Con anuncios de todo tipo en el ámbito represivo, que incluyen nuevas leyes “antiterroristas”, a la medida de lo que exige el imperio, y más policías en la calle para el control social, el gobierno de Cristina Kirchner fortalece su arsenal para seguir reprimiendo al pueblo trabajador.
Cargada agenda represiva del gobierno
Apenas se acallaron los gritos de triunfo tras las elecciones de octubre, el gobierno nacional anunció una batería de medidas en materia represiva que prometen una profundización del ya férreo control social sobre el conjunto de los oprimidos y un recrudecimiento de la persecución a los sectores organizados y más combativos de la clase trabajadora.
Entre las “novedades represivas”, por ejemplo, hay nuevos cuerpos policiales, más grupos de elite, aumento del equipamiento y más presupuesto para las fuerzas de seguridad, lo que indica claramente que el gobierno prevé que necesitará todavía más hombres armados en las calles y con más recursos materiales para controlar y mantener a raya los conflictos crecientes que generará la crisis capitalista, traducida en más miseria para el ya empobrecido pueblo trabajador.
Desde el ministerio de Seguridad, se anunció el Plan de Seguridad Urbana, que va a sacar 1.100 federales más a la calle, aumentando en un 40% de día y un 150% de noche la presencia policial. En materia de nuevos cuerpos, en febrero va a estrenarse la Policía de Prevención Vecinal, que, bajo la máscara de ser “policía de proximidad”, patrullará cada rincón de los barrios más alejados.
Hoy, la ciudad de Buenos Aires, está bajo el control territorial de cuatro fuerzas (policía federal, policía metropolitana, prefectura y gendarmería) que suman, entre todas, 18.000 hombres armados en la calle. Hay que agregar a ese número la gran cantidad de vigiladores privados, y, apenas se cruzan el Riachuelo o la Gral. Paz, aparece la policía bonaerense.
Esas medidas, que se presentan como “respuestas al problema de la inseguridad”, y especialmente la militarización de los barrios impuesta por el kirchnerismo, explican el número, también en ascenso, de los asesinatos con el gatillo fácil y en la tortura, que se acercan a un caso por día(1). Gatillo fácil y tortura son las más extremas herramientas usadas para ejercer el control social y obstaculizar, a través del miedo, la organización popular.
Otros anuncios represivos, en cambio, apuntan con claridad a otra vertiente represiva, la que se aplica para disciplinar a militantes y luchadores, como la creación de un cuerpo de elite, el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, cuyo jefe e integrantes trabajarán con reserva de identidad para centralizar y analizar información, es decir, realizar tareas de inteligencia.
Estos dos aspectos fundamentales en el diseño de la política represiva estatal, la “preventiva” del gatillo fácil y la tortura, y la “selectiva” contra los sectores organizados de la clase trabajadora, serán el eje de la convocatoria que, como todos los años, hace la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) a Plaza de Mayo. El 25 de noviembre, bajo la consigna “La fuerza de la represión para profundizar el modelo de explotación”, los compañeros presentarán el Archivo de Casos 2011 de personas asesinadas por el aparato represivo estatal y expondrán su informe anual sobre la situación represiva en Argentina en materia de represión preventiva y selectiva.
Otra ley antiterrorista
Y, aunque el importante avance represivo sobre los trabajadores organizados en forma independiente y antiburocrática demuestra que no son pocas las herramientas de que dispone el gobierno para buscar el disciplinamiento de los que luchan(2), también se provee de más pertrechos para reprimir de la manera que el imperio le exige: creando más leyes que habiliten la represión “legal”, instrumentada, ya no a través de la coerción directa, sino desde los despachos judiciales.
El 13 de octubre, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció en una conferencia de prensa el envío al congreso de un nuevo paquete de leyes para “la prevención, control y castigo del crimen transnacional y el terrorismo”. Inmediatamente después, Alak se reunió con el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y un par de miembros de la comisión de Legislación Penal, para “acordar la estrategia con la que buscarán aprobar los proyectos”. Semejante apuro se explica porque, la misma semana, se había reunido en París el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que intimó al gobierno argentino a resolver de manera inmediata las “deficiencias” legislativas para “adecuar su normativa interna a los más elevados estándares internacionales en materia antiterrorista”.
El tirón de orejas vino porque el organismo internacional (que sirve para disfrazar la necesidad del imperialismo de contar con un arsenal semejante en todo el mundo para asegurar su dominación, más ahora, que busca subsidiar su propio déficit interno a costa de los países dependientes), considera que no alcanza con la sanción de la media docena de leyes antiterroristas que, como ningún gobierno anterior, logró imponer el kirchnerismo(3), y pide más.
Así, ya está en el congreso, listo para ser votado sin debate alguno, gracias a la mayoría en ambas cámaras que tendrá el oficialismo desde el 10 de diciembre, el proyecto que crea una agravante específica que aumenta notablemente las penas de todo delito que sea cometido “con la finalidad de provocar terror a la población”, expresión que, queda claro, permite cualquier interpretación que resulte necesaria para represaliar absolutamente cualquier cosa.
Otra novedad de los proyectos es que permitirán castigar por igual a individuos o a “personas jurídicas”, lo que habilita a jueces y fiscales a arremeter directamente contra cualquier organización del pueblo trabajador en conjunto, es decir, contra todos sus integrantes, simpatizantes o colaboradores.
La celeridad con que se remitió el nuevo paquete, permitió a los representantes argentinos ir corriendo al GAFI para informar que ya habían hecho los deberes. Y, pocos días después, en Cannes, Cristina Fernández recibió la palmadita de Barack Obama, que la definió como “una gran amiga, no solo mía sino de EEUU”, mientras ella, genuflexa, contestó que era “un honor” reunirse con el presidente del país al que reconoció “un liderazgo mundial, político y económico”. La mejor alumna del imperialismo, ahora con su octava ley antiterrorista.
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NOTAS:
1) Como denuncia CORREPI en su Archivo de Casos.
2) Ver “Represión y persecución contra el activismo independiente” en este número de ER.
3) En sus 8 años de gobierno, el kirchenrismo sanciónó ya 7 leyes “antiterroristas: Ley 25.765, agosto de 2003, Creación del Fondo Permanente de Recompensas. Ley 25.764, agosto de 2003, Creación del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Leyes 26.023 y 26.024, abril de 2005: Ratifican e incorporan al derecho interno la Convención Interamericana contra el Terrorismo (o Convención de Barbados) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo de la ONU. Ley 26.087, abril de 2006, modifica el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y da más facultades para la UIF. Ley 26.268, 2007, julio de 2007: Incorpora al Código Penal la “Asociación Ilícita Terrorista”, art. 213 ter y el delito de recolectar o proveer fondos para tales asociaciones, art. 213 quater. Amplía las facultades de la UIF. Ley 26.538, noviembre de 2009, amplía más el Fondo permanente de recompensas. Ley 26.683, junio de 2011, crea más delitos “terroristas” y habilita a la UIF a ser querellante.