Militarización: más droga y crimen organizado

Entre los principales argumentos que la prensa kirchnerista levantó para justificar el despliegue de 2.500 gendarmes y prefectos en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, se destacó el de la lucha contra el narcotráfico. Según los voceros del oficialismo, la aparición de estas fuerzas en las calles servirá para combatir a las bandas que lucran (entre otros negociados) con el comercio de droga, la prostitución y la trata de personas en sociedad con la Policía Federal.

“El impacto más importante del plan está en la ruptura de una especie de rutina delictiva. El narco que ya sabe con quién debe arreglar, el desarmadero de autos que tiene su contacto de uniforme, el prostíbulo que paga la cuota mensual, la zona liberada para robos o salideras y así sucesivamente. La aparición de nuevos protagonistas en las seis jurisdicciones desestabiliza buena parte de esos pactos que son uno de los trasfondos de la inseguridad”(1).

Argumento ridículo si los hay, que busca ocultar que la participación directa en las redes de crimen organizado, prostitución, trata, narcotráfico y delincuencia en general, lejos de ser exclusividad de la Policía Federal, es característica de todas las fuerzas represivas. En estrecha vinculación con el poder político y estatal, policías provinciales, gendarmes, penitenciarios y prefectos, todos ellos participan y lucran con estos negociados que dejan ganancias millonarias. Sin ir más lejos, en los mismos días en los que se anunciaba el “Plan Cinturón Sur”, trascendieron dos casos que vinculan directamente a la Gendarmería con el tráfico de drogas(2).

Si aún no los tienen (o no logran compartir los existentes con la Policía Federal) poco tardarán los efectivos de Gendarmería y Prefectura en tejer sus propios vínculos para dar más impulso al narcotráfico, la prostitución y el crimen organizado.

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NOTAS:

1) Página/12, miércoles 29 de junio.

2) Un grupo de gendarmes destinados a la provincia de Buenos Aires fue detenido en Salta. Regresaban de Bolivia con casi 1.000 kilos de cocaína, equivalentes a 10 millones de dólares. En Misiones, dos suboficiales de Gendarmería fueron detenidos transportando 145 kilos de marihuana. El mes pasado publicamos dos casos similares, también de Salta y Misiones, pero protagonizados por policías provinciales y penitenciarios.

El estado nacional y los funcionarios del kirchnerismo en la cúspide del narcotráfico

Con los escándalos de la detención en España del avión con casi una tonelada de cocaína y la aparición del concejal kirchnerista con 700 kilos de droga, se evidencian nuevamente los vínculos del gobierno y de las fuerzas represivas con el negocio del narcotráfico.




En su discurso, el gobierno kirchnerista dice ser el primer enemigo de la droga y acusa a sus oponentes circunstanciales como el duhaldismo de ser quienes manejan el negocio del narcotráfico. Dice también que convirtió a las fuerzas armadas en “democráticas” y “transparentes” y, de hecho, “premió” a Nilda Garré por su dirección del ministerio de defensa, dándole un nuevo ministerio de mayor exposición, el de seguridad(1).

En la práctica, ese discurso de “lucha contra la droga”, con el que se llena la boca el “mano dura” Scioli, es el slogan por medio del cual despliegan las fuerzas represivas por todo el país, con lo que avanzan en la represión contra los sectores populares.

Pero además, como lo muestran los sucesivos escándalos, es entre los políticos del gobierno y en el aparato del estado, principalmente en sus fuerzas represivas, por donde pasa el gran negocio del narcotráfico.

Decenas de ejemplos han evidenciado el manejo de la droga por parte de las fuerzas represivas, tanto de la policía, como de los militares (incluyendo la condena para el hijo del comodoro Beltrame por el caso Southern Winds), y también de los políticos (por caso, el financiamiento de la última campaña de Cristina Fernández con los aportes de la efedrina).Y éste, entre tantos otros negocios, como la venta de armas del ejército encabezado por Garré, el caso de las valijas de Antonini, el caso Skanska, los negociados de Jaime, etc.

Así, los escándalos actuales no hacen más que dar una línea de continuidad a una práctica habitual (aunque negada) en el gobierno peronista y el estado que administra.

Tal es el caso de Héctor “Palmita” Palma, miembro del PJ formoseño y hombre de su gobernador Insfrán, quien llegó a su puesto de concejal candidateándose en las listas del Frente para la Victoria. Al dirigente kirchnerista le descubrieron nada menos que 700 kilos de cocaína de gran pureza, cuyo precio superaría los $100 millones. Ante la evidencia, el consejo deliberante local hizo una rápida maniobra para evitar un juicio político (y la extensión del escándalo) destituyéndolo automáticamente.

