El Revolucionario Nº29 (Octubre de 2007)
Las balas, las gaseadas, las patotas y las causas judiciales, acompañadas por campañas de prensa que estigmatizan a los trabajadores como violentos y antidemocráticos, muestran cómo el gobierno, la patronal y la burocracia sindical usan todos sus recursos contra los trabajadores.
El gobierno, frente a los reclamos de los trabajadores del subte por seguridad en la prestación del servicio, calificó a sus delegados de violentos, foquistas y desestabilizadores. “No son situaciones de conflictividad social, sino básicamente la utilización de algunos reclamos aparentemente salariales o sindicales (…) para hacer foquismo y para generar malestar social”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Fernández. En la misma sintonía que su colega ministerial Ginés González García cuando llamó terroristas sanitarios a los trabajadores del Garrahan, remató “son acciones que suponen huelgas violentas, cortes repentinos de servicios que dejan varados a miles de porteños y que tienen la única finalidad de promover una situación caótica”.
El caso del subte es ejemplar para explicar la forma en que confluyen gobierno, patronal y burocracia contra los trabajadores. Cualquier forma de organización sindical que intente, así sea de manera incipiente, ser independiente de la burocracia que comparte poder y negocios con la patronal y el gobierno, es atacada con todas las armas disponibles. Todo sirve y es usado a destajo, desde el desafuero y despido de los delegados que no responden a las estructuras dirigidas por la burguesía y la promoción de causas penales en su contra, hasta la respuesta militar, con la policía, la gendarmería o las patotas “privadas”, sin privarse de las amenazas, los ataques, secuestros y hostigamientos y, por supuesto, las campañas de prensa señalando a los trabajadores como criminales con “fines políticos”. En plena campaña electoral, el gobierno hace propaganda para la clase media cacerolera manteniendo “en orden” la ciudad, es decir, reprimiendo.
No menos útil para el análisis es la situación de los trabajadores de tierra de la industria pesquera en Mar del Plata que luchan contra el trabajo precarizado fruto de la flexibilización laboral menemista defendida por Kirchner. Ante el creciente número de desocupados se crearon en la última década una buena cantidad de cooperativas que tercerizan el trabajo de las empresas con el aval oficial y de los poderosos empresarios de esa industria, bajo el amparo de la mentira de ideas como la “autogestión”(1). Hoy, ante el agotamiento del recurso ictícola, resultado de la explotación indiscriminada de los buques factoría, tanto extranjeros como de las empresas con base en nuestro país, que tienen como único fin incrementar su tasa de ganancia, ha mermado el trabajo disponible, y los casi 10.000 “asociados” de las cooperativas se encuentran ante la falta total de ingresos, pues sólo cobran cuando son llamados en el día, al estilo de los viejos estibadores del puerto; por eso reclaman un mínimo salarial garantizado, cobertura social y previsional. Los episodios de represión han sido más que frecuentes, con el saldo de unos veinte trabajadores con causas abiertas y varios detenidos, cuatro heridos de balas de goma y uno con un proyectil de plomo en el tórax, disparado desde el interior de una de las empresas. No faltaron las patotas sindicales que atacaron a los trabajadores que bloqueaban el acceso al puerto. El SOIP (Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado) está ocupado por los fileteros desde hace varias semanas, sin que su dirigencia (proveniente de la izquierda que propone votar candidatos “honestos”) aparezca. La CTA (localmente influida por el PC) y el PJ simulan apoyar la lucha de los trabajadores mientras buscan la forma de llegar a acuerdos que permitan conciliar con las empresas y el gobierno. Después de todo, están en campaña electoral, y no les viene mal capitalizar el amplio apoyo de los vecinos marplatenses a la lucha de los obreros del pescado.
