Inflación y ajuste

El inicio del año está atravesado por la continuidad de la inflación constante y los bruscos aumentos de tarifas e impuestos. A este panorama se suman suspensiones y despidos en el ámbito público y privado, y la pretensión oficial de ponerle un techo a los reclamos salariales.

Las estimaciones más conservadoras ubican la inflación del año pasado en más del 25%. Supera el 30%, cuando se centra en la canasta familiar, que es la que impacta más fuertemente sobre el pueblo trabajador. Excepto el oficialista INDEC, nadie más pone en duda que el aumento constante de precios corroe diariamente el poder de compra de los asalariados.

2012, comenzó con la dura realidad de los aumentos de varios impuestos, de colectivos y del subte, de suspensiones y de despidos, y con la amenaza bien tangible de ajustes generalizados, que ya comenzaron en varias provincias. Esto se complementa con la intención de ponerle un tope a los aumentos de salarios.

Esta primera escalada ajustadora es el anuncio de que pretenden que, este año, el pueblo trabajador reacomode aún más sus gastos para poder llegar a fin de mes.

La mirada del gobierno

En su reciente discurso en cadena nacional, la presidenta, Cristina Fernández, se refirió a otra realidad. Habló de la crisis en Grecia y de cómo, gracias a su gobierno, Argentina hoy “no” está en crisis. Habló de la recaudación récord, de la “libertad” para negociar en las paritarias  y, fundamentalmente, centró su propaganda en el aumento a los jubilados y pensionados.

Lanzó un incremento del 17,62% en las jubilaciones, que las elevan a $1.687, es decir, $253 más, una cifra por demás insuficiente, que, aunque sea un paliativo para muchas familias, condena a millones de jubilados a vivir en la pobreza o a subsistir gracias a la ayuda que puedan brindarle sus familiares, siempre que esto sea posible.

De este modo, en su discurso “distendido e informal”, la presidenta le muestra al país, las “bondades” de su gobierno, mientras no dice un sola palabra sobre la inflación y el ajuste en curso.

Aumentos y más aumentos

“Muchos dicen que habrá aumentos de tarifas y lo cierto es que no aumentamos nada, pero mientras tanto hubo un aumento del subte del 127% y nadie dice nada”, explica, faltando a la verdad, la presidenta.

En primer lugar, es necesario subrayar las responsabilidades, tanto del macrismo como del kirchnerismo, en el tarifazo del subte. Al gobierno de Macri no le costó mucho trabajo ni le generó contradicción alguna con su discurso ser el ejecutor deliberado del tarifazo que afecta a más de un millón de usuarios, trabajadores y estudiantes en su inmensa mayoría. Sin embargo, la vía libre para implementar los aumentos fue dada, claramente, por el gobierno nacional comandado por Cristina Fernández. En el acta firmada por ambas autoridades puede leerse: “…la Ciudad asume, a partir de la firma del presente el control y la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también, el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral.” Ni kirchneristas ni macristas cuestionaron o avanzan sobre las ganancias de Metrovías. Así, el tarifazo del subte, con Metrovías y el PRO como principales artífices, cuenta con la complicidad dada por el kirchnerismo, que, para no enterrar su imagen, tuvo y tiene que salir a repudiarlo aumento, aunque haya sido un actor central para ponerle fin a la apertura de molinetes y la juntada de firmas en rechazo al aumento.

Por este solo hecho y por todos los aumentos que ya se implementan en el territorio nacional, no es cierto, como dice la presidenta, que no aumentaron nada. Con el recurso de atribuir todo lo que ocurre en el país a las distintas gobernaciones municipales o provinciales, el gobierno nacional no se hace responsable de nada. Entonces… ¿cuál sería el territorio que gobierna? Durante las últimas semanas, se instrumentaron aumentos en colectivos (Córdoba, Jujuy, Mar del Plata…), e impuestos (Buenos Aires, Córdoba, Capital…).

Sobre esta realidad, en la que se evidencia la decisión de continuar con la escalada inflacionaria, mediante el retiro de subsidios por parte del gobierno nacional, que da luz verde a los tarifazos por venir, se proyectan aumentos en los colectivos de la CABA y el Gran Bs. As., en los FFCC, en los servicios de luz, gas y agua, y se extiende la amenaza de un nuevo incremento en el subte, con lo perjudicial que es todo esto para el pueblo trabajador.

Suspensiones, despidos y techo salarial

Este contexto inflacionario se ve agravado para la clase obrera, debido a la seguidilla de suspensiones y despidos en marcha. Ya los padecen los obreros de las fábricas Fiat, Peugeot, Indiel Prestolite, Visteon, Mecca, Bosch, Imperial Cord, Frigorífico Molinares, entre otras.

Otra faceta de esta política contra los trabajadores se pone de manifiesto crudamente con los paquetes de medidas impulsados en varias provincias. Con el puntapié inicial dado por la propia presidenta, al decretar la “revisión” de más de 300.000 sueldos de empleados estatales (como ya sucedió con el quite del plus de fin de año en el INTI) y al exigirle a las provincias la nómina total de trabajadores estatales para meterles presión, varios gobernadores están encarando el ajuste a gran escala, que busca, además, congelar los salarios.

En Buenos Aires, anunciaron despidos en varios municipios (Vicente López, San Martín, Luján, San Fernando, San Nicolás…). En Catamarca, se lanzó un plan de ajuste que incluye la baja de más de 3.000 planes sociales y el despido de unos 500 no docentes. En Chubut, se llevan adelante 200 despidos, también entre los estatales, a través de la no renovación de los contratados. Córdoba anuncia más de 500 despidos y un techo salarial del 12%. En Río Negro, el gobierno está instrumentando el despido de 4.200 contratados (de áreas tan importantes como salud, educación o desarrollo social) y el pase a disponibilidad de 20.000 trabajadores estatales. Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, también blanquearon su voluntad ajustadora.

Mención aparte merece la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno intentó promulgar una ley de emergencia que incluía la suspensión de las paritarias, el aumento de la edad jubilatoria para los empleados públicos y el congelamiento de las pensiones, que fue, momentáneamente, impedido por la lucha de los trabajadores.