Y es también el caso del contrabando de casi una tonelada de cocaína a España, en el cual está involucrada la fuerza aérea. En esta oportunidad el caso de narcotráfico se abre a partir de la detención del hijo del brigadier Miret, ex funcionario de la dictadura y de dos hijos del ex jefe de la fuerza aérea menemista, uno de ellos ex funcionario del PAMI hasta iniciada la gestión kirchnerista. En el caso están involucrados altos mandos de la fuerza. Por eso, ya debió renunciar el comodoro Jorge Ayerdi, jefe de la base aérea de Morón en donde estaba el avión narco y se cree que habrían subido la millonaria carga. También se han visto obligados a llamar a declarar a decenas de oficiales, mientras se profundizan las internas de la fuerza (circula, por ejemplo, un mail firmado por esposas de militares que, para cubrirse, señalan nombres de otros involucrados). Aún así, el nuevo ministro de defensa, Arturo Puricelli, dijo que “a nadie le puede caber la duda de que la Fuerza Aérea no está involucrada, ni rozada”, buscando, inútilmente, sacarse de encima la brasa caliente que le dejó Garré, anterior responsable de esa cartera.

En fin, mientras la droga hace desastres, sobre todo entre la juventud más pobre, son los hombres del gobierno peronista y de las fuerzas represivas quienes, convertidos en grandes capitalistas de la droga, están en la primera línea del negocio del narcotráfico y amasan con él fortunas millonarias.

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NOTAS:

1) Ver “La seguridad de los ricos es la inseguridad y el control de los pobres”, es este mismo número de ER, pág. 8

Drogas

Nada cambia con la despenalización

Finalmente, después de varios meses de idas y vueltas, la corte suprema anunció que no es punible la tenencia de marihuana para consumo personal.
Los siete miembros de la corte suprema se pronunciaron por la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23.737, amparándose en el artículo 19 de la Constitución , que dice que no hay delito en “las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero”.
El argumento fundamental, al que apela todo el progresismo, es que los adictos serán tratados, de ahora en adelante, como enfermos y ya no como delincuentes, lo cual, además, favorecerá a la “lucha contra el narcotráfico”.
Claro que, como afirmáramos hace algunos meses ante la inminencia de este fallo(1), estos argumentos “progres” muy poco tienen que ver con la realidad que se vive a diario en nuestro país. Sencillamente, podemos reafirmar, sin temor a error, que la realidad para los jóvenes pobres (que son casi la totalidad de los procesados por tenencia) no cambiará en absoluto después de este fallo. Ni los pibes serán menos perseguidos o apaleados en los barrios, ni existirá para ellos, tampoco, la posibilidad de tratar su adicción en alguna institución estatal.
De la misma manera que sucede hoy en día, la policía seguirá reprimiendo y levantando pibes en los barrios cuando le convenga, y si ya no puede utilizar la tenencia de marihuana como justificativo válido para la detención o para la extorsión, alegará la portación de alguna otra sustancia, alguna tentativa de delito o cualquier otro argumento, en caso de que sea necesario.
Por otra parte, respecto a la atención de los adictos, es necesario recordar que los tratamientos que el progresismo reclama, no sólo ya existen, sino que se encuentran en pleno funcionamiento. Las instituciones que el estado financia para tal fin son, y seguirán siendo, para los jóvenes pobres, auténticos campos de concentración, en los cuales la internación, en lugar de ser una ayuda para superar su adicción, termina de destruirlos. Lejos de poder acceder a un buen tratamiento o a la contención que sí tiene al alcance de la mano la pequeño-burguesía, los pibes que son absorbidos por el flagelo de la droga en los barrios, el paco, el poxi o cualquier otra sustancia barata, dejan su vida en la adicción.
Ni este gobierno ni ningún otro gobierno capitalista avanzará contra el narcotráfico. No será así, puesto que la droga le permite, esencialmente, destruir la vida de miles de jóvenes y trabajadores, fundamentalmente de los viven en las peores condiciones. Les reditúa, además, un gran negocio mediante el cual obtiene multimillonarias ganancias. Por lo tanto, la droga cumple, en este sistema, un rol más que importante a la hora de garantizar el dominio de los capitalistas, siendo otra herramienta que profundiza el sojuzgamiento de los sectores populares.
La droga encontrada en la camioneta del SEDRONAR a fines de 2008, así como los casi diez kilos de marihuana y los cuatro de cocaína que desaparecieron de la comisaría de Dock Sud en junio pasado, las vinculaciones de Duhalde con el narcotráfico... son sólo algunos de los pocos casos que tienen trascendencia mediática, pero que no dejan dudas sobre el rol que cumple el estado como impulsor del consumo de drogas y como máximo distribuidor y explotador del negocio a nivel local.
Esta es la realidad, mal que les pese a quienes celebran la despenalización como un avance popular que profundiza las “libertades democráticas”: la droga es, y seguirá siendo, un arma más de los capitalistas, apuntada contra el pueblo trabajador.
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NOTAS:
1) Ver “¿Para qué despenalizan el consumo de las drogas?” y “Una medida con historia”, en ER N°43, enero-febrero de 2009.

