidos. Además, como consecuencia de la represión policial, uno de los manifestantes heridos debió ser hospitalizado. Una vez más, el gobierno de los Kirchner que sigue multiplicando el número de procesados por luchar y poblando cárceles y comisarías de presos políticos.

LIBERTAD A LOS COMPAÑEROS

El Revolucionario Nº49 (Agosto de 2009)

A pesar del esfuerzo conjunto del aparato judicial y los medios oficiales para presentarlos como “delincuentes antisemitas”, los militantes del FAR, que el 17 de mayo pasado repudiaron públicamente la política terrorista y genocida del estado de Israel, recuperaron recientemente su libertad. La Cámara Federal recalificó los delitos que les imputan y revocó su prisión preventiva, aunque siguen procesados por cargos menores. Celebramos su libertad, y continúa la lucha por su absolución.

EL GOBIERNO DE LOS PRESOS POLÍTICOS

El Revolucionario Nº48 (Julio de 2009)

El estado, por su carácter de clase, gobierne quien gobierne, tiene una sola respuesta frente a los que se organizan y deciden luchar contra las políticas antipopulares: la represión, la persecución y la cárcel.
El kirchnerismo, en el gobierno desde 2003, ha profundizado la política represiva en todos los frentes, avanzando en la criminalización de la protesta social más que cualquier otro desde el ‘83. Se cuentan de a miles los trabajadores, estudiantes o militantes de organizaciones populares que han sido procesados por el simple hecho de participar en una movilización, un corte o cualquier actividad de protesta. Las causas, por su parte, se han ido agravando considerablemente. Esto sumado a sanción de las leyes antiterroristas (la última en 2007), que siguiendo al pie de la letra los manuales yanquis, prevén sanciones gravísimas para cualquiera que se atreva a cuestionar las injusticias del orden actual.
Las luchas que en los últimos tiempos han superado los carriles planteados por la burocracia sindical también han sido enfrentadas con especial dureza por este gobierno, que algunos insisten en llamar “de los derechos humanos”. Ya sea a través del uso de patotas, como en el Hospital Francés o en el INDEC, o directamente con la militarización de ciudades enteras, como pasó en la provincia de Santa Cruz ante la lucha de los petroleros y los docentes, los trabajadores se han encontrado, a lo largo y ancho del país, con la represión estatal como respuesta a los reclamos más elementales.
Marcelo Cuéllar, Carlos Fuentealba y Juan Carlos Erazo, asesinados en movilizaciones populares dan cuenta de que el kirchnerismo, que asumió jurando que no iba “a reprimir la protesta social con esta policía de gatillo fácil” no escatimó en violencia a la hora de enfrentar la lucha popular.
Más allá de la escasa trascendencia mediática, el kirchnerismo es el gobierno que ha sumado más presos políticos desde 1983. Se cuentan por decenas los trabajadores y militantes de organizaciones populares que en los últimos años han debido pasar largo tiempo en prisión, por exigir trabajo o repudiar las políticas del gobierno (ver recuadro). Por estos días, continúan presos quienes fueron detenidos mientras realizaban un escrache a un acto en celebración de la creación del estado de Israel, responsable de la masacre diaria del pueblo palestino. De los quince detenidos (la mayoría durante allanamientos realizados después de la actividad en locales de las organizaciones populares que participaron), doce fueron procesados, acusados de gravísimos delitos y nueve continúan presos en las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz.
Poco hay de circunstancial en esta realidad. Este el rol que esta llamado a cumplir el estado. Así como lo hace con los militantes hoy presos, de la misma manera ha procesado y encarcelado a trabajadores que participan en un piquete contra los despidos o reclamando trabajo. Es la respuesta que tiene para los que se organizan y luchan. Y ante esto, la organización para enfrentar la represión y la activa solidaridad con los presos políticos es una tarea que debe tener un carácter permanente.

PRESOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE NÉSTOR Y CRISTINA KIRCHNER

Josu Lariz Iriondo: Militante vasco expulsado por el gobierno uruguayo y detenido el 22/11/02 en Argentina. Fue liberado el 11/05/05. El gobierno español reclamaba su extradición, que fue negada.