Para darle un carácter integral al ajuste en curso, el gobierno nacional complementa la inflación, las suspensiones y los despidos con la pretendida imposición del techo salarial. La decisión oficial es intervenir más abiertamente en las negociaciones paritarias para limitar los aumentos a una cifra cercana al 18%. Con este plan, ya se muestran complacientes las burocracias sindicales de la UOM y del SMATA que, además, buscan reacomodarse en la interna de la CGT de la mano del kirchnerismo.

Aliados contra el pueblo trabajador

El empresariado impulsa el proceso inflacionario del que el gobierno se ve beneficiado con la repercusión positiva que ésta tiene en la recaudación fiscal, a costa del pueblo trabajador; impulsa los tarifazos cuando el gobierno le retira los subsidios con los que tanto se benefició estos años, preservando, así, sus ganancias; impulsa las suspensiones y los despidos de trabajadores; y lleva a la baja los aumentos de salarios.

El gobierno retira subsidios para hacer caja y avala la suba de precios; despide a trabajadores del estado, dando vía libre a los despidos en el sector privado; y promueve y se propone intervenir para garantizar un techo salarial, a costa de la clase trabajadora.

La burocracia sindical está más ocupada en reacomodarse en sus internas, ya sea apoyando las iniciativas gubernamentales u oponiéndose a ellas, que en preparar una lucha de cara a las paritarias.

El pueblo trabajador, con independencia del empresariado, el gobierno y la burocracia, es el único actor que puede hacer frente al ajuste que nos quieren imponer.

La economía kirchnerista se sostiene con bajos salarios y flexibilización

Hace años ya que el kirchnerismo expone como uno de sus máximos logros de gobierno, la reactivación y el crecimiento económico. Para esto se apoyan en distintas estadísticas que demuestran números favorables en la balanza comercial, el superávit fiscal o los niveles de actividad industrial, entre otras. Sin embargo, la realidad de la clase trabajadora se encuentra bien lejos de los números esgrimidos por la propaganda kirchnerista, y continúa marcada por los bajos salarios, los altos niveles de flexibilización laboral, el trabajo en “negro” y la desocupación.

Inflación y bajos salarios, la receta del ajuste

Si bien no existen estadísticas confiables que aporten información precisa sobre los índices reales de inflación(1), es una realidad inobjetable que los precios de alimentos, vestimenta y alquileres, entre otros, suben mes tras mes. De esta forma, los valores de la canasta familiar, que estiman cuánto necesita por mes una familia de cuatro personas para poder cubrir sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, educación…), y que hace ya más de un año la burocracia de la CTA estimaba en $4.696(2), supera ampliamente por estos días los $5.000.

Todas estas cifras, que calculan lo que se necesita para vivir, contrastan crudamente con los chatos salarios que recibe la amplia mayoría de la clase trabajadora. Según estadísticas del propio Ministerio de Trabajo(3), el 53% de los que trabajan “en blanco” (alrededor de 3,6 millones de trabajadores) cobra menos de $2.500 pesos por mes. Esto, desde luego, con el aval explícito del gobierno y las burocracias de la CGT y la CTA, que el año pasado fijaron con las cámaras patronales el salario mínimo en $1.840.

Y esta realidad, por su puesto se hace mucho más cruda para los millones de desocupados, que deben arreglárselas para subsistir con changas o con los miserables planes del gobierno, para los jubilados que perciben los $1.227 de la mínima, y para los millones de trabajadores “en negro” que, además de soportar condiciones de trabajo mucho más duras, cobran salarios que, muchas veces, ni siquiera alcanzan al mínimo de pobreza que fijan la burocracia, los patrones y el gobierno.

Esta combinación de suba constante de precios, bajos salarios y precarización, redunda en el ajuste encubierto que el gobierno kirchnerista viene descargando sobre la clase trabajadora, profundizando su miseria, mientras los capitalistas facturan millonarias ganancias.

El modelo Firestone y la burocracia sindical

Para la aplicación de este ajuste encubierto sobre la clase trabajadora, el gobierno kirchnerista ha contado con la colaboración central de la burocracia sindical, en sus versiones de la CGT y la CTA. No fue casualidad, por lo tanto, que Cristina Fernández elogiara en uno de sus discursos al “modelo Firestone”. Lo hizo mientras defendía la postura de que el proyecto de “distribución de ganancias” debe debatirse empresa por empresa y no a nivel general, a través de una ley.

Es que más allá de la discusión sobre la “distribución de ganancias”(4), el sindicato del neumático (SUTNA) que encabeza Pedro Wasiejko, uno de los jefes de la CTA, hoy alineado tras Hugo Yasky, es un auténtico modelo del carácter propatronal y antiobrero, que caracteriza a la burocracia que se ha alineado con el gobierno kirchnerista.

“Hoy estamos en una situación que no es la ideal, no es la mejor históricamente, pero estamos razonablemente bien y en la dirección correcta” (5), balancea tranquilo Wasiejko. Así habla a la hora de describir la situación de los trabajadores del neumático que deben padecer las duras condiciones de un trabajo insalubre, donde son moneda corriente los accidentes y las enfermedades laborales, a cambio de bajos salarios, o donde la contratación precaria es regla y la disposición de los turnos y los francos rotativos y las jornadas laborales que llegan a superar las doce horas, contribuye a aumentar el carácter ya de por sí insalubre del trabajo.

Por todo esto, y por el apoyo incondicional a su gobierno, Cristina Fernández tiene sobrados motivos para elogiar a Wasiejko y su “modelo” burocrático y propatronal, así como a todos sus aliados de la burocracia sindical.

Organización independiente y lucha

El kirchnerismo y la burocracia sindical, aliados de la patronal, son los responsables del ajuste sobre el salario de los trabajadores y de la flexibilización que avanza sobre las condiciones laborales.