Lucha obrera
El conflicto petrolero
La sostenida y firme lucha de los trabajadores petroleros rindió sus frutos y se impuso ante la patronal, obteniendo el aumento salarial reclamado y garantizando el pago de los días de huelga.
Pese a la decisión de los capitalistas en su conjunto, de que no trasciendan los conflictos en los que la clase obrera es protagonista, muchas veces, debido a la persistencia de la lucha, éstos logran imponerse en los medios masivos de comunicación. Tal es el caso del conflicto petrolero. Con varios meses de tensiones permanentes y tras veinte días de huelga, la lucha de los trabajadores petroleros en Santa Cruz se hizo inocultable.

¿PARA QUÉ DESPENALIZAN EL CONSUMO DE DROGAS?

El Revolucionario Nº43 (Febrero de 2009)

El gobierno de los Kirchner está a la espera de un fallo de la corte suprema de justicia para impulsar un proyecto de ley que despenalice la tenencia de drogas para consumo personal. La decisión es presentada como progresista, como garantía de los derechos humanos y la libertad individual. Pero otras son las razones que explican la pretensión de la legalización del consumo de drogas.

Mucho revuelo ha generado, y continuará haciéndolo, la discusión sobre la despenalización del consumo de drogas. Sobre este tema, que ha tenido varias idas y vueltas(1), no es posible asumir una posición y una actitud clara sin reconocer un principio fundamental: las drogas son un arma más que posee y maneja la burguesía para mantener la dominación del pueblo trabajador; un arma que permite obnubilar conciencias y destruir cuerpos; un arma manejada por policías, punteros, barrabravas y fiolos, entre otras escorias de la sociedad, siempre bajo el amparo gubernamental; un arma que, además, genera un negocio multimillonario para la clase gobernante.
Hoy, el kirchnerismo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. La corte suprema se propone declarar inconstitucional un artículo de la “Ley de drogas” por considerar que contradice el artículo 19° de la constitución nacional, que establece que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.
Ya han fallado algunas cámaras en este sentido considerando dicha penalización como, por ejemplo, una “irrazonable restricción de la libertad personal”(2). Con esta definición, los camaristas, hablando en nombre del oficialismo y el coro de “progres” que suele acompañarlo, distorsionan deliberadamente la realidad al dar a entender que un pibe adicto al paco o al poxi o a la marihuana ejerce un acto de “libertad personal”. Nada más alejado de la realidad. Ninguna persona dependiente de las drogas, cualquiera sea ella y cualquiera su cantidad, es libre o independiente. Sujeta su voluntad a tal o cual sustancia, exponiendo cada vez su integridad al proveedor de turno, siempre vinculado, directa o indirectamente, al poder, al puntero o al policía. En última instancia, es un “prisionero” de la burguesía.
El gobierno, principalmente en boca de Aníbal Fernández entre otros voceros, intenta presentar esta iniciativa como un paso progresivo. Como un paso contrario a la política represiva, como una faceta más de su “política de derechos humanos”. La propia presidenta llamó a “no criminalizar al adicto”.
Sin embargo, nadie que conozca la realidad de la naturaleza represiva del estado, hoy piloteado por el peronismo de Kirchner, puede creer, ni por un instante, que habrá menos criminalización para el pueblo pobre, el acusado, casi exclusivamente, por tenencia de estupefacientes(3). Si no es imputando la tenencia de, supongamos, un cigarrillo de marihuana, será recurriendo a las infinitas facultades de que dispone la policía para detener a los pobres, como la averiguación de antecedentes o lo que se le ocurra al milico en cuestión. Lo cierto es que esta medida no altera en nada la política represiva del estado. Es más, este paso se pretende dar mientras se discute, a la vez, la baja la edad de imputabilidad de los menores.
