El Revolucionario Nº35 (Mayo de 2008)
Mientras los empresarios se benefician a costa de los bajos salarios y los altos precios de sus productos; mientras el gobierno peronista hace con ellos sus negocios y oculta el problema de la inflación; los trabajadores debemos soportar todo el peso de la escalada de precios, viendo caer nuestros ingresos que ya no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas.
Evidentemente hay quienes se están beneficiando con el llamado “crecimiento” kirchnerista. Sin ir más lejos, a fines de abril, diputados y senadores decidieron aumentar sus sueldos a un promedio de $17.500, teniendo en cuenta los plus que cobran por “desarraigo” y viajes aéreos (canjeables por dinero), por no hablar de todo lo que además roban y que no piensan publicar.
Probablemente lo hagan estimulados por otros que también ganan y a caudales, como los empresarios rurales y comerciales que exportan productos agrícolas a altísimos precios internacionales y con un dólar preferencial, o las grandes empresas locales y extranjeras que se llevan fortunas y reciben abultados subsidios y exenciones impositivas por parte del gobierno.
Pero tanto derroche de fortuna contrasta bastante con la denigrante situación en que vive la clase obrera bajo el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández. Más del 10% está desempleado y de los que sí trabajan, la mitad debe hacerlo en forma irregular, con trabajos en negro, “ilegales”, contratados como “autónomos” o haciendo changas... Y aun cuando se consiga trabajo en blanco, debe soportarse la flexibilización laboral, impulsada fuertemente con el anterior gobierno peronista de Carlos Menem y profundizada ahora por medio de jornadas de trabajo extendidas, no pago de horas extra, turnos rotativos, fraccionamiento de vacaciones, etc...1
Y así todo el cuadro sigue incompleto, pues es preciso considerar el gran golpe a los sectores populares que significa la baja permanente del poder de compra (o salario real) por medio de una inflación que está carcomiendo el nivel de los salarios, lo que significa más beneficio para los empresarios y peores condiciones para la clase obrera.
El gobierno de los Kirchner ha hecho de todo por ocultar la inflación bajo la alfombra. La intervención del INDEC (patotas y despidos mediante) llevó hasta el ridículo los índices de inflación, pues los artículos que aumentan de precio son eliminados y todas las cifras, retocadas a conveniencia2. Por eso las mismas oficinas estatales de provincias, como San Luis, Mendoza y más recientemente Santa Fe, están indicando aumentos que multiplican por cuatro las mentiras del índice nacional.
Aún así, hasta el mismo ministro de economía recientemente expulsado, debió plantear su “preocupación” por la escalada inflacionaria, pues, como es sabido, las estimaciones privadas (las únicas que existen ahora) hablan de una inflación de un 25% o un 30% para este año en promedio, lo que significa casi el doble para los sectores más empobrecidos, debido al sostenido aumento de los alimentos y demás bienes de primera necesidad.
Bajo esta apremiante situación, la clase obrera debió sufrir, además, otro embate inflacionario, producto del paro patronal que impulsaron los empresarios del campo para obtener mayores ganancias. Tras el desabastecimiento provocado por esta disputa entre burgueses de distinto pelaje, los precios de la carne, las verduras y los cereales treparon a cifras escandalosas superando a veces el 100% de aumento.
Mientras el peronismo en el gobierno pretende mostrar la existencia de un “estado regulador” con mecanismos de control de precios, por ejemplo, lo cierto es que el aumento no sólo es más grave justamente en lo que respecta al consumo de los sectores populares, sino que, además, estos sectores fueron duramente golpeados por el acaparamiento de los empresarios, que, en el marco del paro patronal agrario, sacaron provecho de la necesidad llevando luego los precios a las nubes.