En el desarrollo, por lo tanto, de la organización independiente de la burocracia y el gobierno, y en la lucha, se encuentra la fuerza con la contamos los trabajadores para poder enfrentar esta situación. Es el ejemplo, de los trabajadores de Fate, que lograron derrotar a la burocracia de Wasiejko, y en los últimos años se organizan de forma independiente parar enfrentar a la patronal de Madanes, y de los docentes de Santa Cruz que protagonizan por estos días una destacada lucha contra el gobierno kirchnerista de Peralta exigiendo una justa recomposición salarial.

Son algunos ejemplos, de la organización y la lucha que los trabajadores debemos impulsar desde cada lugar de trabajo para poder enfrentar a la burocracia y avanzar con la recuperación del salario y la conquista de nuestras reivindicaciones.

…

NOTAS:

1) Las mediciones que realizan casi todas las consultoras privadas, así como las estimaciones oficiales de varias provincias, triplican y hasta cuadruplican los valores que difunde periódicamente el INDEC. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones de la Gobernación de Mendoza, los precios en abril subieron un 3,2%. En esa provincia, los principales aumentos se registraron en alimentación (24,2% de aumento en el último año), educación y vestimenta (31,6%, en el último año). Por su parte, las mediciones de la provincia de Tierra del Fuego estiman que, en los primeros cuatro meses del año, los precios subieron un 11,4%. En todos los casos, las cifras proyectan una inflación anual para 2011, bastante superior al 30%.

2) En los primeros meses de 2010, el Instituto de Estudios y Formación de la CTA estimaba el valor de la canasta familiar en $4.696. La burocracia del sindicato de la alimentación calculaba que, para cubrir la misma canasta, en aquel momento, un trabajador necesitaba $3.600 por mes. Ver “Con la inflación crece el ajuste”, en ER N°56 de abril de 2010.

3) Clarín, domingo 15 de mayo.

4) La fábrica de neumáticos Firestone firmó en 2001 un acuerdo con el SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático) que establece la distribución de “un tercio de las ganancias libres de impuestos que superen al 6% de la facturación anual”. Este acuerdo de “distribución de ganancias”, no está demás señalarlo, es elogiado tanto por la burocracia como por la empresa. El acuerdo se dio en un momento en el cual Firestone avanzó con un fuerte plan de ajuste que contó con numerosos despidos y con fuertes reducciones salariales (-20%). En diez años, sólo en cuatro oportunidades la empresa declaró superar los niveles de ganancia necesarios para avanzar con el mecanismo de distribución.

5) “El trabajo en Argentina”, informe trimestral del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino.

CON LA INFLACIÓN Y LAS PARITARIAS, AVANZAN SOBRE EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES

En un marco de profundización de la desigualdad social, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, la inflación continúa castigando el salario de la clase trabajadora. Mientras tanto, la burocracia arregla con los empresarios y el gobierno una nueva entrega en las paritarias.

En Argentina, hasta las estadísticas oficiales, aun con su alta cuota de cinismo y falsedad, deben reconocer que los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres. Sobre este escenario social, las proyecciones más conservadoras estiman una inflación muy por encima del 20% para 2010. Y en este marco, la burocracia sindical negocia una nueva entrega de los salarios en las paritarias, con el consecuente deterioro que esto implica en las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Se amplía la brecha social
Hasta el oficialista INDEC reconoce que la desigualdad social se amplía bajo el gobierno de los Kirchner. Según el organismo oficial, los ricos ganan casi treinta veces más que los pobres. Esta brecha es, en realidad, mucho más grande, ya que el instituto arriba a estas conclusiones partiendo de premisas tergiversadas, como baja inflación, alza salarial y generación de empleo. Aún así, entre el 10% más pobre del país se reparten poco más de 300 millones de pesos, mientras el 10% más rico disfruta de casi $9.000 millones(1).
Evidentemente, ni los mentirosos números oficiales avalan el discurso redistribucionista del gobierno nacional. Mientras la presidenta adorna sus discursos con frases como la redistribución de la riqueza, la realidad desmiente a cada paso sus palabras cada vez que, también según el INDEC, la mitad de las personas que tienen algún ingreso perciben menos de $1.500 por mes.
Del otro lado, se encuentran todos los capitalistas que, justamente por pagar salarios de pobreza, viven una vida sin privaciones y recurren a la remarcación de precios para no ver menguar sus ingresos. En el último año, por ejemplo, como demostración de los grandes negocios que realizan, algo más de 30 empresas declararon ganancias por más de $250 millones, con YPF, Tenaris y Siderar, a la cabeza.

La inflación en ascenso
No hace falta ser economista para comprobar que el salario rinde de cada vez menos. La inflación en ascenso es uno de los principales flagelos para la clase trabajadora y es, al mismo tiempo, un mecanismo de resguardo de ganancias para los capitalistas. Ante las paritarias por venir, el empresariado en su conjunto infla los precios para hacer frente a los aumentos que debe conceder a sus empleados. Daniel Fernández, el presidente de Carrefour Argentina, es claro y confiesa la actitud del empresariado: “un poco de inflación se puede absorber, pero el resto lo tendremos que trasladar al consumidor”, dice quien se ufana de ofrecer “el precio más bajo”.
La escalada inflacionaria es tan evidente que hasta genera fisuras entre el gobierno y sus aliados. Mientras el INDEC dice que la inflación es de apenas un 7%, la CGT lo desautoriza hablando del “INDEC de los supermercados” y todas las consultoras privadas la ubican bien por encima del 20%. Mientras el ministro de economía Amado Boudou hace referencia a un “reacomodamiento de algunos precios” y el jefe de gabinete Aníbal Fernández afirma que la inflación es consecuencia de “un mejoramiento en la distribución del ingreso”, el Banco Ciudad afirma que se trata de “un proceso sostenido y generalizado de incremento del nivel general de precios, lo que técnicamente se define como inflación”(2), y la Bolsa de Comercio de Santa Fe sostiene que “Argentina podría convertirse en el país con mayor inflación del mundo en 2010”(3). Cómo será de evidente, que hasta el ultra kirchnerista, Hugo Moyano, explicó que “Hay cosas que no se pueden negar”, refiriéndose a la escalada inflacionaria con la que comenzó el año.
Los aumentos de precios impactan mucho más fuerte en los alimentos, rubro que consume la mayor parte del salario de los trabajadores. El 20% de inflación promedio proyectado para este año, debería duplicarse en el rubro alimenticio(4). Por lo tanto, pese a que Moyano diga que “la inflación no es para preocuparse” y que “no le hace mal a nadie”, sin dudas, la clase trabajadora es quien más padece las consecuencias del aumento generalizado de precios. Los trabajadores registrados ven caer su poder de compra en cada una de las negociaciones que llevan adelante las direcciones sindicales de la burocracia. Quienes trabajan en negro quedan en la intemperie absoluta, a merced de la voluntad del patrón. Y los desocupados y los jubilados, subsistiendo con dádivas.
Esto, y no otra cosa, es lo que ofrece un gobierno capitalista como el de los Kirchner al pueblo trabajador.
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NOTAS:
1) Según el INDEC, en el tercer trimestre de 2009, el 10% más rico de la población ganó 28,2 veces más que el 10% más pobre. Esta diferencia era de 23 veces a fines de 2008. En promedio, la franja de los más pobres percibe $234, mientras la de los más ricos, $5.320 per cápita. En total, la riqueza distribuida es de 310 millones para los más pobres y de $8.715 millones para los más ricos.
2) El Día. 21/02/2010.
3) Tiempo Fueguino. 22/02/2010.
4) En lo que va del año la carne, por ejemplo, aumentó más del 40% y los lácteos, un 35%.