Otros sectores, sintonizando el discurso oficial, defienden la medida explicando que, de prosperar la despenalización, se tratará al adicto como un enfermo y no como un delincuente. Por eso, dicen, podrá contar con asistencia sanitaria y demás beneficios.
Pero los tratamientos médicos sólo son accesibles a quienes pueden pagarlos, que no son, precisamente, los hijos del pueblo pobre, los principales destinatarios del hostigamiento policial y la imputación por tenencia, real o inventada, de drogas. Además, ya existe “asistencia” estatal, incluso como sustituto de la sanción penal. Y cuando los pobres piden asistencia, ocurre lo que a Germán Medina, de 16 años, muerto en un instituto en enero de 2007(4).
La clase gobernante desarrolla sus políticas prodrogas como un arma fundamental para mantener bajo el yugo de su dominio a la clase obrera. Sin embargo, importantes sectores de la llamada “clase media”, fundamentalmente jóvenes, se ven maniatados a las drogas y por eso, bregan por la despenalización y hasta por la legalización de dichas sustancias y, por supuesto, ven con buenos ojos la decisión kirchnerista. Pero al alzar su voz a favor de esta política, basándose en intereses personales o de pequeños grupos, no hacen más que darle legitimidad al plan oficial para extender las drogas como un veneno esclavizante sobre la clase trabajadora, que, sometida al paco o al poxi, nunca podrá acceder, como los sectores medios, a los tratamientos de “rehabilitación”.
Es un secreto a gritos que el multimillonario negocio de las drogas es gerenteado desde el poder. El caso de la camioneta de la SEDRONAR(5) con 8kg. de cocaína descubiertos en octubre pasado es sólo un ejemplo más que elocuente, entre otros tantos. El rol de los punteros políticos y de los comisarios es clave. Todo el mundo sabe que para traficar drogas hay que tener un arreglo con ellos. De lo contrario es sencillamente imposible.
La despenalización de la tenencia para consumo, bajo el yugo del sistema capitalista, no procura otra cosa que extender el uso de drogas para mantener disciplinado y en la degradación al pueblo pobre.
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NOTAS:
1) Ver “Una medida con historia” en esta página.
2) Fallo de la sala I de la cámara federal, suscripto por los camaristas Freiler y Farah.
3) Rara vez una persona va presa por tenencia para consumo, ya que la pena puede quedar en suspenso si se somete a un tratamiento, cumplido el cual, se extingue la causa.
4) Germán Medina era adicto al paco. Su familia recurrió al estado para que lo internaran y desintoxicaran. Fue encerrado en el Instituto Rocca a pesar de no tener causas penales, en uno de cuyos “buzones” amaneció ahorcado el 11/01/07. Presentaba claras señales de violación anal reiterada.
5) Secretaría de programación para la prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico.
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UNA MEDIDA CON HISTORIA
No es novedosa la iniciativa de despenalización que propone el kirchnerismo:
En 1926 se penalizó por primera vez la tenencia de drogas para consumo personal (Ley 11.331). En 1930, un fallo judicial definió que dicha sanción penal no contrariaba el art.19° de la constitución.
Durante la dictadura de Onganía, en 1968, se despenalizó la tenencia en cantidades para uso personal (Ley 17.567).
En 1973, con Perón en el gobierno, se derogó aquella norma volviendo a la penalización, para avalarla por ley un año después (Ley 20.771).En 1986, con Alfonsín, un nuevo fallo declaró inconstitucional el art.6° de la ley. Pero, en 1989, se sancionó la ley vigente que, con 33 modificaciones a lo largo de 20 años, penaliza la tenencia para consumo (Ley 23.737).

EL NARCOTRÁFICO, ARMA Y NEGOCIO DE LA BURGUESÍA

El Revolucionario Nº40 (Octubre de 2008)

