Los anuncios que se vienen

Como parte de la campaña electoral, el gobierno kirchnerista planea anunciar, en las próximas semanas, reajustes en el salario mínimo, jubilaciones y asignaciones sociales.

Si en algo se ha esforzado el kirchnerismo en estos últimos ocho años, es en buscar cómo hacer pasar por “nacional y popular” su política profundamente antipopular. En este sentido, se espera que durante el mes de agosto, como parte de su campaña electoral, el gobierno de Cristina Fernández anuncie con bombos y platillos aumentos en el salario mínimo, las jubilaciones y la asignación universal por hijo. En todos los casos, no está demás decirlo, los montos se mantendrán bien lejos de las necesidades del pueblo trabajador.

El salario mínimo es actualmente de $1.840, mientras que la canasta familiar, para cubrir las necesidades básicas de una familia de cuatro personas, supera los $5.000. La burocracia sindical de la CGT y la CTA, llevará una posición unificada, hecho que fue celebrado por Yasky, que cada día profundiza más su acercamiento a Moyano. “Tuvimos un contacto en ese sentido con Moyano y se avanzaría en una misma postura para que los economistas de las centrales y cinco o seis dirigentes de cada conducción elaboren una agenda común (…) Sería inédito que en el Consejo del Salario ambas centrales se presenten con una propuesta unificada (…) Ello otorgaría mucha más fuerza ante los empresarios”, explicó el burócrata de CTA. La propuesta de ambas centrales será elevar el salario mínimo a $2.600, bien lejos, como en años anteriores, de lo que una familia trabajadora necesita para cubrir el valor de la canasta básica.

Desde luego, las cámaras patronales, que como siempre buscarán firmar el salario más bajo posible, han adelantado que consideran que el aumento debería ser mucho menor. Como está planteada la situación, sea cual sea el acuerdo, independientemente de los porcentajes, el salario mínimo que desde el gobierno presentarán como un triunfo, quedará muy lejos de servir para cubrir las necesidades de una familia trabajadora.

También las jubilaciones, que hoy se encuentran en $1.227 seguirán en cifras de pobreza después del aumento que anuncie el kirchnerismo en las próximas semanas. Después de varios “aumentos” regidos por la “movilidad jubilatoria”, que establece dos reajustes por año y que desde el kirchnerismo fuera presentada como “revolucionaria”, la ley gubernamental ha confirmado ser un mecanismo perfecto para mantener las jubilaciones hundidas en la pobreza. No puede esperarse otra actitud hacia los jubilados de parte de un gobierno como el de Cristina Fernández que vetó el 82% móvil.

De forma similar, utilizarán como parte de su campaña el ajuste de la Asignación Universal por Hijo, que desde octubre del año pasado se mantiene en $220. Como hasta ahora, se tratará de unas migajas que el kirchnerismo reparte entre los sectores más humildes, y que contrastan brutalmente con las millonarias ganancias de las que gozan los capitalistas y con los lujos de los funcionarios de gobierno, y que, en absoluto, apuntan a la resolución de los problemas sociales de fondo: vivienda, trabajo, salud, etc.

En definitiva, la presentación de estos “aumentos” de campaña no será más que parte de la demagogia de un gobierno que custodia las ganancias empresarias, dejando para el pueblo trabajador sólo migajas del gran banquete, miseria y represión.

Para los jubilados, sigue la miseria

El kirchnerismo anunció un aumento en las jubilaciones que deja la mínima en $1.227, garantizando, de esta forma, la continuidad de la miseria de los jubilados.



El gobierno kirchnerista utilizó más de una vez el tema de las jubilaciones como parte de la propaganda para mantener su fachada “nacional y popular”. En los últimos años, hizo campaña con la eliminación de las AFJP y anunció con bombos y platillos la ley de “movilidad jubilatoria”, asegurando que con estas medidas la situación de los jubilados cambiaría radicalmente.(1)

Por otra parte, meses atrás, Cristina Fernández sumó a esta política hacia los jubilados el veto a la ley sancionada en el congreso que establecía el 82% móvil, asegurando (al tiempo que sigue hablando de recaudaciones récord y excedente de reservas) que su implementación llevaría a la “quiebra de estado”. “Todos queremos mejorar las jubilaciones, pero nosotros lo hacemos de manera sustentable. Paso a paso, en etapas, (…) vamos a seguir mejorando, pero con racionalidad”, aseguró, parafraseando a la presidenta, el titular de la ANSeS, Diego Bossio, para quien, evidentemente, es muy razonable que los jubilados sean abandonados a una situación de indignante miseria, mientras empresarios de todo tipo y funcionarios de gobierno facturan millones y se dan la gran vida.