Leonardo Bertulazzi: Militante italiano, detenido el 4/11/02, fue liberado el 30/07/05. El gobierno italiano reclamaba su extradición, que fue negada.
Gabriel Roser: Detenido en abril/04, estuvo preso 1 año y 8 meses. Causa por robo, fraguada por la policía y punteros del PJ.
Legislatura: 17 detenidos durante el repudio al código contravencional, estuvieron presos del 17/07/04 al 8/09/05. Causa por coacción agravada y privación ilegal de la libertad.

Raúl Castells: Preso por un año, desde agosto/04, por reclamar bolsones de alimento al Casino de Resistencia, Chaco. Causa por extorsión.

Escrache al FMI: 102 manifestantes detenidos el 31/08/04 durante el repudio al titular del FMI, R. de Rato. Doce estuvieron presos hasta fin de diciembre. Causa por prepotencia ideológica, daño calificado, atentado al orden público e intimidación pública calificada.

Trabajadores petroleros: 36 trabajadores desocupados, detenidos el 4/10/04 por la toma de la planta Termap en Caleta Olivia. 6 estuvieron presos varios meses. Causa por usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica.

Trabajadores petroleros: 60 trabajadores que reclamaban por mejoras laborales, detenidos el 20/07/05, en Cañadón Seco. Claudio Gialetti estuvo preso 6 meses, y Cristian Ruiz, 14 meses. Causa por usurpación, resistencia a la autoridad y entorpecimiento de la explotación económica de la empresa.
Haedo: 6 detenidos el 1/11/05 durante la reacción popular contra TBA. 8 estuvieron presos 8 meses. Roberto Cantero, 2 años. Causa por incendio intencional y daños.

Cumbre de las Américas: Tras las manifestaciones antiimperialistas, Ricardo “Chacho” Berrozpe permaneció con prisión domiciliaria 7 meses. Causa por fabricación de artefacto explosivo peligroso para la seguridad común e incitación a la violencia contra las instituciones.
Las Heras: 8 detenidos después de la manifestación que reclamaba la libertad de un referente sindical, durante la que murió un policía. Estuvieron presos 3 años. Causa por homicidio.

Paraguayos: 6 campesinos paraguayos, detenidos en mayo/06, cuando tramitaban su asilo político ante el CEPARE. Extraditados en octubre/08.

Karina Germano: Militante de HIJOS trasladada desde Brasil en noviembre/06. Condenada en Brasil a 30 años de prisión.
Local de Sobisch: 16 detenidos en abril/07 después de un escrache en repudio del fusilamiento del maestro Fuentealba. Fernando Esteche y “Boli” Lescano estuvieron 6 meses presos. Causa por daño, incendio y resistencia a la autoridad.

22 de agosto: 14 detenidos el 22/08/07, durante un acto de homenaje a los fusilados en Trelew. 3 estuvieron presos varios meses. Causa por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, y amenazas.

Repudio al Estado de Israel: 5 detenidos el 17/05/09, y otros 10 días más tarde. 9 siguen presos. Causa por prepotencia ideológica agravado por ley antidiscriminatoria, tenencia de armas y DNI ajeno y resistencia a la autoridad.

MÁS PRESOS POLÍTICOS (Y NINGÚN POLÍTICO PRESO)

El Revolucionario Nº47 (Junio de 2009)

