Los barrios pobres de nuestro país viven sumergidos entre
los negocios más turbios que ofrece el capitalismo: la droga, la prostitución,
el robo. Son las ofertas del capitalismo para quienes no tienen trabajo y están
condenados a vivir en la miseria, manejados por la policía, barra bravas y
punteros.
El primero de enero de
2012, en el barrio Mariano Moreno de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Jonathan
Brasante (17 años), Claudio Suárez (19) y Adrián Leonel Rodríguez (21) fueron
asesinados. Los tres eran militantes del barrio y pertenecían al Frente Popular
Darío Santillán.
La versión que hicieron
correr desde la policía fue que se trataba de un ajuste de cuentas, con lo que
aprovecharon para desprestigiar el trabajo barrial de la organización y
vincular a los pibes con la droga. Pero pronto trascendió en el barrio que los
chicos habían sido asesinados por “error” por unos sicarios vinculados con la
barra brava de Newell´s y los negocios del narcotráfico.
La comisaría a la que le
tocó actuar es la que liberó la zona y le dio respaldo a los sicarios de Sergio
“Quemado” Rodríguez. Este personaje, quiso vengar un ataque que su hijo había
sufrido por unos barras hinchas de fútbol y por eso mandó a los matones
armados. Producto de un “error”, los asesinados no fueron los barras, sino
Jonathan, Claudio y Adrián.
Ante semejante hecho se
puso de manifiesto lo que sucede a diario en todos los barrios, sobre todo los
más humildes: el manejo de los negocios de la droga, el robo, los asesinatos y
demás delitos en manos de matones a sueldo y la policía.
Tan poco cuidadosa fue
la operación que el gobernador “socialista” Bonfatti no le quedó más remedio
que salir a admitir públicamente que hay relación entre los barras, los narcos,
la policía y “algunos políticos”.
Rápidamente, el kirchnerismo aprovechó para salir con una vieja
iniciativa, la que utilizara como parte de la campaña electoral el pejotista De
Narváez: la necesidad de la construcción de un mapa del delito. Aprovechó para
tirar los dardos sobre la oposición y lavar la cara de su gobierno “nacional y
popular”, atribuyendo el aumento de la criminalidad sólo en Rosario, al mismo
tiempo que anunció la alineación con la política de “seguridad” del gobierno
nacional, aumentando la presencia de las fuerzas en los barrios pobres. “Están dadas todas las condiciones para que
podamos avanzar en un Acuerdo Santafesino por la Seguridad Ciudadana
que, a través del diálogo y del compromiso político y social, permita
explicitar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazo… al mismo tiempo
eficacia a la hora de prevenir y reprimir el delito y plena vigencia de los
derechos humanos. La policía (agregó)
no puede ser parte del problema sino que tiene que ser parte de la solución y
para eso es básica una eficaz conducción política de la fuerza policial. Si la
corporación policial se conduce a sí misma estamos en presencia de un problema",
declaró el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi.
Los intentos desde los distintos gobiernos por despegarse de las
responsabilidades, planteando salidas mentirosas al problema de la
descomposición social que se vive en los barrios son nefastos. A diario se
pueden encontrar, incluso en los medios oficiales, hechos que vinculan
directamente a la policía con el delito. Por tanto, la presencia de las fuerzas
en los barrios no puede entenderse sin el manejo de los negocios y el disciplinamiento de las barriadas humildes, a
las que sumergen en la droga y la delincuencia.
Los asesinatos de los
tres militantes del FPDS en Rosario muestra la crudeza de un sistema en el que
los pobres, además de sufrir la explotación diaria, deben vivir entre las
disputas de barras, dilers y policías que manejan los negocios más sucios: la droga,
el robo, la prostitución.
Como consecuencia de la
descomposición social que trae consigo el capitalismo y del accionar mafioso de
políticos, barras y policías, hoy estamos repudiando el asesinato de tres
militantes sociales.
Trasante, Suárez y
Rodríguez, presentes!