Como es inevitable, esta política antiobrera del gobierno kirchnerista está haciendo desastres. De hecho, aun sabiendo lo mentirosas que son las cifras oficiales y lo denigrante de un índice que considera que ya no es “pobre” aquel que tiene más de $250 por mes3, cerca de 2 millones de personas pasaron entre 2007 y lo que va de 2008 al rótulo oficial de “pobres”, alcanzando de esta forma al 30% de la población4.
Evidentemente, este cuadro de inflación, precarización y flexibilización nos plantea a los trabajadores desarrollar la organización y reforzar la lucha contra la carestía y por cubrir las necesidades básicas de una canasta familiar que hoy ya supera los $3.000 por mes.
En la vereda de enfrente están los empresarios, el gobierno que es socio y parte de los capitalistas argentinos, y la burocracia sindical, también socia y parte del empresariado y el gobierno, cuyo rol es disciplinar a la clase obrera para mantener el actual estado de cosas. Su encuentro en el rearmado del PJ y su convocatoria conjunta para consolidar el “pacto social” el próximo 25 de mayo, son una muestra más de ese frente antiobrero, al que los trabajadores deberemos enfrentar para llevar adelante la lucha contra la inflación y el encarecimiento de la vida.
…
NOTAS:
1) Incluso el diario oficialita Página/12, debió tomar nota de la profundización de la flexibilización bajo el kirchnerismo, como lo hizo su suplemento Cash, el domingo 27 de abril.
2) Un nuevo ejemplo de esta farsa se publicó en Clarín el 28/04/08, el título de la nota lo resumía así: “Insólita estadística oficial sobre los precios de marzo: Según el INDEC los verduleros compran caro y venden barato. Los productos tienen valores mayoristas más bajos que los de venta al público.”
3) Hoy, según las estimaciones oficiales, la llamada “línea de pobreza” no llega a los $1.000 para una familia de cuatro miembros (a razón de $250 cada uno), lo que significa que aquel que debe afrontar pago de vivienda, alimentos, vestimenta, medicamentos, etc. con $250 (que no alcanzan para cubrir ni el primero de esos rubros) es considerado como “no pobre”.
4) Clarín, 27/04/08.
Mientras los empresarios se benefician a costa de los bajos salarios y los altos precios de sus productos; mientras el gobierno peronista hace con ellos sus negocios y oculta el problema de la inflación; los trabajadores debemos soportar todo el peso de la escalada de precios, viendo caer nuestros ingresos que ya no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas.
Evidentemente hay quienes se están beneficiando con el llamado “crecimiento” kirchnerista. Sin ir más lejos, a fines de abril, diputados y senadores decidieron aumentar sus sueldos a un promedio de $17.500, teniendo en cuenta los plus que cobran por “desarraigo” y viajes aéreos (canjeables por dinero), por no hablar de todo lo que además roban y que no piensan publicar.
Probablemente lo hagan estimulados por otros que también ganan y a caudales, como los empresarios rurales y comerciales que exportan productos agrícolas a altísimos precios internacionales y con un dólar preferencial, o las grandes empresas locales y extranjeras que se llevan fortunas y reciben abultados subsidios y exenciones impositivas por parte del gobierno.
Pero tanto derroche de fortuna contrasta bastante con la denigrante situación en que vive la clase obrera bajo el gobierno kirchnerista de Cristina Fernández. Más del 10% está desempleado y de los que sí trabajan, la mitad debe hacerlo en forma irregular, con trabajos en negro, “ilegales”, contratados como “autónomos” o haciendo changas... Y aun cuando se consiga trabajo en blanco, debe soportarse la flexibilización laboral, impulsada fuertemente con el anterior gobierno peronista de Carlos Menem y profundizada ahora por medio de jornadas de trabajo extendidas, no pago de horas extra, turnos rotativos, fraccionamiento de vacaciones, etc...1
Y así todo el cuadro sigue incompleto, pues es preciso considerar el gran golpe a los sectores populares que significa la baja permanente del poder de compra (o salario real) por medio de una inflación que está carcomiendo el nivel de los salarios, lo que significa más beneficio para los empresarios y peores condiciones para la clase obrera.