La justicia no es “neutral”. Cuando de los ricos y poderosos se trata, no hay argumento, ni prueba, ni nada que sea suficiente para que a ellos los metan presos. Ningún presidente es condenado por los millones que se robó ni por los muertos que dejó su represión (recuérdese a Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde...). Tampoco van presos los otros políticos y funcionarios importantes, ni los empresarios destacados, ni ningún peso pesado por más que robe, mate, estafe, contrabandee o haga todo eso junto y más. Los trabajadores también conocemos la impunidad con la que se manejan los servidores de estos poderosos, se trate de la policía o cualquier otra fuerza o funcionario público, o se trate de las patotas sindicales o de barrabravas que actúan bajo orden y cuidado de empresarios y políticos sin que jamás sean condenados, por más que aparezcan en directo por TV intentando romper a los tiros las huelgas y movilizaciones del pueblo.
Por el contrario, cuando se trata del pueblo trabajador, la justicia actúa rápidamente para detener y condenar a los más pobres, incluso cuando a los “acusados” no se les ha probado ningún delito estatuido. Así, mientras los grandes delincuentes siguen estafando al pueblo desde el poder, las cárceles se llenan de presos “preventivos” y ladrones de gallinas. Ni que hablar entonces del rol de la justicia cuando se trata de activistas u organizaciones del pueblo que luchan para cambiar este injusto estado de cosas. Contra ellos, lejos de toda pretendida “neutralidad”, la justicia ha creado leyes específicas (o adaptado otras) para tipificar como “delito” la organización y la lucha popular. Así, la participación en una huelga, un escrache, o cualquier otra movilización en defensa de los intereses populares se convierte en motivo de persecución y encarcelamiento de los militantes sociales.
Sin ir más lejos, a mediados de mayo, luego de un escrache a un acto pro-israelí en el centro porteño, la justicia detuvo por su condición política a 15 miembros de organizaciones populares. En este caso, la misma justicia que no determinó culpables por el asesinato de Kosteki y Santillán o por los fusilados el 20 de diciembre de 2001, ordenó en forma urgente el allanamiento de locales barriales de organizaciones sociales y detuvo a numerosos militantes, armándoles causas con delitos no excarcelables en virtud de su actividad política. De esos 15 compañeros, 12 siguen detenidos y son ahora presos políticos que se encuentran distribuidos en distintas dependencias policiales y cárceles. Como parte integral de nuestra lucha cotidiana por la transformación de esta sociedad hacemos propio el reclamo y la lucha por su inmediata libertad.

BASES MILITARES, PRESOS POLÍTICOS Y TORTURAS EN ARGENTINA

El Revolucionario Nº32 (Febrero de 2008)

No poco desprecio causa que Néstor Kirchner, con el recaudo de haber dejado ya la presidencia, sea quien acuse a EEUU de tener una base militar en Cuba y de torturar a los presos de Guantánamo, cuando nada dice de la presencia militar y las bases militares que el imperialismo yanqui mantiene en Argentina, el territorio que gobierna el peronismo desde hace años; cuando nada dice de los presos políticos y las torturas de su gestión y la de su mujer.
En la Argentina de los Kirchner se realizan operativos militares conjuntos dirigidos por EEUU, existen bases militares yanquis en puntos estratégicos del país como Salta, Entre Ríos y Tierra del Fuego, y las fuerzas armadas y de seguridad del estado, especialmente los cuerpos de elite destinados a la represión interna, son enviados periódicamente a “capacitarse” en tierras imperiales.
En la Argentina de los Kirchner los presos políticos y la violación de los derechos humanos es una constante, al igual que las torturas a los detenidos.
De todo esto, ni una palabra.

REPRESIÓN A LOS TRABAJADORES EN TODO EL PAÍS

El Revolucionario Nº29 (Octubre de 2007)

Las balas, las gaseadas, las patotas y las causas judiciales, acompañadas por campañas de prensa que estigmatizan a los trabajadores como violentos y antidemocráticos, muestran cómo el gobierno, la patronal y la burocracia sindical usan todos sus recursos contra los trabajadores.

