Según la burocracia sindical de la CGT, no es el momento de reclamar aumentos de salarios. La crisis económica impone defender los puestos de trabajo, dice. Sin embargo, y con el acuerdo de la burocracia, los despidos están a la orden del día.
El Revolucionario Nº41 (Noviembre de 2008)
La realidad de la clase trabajadora es tan precaria que hasta la burocracia sindical de la CGT fogoneó un reclamo salarial extraordinario de 500 pesos para todos los trabajadores. Mucho ruido hizo la dirección de la confederación con este tema. Pero poco duró su tímido reclamo.
Ante la adversidad del panorama económico y la orden del gobierno kirchnerista, la CGT giró 180° su discurso para bajarse de aquella efímera reivindicación salarial. “No es el momento” argumentó, mientras el estado agiganta su caja con la reestatización de las jubilaciones.
Dejó a un lado dicho reclamo para unirse al empresariado con el fin de “defender la producción y el empleo nacional”. Doctrina peronista en estado puro, se podría decir. Ésta no es más que la política de conciliación de clases, conciliación de intereses entre los trabajadores y la patronal... para beneficio de los capitalistas. Intereses que están enfrentados de pies a cabeza. ¿Qué empresario de la construcción puede estar a favor de un aumento salarial para los obreros de este sector? o ¿qué empleado de comercio puede favorecerse si su empleador abre más locales?
En nombre de los intereses comunes, dicen priorizar la defensa del puesto laboral, es decir, conservar el actual estado de cosas, ya bastante malo y que promete ser todavía peor para la clase trabajadora.
No se puede esperar otra cosa de la burocracia sindical. Sus dirigentes se ubican en ambos lados del mostrador. Por un lado, representan formalmente a los trabajadores. Por otro lado, son parte integrante del empresariado argentino y, además, de su principal partido, el PJ.
Pero no sólo entregan el salario sin mayores explicaciones, sino también los puestos laborales que dicen defender. Es más, brindan legitimidad a los despidos.
En las periódicas reuniones que vienen teniendo los funcionarios gubernamentales, los empresarios y los burócratas, el oficialismo explica que “La intención es que los empresarios tengan en claro que están en plena vigencia la ley y las normas que exigen el pedido de la aplicación del procedimiento preventivo de crisis antes de decidir despidos o suspensiones masivas, y que éstos no se pueden hacer sin previa información al ministerio”. Muy claro. El objetivo no es detener los despidos, sino ejecutarlos respetando la ley.
Un ejemplo sobra: Renault despidió 300 trabajadores en Córdoba, medida que fue acordada entre el gobierno, la empresa y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). “Iban a ser 620, pero logramos un acuerdo con la empresa de que ese número de compañeros baje a 300”, explicaba el vocero del sindicato, sin ocultar su satisfacción, como quien se refiere a una conquista. “Se trata de gente que no estaba efectiva. Se los indemnizará como indica la ley; aunque la empresa se comprometió a reincorporarlos no bien pase la crisis. Ellos serían los primeros con derecho a ingreso cuando los cosas mejoren”, siguió el burócrata, justificando los despidos, debido a la situación precaria de los trabajadores, que la cúpula del SMATA permitió y avaló durante todo este tiempo y consolándolos con una futura promesa de trabajo, en lugar de pedir la reincorporación inmediata.
Como vemos, de un reclamo salarial, la burocracia, en tiempo record, pasó a acordar los despidos.
Este es el rol de la burocracia sindical peronista: facilitar la explotación de la clase obrera argentina.
La realidad de la clase trabajadora es tan precaria que hasta la burocracia sindical de la CGT fogoneó un reclamo salarial extraordinario de 500 pesos para todos los trabajadores. Mucho ruido hizo la dirección de la confederación con este tema. Pero poco duró su tímido reclamo.
Ante la adversidad del panorama económico y la orden del gobierno kirchnerista, la CGT giró 180° su discurso para bajarse de aquella efímera reivindicación salarial. “No es el momento” argumentó, mientras el estado agiganta su caja con la reestatización de las jubilaciones.
Dejó a un lado dicho reclamo para unirse al empresariado con el fin de “defender la producción y el empleo nacional”. Doctrina peronista en estado puro, se podría decir. Ésta no es más que la política de conciliación de clases, conciliación de intereses entre los trabajadores y la patronal... para beneficio de los capitalistas. Intereses que están enfrentados de pies a cabeza. ¿Qué empresario de la construcción puede estar a favor de un aumento salarial para los obreros de este sector? o ¿qué empleado de comercio puede favorecerse si su empleador abre más locales?
En nombre de los intereses comunes, dicen priorizar la defensa del puesto laboral, es decir, conservar el actual estado de cosas, ya bastante malo y que promete ser todavía peor para la clase trabajadora.
No se puede esperar otra cosa de la burocracia sindical. Sus dirigentes se ubican en ambos lados del mostrador. Por un lado, representan formalmente a los trabajadores. Por otro lado, son parte integrante del empresariado argentino y, además, de su principal partido, el PJ.
Pero no sólo entregan el salario sin mayores explicaciones, sino también los puestos laborales que dicen defender. Es más, brindan legitimidad a los despidos.
En las periódicas reuniones que vienen teniendo los funcionarios gubernamentales, los empresarios y los burócratas, el oficialismo explica que “La intención es que los empresarios tengan en claro que están en plena vigencia la ley y las normas que exigen el pedido de la aplicación del procedimiento preventivo de crisis antes de decidir despidos o suspensiones masivas, y que éstos no se pueden hacer sin previa información al ministerio”. Muy claro. El objetivo no es detener los despidos, sino ejecutarlos respetando la ley.
Un ejemplo sobra: Renault despidió 300 trabajadores en Córdoba, medida que fue acordada entre el gobierno, la empresa y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). “Iban a ser 620, pero logramos un acuerdo con la empresa de que ese número de compañeros baje a 300”, explicaba el vocero del sindicato, sin ocultar su satisfacción, como quien se refiere a una conquista. “Se trata de gente que no estaba efectiva. Se los indemnizará como indica la ley; aunque la empresa se comprometió a reincorporarlos no bien pase la crisis. Ellos serían los primeros con derecho a ingreso cuando los cosas mejoren”, siguió el burócrata, justificando los despidos, debido a la situación precaria de los trabajadores, que la cúpula del SMATA permitió y avaló durante todo este tiempo y consolándolos con una futura promesa de trabajo, en lugar de pedir la reincorporación inmediata.
Como vemos, de un reclamo salarial, la burocracia, en tiempo record, pasó a acordar los despidos.
Este es el rol de la burocracia sindical peronista: facilitar la explotación de la clase obrera argentina.