Oficialmente, el Frente para la Victoria informó que la campaña de 2007 costó $17.188.482. Otras fuentes hablan de 60 a 80 millones(1). La diferencia no se explica sólo con el uso de recursos públicos, sino por la existencia de aportantes ocultos. Las valijas del avión venezolano y la exposición de los vínculos del kirchnerismo con el narcotráfico a gran escala, dan una pauta del origen de esos fondos y ratifican la naturaleza de los grandes negocios que maneja la burguesía.
El asesinato de Sebastián Forza y dos asociados en General Rodríguez reveló que las empresas farmacéuticas fueron grandes financistas del kirchnerismo. Cinco droguerías, hoy investigadas por el tráfico de efedrina, donaron más de un millón de pesos para que Cristina fuera presidenta(2). El propio Forza aparece con fluidos vínculos con el gobierno. El superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, recaudador de los fondos de campaña, confesó: “Se ha dicho públicamente que sí aportaron ellos lícitamente a la campaña. Que aportaron en el buen entendimiento, que a lo mejor esto le permitía tener algún tipo de gestión para cobrar una deuda de vieja data. El señor Forza fue designado por la titular del PAMI (Graciela Ocaña), en su momento, como presidente del comité de acreedores del Hospital Francés”. Aníbal Fernández explicó, con su proverbial franqueza: “Cuando se recibe plata en la campaña, no se puede estar controlando quien la pone.”.
Todo indica, a pesar de las oscuridades deliberadas de la investigación, que los tres narcos asesinados tenían relación con los mexicanos del laboratorio de drogas de Ingeniero Maschwitz, y con los colombianos asesinados en el shopping.
El escándalo adquirió tal magnitud que Thomas Shannon, en una de sus visitas para controlar la política argentina, se quejó públicamente y se reunió con Cristina Kirchner y Sergio Massa para exigir medidas. De inmediato, Aníbal Fernández convocó al embajador Wayne, al agregado de la DEA en Argentina y a los jefes de la policía federal, prefectura y gendarmería, para anunciar que se “profundizaría aún más” la cooperación de la agencia norteamericana.
Mientras la investigación de la “ruta de la efedrina” genera allanamientos en escribanías, hoteles cinco estrellas y grandes empresas, el narcotráfico aparece también como fondo del triple crimen de la planta transmisora de la bonaerense en La Plata. Después de un año, entre los detenidos por el asesinato de los tres policías hay un oficial en actividad, compañero de promoción de dos de los muertos, y el hijo de otro uniformado. Se ha confirmado, también, que, además de traficar equipos de comunicación y armas que desaparecieron de la planta, el lugar era usado como depósito de droga en cantidad.
Ninguna novedad. El fabuloso negocio de las drogas, sólo comparable, por la fortuna que mueve, con el tráfico de armas, es un negocio de la burguesía, financiado por grandes empresas y ejecutado con protagonismo del aparato represivo estatal. A pesar de que se los silencie rápidamente, trascienden episodios como el de la Fiorino, manejada por dos jefes de la delegación de la policía federal, que volcó en la ruta de Jujuy a Salta con 116 kilos de cocaína, o el de los 1.000 kilos de droga pura secuestrados, en Avellaneda, a una “cooperativa” de comisarios de varias policías, militares, gendarmes y guardiacárceles.
Así, la burguesía lleva adelante su sistemático plan de minar la moral, el ánimo y la conciencia de la clase obrera con el arma de las drogas; al tiempo que el gobierno, los empresarios y la policía hacen extraordinarios negocios.

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NOTAS:
1) Informe de la ONG Poder Ciudadano.
2) Inter Medicina S.A, $360.000; Droguería Urbana S.A., $310.000; Multipharma S.A, $310.000; Bristol Park S.A., $376.000; y Global Pharmacy Ser S.A., $310.000.

EL NEGOCIO DE LAS DROGAS: LOS QUE GANAN Y LOS QUE PIERDEN

El Revolucionario Nº34 (Abril de 2008)

Las drogas son un negocio multimillonario, sólo superado en números por el tráfico de armas. Según los informes de la ONU, mueven cerca de u$s400 mil millones al año, aproximadamente un 8% del comercio mundial. Esa cifra supera el comercio internacional de hierro, acero y vehículos; iguala el volumen total del comercio internacional de textiles y supera el PBI de muchos países, entre ellos la Argentina.
Pero no es sólo la magnitud del negocio lo que hace tan atractivas las drogas para la burguesía. Su principal virtud es que son un efectivo mecanismo de control social que tiene atrapado en el consumo a casi el 5% de la población mundial, especialmente los más jóvenes y los más pobres. Las drogas multiplican la alienación de la sociedad capitalista. Las estimulantes aumentan las energías laborales, y por algo las eligen los que están integrados al mundo de la producción. Las sedantes, en cambio, adormecen, quitan el hambre y el frío, dan una falsa sensación de felicidad, por lo que su consumo se extiende entre los más pobres y oprimidos. En una u otra versión, el consumo de drogas es una herramienta eficaz para neutralizar y desconectar de la realidad a millones de personas, a las que “saca de circulación”, por un rato o en forma crónica, cerrando el camino a todo pensamiento crítico, a todo avance en la conciencia. Es al capitalismo al que le conviene tener masas de jóvenes literalmente alienadas, convencidas por la propaganda de que aspirando, fumando, tragando o inyectándose “son libres”, mientras se deteriora su mente y su cuerpo y se anula su conciencia.
De paso, el negocio de las drogas, dirigido y gerenciado por un entramado que va desde el capital más concentrado(1) hasta el más insignificante dealer que “arregla” con el puntero político y la comisaría del barrio(2), da la perfecta excusa para que, bajo la máscara de la “guerra al narcotráfico”, o mejor aún, el “narcoterrorismo”, la dominación imperialista se extienda por el mundo, mientras EEUU es el primer consumidor del mundo. Así se justifican invasiones, bases de ultramar y operaciones de inteligencia y se acuerdan “políticas de cooperación continental”, que no son otra cosa que la sumisión absoluta de los países semicoloniales a los planes imperiales.
El objetivo final de la promoción de las drogas es controlar y reprimir. No ha encontrado la clase dominante un mejor recurso para anular la conciencia y destruir los cuerpos, con el consentimiento forzado de las víctimas, que además generan ganancias obscenas para sus victimarios. Altas tasas de ganancias; anulación de la conciencia; excusa para militarizar: el negocio de las drogas, negocio de los explotadores.