El gobierno, frente a los reclamos de los trabajadores del subte por seguridad en la prestación del servicio, calificó a sus delegados de violentos, foquistas y desestabilizadores. “No son situaciones de conflictividad social, sino básicamente la utilización de algunos reclamos aparentemente salariales o sindicales (…) para hacer foquismo y para generar malestar social”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Fernández. En la misma sintonía que su colega ministerial Ginés González García cuando llamó terroristas sanitarios a los trabajadores del Garrahan, remató “son acciones que suponen huelgas violentas, cortes repentinos de servicios que dejan varados a miles de porteños y que tienen la única finalidad de promover una situación caótica”.
El caso del subte es ejemplar para explicar la forma en que confluyen gobierno, patronal y burocracia contra los trabajadores. Cualquier forma de organización sindical que intente, así sea de manera incipiente, ser independiente de la burocracia que comparte poder y negocios con la patronal y el gobierno, es atacada con todas las armas disponibles. Todo sirve y es usado a destajo, desde el desafuero y despido de los delegados que no responden a las estructuras dirigidas por la burguesía y la promoción de causas penales en su contra, hasta la respuesta militar, con la policía, la gendarmería o las patotas “privadas”, sin privarse de las amenazas, los ataques, secuestros y hostigamientos y, por supuesto, las campañas de prensa señalando a los trabajadores como criminales con “fines políticos”. En plena campaña electoral, el gobierno hace propaganda para la clase media cacerolera manteniendo “en orden” la ciudad, es decir, reprimiendo.
No menos útil para el análisis es la situación de los trabajadores de tierra de la industria pesquera en Mar del Plata que luchan contra el trabajo precarizado fruto de la flexibilización laboral menemista defendida por Kirchner. Ante el creciente número de desocupados se crearon en la última década una buena cantidad de cooperativas que tercerizan el trabajo de las empresas con el aval oficial y de los poderosos empresarios de esa industria, bajo el amparo de la mentira de ideas como la “autogestión”(1). Hoy, ante el agotamiento del recurso ictícola, resultado de la explotación indiscriminada de los buques factoría, tanto extranjeros como de las empresas con base en nuestro país, que tienen como único fin incrementar su tasa de ganancia, ha mermado el trabajo disponible, y los casi 10.000 “asociados” de las cooperativas se encuentran ante la falta total de ingresos, pues sólo cobran cuando son llamados en el día, al estilo de los viejos estibadores del puerto; por eso reclaman un mínimo salarial garantizado, cobertura social y previsional. Los episodios de represión han sido más que frecuentes, con el saldo de unos veinte trabajadores con causas abiertas y varios detenidos, cuatro heridos de balas de goma y uno con un proyectil de plomo en el tórax, disparado desde el interior de una de las empresas. No faltaron las patotas sindicales que atacaron a los trabajadores que bloqueaban el acceso al puerto. El SOIP (Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado) está ocupado por los fileteros desde hace varias semanas, sin que su dirigencia (proveniente de la izquierda que propone votar candidatos “honestos”) aparezca. La CTA (localmente influida por el PC) y el PJ simulan apoyar la lucha de los trabajadores mientras buscan la forma de llegar a acuerdos que permitan conciliar con las empresas y el gobierno. Después de todo, están en campaña electoral, y no les viene mal capitalizar el amplio apoyo de los vecinos marplatenses a la lucha de los obreros del pescado.
En el sur, mientras tanto, sigue el conflicto de los docentes, de los pesqueros y de los petroleros, con elementos comunes al de los obreros marplatenses. Tras la privatización de YPF y luego de las movilizaciones, cortes de ruta y tomas de plantas petroleras por nuevos desocupados que reclamaban trabajo en el período 2001/2003(2), todo reprimido por la policía y gendarmería, con infinidad de presos, torturados y causas judiciales, el gobierno, para descomprimir la situación, acordó con las empresas Repsol-YPF, Panamerican Energy y Vintage Oil crear la Fundación Olivia, con el fin expreso de “ejercer una contención social de este personal”(3) y EMPASA. Ambas prometían capacitación y trabajo, pero la tarea definida como “remediación ambiental” resultó ser, por ejemplo, la recolección de las bolsas de nylon que por los fuertes vientos de la zona, que tiene basurales a cielo abierto, quedan diseminadas en los campos. Estas “empresas piqueteras” como las quisieron denominar sus promotores, recibieron contratos temporales de las petroleras, sin certeza alguna para los trabajadores de que se renueven. Por descontado además que, como los fileteros, carecen de cobertura social o previsional. Ante la inminencia del vencimiento de los contratos los trabajadores salieron a cortar la ruta provincial 12 y la nacional 3, de donde fueron violentamente expulsados a los tiros por gendarmería para permitir el paso de los colectivos del PJ que se dirigían al acto de campaña de Cristina Fernández en Puerto San Julián. Pese a la represión, las medidas continúan, con esporádicos cortes de ruta y movilizaciones a las plantas.
Vemos así cómo unen sus esfuerzos los empresarios, los burócratas sindicales y el gobierno, con su aparato represivo y su aparato de prensa, para garantizar las conquistas empresariales del menemismo yendo contra los trabajadores que se organizan para reclamar una vida más digna.

