El kirchnerismo lleva más de ocho años en el gobierno. Ocho años en los cuales se ha multiplicado escandalosamente el patrimonio de funcionarios gubernamentales y sus aliados, como Jaime, De Vido, Schoklender y la propia familia Kirchner… Una extensa lista en la cual deben agregarse, también, los exponentes máximos de la burocracia sindical, como Moyano o Pedraza, que han afianzado su perfil empresarial.
Para los capitalistas, sin dudas, han sido años de jugosas ganancias. Desde la Barrick Gold, hasta las patronales rurales, pasando por Madanes (Aluar y Fate), Rattazzi (Fiat) o Rocca (Techint); desde las PyMEs, hasta las multinacionales como Kraft o General Motors, sin olvidar a los bancos y entidades financieras; todos han tenido y tienen, independientemente de que se ubiquen más o menos cerca del gobierno, motivos de sobra para celebrar con una gestión como la de Cristina Fernández. Es que la política económica y las medidas proempresarias impulsadas por el kirchnerismo han sido la garantía de los millonarios negocios de capitalistas locales y extranjeros. “La Argentina es cada vez mejor negocio” confesó, una vez más, el canciller Timerman en una reunión con la plana mayor de la UIA.
Como contracara de tanta opulencia y de semejantes fortunas, a lo largo y ancho del país, una parte importante del pueblo trabajador continúa hundida en la miseria. La falta de vivienda digna, la situación crítica de los sistemas de salud y educación pública, la extensión de la droga que hace estragos en la juventud trabajadora, los altos niveles de desocupación que aún se mantienen… son parte de la realidad que marca que, bien lejos del discurso y la demagogia oficial, para el pueblo trabajador poco ha cambiado la situación de privaciones y miseria en los últimos años.
Y a todo esto debe agregarse que, durante el gobierno kirchnerista, se ha generalizado, además, como parte de sus políticas proempresarias, la flexibilización laboral: se han extendido el trabajo en negro, la tercerización, la contratación temporaria y por agencia, las extensas jornadas laborales y se han mantenido los salarios deprimidos, en comparación con la sostenida inflación y el costo de la canasta básica.
Ante este escenario, en el cual los empresarios son cada vez más ricos mientras el pueblo trabajador es forzado a conformarse con algunas migajas, el kirchnerismo viene avanzando con más represión. Prueba de esto es, como marcáramos el mes pasado, la militarización que ha desplegado en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de generar temor en las barriadas más humildes, saturando las calles con efectivos de Gendarmería y Prefectura.
En este marco, el último mes, entre los casos de gatillo fácil que se suceden a diario, ha habido dos que han trascendido en los medios. No son casos aislados, ni mucho menos: son parte de la represión cotidiana que se descarga sobre el pueblo trabajador para garantizar su disciplinamiento, junto con las torturas en las cárceles y las comisarías y el verdugueo constante de las policías a la juventud en cada barrio.
Por otra parte, en la provincia de Jujuy, una vez más, el kirchnerismo ha respondido con una brutal represión a la organización popular que busca dar solución a las necesidades más elementales, como la vivienda, ante la falta de respuestas de los distintos gobiernos. Como sucediera hace pocos meses en la Formosa del kirchnerista Insfrán o en el Indoamericano, con la represión conjunta de la Federal y la Metropolitana, en la provincia del gobernador kirchnerista, Barrionuevo, la represión a quienes ocupaban las tierras del Ingenio Ledesma para construir viviendas, dejó al menos tres muertos. De esta forma, son ya 15 los asesinados durante los años de gobierno kirchnerista por represión directa contra la protesta social.
Según declaraciones del propio gobernador provincial, en la represión hubo participación directa de personal de seguridad de la empresa Ledesma, propiedad de uno de los grupos empresarios más poderosos del país, con poder casi absoluto en la provincia de Jujuy, y de buena relación con el kirchnerimo en los últimos años. Por otra parte, se evidencia, nuevamente, cómo en estos casos la justicia, las fuerzas represivas y los funcionarios de gobierno actúan rápidamente para defender los intereses de la empresa. Es una demostración más de cómo, en este sistema, el estado está siempre al servicio de los capitalistas.
Por más que insista en pintarse de popular, el kirchnerismo es un gobierno que sólo ha defendido y defenderá los intereses de los empresarios, mientras mantiene en la miseria a los trabajadores y profundiza la represión, con la que sigue matando a los hijos del pueblo.