Para el gobierno, sobra gente

Ni siquiera el gobierno puede ocultar que la desocupación crece en el país. Más de tres millones de personas tienen problemas de empleo: o están desempleadas o subempleadas.
Evidentemente, al menos una mínima explicación oficial hace falta. Y, finalmente, se da. El ministerio de trabajo informó que el aumento de la desocupación durante 2009 “fue consecuencia del mayor crecimiento de la población económicamente activa en relación a los ocupados y no como resultado de un proceso de destrucción generalizada de puestos de trabajo”.
Como vemos, el gobierno niega la enorme cantidad de suspensiones y despidos instrumentados durante todo el pasado año y niega, también, que los trabajadores de Kraft, Bosch, Mahle o Tenaris-Siat, entre tantos otros, luchan, justamente, contra la “destrucción generalizada de puestos de trabajo”.
Pero además, el problema parece ser “el mayor crecimiento de la población económicamente activa”, es decir, que los adolescentes cumplan años...
Sin embargo, es el capitalismo el que es incapaz de ofrecerle un puesto laboral a todos los miembros de la sociedad. Bajo el capitalismo, unos pocos son patrones: dueños de fábricas, campos, comercios, bancos... y la inmensa mayoría son trabajadores, no cuentan más que con su capacidad de trabajar. Los trabajadores ocupados son sometidos a la mayor explotación posible por algún capitalista a cambio de un exiguo salario. Pero los que no, los trabajadores desocupados, deben intentar subsistir con limosnas, delinquir u olvidarse de todo entregándose al alcohol o las drogas. Y, precisamente, la amenaza de la desocupación es esgrimida como un arma contra los trabajadores que cuentan con algún empleo para explotarlos al máximo posible.
Por eso, sostener permanentemente una importante tasa de desocupación es muy redituable para los capitalistas. Es una constante de este sistema de explotación y no un “mal pasajero”, como dice el gobierno.

El kirchnerismo, garante de la miseria del pueblo trabajador

Después de casi tres años, el INDEC hizo públicos los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dónde se pone en cifras, inocultables incluso para el intervenido organismo, cómo en los últimos años, bajo el gobierno kirchnerista, se ha profundizado la concentración de la riqueza a costa de avanzar sobre el salario de los trabajadores.

Las cifras son sólo una demostración fría de lo que se vive a diario en el país: los salarios deteriorados por la inflación año tras año, el crecimiento del trabajo en negro, la profundización de la tercerización y la flexibilización laboral. Estas premisas, garantizadas eficazmente por los gobiernos kirchneristas, son las que han permitido al empresariado local y extranjero mejorar su rentabilidad para expandir sus ganancias, en el período que va desde 2002 hasta la actualidad. Estos números publicados son una demostración más de cuál ha sido la base sobre la que se ha consolidado el tan promocionado crecimiento de los últimos años.
De los datos presentados en la encuesta se desprende, por ejemplo, que la mitad de “los que trabajan” (dentro de esta categoría se incluye el heterogéneo grupo de trabajadores en blanco y en negro, cuentapropistas e, incluso, patrones) ganan menos de $1.500 por mes. Dentro de este grupo, 6 millones recibe ingresos mensuales menores a $1.200 y 3 millones, menos de $660. Siguiendo siempre con algunas de las cifras presentadas se afirma que “la brecha entre los que más y menos ganan” se agrandó en el último año (la diferencia pasó de 23,4 veces a 26,2) al mismo tiempo que se especifica que el 10% más rico se apropió del 32,9% de los ingresos mientras que el 10% más pobre sólo alcanza al 1,3%.
Éstas, como señalábamos, son sólo algunas rápidas imágenes detrás de la cuales se oculta, en realidad, la dura situación que atraviesan las familias trabajadoras a diario. Así, el sostenido aumento en los precios de los alquileres o de la canasta básica de alimentos viene castigando, año tras año, a los trabajadores. Así mismo, todas las medidas que el kirchnerismo planea para sostener “el modelo” y agrandar la caja, incluyen o traen aparejadas un aumento de la inflación. Ese es caso, por ejemplo, del aumento de las tarifas de los servicios como el gas, la luz o los transportes.
Y qué duda cabe de que los planes del gobierno estarán puestos en función de continuar garantizando las crecientes ganancias para el empresariado. La UIA ya celebró, por ejemplo, la designación de una de sus funcionarias más cercanas, Mercedes Marcó del Pont, al frente el Banco Central. En la entidad empresaria esperan que se les facilite el acceso al crédito y se mejore su competitividad a través del manejo del tipo de cambio. Y todo esto, claro está, garantizando en, primer lugar, la continuidad del pago de la deuda externa.
La burocracia sindical, por su parte, alineada ya sea con el kirchnerismo o con alguna otra fracción empresaria, ha jugado un rol central en este proceso de ajuste sobre la clase trabajadora y está dispuesta a seguir cumpliendo con su parte, como garante de la conciliación. Así como en 2009 cerraron como un gran triunfo el hecho de llevar escalonadamente el salario mínimo a unos míseros $1.500, las figuras más destacadas de la burocracia cegetista prometen al gobierno y al empresariado en general un año “sin conflictividad”. El kirchnerista Omar Viviani, por ejemplo, aseguró que en 2010 “va a haber discusiones paritarias, pero no va a ser nada conflictivo como no lo fue otros años”. Más claro todavía en sus proyecciones fue su jefe, el líder de la CGT, Hugo Moyano, cuando al ser consultado sobre el pedido de la UIA de que los aumentos salariales no superaran el 15%, destacó que “no va a pasar absolutamente nada, como no ha pasado nada en los últimos seis años. Los gremios han logrado un grado de madurez importante y los empresarios también”. Nada distinto puede esperarse de la burocracia de la CTA que, en una nueva señal de apoyo al gobierno, se sumó a los que salieron a celebrar la designación de Marcó del Pont como una “señal positiva”. Con el kirchnerismo al mando de la administración y la burocracia sindical como un aliado central, los capitalistas argentinos han logrado consolidar un período de ganancias extraordinarias, que en muchos casos no se ha visto debilitado ni aún frente a la crisis económica internacional. Ése, y no otro, es el crecimiento que el gobierno de los Kirchner ha anunciado a los cuatro vientos durante los últimos años y que se ha consolidado, siempre, sobre las espaldas del pueblo trabajador.

