El inicio del año está atravesado
por la continuidad de la inflación constante y los bruscos aumentos de tarifas
e impuestos. A este panorama se suman suspensiones y despidos en el ámbito
público y privado, y la pretensión oficial de ponerle un techo a los reclamos
salariales.
Las
estimaciones más conservadoras ubican la inflación del año pasado en más del
25%. Supera el 30%, cuando se centra en la canasta familiar, que es la que
impacta más fuertemente sobre el pueblo trabajador. Excepto el oficialista
INDEC, nadie más pone en duda que el aumento constante de precios corroe
diariamente el poder de compra de los asalariados.
2012,
comenzó con la dura realidad de los aumentos de varios impuestos, de colectivos
y del subte, de suspensiones y de despidos, y con la amenaza bien tangible de
ajustes generalizados, que ya comenzaron en varias provincias. Esto se
complementa con la intención de ponerle un tope a los aumentos de salarios.
Esta
primera escalada ajustadora es el anuncio de que pretenden que, este año, el
pueblo trabajador reacomode aún más sus gastos para poder llegar a fin de mes.
La mirada del gobierno
En
su reciente discurso en cadena nacional, la presidenta, Cristina Fernández, se
refirió a otra realidad. Habló de la crisis en Grecia y de cómo, gracias a su gobierno,
Argentina hoy “no” está en crisis. Habló de la recaudación récord, de la
“libertad” para negociar en las paritarias y, fundamentalmente, centró su propaganda en
el aumento a los jubilados y pensionados.
Lanzó
un incremento del 17,62% en las jubilaciones, que las elevan a $1.687, es
decir, $253 más, una cifra por demás insuficiente, que, aunque sea un paliativo
para muchas familias, condena a millones de jubilados a vivir en la pobreza o a
subsistir gracias a la ayuda que puedan brindarle sus familiares, siempre que
esto sea posible.
De
este modo, en su discurso “distendido e informal”, la presidenta le muestra al
país, las “bondades” de su gobierno, mientras no dice un sola palabra sobre la inflación
y el ajuste en curso.
Aumentos y más aumentos
“Muchos dicen que habrá aumentos de tarifas y
lo cierto es que no aumentamos nada, pero mientras tanto hubo un aumento del
subte del 127% y nadie dice nada”, explica, faltando a la verdad, la
presidenta.
En
primer lugar, es necesario subrayar las responsabilidades, tanto del macrismo
como del kirchnerismo, en el tarifazo del subte. Al gobierno de Macri no le
costó mucho trabajo ni le generó contradicción alguna con su discurso ser el
ejecutor deliberado del tarifazo que afecta a más de un millón de usuarios,
trabajadores y estudiantes en su inmensa mayoría. Sin embargo, la vía libre
para implementar los aumentos fue dada, claramente, por el gobierno nacional
comandado por Cristina Fernández. En el acta firmada por ambas autoridades
puede leerse: “…la Ciudad asume, a partir de
la firma del presente el control y la fiscalización del contrato de concesión
en su totalidad, como así también, el íntegro ejercicio de la potestad de fijar
las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión
unilateral.” Ni kirchneristas ni macristas cuestionaron o avanzan sobre las
ganancias de Metrovías. Así, el tarifazo del subte, con Metrovías y el PRO como
principales artífices, cuenta con la complicidad dada por el kirchnerismo, que,
para no enterrar su imagen, tuvo y tiene que salir a repudiarlo aumento, aunque
haya sido un actor central para ponerle fin a la apertura de molinetes y la
juntada de firmas en rechazo al aumento.
Por
este solo hecho y por todos los aumentos que ya se implementan en el territorio
nacional, no es cierto, como dice la presidenta, que no aumentaron nada. Con el
recurso de atribuir todo lo que ocurre en el país a las distintas gobernaciones
municipales o provinciales, el gobierno nacional no se hace responsable de
nada. Entonces… ¿cuál sería el territorio que gobierna? Durante las últimas
semanas, se instrumentaron aumentos en colectivos (Córdoba, Jujuy, Mar del
Plata…), e impuestos (Buenos Aires, Córdoba, Capital…).