El gobierno de los Kirchner ha hecho de todo por ocultar la inflación bajo la alfombra. La intervención del INDEC (patotas y despidos mediante) llevó hasta el ridículo los índices de inflación, pues los artículos que aumentan de precio son eliminados y todas las cifras, retocadas a conveniencia2. Por eso las mismas oficinas estatales de provincias, como San Luis, Mendoza y más recientemente Santa Fe, están indicando aumentos que multiplican por cuatro las mentiras del índice nacional.
Aún así, hasta el mismo ministro de economía recientemente expulsado, debió plantear su “preocupación” por la escalada inflacionaria, pues, como es sabido, las estimaciones privadas (las únicas que existen ahora) hablan de una inflación de un 25% o un 30% para este año en promedio, lo que significa casi el doble para los sectores más empobrecidos, debido al sostenido aumento de los alimentos y demás bienes de primera necesidad.
Bajo esta apremiante situación, la clase obrera debió sufrir, además, otro embate inflacionario, producto del paro patronal que impulsaron los empresarios del campo para obtener mayores ganancias. Tras el desabastecimiento provocado por esta disputa entre burgueses de distinto pelaje, los precios de la carne, las verduras y los cereales treparon a cifras escandalosas superando a veces el 100% de aumento.
Mientras el peronismo en el gobierno pretende mostrar la existencia de un “estado regulador” con mecanismos de control de precios, por ejemplo, lo cierto es que el aumento no sólo es más grave justamente en lo que respecta al consumo de los sectores populares, sino que, además, estos sectores fueron duramente golpeados por el acaparamiento de los empresarios, que, en el marco del paro patronal agrario, sacaron provecho de la necesidad llevando luego los precios a las nubes.
Como es inevitable, esta política antiobrera del gobierno kirchnerista está haciendo desastres. De hecho, aun sabiendo lo mentirosas que son las cifras oficiales y lo denigrante de un índice que considera que ya no es “pobre” aquel que tiene más de $250 por mes3, cerca de 2 millones de personas pasaron entre 2007 y lo que va de 2008 al rótulo oficial de “pobres”, alcanzando de esta forma al 30% de la población4.
Evidentemente, este cuadro de inflación, precarización y flexibilización nos plantea a los trabajadores desarrollar la organización y reforzar la lucha contra la carestía y por cubrir las necesidades básicas de una canasta familiar que hoy ya supera los $3.000 por mes.
En la vereda de enfrente están los empresarios, el gobierno que es socio y parte de los capitalistas argentinos, y la burocracia sindical, también socia y parte del empresariado y el gobierno, cuyo rol es disciplinar a la clase obrera para mantener el actual estado de cosas. Su encuentro en el rearmado del PJ y su convocatoria conjunta para consolidar el “pacto social” el próximo 25 de mayo, son una muestra más de ese frente antiobrero, al que los trabajadores deberemos enfrentar para llevar adelante la lucha contra la inflación y el encarecimiento de la vida.
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NOTAS:
1) Incluso el diario oficialita Página/12, debió tomar nota de la profundización de la flexibilización bajo el kirchnerismo, como lo hizo su suplemento Cash, el domingo 27 de abril.
2) Un nuevo ejemplo de esta farsa se publicó en Clarín el 28/04/08, el título de la nota lo resumía así: “Insólita estadística oficial sobre los precios de marzo: Según el INDEC los verduleros compran caro y venden barato. Los productos tienen valores mayoristas más bajos que los de venta al público.”
3) Hoy, según las estimaciones oficiales, la llamada “línea de pobreza” no llega a los $1.000 para una familia de cuatro miembros (a razón de $250 cada uno), lo que significa que aquel que debe afrontar pago de vivienda, alimentos, vestimenta, medicamentos, etc. con $250 (que no alcanzan para cubrir ni el primero de esos rubros) es considerado como “no pobre”.
4) Clarín, 27/04/08.