En el sur, mientras tanto, sigue el conflicto de los docentes, de los pesqueros y de los petroleros, con elementos comunes al de los obreros marplatenses. Tras la privatización de YPF y luego de las movilizaciones, cortes de ruta y tomas de plantas petroleras por nuevos desocupados que reclamaban trabajo en el período 2001/2003(2), todo reprimido por la policía y gendarmería, con infinidad de presos, torturados y causas judiciales, el gobierno, para descomprimir la situación, acordó con las empresas Repsol-YPF, Panamerican Energy y Vintage Oil crear la Fundación Olivia, con el fin expreso de “ejercer una contención social de este personal”(3) y EMPASA. Ambas prometían capacitación y trabajo, pero la tarea definida como “remediación ambiental” resultó ser, por ejemplo, la recolección de las bolsas de nylon que por los fuertes vientos de la zona, que tiene basurales a cielo abierto, quedan diseminadas en los campos. Estas “empresas piqueteras” como las quisieron denominar sus promotores, recibieron contratos temporales de las petroleras, sin certeza alguna para los trabajadores de que se renueven. Por descontado además que, como los fileteros, carecen de cobertura social o previsional. Ante la inminencia del vencimiento de los contratos los trabajadores salieron a cortar la ruta provincial 12 y la nacional 3, de donde fueron violentamente expulsados a los tiros por gendarmería para permitir el paso de los colectivos del PJ que se dirigían al acto de campaña de Cristina Fernández en Puerto San Julián. Pese a la represión, las medidas continúan, con esporádicos cortes de ruta y movilizaciones a las plantas.
Vemos así cómo unen sus esfuerzos los empresarios, los burócratas sindicales y el gobierno, con su aparato represivo y su aparato de prensa, para garantizar las conquistas empresariales del menemismo yendo contra los trabajadores que se organizan para reclamar una vida más digna.
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NOTAS
1) Ver “Algo sobre las cooperativas” en ER N°27, agosto de 2007
2) Ver “Un conflicto con historia” en ER Nº11, marzo de 2006
3) Ver www.fundacionolivia.com.ar.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
La represión del gobierno de Kirchner a la lucha del pueblo ya se ha cobrado la vida de Luis Marcelo Cuéllar en Jujuy (2003) y de Carlos Fuentealba en Neuquén (2007).
La cantidad de presos políticos que han sufrido las cárceles del “gobierno de los DDHH” ha sido la mayor desde 1983.
Hoy siguen encarcelados quince presos políticos, tres de ellos en huelga de hambre.
Ante esta situación se impone el reclamo:
¡Libertad a los 6 presos políticos de Las Heras!
¡Libertad a los 6 compañeros paraguayos presos políticos en nuestro país!
¡Libertad a Esteche, Lezcano y Villalba, presos políticos en huelga de hambre!
Las balas, las gaseadas, las patotas y las causas judiciales, acompañadas por campañas de prensa que estigmatizan a los trabajadores como violentos y antidemocráticos, muestran cómo el gobierno, la patronal y la burocracia sindical usan todos sus recursos contra los trabajadores.
El gobierno, frente a los reclamos de los trabajadores del subte por seguridad en la prestación del servicio, calificó a sus delegados de violentos, foquistas y desestabilizadores. “No son situaciones de conflictividad social, sino básicamente la utilización de algunos reclamos aparentemente salariales o sindicales (…) para hacer foquismo y para generar malestar social”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Fernández. En la misma sintonía que su colega ministerial Ginés González García cuando llamó terroristas sanitarios a los trabajadores del Garrahan, remató “son acciones que suponen huelgas violentas, cortes repentinos de servicios que dejan varados a miles de porteños y que tienen la única finalidad de promover una situación caótica”.
El caso del subte es ejemplar para explicar la forma en que confluyen gobierno, patronal y burocracia contra los trabajadores. Cualquier forma de organización sindical que intente, así sea de manera incipiente, ser independiente de la burocracia que comparte poder y negocios con la patronal y el gobierno, es atacada con todas las armas disponibles. Todo sirve y es usado a destajo, desde el desafuero y despido de los delegados que no responden a las estructuras dirigidas por la burguesía y la promoción de causas penales en su contra, hasta la respuesta militar, con la policía, la gendarmería o las patotas “privadas”, sin privarse de las amenazas, los ataques, secuestros y hostigamientos y, por supuesto, las campañas de prensa señalando a los trabajadores como criminales con “fines políticos”. En plena campaña electoral, el gobierno hace propaganda para la clase media cacerolera manteniendo “en orden” la ciudad, es decir, reprimiendo.