Medidas como la “movilidad jubilatoria” y el veto al 82%, que a simple vista pueden parecer contradictorias, forman, por lo tanto, parte del único plan que el gobierno kirchnerista ha tenido y tiene para los jubilados: sostener su miseria.

Los hechos y las cifras son rotundos y hablan por sí solos. Como era evidente al momento de su anuncio, la tan promocionada “movilidad jubilatoria” no ha mejorado en lo concreto la realidad de los jubilados. Con ya dos años de vigencia, y habiéndose producido cinco “aumentos” guiados por esta ley, el haber mínimo apenas alcanzará los $1.227 en el mes de marzo.

Bien lejos del 82%, esta cifra apenas alcanza al 66,7% del salario mínimo actual, ya de por sí miserable. No es necesario aclarar que el nuevo haber resulta absolutamente insuficiente para garantizar las condiciones elementales de vida de los jubilados. Baste con compararlo con el precio de cualquier alquiler, para ver lo bochornoso del anuncio que el kirchnerismo insiste en presentar como un avance distributivo. Y eso, por no mencionar, la sostenida inflación que afecta los precios de medicamentos, transporte o alimentos, muchos de los cuales se tornan directamente inaccesibles para cualquiera que cobre la mínima.

Es que, más allá de los discursos, este gobierno tiene, al igual que sus antecesores, otros planes para los fondos de la ANSeS. La caja de este organismo, que se nutre periódicamente con los aportes jubilatorios de los trabajadores, y que en los últimos tiempos se viera reforzada por el traspaso de los fondos de las AFJP, es una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno. Y está a la vista que mejorar las condiciones de vida de los jubilados no se encuentra entre sus prioridades. Por el contrario, el kirchnerismo ha dejado en claro infinidad de veces que en el primer lugar de su agenda, a la hora de la administración de estos fondos, se encuentran el pago de la deuda externa(2) y los subsidios para garantizar la ganancia empresaria. Con las migajas que quedan en la caja de la ANSeS luego de esta entrega, el gobierno sostiene los distintos “planes sociales” y “cooperativas”, que administran los intendentes y punteros del PJ. Y, en un año electoral, no hay dudas de que el kirchnerismo continuará utilizando estos fondos a discreción para mantener alineada a su tropa.

En pocas palabras, con este nuevo “aumento” el gobierno de Cristina Fernández da otro paso en su política de continuar hundiendo en la miseria a los jubilados.



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NOTAS:

1) Ver “Más saqueo del gobierno y ganancias para las empresas”, en ER N°47, de junio de 2009, “Para la deuda y subsidios sí, para los jubilados, no”, en ER N°63, de noviembre de 2010.

2) Por estos días, el gobierno kirchnerista, a través de Boudou y sus colaboradores, continúa con las negociaciones para acordar el pago al Club de París.

82%: Para la deuda y subsidios sí, para los jubilados, no

El mismo día que recibió, desde el congreso, el proyecto que otorgaba el 82% móvil a los jubilados para sancionarlo, la presidenta Cristina Fernández lo vetó. Una decisión política, que nada tiene que ver con el debate económico, y que muestra el carácter antipopular del gobierno.

En 2005, Kirchner, junto a su ministro Lavagna, pagó casi 82 mil millones de dólares entre la primera y la segunda etapa de la “reestructuración”, es decir, el pago de la deuda externa. Esa fortuna no incluía intereses, sino sólo capital. Meses después, se agregó un nuevo cronograma de pagos por u$s62.248 millones, y, para fin de año, se anunció el pago, con reservas del Banco Central, de u$s9.800 millones que nos “haría libres” del FMI. 

Ya con Amado Boudou en el ministerio de economía, se reabrió el canje. Esta vez, fueron u$s12.067 millones los que se pagaron, y se creó el “Fondo del Bicentenario” con más reservas del BCRA, para pagar u$s6.569 millones más que vencen este año. Como vemos, para pagar la deuda externa, el gobierno tiene plata.