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NOTAS:
1) El Citibank fue investigado como lavador de narcodólares por el congreso de EEUU.
2) Es un hecho indiscutible que no hay tramo del negocio de las drogas, desde la producción hasta la venta minorista, en el que no intervengan políticos burgueses y miembros del aparato represivo del estado.

DROGAS: LA LEGALIZACIÓN, PANTALLA DE LA DOMINACIÓN

El Revolucionario Nº23 (Abril de 2007)

La agencia DyN anunció que los obispos católicos, como se sabe, siempre dedicados al bienestar de los desamparados, están preparando una “pastoral” sobre la trata de blancas, el dengue, la píldora “del día después”, el trabajo infantil… y las drogas. Dicen que todos esos son “flagelos” que se originan en la pobreza. Bien podrían los purpurados ocuparse un poco de tanto cura pedófilo que no se sabe que hayan excomulgado, en lugar de banalizar la cuestión de las drogas y de echarle la culpa a los pobres.
En ER del mes pasado definíamos las drogas como arma fundamental de la burguesía, y precisábamos que “donde están, está el enemigo”, que difunde e impone esos venenos con los que disciplina, al mismo tiempo que lucra. Pero también está el enemigo en las campañas pretendidamente “progres” por la legalización del consumo, que ensalzan su uso con el mismo criterio libérrimo (y en realidad, profundamente sojuzgante) con que defienden otros lo que llaman “el derecho” a prostituirse. La dependencia a cualquier droga, como la prostitución, no es un derecho. Es un yugo del que debemos liberarnos, y del que debemos ayudar a liberarse a quien lo padezca. Otra cosa, bien distinta, es la obligación de denunciar, repudiar y combatir la represión dirigida contra quienes consumen drogas o contra quienes se ven arrojados a la prostitución, perversa vuelta de tuerca de un sistema que primero corrompe y degrada, y después persigue, hostiga y encarcela a su víctima cuando no le genera suficientes ganancias.
El mito de la “legalización del consumo” como solución al problema de la drogadicción ha penetrado hondo en el pensamiento liberal progresista. Sin embargo no pueden explicar por qué fracasó la experiencia concreta de los países que legalizaron el consumo en todo o en parte, que debieron en poco tiempo volver a la prohibición, como Suiza e Inglaterra. El brutal incremento del consumo resultante de la legalización aterró incluso a los defensores de la “autonomía responsable”. No hay autonomía ni responsabilidad posible en el adicto, que por más que se esfuerce en disimularlo no es otra cosa que un esclavo sujeto por invisibles cadenas, sometido a su proveedor, que nunca es otro que la burguesía y sus lacayos. Repiquetean los abolicionistas con el ejemplo de Holanda, que a esta altura ya no sabe qué hacer con la enormidad de “junkies” nacionales y extranjeros atados a sus costosísimos “tratamientos” con metadona, que resultan en muchos casos más letales que la original adicción a la heroína.
Se argumenta que al despenalizar el uso cotidiano de drogas (blandas, en las versiones más “light”, todas en las más “militantes”) se eliminaría la necesaria asociación con el delito, pues comprar un porro o un raviol no sería muy diferente a ir a un kiosco por un atado de cigarrillos o una lata de cerveza. ¿Será que los grandes traficantes se convertirán por obra y gracia de una ley en honestos comerciantes que pondrán un almacencito y venderán al menudeo? Dealers, punteros y pasadores no van a dejar sus millonarios negocios para ser empleados de mostrador por unos pocos pesos, como no cesarán mágicamente los policías de explotar a los pibes que primero convierten en adictos y después usan a su antojo como mano de obra barata y servil en el negocio de la ratería y el pushing. ¿Se imaginan a los grandes narcos, los que contrabandean por quintales y tienen cocinas por