LA INFLACIÓN, CONTRA LOS TRABAJADORES

El Revolucionario Nº49 (Agosto de 2009)

La inflación, que no se ha detenido desde la devaluación en 2002, sigue haciendo cada vez más complicada la economía de las familias trabajadoras. Así, a los constantes aumentos en los bienes de la canasta básica, se suman los aumentos en las tarifas de gas y de luz, y la promesa de nuevos aumentos en los transportes.
Nuevamente el INDEC fue noticia. Pero los reclamos más fuertes por su “normalización” no provinieron de las organizaciones populares, sino de las principales cámaras empresarias, como la SRA , la AEA y la UIA. Como es natural, la preocupación de los capitalistas argentinos no tiene que ver con cómo la inflación va deteriorando el salario progresivamente, situación infinitamente agravada por la gran cantidad de trabajadores que fueron despedidos, suspendidos o que vieron sus jornadas recortadas. Por el contrario, son los mismos empresarios los principales beneficiarios de esta situación, al correr con la ventaja de poder remarcar precios a voluntad, situación que jamás se equipara con los míseros reajustes salariales pactados con la burocracia. La preocupación de las principales cámaras empresarias del país no pasa, por lo tanto, por limitar la suba de precios, ni siquiera por sincerar la medición de los niveles de inflación. Lo que realmente los desvela es la posibilidad de acceder al crédito internacional, situación que hoy se ve parcialmente restringida, en parte como consecuencia de lo grotesco de la falsificación de todos los índices estimados por el INDEC.
En este marco, el gobierno de Cristina Kirchner ensayó algunos cambios en el organismo, que pasará en adelante a estar bajo la órbita directa del ministerio de economía. Ascendió nuevamente a Norberto Itzcovich, un hombre del secretario de comercio Guillermo Moreno, que pasará a ser el segundo del INDEC, y se estipuló la colaboración de varias universidades en el seguimiento de los precios a través de un consejo académico, entre otros cambios menores. Rápidamente, desde la oposición, salieron a explicar que las modificaciones eran meramente cosméticas, ya que no se altera el mando real a cargo de Moreno. Desde la UIA , en cambio, mucho más pragmático, el empresario Cristiano Rattazzi se mostró esperanzado y afirmó, palabras más palabras menos, que “no importa realmente quién esté al mando mientas exista la voluntad de cambio”.
Claro que los grandes perdedores en esta situación no son los socios de la AEA ni de la SRA. La inflación es padecida diariamente por los trabajadores que deben soportar las subas constantes en los precios de los alimentos, la ropa o los alquileres. También siguen aumentando los servicios públicos, como el gas y la luz, aumentos que son legitimados a través de los medios que repiten insistentemente que Argentina cuenta con los servicios más baratos de Latinoamérica. Idéntica situación se da con el transporte. Las tarifas no han dejado de subir en los últimos años y el nuevo secretario, Juan Pablo Schiavi, reemplazante del millonario Ricardo Jaime, ha confesado que serán inevitables los futuros aumentos. Todo, claro, para que los trabajadores continuemos viajando en condiciones lamentables, con el hacinamiento y los accidentes como moneda corriente, para que los empresarios del transporte sigan facturando millones entre aumento de tarifas y subsidios.
De esta forma, mes tras mes, el kirchnerismo continúa aplicando, a través de la inflación, una auténtica política de ajuste encubierto sobre los bolsillos populares. Y en eso, sin dudas, cierran filas gobierno, empresarios y oposición, que seguirán discutiendo cuestiones de forma o de imagen, mientras hunden cada vez más el salario de los trabajadores.

