La
crisis capitalista que, desde hace años, viene expresándose con suma claridad
en países como EEUU, España, Grecia…, inevitablemente, también encuentra sus
manifestaciones en Argentina, por ser un país capitalista con una economía
profundamente extranjerizada.
La
fluctuación de la demanda y de los precios de las materias primas que exporta
el país, la tendencia al déficit de la balanza comercial, el pago de la deuda
externa… son todos elementos que impulsan al gobierno a implementar el actual
ajuste, para mantener sus propias cuentas en el mayor orden posible. Así, busca
sostenerse a sí mismo y a sus socios capitalistas más allegados. Por eso, la
intervención estatal para controlar los vaivenes del dólar o las importaciones.
Por eso, el retiro de subsidio directo a los capitalistas dando vía libre a los
tarifazos, para que no vean perjudicadas sus ganancias. Por eso, el recorte del
gasto público en la nación, las provincias y los municipios.
Las
suspensiones y los despidos en fábricas multinacionales como Peugeot y Fiat son
manifestaciones bien concretas de la crisis capitalista. La no renovación de contratos
y el pase a disponibilidad de los trabajadores estatales en provincias como Río
Negro y Chubut, también. En esta categoría se inscribe, por supuesto, la
intentona ajustadora en Santa Cruz.
Así,
ante los embates de la crisis capitalista, la decisión del gobierno es, en
primer lugar, negar deliberadamente la existencia de tal crisis. A diferencia
de otros momentos en que los gobiernos reconocían la crisis, aunque parcial y
coyunturalmente, y planteaban algunas medidas (Cavallo con el blindaje, Lavagna
con el fondo anticíclico…), el gobierno de Cristina Fernández se caracteriza
por presentar estas medidas (control del dólar, de las importaciones, retiro de
subsidios y hasta los despidos) no como consecuencia de la crisis, sino como
profundización de su modelo “nacional y popular”. Dice, por ejemplo, que
controla las importaciones para generar las condiciones para un proceso de
sustitución de importaciones, cuando en realidad es para evitar el déficit
comercial. Dice que retira los subsidios para entregarlo directamente a las
personas y no a las empresas, cuando en realidad busca evitar la erosión de su
propia caja, mientras avala los aumentos de tarifas. Y lo más indignante, dice
que se van a acabar las “avivadas” para despedir a miles de trabajadores del
estado. Y así con todo. Es el cinismo en una de sus máximas expresiones.
Y
la negación de la crisis y el discurso de la profundización del modelo,
acompañado de algunas medidas que pueden generar simpatías en algunos sectores
del pueblo, no persigue otro fin que ajustar con el cinturon progresista al
pueblo trabajador. Por eso, la importancia de desenmascarar la política del
gobierno nacional ante el pueblo trabajador, que cree en sus discursos o que lo
apoya por tal o cual medida aislada.
Afrontamos
un año donde la inflación, el ajuste, y la lucha por mejores salarios van a
ocupar un lugar de importancia en la agenda de la clase trabajadora.
Un
primer ejemplo ha sido el de la lucha de Santa Cruz contra el ajuste programado
por el gobernador kirchnerista Peralta, que se presenta ante los ojos de toda
la sociedad como un modelo de ajuste que poco tienen para envidiarle los
ajustes menemistas o delaruistas. Suspensión de paritarias, aumento de la edad
jubilatoria y congelamiento de las pensiones. Semejante programa despertó
nuevamente la bronca del pueblo trabajador santacruceño que, dando batalla,
logró hacer retroceder los planes oficiales.
El
pueblo trabajador se aglutinó en la lucha contra el tarifazo de Metrovías,
Macri y Cristina Fernández que, aunque dirigida por el sector kirchnerista del
sindicato del subte y por eso mismo suspendida, contó con el sostén de las
organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales
antigubernamentales, cosechó unas 200.000 firmas, logró la simpatía de una buena
parte de la sociedad y marcó un antecedente en la lucha contra los tarifazos
por venir.
Ahora,
es necesario sacar las debidas conclusiones de estas experiencias e
incorporarlas a la experiencia acumulada en la lucha sindical, para hacer
frente al ajuste, los tarifazos y para romper el techo salarial que pretenden
imponer, conjuntamente, las patronales, el gobierno y la burocracia sindical.