todo el conurbano, conformando una S.A. y pagando el monotributo mientras sus socios policías y gendarmes se conforman con el sueldo oficial?. Suena bonito decir que la legalización del consumo le quitaría la base de reproducción a la transnacional del crimen que lucra del tráfico de narcóticos. Pero si, como hasta el congreso yanqui ha debido admitir, la “trasnacional del narcotráfico” es el gran capital, al punto que el Citibank-Citicorp es el primer lavador de narcodólares del mundo, no parece que legalizar su comercio, con la consiguiente pérdida de ganancias, vaya a ser muy exitoso. Sin ahondar en cifras, digamos que el negocio de las drogas produce anualmente alrededor de medio trillón de dólares, y el 80% de esa cifra se recicla en EEUU para ser luego invertido en paraísos fiscales a lo largo y ancho del mundo. En Dubai, por ejemplo, es política de estado no preguntar sobre el origen de las fortunas que convirtieron en menos de 35 años un pueblito de pescadores lindero al desierto en una metrópoli cosmopolita en la que, por ejemplo, se puede esquiar bajo techo con nieve real en un moderno shopping que costó 272 millones de dólares.
Por otra parte, este argumento no es una respuesta útil frente a los estragos que provocan sustancias que se compran en cualquier ferretería, supermercado o kiosco, como el pegamento. Probablemente la inhalación de cementos de contacto o similares sólo tenga parangón, en su difusión masiva e idoneidad para la destrucción neuronal, con el paco, y sin embargo su adquisición es absolutamente legal y su tenencia permitida.
Párrafo aparte para la profusa bijouterie de hojitas de marihuana, las revistas de “cultura cannabica” o la iconografía de Bob Marley en preciosas remeras que se pueden comprar por Internet (con tarjeta de crédito), puro marketing que vende bien, y que da a más de un incauto la ilusión de luchar por una “causa” cuando está siendo instrumento de su propia dependencia. Y no por casualidad, debemos mencionar en el mismo renglón las truchas campañas oficiales con afiches que piden “dejá el paco y volvé con tu novia” y los centros de “rehabilitación” que trafican drogas, sustitutos y adictos, a los que se encargan de devolver al mercado apenas pueden empezar a consumir de nuevo.
Es bueno reflexionar sobre los motivos por los que el reformismo se inclina por la defensa del uso de drogas, propiciando la legalización del consumo como si se tratara de un ámbito de libertad injustamente restringido y no de lo que es, un hábito esclavizante y alienante instrumentado por la burguesía. Desde los que promueven el liberalismo total sin control alguno hasta los que discursean sobre las ventajas del “autocontrol”, todos tienen en común su adaptación al sistema. “Progres” y reformistas, por un lado, naturalizan las condiciones de vida de la pequeña burguesía. Por otro, intentan demagógicamente acomodarse a las condiciones de vida de los pibes de los barrios, reivindicando ni más ni menos que los recursos pensados para controlar y destruir.
Las FARC, que algo conocen de los beneficios que saca el imperio de la miseria de los pueblos a través de las drogas, sostienen: “La lucha contra el narcotráfico (…) es una lucha antiimperialista, por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, pero también es una lucha contra las cúpulas dominantes nacionales por el beneficio de las mayorías nacionales, y hace parte fundamental de la agenda a resolver para garantizar a nuestros pueblos una vida con justicia social, digna en paz, con democracia y soberanía.”(1)
El narcotráfico es narcocapitalismo y narcoimperialismo, y como tal debe ser combatido por los pueblos.
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1) Militarismo, narcotráfico y neoliberalismo. Comandante Raúl Reyes, del Secretariado del Estado Mayor Central, FARC-EP/ julio de 1997.