INDEC: LA IMAGEN, ANTE TODO

El Revolucionario Nº39 (Septiembre de 2008)

Cada vez son menos los que se atreven a defender públicamente las absurdas cifras que publica el INDEC. O,4% de aumento para el IPC y una caída de 0,8% en los precios de bebidas y alimentos, fueron los números para el mes de julio.
Las críticas al organismo se multiplicaron en la oposición e incluso dentro de las filas del propio gobierno. Así, más allá de sus matices, Macri, Carrió, Alberto Fernández, la UIA y hasta los funcionarios Nilda Garré y Agustín Rossi, hicieron públicas sus críticas a las cifras y al funcionamiento del organismo, intervenido por el gobierno desde hace más de un año. Se suman así a las promesas del nuevo jefe de gabinete de “devolverle la credibilidad” al organismo.
La gran mayoría insiste en señalar a Guillermo Moreno como el único responsable de esta situación. Los burócratas “progres” de la CTA y el periodismo, igualmente “progre”, mienten diciendo que todo cambiaría sin Moreno, a pesar de que la plana mayor del gobierno, y la propia presidenta, se encargaron de aclarar que el funcionario es “un empleado que hace bien su trabajo” y que ella es la que da las órdenes.
Poco hay de novedoso, sin embargo, en la avanzada permanente de los precios y las mentiras constantes del intervenido INDEC. Lo importante, por lo tanto, es remarcar cómo todos los actores señalados coinciden en que la tarea primordial con respecto a la inflación y su medición es el “sinceramiento de los índices que permita recuperar la confianza y la credibilidad frente a los organismos internacionales y los mercados”. Palabras más, palabras menos, ésa es la preocupación fundamental de gran parte del empresariado local, incluyendo varios funcionarios del gobierno.
A eso se reduce para ellos la discusión sobre inflación e INDEC, tan de moda por estos días. No se trata de ninguna manera de un cambio de políticas para evitar el aumento de los precios, sino, simplemente, corregir los índices para recuperar legitimidad frente a los mercados y los organismos de crédito. Por su parte, el gobierno insiste en ocultar los datos reales de inflación (como si pudiera esconder la suba de precios) para no tener que presentar la situación como un problema y lograr el “ahorro” de varios miles de millones de dólares de deuda(1). Así son las cosas. Nadie menciona, por supuesto, cómo se deteriora día a día el salario de los trabajadores con cada aumento de los precios de la canasta básica, los alquileres, el transporte... Ninguno señala cómo los miserables aumentos pactados con la burocracia sindical no alcanzan ni por casualidad para recuperar el valor del salario, sino que, por el contrario, garantizan su caída en términos reales.
Para gobierno y empresarios de todo pelaje, se trata simplemente de poner en orden las cosas para que sigan creciendo sus negocios, siempre a costa de los trabajadores.
…
NOTAS:
1) Ver “Pese a todos los pagos, la deuda crece”, en esta edición.

LA INFLACIÓN VA CONTRA EL PUEBLO

El Revolucionario Nº35 (Mayo de 2008)

Mientras los empresarios se benefician a costa de los bajos salarios y los altos precios de sus productos; mientras el gobierno peronista hace con ellos sus negocios y oculta el problema de la inflación; los trabajadores debemos soportar todo el peso de la escalada de precios, viendo caer nuestros ingresos que ya no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas.

Evidentemente hay quienes se están beneficiando con el llamado “crecimiento” kirchnerista. Sin ir más lejos, a fines de abril, diputados y senadores decidieron aumentar sus sueldos a un promedio de $17.500, teniendo en cuenta los plus que cobran por “desarraigo” y viajes aéreos (canjeables por dinero), por no hablar de todo lo que además roban y que no piensan publicar.
Probablemente lo hagan estimulados por otros que también ganan y a caudales, como los empresarios rurales y comerciales que exportan productos agrícolas a altísimos precios internacionales y con un dólar preferencial, o las grandes empresas locales y extranjeras que se llevan fortunas y reciben abultados subsidios y exenciones impositivas por parte del gobierno.
Pero tanto derroche de fortuna contrasta bastante con la denigrante situación en que vive la clase obrera bajo el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández. Más del 10% está desempleado y de los que sí trabajan, la mitad debe hacerlo en forma irregular, con trabajos en negro, “ilegales”, contratados como “autónomos” o haciendo changas... Y aun cuando se consiga trabajo en blanco, debe soportarse la flexibilización laboral, impulsada fuertemente con el anterior gobierno peronista de Carlos Menem y profundizada ahora por medio de jornadas de trabajo extendidas, no pago de horas extra, turnos rotativos, fraccionamiento de vacaciones, etc...1
Y así todo el cuadro sigue incompleto, pues es preciso considerar el gran golpe a los sectores populares que significa la baja permanente del poder de compra (o salario real) por medio de una inflación que está carcomiendo el nivel de los salarios, lo que significa más beneficio para los empresarios y peores condiciones para la clase obrera.
El gobierno de los Kirchner ha hecho de todo por ocultar la inflación bajo la alfombra. La intervención del INDEC (patotas y despidos mediante) llevó hasta el ridículo los índices de inflación, pues los artículos que aumentan de precio son eliminados y todas las cifras, retocadas a conveniencia2. Por eso las mismas oficinas estatales de provincias, como San Luis, Mendoza y más recientemente Santa Fe, están indicando aumentos que multiplican por cuatro las mentiras del índice nacional.
Aún así, hasta el mismo ministro de economía recientemente expulsado, debió plantear su “preocupación” por la escalada inflacionaria, pues, como es sabido, las estimaciones privadas (las únicas que existen ahora) hablan de una inflación de un 25% o un 30% para este año en promedio, lo que significa casi el doble para los sectores más empobrecidos, debido al sostenido aumento de los alimentos y demás bienes de primera necesidad.
Bajo esta apremiante situación, la clase obrera debió sufrir, además, otro embate inflacionario, producto del paro patronal que impulsaron los empresarios del campo para obtener mayores ganancias. Tras el desabastecimiento provocado por esta disputa entre burgueses de distinto pelaje, los precios de la carne, las verduras y los cereales treparon a cifras escandalosas superando a veces el 100% de aumento.
Mientras el peronismo en el gobierno pretende mostrar la existencia de un “estado regulador” con mecanismos de control de precios, por ejemplo, lo cierto es que el aumento no sólo es más grave justamente en lo que respecta al consumo de los sectores populares, sino que, además, estos sectores fueron duramente golpeados por el acaparamiento de los empresarios, que, en el marco del paro patronal agrario, sacaron provecho de la necesidad llevando luego los precios a las nubes.
Como es inevitable, esta política antiobrera del gobierno kirchnerista está haciendo desastres. De hecho, aun sabiendo lo mentirosas que son las cifras oficiales y lo denigrante de un índice que considera que ya no es “pobre” aquel que tiene más de $250 por mes3, cerca de 2 millones de personas pasaron entre 2007 y lo que va de 2008 al rótulo oficial de “pobres”, alcanzando de esta forma al 30% de la población4.
Evidentemente, este cuadro de inflación, precarización y flexibilización nos plantea a los trabajadores desarrollar la organización y reforzar la lucha contra la carestía y por cubrir las necesidades básicas de una canasta familiar que hoy ya supera los $3.000 por mes.
En la vereda de enfrente están los empresarios, el gobierno que es socio y parte de los capitalistas argentinos, y la burocracia sindical, también socia y parte del empresariado y el gobierno, cuyo rol es disciplinar a la clase obrera para mantener el actual estado de cosas. Su encuentro en el rearmado del PJ y su convocatoria conjunta para consolidar el “pacto social” el próximo 25 de mayo, son una muestra más de ese frente antiobrero, al que los trabajadores deberemos enfrentar para llevar adelante la lucha contra la inflación y el encarecimiento de la vida.