...
NOTAS
1) Ver “Algo sobre las cooperativas” en ER N°27, agosto de 2007
2) Ver “Un conflicto con historia” en ER Nº11, marzo de 2006
3) Ver www.fundacionolivia.com.ar.


LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS

La represión del gobierno de Kirchner a la lucha del pueblo ya se ha cobrado la vida de Luis Marcelo Cuéllar en Jujuy (2003) y de Carlos Fuentealba en Neuquén (2007).
La cantidad de presos políticos que han sufrido las cárceles del “gobierno de los DDHH” ha sido la mayor desde 1983.
Hoy siguen encarcelados quince presos políticos, tres de ellos en huelga de hambre.
Ante esta situación se impone el reclamo:

¡Libertad a los 6 presos políticos de Las Heras!
¡Libertad a los 6 compañeros paraguayos presos políticos en nuestro país!
¡Libertad a Esteche, Lezcano y Villalba, presos políticos en huelga de hambre!

LIBERTAD A BERROZPE, RUIZ Y LOS PRESOS DE HAEDO, PRESOS POLÍTICOS DEL GOBIERNO DE KIRCHNER.

El Revolucionario Nº10 (Febrero de 2006)

La lucha por la libertad de los presos políticos es una cuestión de principios para todo revolucionario, así como la consigna de la amnistía ha estado presente en todos los procesos revolucionarios. Ambas encuentran su fundamento en la solidaridad de clase. La defensa irrestricta de todo luchador popular encarcelado es un punto programático irrenunciable, independientemente de la forma que adopte el proceso en su contra o los hechos puntuales que se le atribuyan.
En la década del 70, por ejemplo, el PRT incluía explícitamente entre sus puntos programáticos básicos la libertad de los presos políticos, y llamaba a bregar sin sectarismos junto a todos aquellos que defienden la libertad de todos los presos políticos y la derogación de la legislación represiva.
Como cuestión de principios que es, no hay excusa alguna para sustraerse a realizar el máximo esfuerzo en desarrollar solidaridad activa por los compañeros en prisión, tengan o no encuadre orgánico, y sea cual fuere la organización a la que pertenezcan. Permanecer inactivo cuando hay compañeros presos equivale a custodiar el cerrojo.
Desde el 14 de diciembre Ricardo “Chacho” Berrozpe, dirigente del PRml/MTR-CUBa, está detenido por su participación en la movilización que repudiara, en Mar del Plata, la celebración de la Cumbre de las Américas, con la presencia estelar del presidente yanqui George W. Bush. En Caleta Olivia, el trabajador petrolero Cristian Ruiz lleva más de seis meses preso por exigir trabajo a los monopolios petroleros. Distribuidos en diferentes penales, comisarías e institutos de menores, una veintena de jóvenes permanecen en prisión desde el 1° de noviembre, cuando estalló en Haedo la bronca de los sufridos pasajeros de los trenes de TBA.
En defensa de los compañeros se ha constituido la MULTISECTORIAL POR LA LIBERTAD DE BERROZPE, RUIZ Y LOS PRESOS DE HAEDO, integrada por más de veinte organizaciones populares que levantan las banderas de la libertad, el cese de las persecuciones y la amnistía a los luchadores. La importante marcha del 27 de enero, que desmintió con contundencia algunos pronósticos derrotistas, fue un paso adelante en la campaña que estamos encarando de conjunto para masificar la denuncia y el reclamo, y para romper el cerco informativo que el gobierno impone.
Más temprano que tarde el “gobierno de los DDHH” deberá dar cuentas de la política represiva que descarga sobre el pueblo.