El asesinato del militante del MOCASE Cristian Ferreyra,
fusilado por matones de un empresario sojero, es un nuevo ejemplo de que la
represión es el arma común que gobiernos y patronales usan para defender sus
privilegios y frenar las luchas de los explotados.
En
1996, la provincia de Santiago del Estero tenía sólo 95 mil hectáreas con soja.
En 2008, ya se superaban las 600.000, y en 2010 se batió el record, con 1
millón cien mil hectáreas dedicadas a la tan rentable oleoginosa. En pocos
años, el crecimiento del negocio sojero, cambió radicalmente el paisaje de
provincias enteras en nuestro país. Enormes extensiones de bosque, desmontadas
a fuerza de topadoras que arrasaron con la flora y fauna autóctona, se han
convertido en páramos con el suelo degradado y contaminado con agrotóxicos,
donde sólo crecen esas semillas transgénicas destinadas al gran mercado
internacional del aceite y el biocombustible.
La
tierra arrasada no sólo cambia el paisaje. Además de la desaparición de la
biodiversidad, la deforestación, la imposibilidad de otros cultivos y
emprendimientos como los pequeños tambos familiares, la principal víctima del
avance de los empresarios sojeros es la población humana. Comunidades indígenas
y familias campesinas que desde tiempos ancestrales viven del cultivo del
suelo, la cría de animales, o son hacheros y arrieros, son expulsadas de sus
pequeñas parcelas con la misma virulencia con que se esteriliza la tierra.
Las
modificaciones de laboratorio que permiten cultivar soja fuera del litoral,
vienen impulsando el fabuloso vaciamiento del campo en provincias como el norte
de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy y Salta.
Centenares de miles de campesinos y pueblos originarios han sido expulsados de
sus históricas chacras, con destino a las villas de las grandes ciudades. En
este proceso, festejan por igual los empresarios que se enriquecen, y el
gobierno que aumenta su caja, más allá de las disputas internas que puedan
tener por la forma en que se reparten las fabulosas ganancias.
Pero
la expulsión es resistida. Las comunidades se organizan, y defienden sus
tierras. Como siempre que los oprimidos pelean, se unen en su contra los
explotadores y el aparato estatal. Así, a medida que indígenas y campesinos
resisten los desalojos, se multiplican las denuncias en su contra por
usurpación de propiedad privada, amenazas, resistencia a la autoridad,
desobediencia, daños, hurto forestal y otros “delitos” cometidos, por los
acusados, en su propia tierra.
Paralelamente,
se descarga sobre ellos la represión directa. Detrás de las topadoras de los
empresarios, junto a sus ejércitos de seguridad privada, están las fuerzas de
seguridad estatales, y los grupos afines al gobierno, que, como el dirigido por
Milagros Salas en Jujuy, confluyen para disciplinar a los que se organizan y
pelean. Lo vimos el año pasado, en Formosa, cuando fue atacada la comunidad qom
La Primavera ,
y fueron asesinados dos de sus integrantes, Mario y Roberto López. También,
este año, en Libertador Gral. San Martín, Jujuy, cuando la seguridad privada de
la empresa Ledesma y la policía provincial fusilaron a cuatro personas en el
desalojo de tierras del ingenio, y, a diario, en las amenazas y aprietes que
padecen las comunidades y organizaciones.
En
la tarde del 16 de noviembre, en la comunidad de San Antonio, Monte Quemado,
Santiago del Estero, Cristian Ferreyra, de 23 años, integrante del MOCASE-Vía
Campesina, murió de un escopetazo disparado por Javier Francisco Juárez, matón
a sueldo del empresario sojero santafesino Jorge Ciccioli. Juárez y otro
empleado del terrateniente dispararon sobre Cristian y otro compañero, que
resultó herido en las piernas, y apalearon a un tercer campesino y a la esposa
de Cristian, a la que persiguieron y detuvieron a culatazos cuando corría a
buscar ayuda.
Frente
al avance sistemático de empresarios como Ciccioli, Los Julianes, Ricardo Villa
o Saud en los departamentos santiagueños de Copo, Pellegrini y Alberdi, los
campesinos organizados en el MOCASE han denunciado las permanentes amenazas,
como las del propio Cicciola, que hace poco dijo públicamente que mataría a un
campesino del MOCASE-VC para que “dejen de molestar”. El poder judicial, que,
como la policía y el resto del aparato estatal, responde a los intereses de los
patrones, archivó rápidamente esas denuncias. Hoy, frente a la evidencia del
crimen de Ferreyra, ha encarcelado al grupo de choque, entre ellos al matador.
El empresario Ciccioli, en cambio, cumple su detención en un cómodo sanatorio
privado, con el argumento de que, como es celíaco, no puede estar en un
calabozo. La selectividad de clase de la justicia se pone de manifiesto incluso
en el trato diferenciado que reciben los sicarios y su empleador.
Forzado
a decir algo frente a la movilización popular de repudio al asesinato, el
gobernador de Santiago del Estero, el radical-kirchnerista Gerardo Zamora,
admitió que “existe un problema de tierras” en la provincia, abrió una “mesa de
diálogo” y suspendió, por seis meses, las tareas de desmonte. Lo suficiente
para disimular, con una política de conciliación, su rol de delegado de los
patrones empresariales.
La
comunidad de intereses del gobierno provincial con los empresarios quedó bien a
la vista hace un par de años, cuando Horacio Iván Gándara y Luis María Méndez
Ezcurra, dueños de la firma Sacha Rupaska, compraron 17.800 hectáreas a
la familia de la esposa del ministro de Justicia de Santiago del Estero. Las
tierras transferidas para incrementar la producción sojera, incluían un pueblo
entero de más de 800 habitantes, la comunidad de Piruaj Bajo, que quedó rodeada
de topadoras y bajo la amenaza de guardias armados.
Así
funciona la alianza de los gobiernos y las patronales, que no duda en asesinar
para proteger sus ganancias. Para defender el negocio de las empresas
tercerizadoras, la patota de la burocracia sindical ferroviaria, con apoyo
policial, atacó a los trabajadores en octubre pasado, y asesinó a Mariano
Ferreyra. Para defender sus agro-negocios, mataron en Formosa, en Jujuy, y,
ahora, en Santiago del Estero. La represión, sirve a las patronales, sea que la
ejerzan directamente los gobiernos, o se “tercerice” a través de los grupos de
choque privados, y es su herramienta común para intentar detener el avance de
las luchas del pueblo.