La empresa UGOFE y la secretaría de transporte de la nación, responsables también del asesinato de Mariano Ferreyra, lejos de ser condenados, hoy son los denunciantes en una causa por “extorsión” contra Jorge Hospital y Omar Merino, trabajadores del Ferrocarril y militantes del PO pertenecientes a la agrupación Causa Ferroviaria; Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y Miguel Morales, trabajador tercerizado del Ferrocarril Roca despedido y militante de Causa Ferroviaria. Estos compañeros son acusados de este “delito” por haber realizado un corte de vías el 23 de diciembre pasado en reclamo del pase a planta de los trabajadores tercerizados, habiendo sido incluso detenidos, Hospital y Merino durante un día.
Al juez federal que dictó el procesamiento le bastó la versión de los policías que actuaron ese día en el corte y cuya responsabilidad y participación en la causa Ferreyra han sido probadas.
De este modo, la resolución del juez fue muy sencilla. Los testimonios de la policía alcanzaron para determinar que estos compañeros participaron del corte y como el corte se hizo en reclamo al gobierno y a la empresa para que cumpliera con su compromiso, para este juez se trata, no de un justo reclamo de los trabajadores sino de un delito de extorsión: “al obligar a otro, bajo intimidación, a hacer algo contra su voluntad”.
Por esta razón cualquier tipo de reclamo de los trabajadores será entendido por las empresas y el gobierno como extorsión ya que jamás tendrán la “voluntad” de responder a las necesidades de los trabajadores y el pueblo.
Una lógica similar es la que llevó a la justicia a resolver que la causa iniciada contra tres estudiantes universitarios, militantes del PTS, que participaron en los cortes de Callao y Corrientes en apoyo a los trabajadores de Kraft, no sería una contravención sino una causa penal, con lo que se resolvió su elevo al juzgado federal.
La represión y persecución política por parte del gobierno, también se evidenció en Tartagal, tras un corte de ruta en reclamo de vivienda en donde participaba la CTD Aníbal Verón. Esta represión dejó un saldo de al menos doce detenidos que, al momento del cierre de esta edición, aún siguen presos y otros cinco luchadores con pedido de captura.
Este hecho pasa a aumentar la lista de presos políticos del gobierno kirchnerista, que actualmente integran Roberto Martino, Karina Germano, José Villalba y Carlos Olivera. Todos ellos, presos por su participación política en la lucha del pueblo.