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NOTAS:
1) Incluso el diario oficialita Página/12, debió tomar nota de la profundización de la flexibilización bajo el kirchnerismo, como lo hizo su suplemento Cash, el domingo 27 de abril.
2) Un nuevo ejemplo de esta farsa se publicó en Clarín el 28/04/08, el título de la nota lo resumía así: “Insólita estadística oficial sobre los precios de marzo: Según el INDEC los verduleros compran caro y venden barato. Los productos tienen valores mayoristas más bajos que los de venta al público.”
3) Hoy, según las estimaciones oficiales, la llamada “línea de pobreza” no llega a los $1.000 para una familia de cuatro miembros (a razón de $250 cada uno), lo que significa que aquel que debe afrontar pago de vivienda, alimentos, vestimenta, medicamentos, etc. con $250 (que no alcanzan para cubrir ni el primero de esos rubros) es considerado como “no pobre”.
4) Clarín, 27/04/08.

A COSTA DE LA VIDA DE LOS TRABAJADORES, CRECE EL CONSUMO DE LOS MUY RICOS

El Revolucionario Nº35 (Mayo de 2008)

El consumo representa, según los muy oficiales datos del INDEC, más del 77% del PBI1, y es lo que, según los especialistas, “motoriza” la economía. Pero cuando cuatro papas de regular tamaño cuestan $6 o tres zanahorias $3, no es el consumo del pueblo el que crece. Lo que empuja para arriba las estadísticas es el segmento “premium” o de “alta gama”, que aumenta de la mano de las escandalosas ganancias que tienen unos pocos, a costa del pueblo.
La importación de productos “gourmet” crece al 50% mensual. Los muy ricos compran quesos franceses, cervezas finlandesas, fiambres alemanes, galletitas israelíes o chocolates suizos de $20 la tableta. La multinacional Pernod Ricard presentó localmente su whisky Chivas Regal 25, que se vende a pedido y con lista de espera, y cuesta $1.500 la botella. En Córdoba, la demanda de “delicatessen” creció entre un 26 y 38% en el primer trimestre del año. Incluso en provincias más pobres como Santiago del Estero, se triplicó la venta de autos importados de alta gama, como Mercedes Benz, BMW y Audi, con precios entre 120 mil y 400 mil pesos2. Se multiplican en todo el país los “hoteles de diseño” donde dormir una noche cuesta de 300 a 500 dólares, privilegio de los mismos que en el Calafate pagan una fortuna para enfriar su whisky con trozos del glaciar.
Con bombos y platillos el gobierno anuncia “obras públicas” para disfrute de los ricos, que además hacen negocio financiándolas, como el tren bala, la ampliación del tranvía turístico de Puerto Madero (a un costo de u$s70 millones), o una urbanización de lujo (a un costo inicial de u$s50 millones), de 232 hectáreas costeras de los municipios de Avellaneda y Quilmes, financiada por el grupo Techint, en terrenos que son propiedad de la familia Rocca desde hace siete años, cuando los recibieron, literalmente a precio de basura, como parte del pago por el relleno sanitario que hizo otra empresa del grupo.
Coherente con su condición de multimillonaria, la presidenta exhibe sin pudores su propio consumo “premium”. En su último discurso en Plaza de Mayo, lució un reloj Rolex Presidente que cuesta u$s20.000, y dos anillos y aros que, sumados, superan los u$s40.000. Bastan las fotos de cualquiera de sus apariciones para hacer cálculos semejantes, de collares, pulseras o broches. Su vertiginoso cambio de vestuario en la reciente gira europea sorprendió hasta a los cronistas de la moda. Usó cinco equipos diferentes, todos de diseño exclusivo, en 48 horas. Un cálculo benevolente estima que no repitió su vestuario ni sus accesorios una sola vez desde que es presidenta.
El costo de esas ostentaciones es el sufrimiento del pueblo. Los lujos “premium” se financian con la explotación creciente de los trabajadores, con condiciones laborales cada vez más precarias. La misma semana de la boina parisina, dos trabajadores de un depósito de Dock Sud murieron al explotar un tanque de combustible que soldaban. La empresa, que podría ser de cualquiera de los que toman whisky con hielo del glaciar, emitió un comunicado, diciendo que la culpa fue de las víctimas. Dos trabajadores más que se suman a los que cotidianamente mueren por falta de medidas de seguridad (como un medidor de los gases en el tanque), por el incremento de los ritmos de producción y las jornadas más extensas.
Acumulan millones a costa del hambre y la explotación del pueblo. Lo que les queda, después de pagar la deuda externa o de mantener las tropas en Haití, lo gastan en el lujo obsceno que comparten gobernantes y empresarios explotadores.

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NOTAS:
1) Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el INDEC, primer bimestre 2008.
2) Fuentes: diarios La Voz del Interior, Córdoba, y Panorama, Santiago del Estero.

