La represión contra los luchadores y la multiplicación de los presos políticos, es una política de estado sostenida por todos los gobiernos. Desde 1983, el kirchnerismo es el que más lejos ha llevado esta práctica sistemática, alcanzado a más 6000 procesados, cientos de detenidos y mucho más de 100 presos por luchar.
En materia de presos políticos, desde su asunción en 2003, Kirchner sostuvo la política de Duhalde, su mentor, manteniendo en prisión hasta mediados de 2005 al militante vasco Josu Lariz Iriondo y al italiano Leonardo Bertulazzi, a quienes su antecesor había encarcelado.
En 2004, arrancó con todo a cosechar sus propios presos políticos. En abril, al militante social Gabriel Roser se le fraguó una causa y estuvo en prisión durante un año y ocho meses. En julio, cuando el estado nacional reprimió a quienes se oponían al código contravencional de la capital, llevó a prisión a 17 manifestantes durante un año y casi dos meses. En agosto, por reclamar frente al Casino de Resistencia, Chaco, Raúl Castells estuvo preso durante un año. En ese mes, como respuesta a un escrache contra el FMI, hubo 102 detenciones y se mantuvo en la cárcel a 12 de ellos hasta fin de año. Y en octubre, 36 nuevos detenidos y 6 presos durante varios meses, fueron el saldo de la represión contra los petroleros desocupados que reclamaron trabajo en la planta de Termap de Caleta Olivia, Santa Cruz.
Durante el año 2005, con al menos 40 presos encima, el gobierno se anotó 12 nuevos presos políticos. En julio, la represión contra petroleros que reclamaban mejores condiciones de trabajo en Cañadón Seco, Santa Cruz, llevó a la detención de 60 trabajadores incluyendo el encarcelamiento de Claudio Gialetti durante 6 meses y de Cristian Ruiz durante 1 año y 2 meses. Y dos nuevas represiones con saldo de presos políticos se dieron en noviembre. Primero, como respuesta a la reacción popular contra la empresa TBA del ferrocarril en Haedo, tras la cual 8 detenidos estuvieron presos por 8 meses, y uno más, Roberto Cantero, por 2 años. Y luego, la represión contra el repudio a la Cumbre de las Américas culminó con la prisión domiciliaria de Ricardo “Chacho” Berrozpe durante 7 meses.
En el 2006 el kirchnerismo sumó, por lo menos, otros 15 presos políticos. En febrero, la represión y ocupación militar en Las Heras, Santa Cruz, incluyó el encarcelamiento de 8 luchadores por 3 años. En mayo, el gobierno argentino procuró el encarcelamiento de 6 militantes paraguayos a quienes no sólo no liberó, sino que entregó al estado paraguayo dos años después. Y a fin de año, con el traslado desde Brasil de la militante de HIJOS, Karina “Gallega” Germano, el gobierno argentino pasó a ser el responsable de su encarcelamiento político que dura hasta el día de hoy, negándole incluso sus derechos más básicos como son las salidas transitorias.
En 2007 el kircherismo sumó 5 nuevos presos políticos. En abril, luego de un escrache en repudio al asesinato de Fuentealba, 16 militantes fueron detenidos y dos de sus dirigentes, Fernando Esteche y “Boli” Lescano, estuvieron 6 meses presos. En julio, un dirigente piquetero José Villalba fue detenido con una causa armada y debió realizar una huelga de hambre de más de dos meses para que le den prisión domiciliaria, mientras su mujer, Berta González, aún sigue perseguida. La represión a un acto el 22 de agosto, llevó a la detención de 14 militantes, 3 de los cuales tuvieron que soportar varios meses de prisión. Así, para el 2007, el kirhnerismo contaba ya con el triste récord de haber llevado tras las rejas a más de 70 presos políticos.
En marzo de 2008, el estado argentino detuvo a los militantes chilenos Freddy Fuentevilla y Marcelo Villaroel, a quienes mantuvo tras las rejas más de un año y medio para luego entregarlos al estado chileno, poniendo en práctica la legislación llamada “antiterrorista” siguiendo los lineamientos de EEUU. Y en mayo del año pasado la represión cayó sobre un grupo de militantes que denunciaban el genocidio israelí sobre Palestina, llevando a la detención de 15 militantes, 12 de los cuales estuvieron presos por casi 2 meses, soportando a partir de entonces una abierta persecución a su organización política y territorial.
En 2010 el kirchnerismo encarceló, al menos, a otros 30 luchadores populares. Se difundió el carácter político de la prisión que soporta Carlos Olivera, a quien la patota de la CGT le armó una causa penal que lo viene manteniendo en la cárcel durante todo 2010. En Salta el movimiento de desocupados sufrió una persecución reiterada que incluyó la detención por casi una semana de 19 luchadores en marzo y una nueva arremetida a partir del 19 de mayo contra varios de sus dirigentes como Pepino Fernández, que en su mayoría consiguieron su libertad al comenzar junio. En abril, tras la movilización frente a la embajada de Grecia, el kirchnerismo encarceló también a 5 militantes anarquistas a quienes mantuvo dos semanas detenidos. Al mes siguiente, llevó a la cárcel, por su carácter de dirigente político, a Roberto Martino, quien luego de varios meses de reclusión decidió iniciar una huelga de hambre en la cárcel, mientras afuera se redoblan las medidas de lucha para conseguir su libertad. Otro militante chileno, Juan Manuel Aliste Vega, fue detenido en julio y se lo mantuvo encarcelado dos semanas para luego entregarlo al estado chileno.
Así, mientras hoy siguen estando presos Roberto Martino, Karina Germano, José Villalba y Carlos Olivera, la larga lista de presos políticos (de la que ésta es sólo una muestra incompleta) supera largamente los 100 casos, y promete ir por más. Ya los dirigentes Esteche y Lezcano fueron condenados nuevamente y están en peligro de volver a la cárcel. Ante esa evidencia es central organizarse para enfrentar la represión, para conquistar la libertad de nuestros presos políticos y para avanzar en la organización que nos permita encarar con más fuerza nuestra lucha contra este gobierno antipopular, que más que de los DDHH, es el gobierno de los presos políticos.