En 2009, unos $37.000 millones fueron, como subsidios, a los bolsillos de los empresarios del transporte automotor y ferroviario, del sector energético, de Aerolíneas Argentinas y del sector agroalimentario. En 2010, la inflación y la suba de los precios internacionales hicieron que el gobierno, lejos de ajustarse a lo previsto en el presupuesto ($32.132 millones para subsidios), haya dispuesto elevarlos, para contener a medias el alza de las tarifas y de los alimentos. Así, los especialistas estiman que, para fin de año, más de $45.000 millones de pesos, es decir, más de una vez y media el monto del Fondo del Bicentenario, serán transferidos a la empresas subsidiadas. Entonces, vemos que, para subsidiar empresas, también hay plata.

En cambio, el gobierno dice que no hay fondos suficientes para garantizar que las jubilaciones alcancen, por lo menos, al 82% móvil del salario. La ley aprobada en el congreso fue vetada por la presidenta, que justificó la medida diciendo que, de tener vigencia, se decretaría “prácticamente la quiebra no sólo del Sistema Previsional Argentino sino del propio Estado”. También se amparó en que los legisladores no habían establecido la forma de financiamiento, es decir, de dónde saldrían los fondos para aumentar los haberes. Puras excusas, como veremos.

El primer argumento se cae solo, si comparamos las enormidades de dinero usadas para pagar la deuda y subsidiar empresas, con lo que representaría llevar las ultra miserables jubilaciones actuales a unos apenas menos miserables $1.427, aproximadamente un cuarto del valor de la canasta familiar.

Respecto del segundo, resulta que hay más de $60.000 millones de la ANSES (bastante más que lo que requeriría, al año, el 82%, según el cálculo del propio gobierno) que se gastan anualmente sin que, al decidir su uso, se debatiera de dónde saldrían los recursos. Igual que lo hacía Cavallo en los ’90, aunque con un menú más amplio, son gastos que se impusieron por decreto.

Entre los que vienen desde el menemismo, está el financiamiento del déficit de las cajas jubilatorias militares y de las fuerzas de seguridad; el pago de garantías a las provincias y gastos administrativos de la DGI; comisiones de la AFIP y “pensiones no contributivas”, es decir, no precedidas por aporte alguno. En la gestión kirchnerista, se agregaron los gastos de la asignación universal por hijo; algunos planes sociales, como el plan Familias; el plan de computadoras Conectar; el seguro de desempleo; los subsidios del programa de Reproducción Productiva (Repro) para las empresas en crisis, etc. Todos esos gastos, más allá de que sean de alguna utilidad, como lo sería aplicar el 82% móvil, fueron decididos sin preverse un financiamiento propio, sino, directamente, usando la plata de la ANSES.

Como se ve, no se trata de un debate económico, sino de la decisión política del gobierno de usar los dineros públicos para una cantidad de cosas, entre las que no se cuenta mejorar un poco la situación de miles de trabajadores jubilados.

Es tan elevado el nivel de injusticia previsional, que el edificio donde están los juzgados del fuero previsional tuvo que ser clausurado por peligro de derrumbe, debido al peso de los millares de expedientes que se acumulan día a día. Las estadísticas oficiales informan que entre 10.000 y 15.000 causas nuevas se inician por mes, de las cuales el 80% son demandas de los jubilados por reajustes de sus haberes de hambre.

No hay que olvidar que lo que propuso en el congreso la “oposición” de radicales, peronistas “federales”, el PRO y parte de la centroizquierda, es el 82% de un salario mínimo de pobreza, y que quienes promovieron y votaron la ley son los mismos que, de la mano del gobierno de la Alianza UCR-Frepaso y bajo el mando de Cavallo, votaron sin discusiones la ley de “déficit cero”, que recortó un 13% de todas las jubilaciones y sueldos públicos del país. Esos son los que hoy se disfrazan de grandes defensores de los jubilados

El veto presidencial al 82% pone en evidencia que el gobierno prioriza profundizar la dependencia y hacer sus propios negocios antes que disminuir, aunque sea en una mínima parte, la miseria de los jubilados. Un gobierno que compulsivamente paga la deuda y destina fortunas para sostener a sus socios empresarios; que nunca se queda sin fondos para hacer propaganda o financiar efectistas medidas como el “fútbol para todos”, pero que amenaza con la “quiebra” del estado si aumenta menos de $200 la jubilación mínima. Un gobierno que miente, diciendo que hay un “problema económico” que haría entrar en default al estado, cuando le sobra dinero para pagar lo que no debemos, y para subsidiar a quien no lo precisa.