Sobre
esta realidad, en la que se evidencia la decisión de continuar con la escalada
inflacionaria, mediante el retiro de subsidios por parte del gobierno nacional,
que da luz verde a los tarifazos por venir, se proyectan aumentos en los
colectivos de la CABA
y el Gran Bs. As., en los FFCC, en los servicios de luz, gas y agua, y se
extiende la amenaza de un nuevo incremento en el subte, con lo perjudicial que
es todo esto para el pueblo trabajador.
Suspensiones, despidos y techo salarial
Este
contexto inflacionario se ve agravado para la clase obrera, debido a la
seguidilla de suspensiones y despidos en marcha. Ya los padecen los obreros de las
fábricas Fiat, Peugeot, Indiel Prestolite, Visteon, Mecca, Bosch, Imperial
Cord, Frigorífico Molinares, entre otras.
Otra
faceta de esta política contra los trabajadores se pone de manifiesto
crudamente con los paquetes de medidas impulsados en varias provincias. Con el
puntapié inicial dado por la propia presidenta, al decretar la “revisión” de
más de 300.000 sueldos de empleados estatales (como ya sucedió con el quite del
plus de fin de año en el INTI) y al exigirle a las provincias la nómina total
de trabajadores estatales para meterles presión, varios gobernadores están
encarando el ajuste a gran escala, que busca, además, congelar los salarios.
En
Buenos Aires, anunciaron despidos en varios municipios (Vicente López, San
Martín, Luján, San Fernando, San Nicolás…). En Catamarca, se lanzó un plan de
ajuste que incluye la baja de más de 3.000 planes sociales y el despido de unos
500 no docentes. En Chubut, se llevan adelante 200 despidos, también entre los
estatales, a través de la no renovación de los contratados. Córdoba anuncia más
de 500 despidos y un techo salarial del 12%. En Río Negro, el gobierno está instrumentando
el despido de 4.200 contratados (de áreas tan importantes como salud, educación
o desarrollo social) y el pase a disponibilidad de 20.000 trabajadores estatales.
Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, también blanquearon su voluntad
ajustadora.
Mención
aparte merece la provincia de Santa Cruz, donde el gobierno intentó promulgar
una ley de emergencia que incluía la suspensión de las paritarias, el aumento
de la edad jubilatoria para los empleados públicos y el congelamiento de las
pensiones, que fue, momentáneamente, impedido por la lucha de los trabajadores.
Para
darle un carácter integral al ajuste en curso, el gobierno nacional complementa
la inflación, las suspensiones y los despidos con la pretendida imposición del techo
salarial. La decisión oficial es intervenir más abiertamente en las
negociaciones paritarias para limitar los aumentos a una cifra cercana al 18%.
Con este plan, ya se muestran complacientes las burocracias sindicales de la UOM y del SMATA que, además,
buscan reacomodarse en la interna de la
CGT de la mano del kirchnerismo.
Aliados contra el pueblo trabajador
El
empresariado impulsa el proceso inflacionario del que el gobierno se ve
beneficiado con la repercusión positiva que ésta tiene en la recaudación
fiscal, a costa del pueblo trabajador; impulsa los tarifazos cuando el gobierno
le retira los subsidios con los que tanto se benefició estos años, preservando,
así, sus ganancias; impulsa las suspensiones y los despidos de trabajadores; y
lleva a la baja los aumentos de salarios.
El
gobierno retira subsidios para hacer caja y avala la suba de precios; despide a
trabajadores del estado, dando vía libre a los despidos en el sector privado; y
promueve y se propone intervenir para garantizar un techo salarial, a costa de
la clase trabajadora.
La
burocracia sindical está más ocupada en reacomodarse en sus internas, ya sea
apoyando las iniciativas gubernamentales u oponiéndose a ellas, que en preparar
una lucha de cara a las paritarias.
El
pueblo trabajador, con independencia del empresariado, el gobierno y la
burocracia, es el único actor que puede hacer frente al ajuste que nos quieren
imponer.