LAS DROGAS: ARMA FUNDAMENTAL DE LA BURGUESÍA

El Revolucionario Nº22 (Marzo de 2007)

Ya nadie se acuerda del escándalo Southern Winds y las narcovalijas o de cuando volcó la camioneta que conducían los policías federales en las rutas salteñas llevando más de 100 Kg. de cocaína. Policías que fueron rescatados por el ministro del interior Aníbal Fernández. Estos dos ejemplos, entre tantos otros, son una muestra de que desde el estado, sus fuerzas de seguridad y el partido de gobierno, se regula el negocio, el tráfico y el consumo de drogas.
Es tan escandaloso el panorama, que hasta los principales diarios de la burguesía argentina (La Nación primero y Clarín después) coinciden en sus informes en que desde el advenimiento del kirchnerismo hasta la fecha, el consumo de drogas (paco principalmente y en las clases explotadas y oprimidas sobre todo) ha aumentado un 200%.
En clara sintonía con la redacción de la Nación, el ARI presentó un informe titulado “La punta del iceberg” en el que deja al desnudo los ridículos argumentos de la PFA que, para ocultar su participación en la comercialización del paco, afirma que “el paco es importado”, que no se hace en el país. Sin embargo, esta droga es de producción local, es el residuo de la producción de cocaína. Lo que intenta hacer la PFA es ocultar sus cocinas. Decimos “sus” cocinas, porque nadie desconoce que para producir cocaína o tener “kioscos de paco”, es necesario contar con la protección y la dirección de la fuerza. De lo contrario, no podrían existir.
Otro de los datos de peso del informe, que hasta el momento no ha sido rebatido por ningún alcahuete kirchnerista, es que la provincia que más consume es la del “presidente valiente”, Santa Cruz. Como no puede ser de otra manera, debido a la dependencia a las drogas, los pobres se ven obligados a conseguirla de cualquier manera. Es por eso que la provincia del “presidente valiente” también tiene el triste record de ser la que mayor prostitución infantil posee.
Informes de Pagina/12, diario oficial de la banda de gobierno, muestran una clara interrelación entre la trata de blancas, policías varias y el tráfico de drogas. El caso del ex policía federal cordobés que fue preso por ser dueño de un prostíbulo en una localidad de las afueras de la ciudad de Córdoba, demostró que este ex oficial, además de emplear la tortura para someter a las pibas allí secuestradas, usaba drogas para dominarlas. Al cabo de un tiempo, las resistentes, dejaban de serlo, a fuerza de garrote y drogas que estos tipos utilizaban a discreción.
¿Alguien ha visto alguna vez, o simplemente escuchado, declaraciones o una fuerte campaña contra el consumo de drogas por parte de las bandas gobernantes?
Indignantes fueron las declaraciones de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires en momentos en que la crítica arreciaba. Respecto del aumento del consumo de drogas y de la escandalosa complicidad de su policía, Gianettasio declaró en radio Mitre que el problema de las drogas es cuestión de educación, pero no de la que brinda el estado, sino la de la familia. Para el peronismo todo radica en que desde las familias no se educa bien y por eso es que caen sus hijos en la drogas. Con esta explicación criminal, intentan desresponsabilizarse y ocultar lo que en realidad han decidido llevar adelante: vía libre para el tráfico, dirigido y regulado por ellos para tener al pueblo bien dominado. El kirchnerismo, también en este terreno, demuestra ser un fiel continuador del no menos campeón del tráfico y consumo, el también peronista Carlos Saúl Menem.
Punteros, barrabravas, dealers, policías, fiolos... son todos instrumentos que, bajo la dirección del peronismo, se mueven con total impunidad cuando se trata de atacar y disciplinar a la clase trabajadora. Esta banda es la que envenena con su basura y enloquece al pueblo para mantenerlo de rodillas.
Así es que las drogas son un arma fundamental de la burguesía. Es usada para mantener al pueblo a raya. Por lo tanto, uno de nuestros enemigos.
Donde hay drogas está el enemigo. No físicamente, sino ideológicamente. Cuando las drogas se meten, el enemigo festeja. Allí donde ingresan, sabe que tiene la situación bajo control.
Las drogas son el fiel reflejo de un sistema en descomposición como el capitalismo. El capitalismo, productor de calamidades como la miseria, el desempleo y sus consecuencias (enfermedades, adiciones, mortalidad infantil, prostitución...), nos demuestra así, que no puede seguir desarrollándose si no disciplina envenenando y enloqueciendo a la clase que está llamada a enterrarlo para siempre. Así trata el capitalismo a la clase trabajadora: la envenena, la hace dependiente y le crea debilidades.
Por eso la impunidad garantizada desde el partido de gobierno. Por eso el silencio de la iglesia y las cámaras empresariales. Por eso, el escandaloso aumento del consumo.
Por esto también, el capitalismo es sinónimo de mayorías populares sometidas a la barbarie.