Según el discurso
oficial, el gobierno kirchnerista se presenta como un supuesto defensor de los
intereses populares, con proyección redistributiva. En este marco, la
realización de paritarias es mostrada como una de las formas en que se
garantizaría una mejora para los trabajadores.
Sin embargo, el gobierno, que habla de una supuesta redistribución del
ingreso y del derecho de paritarias, lo ha venido haciendo apoyándose en un
hecho central: la complicidad de las direcciones sindicales afines que se
encolumnan con el gobierno y sus reclamos de “moderación” a la hora de la
negociación paritaria.
El efecto de que el grueso de las direcciones sindicales, como parte de la CGT y de la CTA , se adapten a los reclamos
gubernamentales, ha sido la depreciación del salario real para muchos sectores,
puesto que los aumentos acordados suelen ser menores al aumento de la
inflación. Si la inflación real alcanza el 30% y la mayoría de los gremios se
jactan de “conseguir” aumentos del 20% o el 25% (cuando no menos), eso
significa que el ingreso de los trabajadores se ha reducido en parte, y con
ello sigue aumentándose la brecha que los separa de las enormes ganancias
empresarias.
En este marco, los reclamos de diversos sectores de trabajadores por no
perder la carrera contra la inflación, deben entenderse como lo que son: luchas
defensivas para evitar la depreciación del salario. Lejos está aún la disputa
por una mayor participación de los trabajadores en el producto nacional. Eso
implicaría que los sueldos aumenten muy por arriba de la inflación y que, en
cambio, los empresarios ganen algo menos de los millones que hoy se embolsan.
Es importante señalar este punto porque el discurso gubernamental ha
puesto mucho énfasis en su supuesta voluntad “redistributiva”. Sin embargo, a
la hora de las definiciones, el kirchnerismo se ha encargado de establecer
pautas salariales (seguidas al pie de la letra por el grueso de la burocracia
sindical) que hacen que los trabajadores siempre debamos contentarnos con la
misma porción del producto nacional, o que incluso veamos descender nuestro
salario real debido al mayor aumento inflacionario.
Aumentos atados a la rentabilidad empresaria
Hasta ahora, la presidenta ha hecho dos cosas principales para evitar que
los trabajadores tengan una mayor participación en el producto nacional, y
mantener, así, el apoyo del empresariado que tan insistentemente la felicita.
En primer lugar, impone un techo salarial que es seguido por el grueso de
la burocracia sindical. El mecanismo es informal: el gobierno declara lo que
espera que hagan los sindicatos, y los dirigentes sindicales, encolumnados en
el kirchenerismo y/o en el PJ, hacen caso y plantean supuestos “reclamos” que
nunca van mucho más allá de la inflación.
En segundo lugar, el gobierno se encarga de estigmatizar y perseguir a
los sectores independientes, e incluso burocráticos, que no se cuadran. En su discurso
de reasunción de diciembre, la presidenta puso en cuestión el derecho a huelga,
ligándolo al “chantaje” y la “extorsión” y el
gobierno sigue avanzando con la legislación represiva contra el activismo, como
sucede con las nuevas leyes “antiterroristas”. En ese marco, se multiplican los procesamientos de
activistas sindicales, los despidos por su actividad gremial, se repite el
encarcelamiento de referentes sindicales como sucede actualmente con Olivera en
Bs. As. y Oñate en Santa Cruz, las represiones a movilizaciones de
trabajadores, como sucedió también en Santa Cruz.
Estos dos mecanismos están presentes hoy, nuevamente, cuando se viene un
nuevo período de negociación paritaria. El gobierno ya adelantó que los
acuerdos no deben superar el 18%, algo que, en el marco de una inflación que
alcanza el 30%, significa, directamente, un recorte de los ingresos de los trabajadores.
Pero en el marco actual, el gobierno ha decidido ir más allá. El contexto
es particular. La crisis económica global no ha volteado hasta ahora las
economías periféricas como la argentina, pero si las han golpeado parcialmente.
Además, en la coyuntura política nacional, a la persistente lucha del activismo
independiente que ha logrado marcar agenda para enfrentar el techo salarial
(recordemos por ejemplo, la gran importancia de las luchas de Kraft y Arcor
consiguiendo el 35% de aumento), se suma ahora el endurecimiento de la disputa
interna del peronismo, con la política vandorista de Moyano que da lugar a
nuevos conflictos gremiales.
En esta situación, Cristina Fernández viene insinuando que, aunque siga
hablándose de “paritarias”, en realidad el gobierno intervendrá directamente
para anular cualquier conquista obrera que rompa con sus pretensiones. Lo dijo
claramente en unos de sus últimos discursos: “Quiero que sepan todos que van a poder negociar libremente
sus paritarias, pero de acuerdo con
la rentabilidad de cada empresa”. Es decir que el gobierno,
explícitamente, primero defiende el crecimiento de las ganancias empresarias
(“rentabilidad”). Y luego, para que los trabajadores puedan defender sus
salarios, pone como condición ese aumento de la caja empresarial.
Para garantizar esta orientación, el gobierno conformó un
comité interministerial para analizar la rentabilidad de cada sector de la
economía y evaluar los porcentajes de aumentos de sueldo que considera
aceptables, para que sean después rubricados en las “paritarias”.
Así, según las propias definiciones del gobierno, sólo si los
capitalistas ven crecer notablemente sus ganancias, los trabajadores podrán
plantear reclamos gremiales. Y podrán pedir sólo una parte proporcional de ese
crecimiento. Decir eso y decir que no se aceptará la más mínima redistribución
del ingreso nacional es exactamente lo mismo. Flagrante evidencia del carácter
propatronal de un gobierno que se dice popular.
***
El peso real de otras medidas económicas
Las definiciones sobre las paritarias son un punto central para el
pueblo, porque con ellas se define en gran medida, el nivel de ingreso de las
familias trabajadoras. Unas paritarias que congelan o retraen el salario
para los millones y millones de trabajadores
en blanco, definen, al mismo tiempo, una perspectiva similar para el 40% de los
trabajadores en negro, que cobrarán siempre una suma inferior.
El gobierno desvía la atención de este problema central cuando pretende
atribuirse el rol de redistribuidor por definir un aumento en la jubilación
mínima del 17,6% o, anteriormente, por promover la asignación por hijo al
sector más golpeado de la sociedad. Es indiscutible que es justo que se paguen
las jubilaciones y las asignaciones familiares, pues constituyen ingresos
mínimos para los grupos más marginados. Pero estamos muy lejos de tener una
política siquiera progresiva o redistributiva, cuando no sólo se sigue en
retraso frente a la inflación, sino que, por sobre todas las cosas, hablamos de
cifras muy bajas que no pueden paliar las tremendas carencias de una familia
trabajadora. No olvidemos que una jubilación mínima apenas alcanza el 30% de la
canasta familiar, hoy estipulada en 5.000 pesos. Mientras tanto, el ingreso
central del pueblo trabajador y sus familias, el salario de los trabajadores
activos, sigue depreciado y encorsetado por las políticas de gobierno. Los
empresarios, felices y cada día más kirchneristas.