Al igual que ocurre en nuestro país y en muchas otras partes del mundo, en Chile la persecución constante contra los luchadores se está cobrando una numerosa cantidad de procesados y de presos políticos, a muchos de los cuales el estado pretende juzgar apelando a la ley antiterrorista o por medio del código militar.
En Chile, 32 presos políticos mapuches iniciaron una huelga de hambre que lleva prácticamente dos meses, en la cual algunos de ellos van perdiendo más de 18 kilos en medio de hostigamientos y denuncias de torturas. Con esta medida, los presos políticos buscan poner en evidencia las prácticas persecutorias del estado chileno y el uso del mote de “terroristas” para condenar a los luchadores populares con penas larguísimas que pueden llegar a superar los 100 años. Como dice uno de los referentes de estas luchas, Héctor Llaitul, “…mienten abiertamente, catalogan de ‘terrorismo’ acciones muy básicas de resistencia y autodefensa de las comunidades cuando son allanadas con violencia por la fuerza pública. Respuestas básicas, rudimentarias de la gente ante la agresión policial se transforman entonces en ‘atentados contra vida’, ‘emboscadas criminales’, ‘homicidios frustrados’ e ‘intentos de asesinato’.”
Además de las decenas de presos mapuches (unos 60 al menos), otros luchadores populares se encuentran también en prisión bajo amenaza de ser juzgados por las mismas leyes antiterroristas, como sucede con 10 militantes anarquistas a los que se involucra en el “caso bancos”.
De esta forma, la persecución a los luchadores viene siendo una constante tanto en el gobierno “socialista” de la Concertación como en el actual de Piñera. En este sentido, por más que algunos hablen del “giro a la derecha” con la asunción del nuevo gobierno, lo que se ve es una clara línea de continuidad, puesto que desde la dictadura hasta acá se han sostenido y profundizado las leyes antiterroristas, además de reprimir constantemente las movilizaciones sociales y de encarcelar a los militantes por razones políticas.
La represión en Chile es, por otra parte, expresión de la persecución política generalizada en el continente que abarca acuerdos de cooperación entre distintos gobiernos incluyendo el nuestro.
En Argentina, de hecho, las leyes antiterroristas se vienen promoviendo desde hace tiempo(1). Del mismo modo, militantes como Roberto Martino, Karina Germano o José Villalba, son presos políticos del gobierno kirchnerista. Por si fuera poco, la cooperación en materia represiva entre el kirchnerismo y el estado chileno viene funcionando a pleno, con la detención y extradición de varios militantes: como Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla (entregados a Chile en diciembre), y ahora con la detención y posterior expulsión a Chile de Juan Manuel Aliste Vega en julio.
Así pues, de un lado y otro de los Andes y por tantas otras partes del continente, se repite la misma escena de persecución y encarcelamiento de los luchadores populares. Pelear contra la persecución política y por la liberación de los compañeros presos es una tarea central que debemos sostener y redoblar.
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NOTAS:
1) En julio de 2007 comentábamos: “El 13 de junio la cámara de diputados sancionó la ley 26.268, que incorpora al código penal los delitos de “asociación ilícita terrorista” y “financiación del terrorismo”. A pesar de que Argentina dictó varias leyes ‘antiterroristas’ desde 1989 (las dos últimas en abril de 2005) eran intensos los reclamos de los yanquis sobre el tema.” “Ley antiterrorista: siguiendo el manual al pie de la letra”, ER Nº26 (Julio de 2007). Para ver el detalle de estas leyes terroristas acceda a la nota en http://elrevolucionario-otr.blogspot.com/