LO QUE TRAE EL NUEVO GOBIERNO: AUMENTAN LA INFLACIÓN, LAS TARIFAS, LOS IMPUESTOS Y LAS GANANCIAS DE LOS EMPRESARIOS

Tanto capitalistas locales como extranjeros se ven beneficiados con la política económica de la nueva presidenta, mientras el ataque contra la clase obrera y su salario se acrecienta diariamente.

El Revolucionario Nº32 (Febrero de 2008)

Repitiendo la voz oficial del gobierno, los grandes medios de comunicación insisten en pronosticar “optimismo”, “expectativas”, “crecimiento” y demás yerbas para la economía nacional en este nuevo año bajo el mando de los Kirchner. Y este pronóstico es en verdad muy cierto si se toma en cuenta que ni el gobierno ni los medios se están refiriendo a las condiciones en que vive nuestro pueblo, sino más bien a la fiesta de negocios que empresarios y banqueros hacen en nuestro país por estos días. Así pues, los empresarios locales, amigos y funcionarios del gobierno, hacen negocios millonarios por todas partes, particularmente en áreas tan rentables como la energía y el petróleo (como con la compra de una parte de YPF por el empresario-K Eskenazi), y los capitalistas extranjeros se llevan a su vez la parte del león, manteniendo el control de las principales empresas estratégicas, avanzando con la compra de gran cantidad de compañías de origen argentino (llevando al record la extranjerización de la economía), y llenando sus bolsillos gracias al perseverante pago de la deuda externa por parte de los Kirchner.
Pero la enorme riqueza que la burguesía, local y extranjera, está amasando en nuestro país, recae pesadamente sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo, que sufrimos una permanente pauperización y vemos como se empeña el país, condenándonos al atraso y a la más completa dependencia al capital extranjero. Sobre el pueblo pesan, una a una, las iniciativas de la presidenta Fernández para beneficiar al empresariado: el aumento constante de la inflación y de las tarifas de los servicios públicos, además del recorte al gasto público para servicios sociales.
Así, mientras con más despidos y desplazamientos el gobierno avanza sobre el Indec para borrar cualquier registro de la inflación real en nuestro país, las estimaciones privadas y de los organismos provinciales hablan de una inflación que ha superado ampliamente el 20% anual y que, como lo registra el instituto de estadística mendocino (que aún no ha sido intervenido), bordea el 30%.
De esta forma los empresarios que operan en Argentina se ven nuevamente beneficiados. Ya hacían enormes negocios con los antiguos precios de productos exportables y ahora sus ganancias se multiplican con el alto nivel que han alcanzado los precios internacionales de productos primarios (al igual que el petróleo que ya superó la barrera de los 100 dólares, también la soja, producto central de la exportación nacional, ha aumentado en un 50% en el último año), a lo que debe sumarse un eje central de la política económica kirchnerista: la baja constante del salario real, gracias a la macabra combinación del crecimiento inflacionario y el estancamiento salarial acordado con la burocracia sindical.
Pero como si esto aún no fuera suficiente, una nueva carga ha sido echada contra los trabajadores y el pueblo, en una escalada de aumentos tarifarios encabezados por la suba en los precios del transporte público (ver Viajar ya es más caro), seguida por los aumentos en impuestos a la propiedad (como sucede con el ABL porteño) y cuya continuación ya ha sido adelantada por Cristina Fernández al prometerle a las multinacionales una “readecuación tarifaria” para este comienzo de año en el resto de los servicios públicos, lo que se traducirá en fuertes aumentos en luz, gas, teléfono, etc.
En este marco, una vez más, la propaganda oficial se ha propuesto falsear la realidad, tratando de mostrar una mejora en las condiciones de vida del pueblo, por medio de la difusión de un supuesto “boom del consumo” en negocios y shoppings.
Y claro que hay algunos pocos que están de fiesta, que han ganado y a veces gastado en cifras millonarias;
pero esos no son los trabajadores, ese no es el pueblo. Hoy la clase obrera ha perdido el grueso de sus conquistas, se encuentra impedida de proyectar la compra de una casa propia (no hay que olvidar el fiasco que fueron los fallidos créditos de vivienda impulsados por el ex presidente Kirchner), y está muchas veces impedida de tomarse unos días de vacaciones por las pésimas condiciones que impone un trabajo mal pago y habitualmente en negro (condición en la que hoy se encuentran la mitad de los trabajadores). ¡Y los voceros del régimen quieren hacernos creer que estamos mejorando por haber gastado en un puñado de regalos navideños!
Si ni siquiera puede decirse que llegue a tener ahorros un pueblo que se vuelca a consumir endeudado hasta el
cuello por los créditos personales que más tarde o más temprano recaerán sobre su espalda recordándole su lamentable situación.
Para cerrar el cuadro, el ajuste ha llevado al congelamiento del gasto para los servicios sociales más elementales, como son la salud, la educación, o los planes de vivienda, con el fin de garantizar un alto superávit fiscal y pagar así una deuda externa que ya asciende a 170.000 millones de dólares, y que llevará a Cristina Fernández a pagar más de u$50.000 millones durante su gestión, lo que implica, además, el refinanciamiento de parte de la deuda a tasas aún más caras, generando de este modo más y más deuda y dependencia.
Así las cosas. Los excepcionales precios de las materias primas exportables y las también excepcionales condiciones que brinda el gobierno de Cristina Fernández para la explotación obrera (con salarios aplastados que permiten superganancias empresarias), traen grandes beneficios sólo para los capitalistas. Éstos se han embarcado en una vorágine de negocios y saqueo, en busca de ganancias millonarias en el corto plazo, sin ningún tipo de reinversión o proyecto para el país, pues nadie se arriesga a asegurar que la “estabilidad” y el “crecimiento” durarán muchos años más, sobre todo ahora que EEUU está entrando en recesión y amenaza con arrastrar con su crisis. Su máxima aspiración es poder volar con los bolsillos bien llenos cuando venga el temporal.