No menos útil para el análisis es la situación de los trabajadores de tierra de la industria pesquera en Mar del Plata que luchan contra el trabajo precarizado fruto de la flexibilización laboral menemista defendida por Kirchner. Ante el creciente número de desocupados se crearon en la última década una buena cantidad de cooperativas que tercerizan el trabajo de las empresas con el aval oficial y de los poderosos empresarios de esa industria, bajo el amparo de la mentira de ideas como la “autogestión”(1). Hoy, ante el agotamiento del recurso ictícola, resultado de la explotación indiscriminada de los buques factoría, tanto extranjeros como de las empresas con base en nuestro país, que tienen como único fin incrementar su tasa de ganancia, ha mermado el trabajo disponible, y los casi 10.000 “asociados” de las cooperativas se encuentran ante la falta total de ingresos, pues sólo cobran cuando son llamados en el día, al estilo de los viejos estibadores del puerto; por eso reclaman un mínimo salarial garantizado, cobertura social y previsional. Los episodios de represión han sido más que frecuentes, con el saldo de unos veinte trabajadores con causas abiertas y varios detenidos, cuatro heridos de balas de goma y uno con un proyectil de plomo en el tórax, disparado desde el interior de una de las empresas. No faltaron las patotas sindicales que atacaron a los trabajadores que bloqueaban el acceso al puerto. El SOIP (Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado) está ocupado por los fileteros desde hace varias semanas, sin que su dirigencia (proveniente de la izquierda que propone votar candidatos “honestos”) aparezca. La CTA (localmente influida por el PC) y el PJ simulan apoyar la lucha de los trabajadores mientras buscan la forma de llegar a acuerdos que permitan conciliar con las empresas y el gobierno. Después de todo, están en campaña electoral, y no les viene mal capitalizar el amplio apoyo de los vecinos marplatenses a la lucha de los obreros del pescado.
En el sur, mientras tanto, sigue el conflicto de los docentes, de los pesqueros y de los petroleros, con elementos comunes al de los obreros marplatenses. Tras la privatización de YPF y luego de las movilizaciones, cortes de ruta y tomas de plantas petroleras por nuevos desocupados que reclamaban trabajo en el período 2001/2003(2), todo reprimido por la policía y gendarmería, con infinidad de presos, torturados y causas judiciales, el gobierno, para descomprimir la situación, acordó con las empresas Repsol-YPF, Panamerican Energy y Vintage Oil crear la Fundación Olivia, con el fin expreso de “ejercer una contención social de este personal”(3) y EMPASA. Ambas prometían capacitación y trabajo, pero la tarea definida como “remediación ambiental” resultó ser, por ejemplo, la recolección de las bolsas de nylon que por los fuertes vientos de la zona, que tiene basurales a cielo abierto, quedan diseminadas en los campos. Estas “empresas piqueteras” como las quisieron denominar sus promotores, recibieron contratos temporales de las petroleras, sin certeza alguna para los trabajadores de que se renueven. Por descontado además que, como los fileteros, carecen de cobertura social o previsional. Ante la inminencia del vencimiento de los contratos los trabajadores salieron a cortar la ruta provincial 12 y la nacional 3, de donde fueron violentamente expulsados a los tiros por gendarmería para permitir el paso de los colectivos del PJ que se dirigían al acto de campaña de Cristina Fernández en Puerto San Julián. Pese a la represión, las medidas continúan, con esporádicos cortes de ruta y movilizaciones a las plantas.
Vemos así cómo unen sus esfuerzos los empresarios, los burócratas sindicales y el gobierno, con su aparato represivo y su aparato de prensa, para garantizar las conquistas empresariales del menemismo yendo contra los trabajadores que se organizan para reclamar una vida más digna.
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NOTAS
1) Ver “Algo sobre las cooperativas” en ER N°27, agosto de 2007
2) Ver “Un conflicto con historia” en ER Nº11, marzo de 2006
3) Ver www.fundacionolivia.com.ar.
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
La represión del gobierno de Kirchner a la lucha del pueblo ya se ha cobrado la vida de Luis Marcelo Cuéllar en Jujuy (2003) y de Carlos Fuentealba en Neuquén (2007).
La cantidad de presos políticos que han sufrido las cárceles del “gobierno de los DDHH” ha sido la mayor desde 1983.
Hoy siguen encarcelados quince presos políticos, tres de ellos en huelga de hambre.
Ante esta situación se impone el reclamo:
¡Libertad a los 6 presos políticos de Las Heras!
¡Libertad a los 6 compañeros paraguayos presos políticos en nuestro país!
¡Libertad a Esteche, Lezcano y Villalba, presos políticos en huelga de hambre!