Así, el despilfarro y el uso discrecional de fondos de la ANSES muestra a las claras que el gobierno no aumenta las jubilaciones porque prefiere priorizar la deuda externa, los subsidios para sus empresarios amigos y los propios negocios, lo que muestra, nuevamente, su carácter antipopular.

La farsa del 82% móvil

Los que, en 2001, recortaron el 13% de las jubilaciones con el argumento de que era necesario tener “déficit cero”, hoy claman por el 82% móvil de las jubilaciones. Los que eran su oposición, hoy, desde el gobierno, dicen con sus bocas llenas que no hay plata para aumentar los haberes de los jubilados. Como ayer, van a terminar negociando, mientras los jubilados subsisten apenas con sueldos de hambre.

Camino a la campaña electoral, todos los partidos burgueses se esfuerzan por mostrar iniciativas “populares” que les vayan arrimando algún voto. Desde la “oposición” conformada por radicales, peronistas “federales”, el PRO y parte de la centroizquierda, se promovió un proyecto de ley para garantizar que las jubilaciones alcancen al 82% móvil del salario mínimo.

Después de cruces de todo tipo, hubo media sanción en diputados, y ahora comenzó el previsible sainete del senado, mientras todos negocian para ver cuándo se van a dignar que haya quórum para tratar el proyecto.

El gobierno dice que no hay plata. La presidenta vaticinó que si se aprobara ese proyecto, “en tres meses entraríamos en default”, y el ministro Amado Boudou lo calificó de “irracional” por la falta de recursos para afrontarlo. Mientras, siguen despilfarrando millones en subsidios para empresas amigas, el pago de la deuda, propaganda oficial y actos proselitistas, sin olvidar las fortunas que encuentran el camino a sus propios bolsillos.

Los que defienden el proyecto se llenan la boca con “sus queridos jubilados”, lo que no oculta que, en definitiva, lo que están prometiendo, aun si se concretara, no es otra cosa que el 82% de un salario mínimo de hambre, que no cubre las necesidades de un trabajador en actividad. Pero, más indignante aún, es ver cómo se disfrazan de cruzados por “los abuelos” los mismos que, hace 10 años, defendieron y votaron el recorte de las jubilaciones, junto con los sueldos de estatales, con la ley que se llamó de “déficit cero”.

El ministro de economía era Domingo Felipe Cavallo. El presidente, el radical Fernando de la Rúa, y la ministra de trabajo, la ex PJ, entonces aliancista y hoy Coalición Cívica, Patricia Bullrich. Los tres firmaron, con el resto del gabinete de radicales y frepasistas, un decreto de necesidad y urgencia, que luego fue ratificado por el congreso, apenas con algunas modificaciones superficiales.

Los diarios de la época ilustran las febriles negociaciones que se hicieron entre el ejecutivo y los senadores de la oposición peronista, que finalmente (y a cambio de acuerdos económicos para sus gobiernos provinciales) dieron quórum y votaron el proyecto. Entre los diputados y senadores que dieron quorum o levantaron la mano encontramos a casi toda la “oposición” de hoy: UCR, Partido Socialista, PC o los que se agrupan en la CTA y junto a Solanas.

Así funciona la “alternancia” en el gobierno de los partidos burgueses. Los peronistas, que en agosto de 2001 eran “oposición” y defendían “los intereses de los jubilados”, al final negociaron el apoyo al recorte. En 2010, están divididos entre el sector peronista que gobierna, que se opone a dar el 82% móvil, y los que quieren gobernar desde 2011, que, desde luego, lo promueven. Radicales y “progresistas” o “de centroizquierda”, que en 2001, desde el gobierno, manotearon el 13% del ingreso de jubilados y trabajadores estatales, haciendo aún más miserables sus haberes y salarios, hoy, de nuevo en la oposición, hacen campaña con el hambre de los jubilados.

Unos y otros, en definitiva, sólo piensan en cuántos votos van a sacar, y cómo negociar algún acuerdo que les garantice más privilegios. Hoy dicen una cosa, mañana todo lo contrario, porque el lugar de los principios lo ocupa su insaciable y voraz apetito de poder.