El Revolucionario Nº47 (Junio de 2009)
La justicia no es “neutral”. Cuando de los ricos y poderosos se trata, no hay argumento, ni prueba, ni nada que sea suficiente para que a ellos los metan presos. Ningún presidente es condenado por los millones que se robó ni por los muertos que dejó su represión (recuérdese a Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde...). Tampoco van presos los otros políticos y funcionarios importantes, ni los empresarios destacados, ni ningún peso pesado por más que robe, mate, estafe, contrabandee o haga todo eso junto y más. Los trabajadores también conocemos la impunidad con la que se manejan los servidores de estos poderosos, se trate de la policía o cualquier otra fuerza o funcionario público, o se trate de las patotas sindicales o de barrabravas que actúan bajo orden y cuidado de empresarios y políticos sin que jamás sean condenados, por más que aparezcan en directo por TV intentando romper a los tiros las huelgas y movilizaciones del pueblo.
Por el contrario, cuando se trata del pueblo trabajador, la justicia actúa rápidamente para detener y condenar a los más pobres, incluso cuando a los “acusados” no se les ha probado ningún delito estatuido. Así, mientras los grandes delincuentes siguen estafando al pueblo desde el poder, las cárceles se llenan de presos “preventivos” y ladrones de gallinas. Ni que hablar entonces del rol de la justicia cuando se trata de activistas u organizaciones del pueblo que luchan para cambiar este injusto estado de cosas. Contra ellos, lejos de toda pretendida “neutralidad”, la justicia ha creado leyes específicas (o adaptado otras) para tipificar como “delito” la organización y la lucha popular. Así, la participación en una huelga, un escrache, o cualquier otra movilización en defensa de los intereses populares se convierte en motivo de persecución y encarcelamiento de los militantes sociales.
Sin ir más lejos, a mediados de mayo, luego de un escrache a un acto pro-israelí en el centro porteño, la justicia detuvo por su condición política a 15 miembros de organizaciones populares. En este caso, la misma justicia que no determinó culpables por el asesinato de Kosteki y Santillán o por los fusilados el 20 de diciembre de 2001, ordenó en forma urgente el allanamiento de locales barriales de organizaciones sociales y detuvo a numerosos militantes, armándoles causas con delitos no excarcelables en virtud de su actividad política. De esos 15 compañeros, 12 siguen detenidos y son ahora presos políticos que se encuentran distribuidos en distintas dependencias policiales y cárceles. Como parte integral de nuestra lucha cotidiana por la transformación de esta sociedad hacemos propio el reclamo y la lucha por su inmediata libertad.
La justicia no es “neutral”. Cuando de los ricos y poderosos se trata, no hay argumento, ni prueba, ni nada que sea suficiente para que a ellos los metan presos. Ningún presidente es condenado por los millones que se robó ni por los muertos que dejó su represión (recuérdese a Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde...). Tampoco van presos los otros políticos y funcionarios importantes, ni los empresarios destacados, ni ningún peso pesado por más que robe, mate, estafe, contrabandee o haga todo eso junto y más. Los trabajadores también conocemos la impunidad con la que se manejan los servidores de estos poderosos, se trate de la policía o cualquier otra fuerza o funcionario público, o se trate de las patotas sindicales o de barrabravas que actúan bajo orden y cuidado de empresarios y políticos sin que jamás sean condenados, por más que aparezcan en directo por TV intentando romper a los tiros las huelgas y movilizaciones del pueblo.
Por el contrario, cuando se trata del pueblo trabajador, la justicia actúa rápidamente para detener y condenar a los más pobres, incluso cuando a los “acusados” no se les ha probado ningún delito estatuido. Así, mientras los grandes delincuentes siguen estafando al pueblo desde el poder, las cárceles se llenan de presos “preventivos” y ladrones de gallinas. Ni que hablar entonces del rol de la justicia cuando se trata de activistas u organizaciones del pueblo que luchan para cambiar este injusto estado de cosas. Contra ellos, lejos de toda pretendida “neutralidad”, la justicia ha creado leyes específicas (o adaptado otras) para tipificar como “delito” la organización y la lucha popular. Así, la participación en una huelga, un escrache, o cualquier otra movilización en defensa de los intereses populares se convierte en motivo de persecución y encarcelamiento de los militantes sociales.
Sin ir más lejos, a mediados de mayo, luego de un escrache a un acto pro-israelí en el centro porteño, la justicia detuvo por su condición política a 15 miembros de organizaciones populares. En este caso, la misma justicia que no determinó culpables por el asesinato de Kosteki y Santillán o por los fusilados el 20 de diciembre de 2001, ordenó en forma urgente el allanamiento de locales barriales de organizaciones sociales y detuvo a numerosos militantes, armándoles causas con delitos no excarcelables en virtud de su actividad política. De esos 15 compañeros, 12 siguen detenidos y son ahora presos políticos que se encuentran distribuidos en distintas dependencias policiales y cárceles. Como parte integral de nuestra lucha cotidiana por la transformación de esta sociedad hacemos propio el reclamo y la lucha por su inmediata libertad.