Los presos políticos desnudan el carácter represor del “gobierno de los derechos humanos”.
Los trabajadores padecemos, cotidianamente, todo tipo de maltratos. Iniciamos el día en el tortuoso transporte público, y somos explotados por la clase capitalista, que roba el producto de su trabajo a la inmensa mayoría del pueblo. Peor aún es la situación de quienes no cuentan con la posibilidad de tener una actividad que sea redituable mínimamente para poder sobrevivir. En uno u otro caso, es también grotescamente habitual el padecimiento de los tratos que las fuerzas represivas descargan sobre los pobres como método de infundir el terror ante los que mandan, así como la realidad material que enfrentamos en los barrios: la extensión de las drogas, el desmantelamiento de la educación pública y del sistema público de salud.
Frente a esta realidad, es imperativa la búsqueda de una vida mejor, y, así, aparecen como expresión genuina de los intereses de los trabajadores, diversas organizaciones populares de lucha: cuerpos de delegados combativos y antiburocráticos, organizaciones sociales, de desocupados, de estudiantes. Un movimiento conformado por los que comprendimos que la lucha organizada es la única manera de hacer frente a todos y cada uno de los padeceres de nuestro pueblo, y por eso mismo, la única salida hacia una vida realmente digna.
Cualquier gobierno burgués intentará deslegitimar a ese movimiento, acusándolo de sedicioso, de terrorista o de “estar motivado por aspiraciones políticas”. A través de los distintos medios de comunicación del régimen, y de los propios organismos oficiales, el gobierno de turno intentará vaciar de sustento político los reclamos de los trabajadores, con tanta saña como combatividad haya logrado uno u otro espacio de lucha. Al mismo tiempo, cuando las condiciones lo exijan, recurrirá a la represión directa: gases lacrimógenos, palos, balas de goma y de plomo contra las manifestaciones callejeras, contra las tomas de plantas y edificios públicos, contra toda expresión de lucha que logre sobreponerse a los límites oficiales.
El encierro de los luchadores populares, seleccionados cuidadosamente entre los elementos más activos del movimiento social, entre los que motorizan el desarrollo de las distintas expresiones de lucha, es decir, el establecimiento de la prisión con carácter político, motivado por la política razón de la defensa del orden de explotación existente, constituye una de las actividades represivas más despreciables que sostiene la burguesía.
Es por eso que la defensa de los presos políticos toma un carácter central en la disputa por la conciencia y la materialidad de las grandes masas oprimidas. Es impensado un movimiento social combativo si éste no encara resueltamente la defensa de quienes han caído en manos de sus enemigos de clase, al calor de la lucha por mejores condiciones de vida para todo el pueblo trabajador.
Hoy le toca al gobierno de Cristina Fernández ser ejecutor de la represión al movimiento social que pugna por poner de pie la vida de miles de trabajadores. De manera ejemplar, este gobierno no solamente mantiene preso a Roberto Martino, por participar de una manifestación contra la política terrorista del estado de Israel, hace mas de un año; no solamente le niega de manera arbitraria las salidas transitorias a la compañera Karina Germano López, “ la Galle ”; no solamente mantiene presos a los trabajadores de Las Heras por participar en una movilización de desocupados y a José Villalba, dirigente del FRUTRADEyO. Además, es el sostenedor de una política de recrudecimiento de la criminalización de las protestas. Es el gobierno que batió el récord de cantidad de presos políticos durante el periodo democrático. La persecución a los compañeros anarquistas por protestar frente a la embajada de Grecia en defensa de un preso político, de Juan Carlos Beica, Rubén Saboulard, Oscar Kuperman, Fernando Esteche y el Boli Lezcano, junto con decenas de delegados e integrantes de juntas internas antiburocráticas, dan un panorama de la realidad de casi 6.000 luchadores populares que hoy atraviesan algún proceso judicial.
Esta es la política de derechos humanos del gobierno: reprimir y encerrar a los que luchan por mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador. Por eso se vuelve fundamental la defensa irrestricta de todos los presos políticos, y el reclamo activo por su inmediata liberación.
