La política represiva en la era kirchnerista abarca un
amplio campo. Incluye, por ejemplo, el asesinato de 17 militantes populares, la
represión a huelgas, movilizaciones y ocupaciones de tierras, el procesamiento
de 6.000 militantes, la persecución y el despido de los trabajadores que se
organizan, y el intento de disciplinamiento social por medio del gatillo fácil,
las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles, comisarías e institutos
de menores. En este marco, una de las prácticas represivas más graves y veladas
del peronismo gobernante, es el encarcelamiento por razones políticas.
La
constante sumatoria de nuevos presos políticos en las cárceles argentinas hace
que el período 2003-2011, de gestión kirchnerista, cuente con la mayor cantidad
de encarcelados por luchar después de terminada la dictadura, contándose más de
100 presos en los últimos ocho años(1). La significativa
invisibilidad de esta grave situación, deja en evidencia el sentido político
del discurso derechohumanista del kirchenrismo, al que es preciso desenmascarar
en su total dimensión. Su planteo sigue siendo hablar de los DDHH de ayer, para
profundizar la persecución actual contra el pueblo trabajador y sus referentes
políticos y sindicales.
Así,
hoy en la Argentina
contamos al menos cinco presos políticos. Conseguir su inmediata liberación es
una tarea fundamental de todo el movimiento popular.
Karina
“la gallega” Germano es una militante de muchos años miembro de HIJOS e
impulsora en la actualidad del Centro Universitario en la cárcel de Ezeiza. Fue
detenida en Brasil en el 2002, junto a un grupo de militantes a los que el
estado brasileño acusó de participar en el secuestro de un empresario
multimillonario. Luego de torturas e irregularidades judiciales fueron acusados
sin pruebas y su condena duplicada intencionalmente, negando el carácter
político del grupo. Luego de que Germano consiguiera el traslado a Argentina a
fines de 2006, no sólo la han mantenido en prisión, sino que, incluso, le
niegan el derecho a las salidas transitorias que le corresponden.
Carlos
Olivera es un albañil de Lomas de Zamora, militante del SITRAIC, un sindicato
de la construcción que se opone a la burocracia de la UOCRA encabezada por Gerardo
Martínez. En diciembre de 2009 una asamblea en la que participaba fue atacada
por una patota armada de la burocracia que hirió gravemente a muchos
trabajadores, incluido Olivera. Como es habitual, luego de dejar actuar a la
patota, la intervención de la policía fue para profundizar la represión contra
los trabajadores: lo detuvieron a Olivera y le armaron una causa por un
supuesto intento de homicidio contra los hombres de la patota. Desde entonces
Carlos Olivera ha estado detenido en diversas cárceles y hoy está en la de
Melchor Romero, cerca de La
Plata.
Otro
militante obrero, Victor Oñate, delegado petrolero de Las Heras, se encentra
también preso desde julio de este año en represalia por su actividad sindical.
Luego de que los trabajadores petroleros libraron una dura lucha que incluyó la
toma de una planta de YPF (el yacimiento LH3), el poder judicial y las fuerzas
represivas lanzaron una caza de brujas para amedrentar a los luchadores y
apresar a sus dirigentes. Otro delegado petrolero, Juan José Acosta, fue
detenido y estuvo preso durante meses, aunque fue finalmente liberado fruto de
la presión popular. Del mismo modo, la represión se empecinó con Oñate, por ser
uno de los dirigentes del conflicto. La abierta persecución política es
acompañada, en este caso, con una insólita acusación por “amenazas” contra la
misma policía que desalojó la planta. Luego de que habían allanado y destruido
su casa y que habían detenido y golpeado a su hermano, Oñate decidió entregarse
a la policía, algo que se hizo en un acto público en el Gimnasio Municipal de
la localidad y con el acompañamiento de una multitud, con el reclamo de
garantizar la integridad del dirigente. Desde entonces, Oñate sigue preso.
Un
mes más tarde, en agosto, la persecución política llevó a la cárcel a Mario
Tapia y Aldo Claros, en represalia por la importante lucha librada por los
pobladores de Villa General San Martín en reclamo del acceso a la vivienda
ocupando una parte del predio del multimillonario Blaquier. En aquella
oportunidad y como se viene repitiendo a lo largo del país (Indoamericano,
Formosa, Jujuy), los gobiernos, la justicia y las fuerzas represivas, es decir
el estado de la era kirchnerista, descargó toda la fuerza de la represión sobre
los sectores más necesitados. El 28 de julio la represión para dejar sin
vivienda a cientos de familias y defender las tierras de Blaquier, empresario
amigo de la dictadura y de los Kirchner, implicó el asesinato de tres de los
ocupantes, y en esa intentona, murió también uno de los milicos que realizaban
el desalojo. Desde entonces, una vez más, el estado inició una nueva casa de
brujas, para escarmentar a los luchadores, buscando chivos expiatorios a
quienes responsabiliza por la muerte de policía que intervino en el desalojo, y
a partir de lo cual llevó a prisión al remisero Mario Tapia y al joven Aldo
Claros.
Los
17 luchadores asesinados y la multiplicación de los presos políticos muestran a
las claras la profundidad de la represión kirchnerista contra los que se
organizan y luchan para conseguir condiciones más dignas de vida. Hoy es
imprescindible redoblar los esfuerzos por conseguir la libertad de los
compañeros presos.
Liberad a Karina “la galle” Germano
Libertad a Carlos Olivera
Libertad a Victor Oñate
Libertad a Mario Tapia
Libertad a Aldo Claros
Ni un preso político más en la Argentina
…
Notas:
1)
Ya hace un año podíamos contar “Más de
100 presos políticos durante el kirchnerismo”, ER Nº64, diciembre de 2010.
Disponible en http://blog-otr.blogspot.com