El Revolucionario Nº49 (Agosto de 2009)
La inflación, que no se ha detenido desde la devaluación en 2002, sigue haciendo cada vez más complicada la economía de las familias trabajadoras. Así, a los constantes aumentos en los bienes de la canasta básica, se suman los aumentos en las tarifas de gas y de luz, y la promesa de nuevos aumentos en los transportes.
Nuevamente el INDEC fue noticia. Pero los reclamos más fuertes por su “normalización” no provinieron de las organizaciones populares, sino de las principales cámaras empresarias, como la SRA , la AEA y la UIA. Como es natural, la preocupación de los capitalistas argentinos no tiene que ver con cómo la inflación va deteriorando el salario progresivamente, situación infinitamente agravada por la gran cantidad de trabajadores que fueron despedidos, suspendidos o que vieron sus jornadas recortadas. Por el contrario, son los mismos empresarios los principales beneficiarios de esta situación, al correr con la ventaja de poder remarcar precios a voluntad, situación que jamás se equipara con los míseros reajustes salariales pactados con la burocracia. La preocupación de las principales cámaras empresarias del país no pasa, por lo tanto, por limitar la suba de precios, ni siquiera por sincerar la medición de los niveles de inflación. Lo que realmente los desvela es la posibilidad de acceder al crédito internacional, situación que hoy se ve parcialmente restringida, en parte como consecuencia de lo grotesco de la falsificación de todos los índices estimados por el INDEC.
En este marco, el gobierno de Cristina Kirchner ensayó algunos cambios en el organismo, que pasará en adelante a estar bajo la órbita directa del ministerio de economía. Ascendió nuevamente a Norberto Itzcovich, un hombre del secretario de comercio Guillermo Moreno, que pasará a ser el segundo del INDEC, y se estipuló la colaboración de varias universidades en el seguimiento de los precios a través de un consejo académico, entre otros cambios menores. Rápidamente, desde la oposición, salieron a explicar que las modificaciones eran meramente cosméticas, ya que no se altera el mando real a cargo de Moreno. Desde la UIA , en cambio, mucho más pragmático, el empresario Cristiano Rattazzi se mostró esperanzado y afirmó, palabras más palabras menos, que “no importa realmente quién esté al mando mientas exista la voluntad de cambio”.
Claro que los grandes perdedores en esta situación no son los socios de la AEA ni de la SRA. La inflación es padecida diariamente por los trabajadores que deben soportar las subas constantes en los precios de los alimentos, la ropa o los alquileres. También siguen aumentando los servicios públicos, como el gas y la luz, aumentos que son legitimados a través de los medios que repiten insistentemente que Argentina cuenta con los servicios más baratos de Latinoamérica. Idéntica situación se da con el transporte. Las tarifas no han dejado de subir en los últimos años y el nuevo secretario, Juan Pablo Schiavi, reemplazante del millonario Ricardo Jaime, ha confesado que serán inevitables los futuros aumentos. Todo, claro, para que los trabajadores continuemos viajando en condiciones lamentables, con el hacinamiento y los accidentes como moneda corriente, para que los empresarios del transporte sigan facturando millones entre aumento de tarifas y subsidios.
De esta forma, mes tras mes, el kirchnerismo continúa aplicando, a través de la inflación, una auténtica política de ajuste encubierto sobre los bolsillos populares. Y en eso, sin dudas, cierran filas gobierno, empresarios y oposición, que seguirán discutiendo cuestiones de forma o de imagen, mientras hunden cada vez más el salario de los trabajadores.
La inflación, que no se ha detenido desde la devaluación en 2002, sigue haciendo cada vez más complicada la economía de las familias trabajadoras. Así, a los constantes aumentos en los bienes de la canasta básica, se suman los aumentos en las tarifas de gas y de luz, y la promesa de nuevos aumentos en los transportes.
Nuevamente el INDEC fue noticia. Pero los reclamos más fuertes por su “normalización” no provinieron de las organizaciones populares, sino de las principales cámaras empresarias, como la SRA , la AEA y la UIA. Como es natural, la preocupación de los capitalistas argentinos no tiene que ver con cómo la inflación va deteriorando el salario progresivamente, situación infinitamente agravada por la gran cantidad de trabajadores que fueron despedidos, suspendidos o que vieron sus jornadas recortadas. Por el contrario, son los mismos empresarios los principales beneficiarios de esta situación, al correr con la ventaja de poder remarcar precios a voluntad, situación que jamás se equipara con los míseros reajustes salariales pactados con la burocracia. La preocupación de las principales cámaras empresarias del país no pasa, por lo tanto, por limitar la suba de precios, ni siquiera por sincerar la medición de los niveles de inflación. Lo que realmente los desvela es la posibilidad de acceder al crédito internacional, situación que hoy se ve parcialmente restringida, en parte como consecuencia de lo grotesco de la falsificación de todos los índices estimados por el INDEC.
En este marco, el gobierno de Cristina Kirchner ensayó algunos cambios en el organismo, que pasará en adelante a estar bajo la órbita directa del ministerio de economía. Ascendió nuevamente a Norberto Itzcovich, un hombre del secretario de comercio Guillermo Moreno, que pasará a ser el segundo del INDEC, y se estipuló la colaboración de varias universidades en el seguimiento de los precios a través de un consejo académico, entre otros cambios menores. Rápidamente, desde la oposición, salieron a explicar que las modificaciones eran meramente cosméticas, ya que no se altera el mando real a cargo de Moreno. Desde la UIA , en cambio, mucho más pragmático, el empresario Cristiano Rattazzi se mostró esperanzado y afirmó, palabras más palabras menos, que “no importa realmente quién esté al mando mientas exista la voluntad de cambio”.
Claro que los grandes perdedores en esta situación no son los socios de la AEA ni de la SRA. La inflación es padecida diariamente por los trabajadores que deben soportar las subas constantes en los precios de los alimentos, la ropa o los alquileres. También siguen aumentando los servicios públicos, como el gas y la luz, aumentos que son legitimados a través de los medios que repiten insistentemente que Argentina cuenta con los servicios más baratos de Latinoamérica. Idéntica situación se da con el transporte. Las tarifas no han dejado de subir en los últimos años y el nuevo secretario, Juan Pablo Schiavi, reemplazante del millonario Ricardo Jaime, ha confesado que serán inevitables los futuros aumentos. Todo, claro, para que los trabajadores continuemos viajando en condiciones lamentables, con el hacinamiento y los accidentes como moneda corriente, para que los empresarios del transporte sigan facturando millones entre aumento de tarifas y subsidios.
De esta forma, mes tras mes, el kirchnerismo continúa aplicando, a través de la inflación, una auténtica política de ajuste encubierto sobre los bolsillos populares. Y en eso, sin dudas, cierran filas gobierno, empresarios y oposición, que seguirán discutiendo cuestiones de forma o de imagen, mientras hunden cada vez más el salario de los trabajadores.